Alfonso Martinez Navarro
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/06/2022
Partes del expediente
- Alfonso Martinez Navarro
- Secretario de Movilidad En el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual informa en relación con el cumplimiento de la sentencia, que al tratarse de terrenos de propiedad social, no es posible aplicar el artículo 3 de la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada del Estado de Jalisco, dado que únicamente es aplicable para bienes inmuebles de propiedad privada, téngase a la autoridad oficiante informando la anterior circunstancia. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica a la parte quejosa respecto de la sentencia de dieciocho de mayo del presente año; en consecuencia, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial adscrito que corresponda, para que practique la notificación electrónica a la parte quejosa, de la sentencia de dieciocho de mayo de la actual anualidad, lo anterior para los efectos legales conducentes. Zapopan, Jalisco; a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1217/2021-VIII-B, promovido por Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, contra actos que atribuyen a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20 apartado B, fracción I y 21, constitucionales. R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima y/o Scotia Wealth Managment, Banca Privada, que serán precisados en el considerando respectivo. Los impetrantes de derechos fundamentales estiman vulnerado en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20 apartado B, fracción I y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narraron en la demanda los antecedentes de los actos reclamados y formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, la registró con el número 1064/2020, de su índice, y entre otras cosas, previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda de mérito, en los términos precisados en el propio acuerdo. Así, una vez cumplimentado dicho requerimiento, el aludido juez emitió proveído en el que declaró su incompetencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, declinando tal competencia en favor del Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, motivo por el cual remitió la demanda en cuestión con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya Secretaria Encargada del Despacho emitió proveído el treinta de diciembre de dos mil veinte, en el que, entre otras cosas, aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento de la demanda en cuestión, misma que quedó registrada con el número 1682/2020, la cual fue admitida en esa misma fecha. Una vez iniciado el trámite del referido juicio de amparo, mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, el Secretario Encargado del Despacho de dicho juzgado federal, dictó acuerdo en el que declaró la incompetencia legal de ese órgano jurisdiccional, para seguir conociendo del mencionado sumario, declinando tal competencia en favor de este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el propio acuerdo, motivo por el cual remitió tal expediente con sus anexos, para que este órgano de control constitucional estuviera en posibilidad de proveer lo que en derecho correspondiera. En esas condiciones, recibido que fue el aludido expediente, mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, se formó el expediente y se registró bajo el número 1217/2021-VIII-B; de igual forma, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento del aludido juicio, motivo por el cual se ordenó continuar con el trámite del mismo y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los reformados y actuales artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, inciso b), y II, de la Ley de Amparo; así como el numeral 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten disposiciones legales de naturaleza fiscal, cuya aplicación tuvo verificativo en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y anexos, así como de su ampliación que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: De la autoridad responsable Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: a) La orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias de las que los quejosos son titulares. b) La emisión del oficio 110/F/B/3200/2020. De la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores: c) La ejecución de la orden de bloqueo contenida en el oficio 110/F/B/3200/2020. De la autoridad responsable Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima y/o Scotia Wealth Managment, Banca Privada: d) La inmovilización, bloqueo o aseguramiento de la cuenta de intermediación bursátil 08614437-5. De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: e) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico, el artículo 115. De la autoridad responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público: f) La emisión y autorización de las "Disposiciones de Carácter General" a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos, los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado, por conducto del Director y Directora Contenciosos, ambos adscritos a la Dirección General Contenciosa de dicha dependencia. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara las pruebas que estimara necesarias para desvirtuar la negativa de la mencionada autoridad responsable, o bien que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se coligiera lo contrario. Es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de epígrafe y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por su parte el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que medularmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De la transcripción anterior se advierte, que el sobreseimiento del juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos no quede mostrada la existencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En esa tesitura y toda vez que no fue demostrado en el cuaderno de amparo, la existencia de los actos reclamados antes precisados, se procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, respecto de la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/20 , cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la mencionada Secretaría y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de dichos actos. Tiene aplicación la Jurisprudencia que bajo el número 278, sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Visible en la página 231, número de registro 394261, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En otro orden de ideas, debe tenerse por cierto el acto reclamado a Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima y/o Scotia Wealth Managment, Banca Privada, pues al momento de rendir su informe con justificación, no fue contundente en aceptar o negar la existencia de tal acto, y ante tal ambigüedad, lo procedente es presumir la certeza de dicho acto, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2099, del Tomo XLVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME DEFICIENTE. Como es necesario evitar que las autoridades responsables en los juicios de amparo, mediante sutilezas de redacción, eludan el cumplimiento de la obligación constitucional que en esta materia tienen, de admitir o negar categóricamente la participación que se les atribuye, en los actos de que se trate, debe entenderse que la ambigüedad y la deficiencia en su informe, equivalen, para los efectos del artículo 73, párrafo final, de la Ley de Amparo de 1919, a la falta de él, y por lo tanto, los actos reclamados deben tenerse como ciertos." Por su parte, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, pues aunque es verdad que al momento de rendir su informe justificado negaron la veracidad de dichos actos; lo cierto es que su existencia se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal reclamado, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se advierte la participación de dichas autoridades. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que fueron remitidas tanto por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en copias digitalizadas con supresión de datos del Acuerdo 74/2020, y oficio 110/F/B/3200/2020; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. Asimismo, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos atinentes a la inconstitucionalidad de la Ley Instituciones de Crédito, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se advierte la participación de las autoridades legislativas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, debe decirse que por lo que ve a los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el presente asunto, se actualiza la causal prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". De la transcripción de los anteriores preceptos, se colige, que el ejercicio de la acción de amparo está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Así es, estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Luego es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama, es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así se aprecia de la jurisprudencia 854 , que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, de los numerales 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 73, 77, fracción I, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos impugnados, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías individuales otorgadas por la Constitución Federal que han sido infringidas, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. Sobre el particular surte aplicación la tesis de jurisprudencia número XX. J/14, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito , que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." Asimismo, cobra aplicación el criterio número IV.2o.1 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito , del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." Luego, tratándose de un juicio de amparo contra leyes, el perjuicio provendrá ante todo, de que la norma o normas jurídicas que se reclamen, incidan en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que ocurrirá cuando la hipótesis legal que prevean le resulte aplicable, por lo cual, dicha parte tiene la obligación de acreditar en el procedimiento que se ubica en los supuestos de los artículos que combata, si éstos se reclaman con motivo del inicio de su vigencia, o que dichos numerales le fueron aplicados, cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación; pues, de no ser así, carecerá de interés jurídico para reclamar en sede constitucional aquellos numerales en cuyos supuestos no comprobó estar o que le fueron aplicados. Sustenta lo anterior, la tesis aislada publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 181, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideran afectados por la ley que impugna de inconstitucional deben demostrar que están comprendidos por los supuestos de dicha ley. La comprobación puede hacerse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, y si no aparece alguna que demuestre que los quejosos están bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo.". En principio, debe precisarse que del análisis integral de la demanda de amparo, es dable colegir que el quejoso reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Instituciones de Crédito; concretamente, su artículo 115; así como de las "Disposiciones de Carácter General" a que se refiere el aludido numeral. No obstante lo anterior, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación de los ordenamientos legales combatidos, pues no exhibió documento alguno que así lo evidenciara; aunado al hecho de que de las aludidas constancias se advierte que los preceptos legales combatidos fueron aplicados en la emisión del Acuerdo 74/2020, por parte del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual, al margen de no haber sido reclamado como acto reclamado destacado por la parte quejosa, lo cierto es que en la lista de personas bloqueadas contenidas en el mismo, no se encuentran incluidos los solicitantes del amparo. Cierto, del contenido del informe justificado rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que en él la autoridad responsable manifestó, de manera expresa, entre otras cosas: "[.] al día de la fecha la quejosa no ha sido incluida en la Lista de Personas Bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el veintinueve de mayo de la presente anualidad [.] el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el Acuerdo 74/2020, por medio del cual se incorporó a la referida Lista a RAFAEL GARCÍA GARCÍA, [.] En ese tenor, si bien la parte quejosa NO se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas, resulta ser una consecuencia lógica que ésta puede operar o hacer uso de sus instrumentos financieros a través de su AUTORIZADO [.]" La anterior transcripción deja en evidencia que, como se adelantó, al no encontrarse los quejosos incluidos en la lista de personas bloqueadas contenida en el Acuerdo 74/2020, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta inconcuso que tampoco les fueron aplicados el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; así como las "Disposiciones de Carácter General" a que se refiere el aludido numeral. De ahí que, como se apuntó, al no estar acreditada la aplicación a Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, del artículo 115; así como de las "Disposiciones de Carácter General" a que se refiere el aludido numeral; por ende, no logran acreditar su interés jurídico para reclamar dichos preceptos, aunado a que resulta necesario que quede acreditado que les fueron aplicadas las normas tildadas de inconstitucionales de esa manera tener la certeza de que el acto que por esta vía combate les cause un verdadero perjuicio en su esfera jurídica. Consecuentemente, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acreditó de manera fehaciente un acto concreto de aplicación del artículo combatido en contra de la señalada quejosa, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con apoyo en la fracción V del artículo 63 del cuerpo de leyes invocado, en lo que respecta a los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En apoyo de lo anterior, cobra aplicación, la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198 Primer Parte, página 112, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la promovente no demostró esa circunstancia, es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, independientemente de que, por sí sola, manifieste que es causante del impuesto que se impugna en el juicio. El interés jurídico debe estar fehacientemente probado sin que, por tanto, pueda establecerse en forma presuntiva, según lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal; consecuentemente, no es factible estimar que la quejosa acreditó su interés jurídico aduciendo que sería absurdo pensar lo contrario cuando espontáneamente ha manifestado ser causante del impuesto que reclama, ya que ello equivaldría a aceptar un interés jurídico presuntivo.". Asimismo, es ilustrativa, la tesis 1ª./J. 168/2007, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Ahora bien, por lo que ve al diverso acto reclamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la emisión del oficio 110/F/B/3200/2020, se actualiza la analizada causa de improcedencia, contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunque por razones diversas, como enseguida se verá. Como se adelantó, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte a quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Lo anterior, permite concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la oportunidad de la quejosa, para promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, esto es, que el acto que se reclame a las responsables, le causan un agravio personal y directo, es decir, la afectación que irrogue a su esfera jurídica, para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Así, debe tenerse presente que de lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, se desprende que tiene legitimación para acudir al juicio de garantías únicamente la persona a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; la figura jurídica de la legitimación está íntimamente ligada con el interés jurídico que corresponde a quien acude en demanda de la protección federal, mismo que debe ser acreditado por el peticionario del amparo y que consiste en demostrar haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que el juicio de garantías ha de ser solicitado, precisamente, por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, ya que el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos, propiedades o posesiones conculcados. Sentado lo anterior, debe decirse que del contenido del oficio 110/F/B/3200/2020, se advierte que el mismo fue emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer del conocimiento del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas contenida en el Acuerdo 74/2020, motivo por el cual, entre otras cosas, le solicita identificar a clientes o usuarios que se encuentren en dicha lista y suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con dichas personas; entre las cuales, se insiste, no se encuentran incluidos los quejosos Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez. En esas condiciones, si por un lado, el oficio reclamado no se encuentra dirigido los solicitantes del amparo; y por otro, éstos tampoco se encuentran dentro de la lista de personas bloqueadas contenidas en dicho comunicado; es inconcuso que los mismo carecen de interés jurídico para reclamar el aludido oficio. Consecuentemente, toda vez que, por lo que ve a los actos reclamados hasta aquí analizados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede sobreseer el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley, por lo que ve a los actos reclamados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En otro orden de ideas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado, alega que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, pues refiere que los actos reclamados en el sumario en que se actúa, son materia de los reclamados en el diverso 652/2020, del índice de este mismo órgano jurisdiccional. Es infundada dicha aseveración. Así es, el numeral en comento, a la letra establece lo siguiente: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Respecto a la aludida causal de improcedencia, el jurista Alberto del Castillo del Valle, señala que tiene su origen en la figura de la litispendencia, que consiste en que un juicio de garantías que promovido con antelación al que se está declarando improcedente, está pendiente de resolución, al encontrarse en trámite o substanciándose al momento de la presentación de la nueva demanda de amparo; por tanto, este supuesto obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, en que se presente una contradicción en las sentencias que en ello se dicte; asimismo, esta hipótesis de improcedencia, deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en la que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. Por su parte, Ignacio Burgoa en su obra El Juicio de Amparo, establece respecto a este tema que la litispendencia entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. También señala que en materia procesal común, la litispendencia generalmente provoca la acumulación de los juicios respectivos para que sean fallados en una sola sentencia; mientras que en materia de amparo, dicho fenómeno no genera la acumulación, sino la improcedencia del juicio posteriormente promovido y, por ende, su sobreseimiento, atendiendo a las razones de la economía procesal; concluyendo que para que opere la litispendencia como causa de improcedencia en un juicio de amparo, se requiere que el anterior juicio no se haya resuelto o concluido ejecutoriadamente. Corolario a lo anterior, podemos establecer que la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; por lo que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia en comento, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales de quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Luego, de la fracción X, del citado precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera instancia, única instancia o en revisión. En este contexto, para que se actualice la improcedencia con base en la causal que se estudia, se requiere que ocurran las siguientes condiciones: a) Que en dos juicios de amparo, haya identidad en el quejoso. b) Que en los mismos juicios, haya identidad de autoridades responsables. c) Que el acto reclamado en las dos demandas, sea el mismo. d) Y que el primer juicio de amparo se encuentre pendiente de resolver ejecutoriadamente. De lo expuesto, se concluye que, en la especie, no se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que según información publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), misma que se invoca como hecho notorio, en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se evidencia en el juicio de amparo 652/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, si bien se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el mismo; lo cierto es que dicho sumario fue promovido por Rafael García García, por su propio derecho y no por los aquí quejosos; de ahí que no se reúnan la totalidad de los requisitos necesarios para la actualización de la causa de improcedencia en comento, previamente descritos. SEXTO. Conceptos de violación. Al no advertir, configuración de alguna otra causal de improcedencia, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. Por lo que ve al diverso acto reclamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias de las que los quejosos son titulares, debe decirse que, atendiendo a la causa de pedir, es fundado el último de sus conceptos de violación, lo que hace innecesario el estudio de los demás. Cierto, en dicho motivo de inconformidad, los quejosos alegan que la Unidad de Inteligencia Financiera actuó de forma arbitraria, dado que sin que exista motivo o fundamento que justifique su proceder, inmovilizó sus cuentas bancarias, por lo que el acto reclamado viola en su perjuicio las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, previsto por los artículo 14 y 16 Constitucionales. En primer término, es preciso establecer que según lo refiere la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento de rendir su informe justificado, en el acuerdo 74/2020, se incluyó a Rafael García García, en la Lista de Personas Bloqueadas. Ahora bien, en el propio informe justificado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Acuerdo 74/2020; no guarda relación alguna con Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, y que: ".si bien la parte quejosa NO se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas, resulta ser una consecuencia lógica que ésta puede operar o hacer uso de sus instrumentos financieros a través de su AUTORIZADO concediéndole capacidad de disposición de los recursos que se encuentren en sus cuentas bancarias. Lo anterior justifica la irradiación de la medida decretada por esta Unidad de Inteligencia Financiera con la ejecución del Acuerdo 74/2020 en la esfera jurídica de la quejosa, pues al ser su AUTORIZADO quien en actúa en su nombre y representación se torna altamente probable que en su calidad de usuario de las cuentas bancarias, pudiera seguir cometiendo o continuando el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita". Dichas consideraciones permiten deducir que el bloqueo de la cuenta de los quejosos se motivó en el hecho de que su autorizado, se encuentra incluido en la lista de personas bloqueadas mediante el Acuerdo 74/2020, de ahí la certeza del acto que se le reclama. Ahora bien, el artículo 115, noveno y décimo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual según el dicho de la autoridad sirvió como fundamento de la emisión del Acuerdo 74/2020, en el que se incluyó a Rafael García García, dispone lo siguiente: "Artículo 115. (.) Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. [.]". Conforme a lo anterior, se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de ordenar a las instituciones de crédito que como medida cautelar suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios respecto de ciertos clientes contenidos en un listado de personas bloqueadas. Respecto a la descrita facultad conferida por el legislador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existe pronunciamiento por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver el amparo en revisión 806/2017, en la parte que interesa determinó lo siguiente: "(.) En suma, nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, ante solicitudes extranjeras para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. A partir de los anteriores elementos, es posible arribar a la conclusión de que, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. Ello se debe a que en tal contexto, la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, efectivamente opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país - cuyos ejemplos han sido indicados con anterioridad-. Situación que además es armónica con el contenido del artículo 133 constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por nuestro país y que estén de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas justamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido. No obstante, la citada conclusión, consistente en que el artículo reclamado es acorde con el principio de seguridad jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto en estos supuestos, efectivamente la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. En efecto, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por nuestro Texto Constitucional. (...)" (Énfasis añadido). Resolución que culminó con la publicación de la jurisprudencia 2a./J.46/2018 (10a.), del rubro y texto siguientes: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica". (Época: Décima Época. Registro: 2016903. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a./J. 46 /2018 (10a.). Página: 1270). «Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de mayo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». Derivándose de lo anterior que respecto a la facultad que otorga el legislador al Secretario de Hacienda y Crédito Público en el artículo 115, noveno párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que no es absoluta; sino que para ejercerla y para que resulte procedente, debe efectuarse exclusivamente en cumplimiento a un compromiso internacional adquirido por nuestro país, lo cual puede hacerse en dos vertientes: a) Cumplimiento de un acuerdo bilateral en el cual exista el compromiso de implementar dichas medidas a solicitud de otro Estado. b) En cumplimiento de una resolución internacional. En ese contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a implementar la medida cautelar establecida en el artículo 115, párrafo noveno, de la Ley de Instituciones de Crédito, supuestamente a través del acuerdo 74/2020, e incorporó a la lista de personas bloqueadas a una persona física que en su informe justificado aduce tiene relación con la parte quejosa, al ser su autorizado, quien es parte de una investigación de lavado de activos por parte de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En tales consideraciones, resulta fundado el concepto de violación en estudio, toda vez que no se advierte que la Unidad de Inteligencia Financiera hubiese realizado en contra de los quejosos, el procedimiento que dispone el artículo 115, párrafo noveno, de la Ley de Instituciones de Crédito, pues dicho Acuerdo 74/2020 no deriva de una petición expresa de un Estado parte de las Convenciones aludidas, así como tampoco se sustenta en el cumplimiento a una resolución internacional, sino que constituye una investigación en curso en contra de una persona diversa, por lo que de conformidad con la jurisprudencia de referencia, se vulnera el principio de seguridad jurídica de la parte quejosa con su actuar. En consecuencia, deviene en inconstitucional el bloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa, toda vez que se vulneró en su perjuicio el derecho humano de seguridad jurídica, al ser afectados en sus derechos con la emisión del Acuerdo 74/2020 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haberse sujetado a las formalidades previstas por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues dicho acuerdo no derivó de una petición expresa de un Estado parte de las Convenciones aludidas, así como tampoco se sustenta en el cumplimiento a una resolución internacional. Máxime que del citado acuerdo 74/2020, se constata que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente recibió una solicitud para que apoyara a integrar una investigación realizada por un gobierno extranjero; por lo que no existe una orden de inmovilización que provenga del cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero; así como la orden de inmovilización de activos de la parte quejosa, tampoco deriva de la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental, cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano; deviniendo en que no se tipifican los supuestos definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En esas condiciones, procede CONCEDER a PATRICIA ALCARAZ RODRÍGUEZ Y SERGIO VILLA RODRÍGUEZ, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para los siguientes efectos: I. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá ordenar el levantamiento de la inmovilización y/o congelamiento de las cuentas bancarias de la parte quejosa. II. Hecho lo anterior, de forma inmediata deberá notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la determinación que ordena liberar las cuentas bancarias de la parte quejosa, a fin de que ésta haga del conocimiento dicha circunstancia a las instituciones bancarias del país, permitiéndole a la quejosa realizar todo tipo de movimientos en el sistema Financiero Mexicano. III. Por su parte, el particular señalado como responsable, Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima y/o Scotia Wealth Managment, Banca Privada, deberá liberar la cuenta de intermediación bursátil 08614437-5, de los quejosos, permitiéndoles hacer uso de la misma, sin restricción alguna derivada de lo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al haber resultado fundados y suficientes los conceptos de violación analizados para otorgar el amparo solicitado, resulta innecesario el estudio de los diversos argumentos propuestos por la ahora quejosa, toda vez que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo ni redundaría en un mayor beneficio que el alcanzado. Se cita, por las razones que informa, la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional". (Época: Novena Época, Registro: 179367, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 3/2005, Página: 5). Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Patricia Alcaraz Rodríguez y Sergio Villa Rodríguez, contra de los actos atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al particular señalado como responsable Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima y/o Scotia Wealth Managment, Banca Privada, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 22 DE ABRIL DE 2022 QUE EN SINTESIS DICE: Visto el oficio número 306 suscrito electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos originales del juicio de amparo 1767/2019 así como el testimonio dictado en el recurso de revisión 267/2021, y un voto particular formulado por el Magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías, del que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege por vicios de fondo, a ***, contra los actos que reclama del Juez y del Secretario, ambos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en el Estado, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, consistentes en la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio civil sumario hipotecario *** Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio dictado por la Superioridad, se desprende que se concedió para lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa ***, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, así como el citatorio previo, en el juicio civil sumario hipotecario **, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en el Estado, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y en consecuencia, la totalidad de lo actuado en ese juicio y la ejecución de la sentencia. 2. Hecho lo anterior, ordene la reposición del procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes lo rigen. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados como consecuencia del emplazamiento, es decir, la totalidad de lo actuado en el juicio de origen y la ejecución de la sentencia, debido a que no se controvierten por vicios propios, sino sólo en vía de consecuencia. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente,publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a las autoridades responsables adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en el Estado, con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector en los términos estipulados anteriormente; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.
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Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, adjunto al cual remite los autos originales del juicio de amparo 1026/2021-I, así como el testimonio de la revisión principal 10/2022, del que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia del recurso, se revoca el sobreseimiento decretado en el primero punto resolutivo del fallo combatido. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *." se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito; independientemente de lo anterior, para su debido cumplimiento, remítase copia de la ejecutoria. Bajo apercibimiento.
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