Alfonso Madrid Juárez

Expediente 1321/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1321/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Madrid Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Reanudacio´n. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretari´a Ejecutiva de Creacio´n de Nuevos O´rganos en las cuales se establecio´ -entre otras situaciones-, la suspensio´n, pro´rroga, modificacio´n y reanudacio´n de los plazos de los asuntos del conocimiento de los o´rganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivacio´n de los te´rminos procesales; en el entendido que la u´ltima de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en te´rminos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en virtud de que concluyo´ la vigencia de las mencionadas medidas, cuyas consecuencias implicaron la suspensio´n temporal del presente juicio de amparo, en el periodo antes mencionado; por tanto, en cumplimiento a los lineamientos que se precisan en las mencionadas circulares, se reanudan los plazos y te´rminos procesales, conforme a las condiciones previstas en el arti´culo 2 del Acuerdo General... Archivo. Visto el estado de autos, y toda vez que en esta fecha causo ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, advirtie´ndose adema´s que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Ha´ganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garanti´a. No otorgo´. Constancias o actuaciones. No hay para su devolucio´n. Depuracio´n y destruccio´n. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensio´n es susceptible de depuracio´n y el duplicado de destruccio´n, en te´rminos de los arti´culos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales. Notifi´quese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación... ... Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio ha causado ejecutoria. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental... Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Alfonso Madrid Juárez y Rosa Lilia Méndez Quiroz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 1321/2019, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Luego, once de septiembre de dos mil veinte, se señaló esta fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virus SARS-CoV2 (COVID19)- la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa, se ostenta como tercera extraña, y con tal carácter reclama lo siguiente: La orden de cancelación de la inscripción del inmueble marcado con el número 34, circuito Llano Soleado, enclavado dentro del Lote 18, Manzana 3, del Fraccionamiento Residencial Los Llanos en la ciudad de Torreón, Coahuila, con una superficie total de 180.00 metros cuadrados; dicha propiedad se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número de partida 235882, del Libro 2359, Sección I, de ocho de agosto de dos mil diecisiete. La orden de lanzamiento del referido inmueble. La omisión de emplazamiento al juicio 540/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, del Distrito Judicial de Torreón, promovido por Laura Soledad Llamas en contra de Tres Dimensiones Sistemas Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, iv. El desconocimiento de su derecho de propiedad, respecto del inmueble de que se trata. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades toda vez que al rendir su informe previo, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera debe tenerse por cierto el acto reclamado a la responsable ejecutora policiacas, pues aun cuando negaron el mismo, lo cierto es que la autoridad responsable ordenadora aceptó la existencia de los actos reclamados; por lo cual, es incuestionable que dicha autoridad está en aptitud de poder ejecutarla. Cobra aplicación al respecto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que la autoridad responsable dejó sin efectos tanto el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como la diligencia del día veinticinco siguiente, mismas que generaron los actos aquí reclamados, ello con motivo de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 1322/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. Actuación de la responsable para generar la cesación de efectos. La autoridad responsable dejó sin efectos tanto el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, así como la diligencia del día veinticinco siguiente, mismas que generaron los actos aquí reclamados, ello con motivo de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 1322/2019, del índice de este órgano jurisdiccional; lo cual se considera un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Valoración probatoria. Documentales anteriores que tienen valor probatorio por haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, además que no fueron objetadas ni existe prueba en contrario. En efecto, el hecho que la autoridad responsable dejare sin efectos el acuerdo que originó los actos reclamados, indudablemente provoca que desaparezca el acto de molestia, al grado de haberse concedido la protección constitucional a la parte quejosa, como lo exige el numeral 77 de la Ley de Amparo, para el efecto que se surta tal hipótesis de improcedencia. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre los actos reclamados por la parte quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: 1. Que se dejó sin efectos el acuerdo que originó los actos aquí reclamados. Satisfaciendo con ello el artículo 77 de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que la responsable después de la presentación de la demanda, dejó sin efectos el acuerdo y diligencia que originaron los actos de molestia aquí reclamados, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No sobra decir que, la presente determinación se tomó con base en la referida causal y con el propósito de no dictar sentencias contradictorias, pues las directrices precisas de la continuación del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, serán verificadas en el juicio de amparo 1322/2019 del índice de este órgano jurisdiccional; de ahí que, de considerarse que no se actualizó la causal en cita, a nada práctico conduciría, en razón a que la temática de aquél juicio de amparo es la misma que ésta, con independencia que sea distinto quejoso y distinto predio que intentan defender, por lo cual, de considerar lo contrario, únicamente se retaría el principio de justicia pronta reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por analogía, se comparte la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Tesis: VII.2o.T. J/39 (10a.), Página: 2066, de rubro y texto: "AMPARO ADHESIVO. SI COMO CONSECUENCIA DEL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO EN EL AMPARO PRINCIPAL SE DEJA SIN EFECTO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO NATURAL A PARTIR DEL AUTO DE RADICACIÓN, ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO ADHERENTE EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Cuando en el amparo adhesivo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con motivo de que en el amparo principal se determinó otorgar la protección constitucional para dejar insubsistente tanto la resolución definitiva reclamada como todo el procedimiento desde el auto de radicación de la demanda natural, es innecesario dar la vista a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la ley de la materia, para que el quejoso adherente exponga lo que considere respecto de la propuesta de sobreseer en el amparo adhesivo, al resultar ocioso e inútil, y transgredir el derecho fundamental de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues conforme al principio de concentración y conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, no existe la posibilidad de que se supere dicha causa de improcedencia, ya que de ningún modo podría desvirtuarse que cesó en su totalidad el fallo reclamado que, dado el alcance de la protección otorgada al quejoso principal, hace imposible que aquél pueda aducir razones para fortalecer consideraciones que le favorezcan y plantear, en su caso, violaciones procesales, al quedar sin validez todo lo actuado en el procedimiento." En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Doy fe. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Alfonso Madrid Juárez y Rosa Lilia Méndez Quiroz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda a trámite, se registró con el número estadístico 1321/2019, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Luego, once de septiembre de dos mil veinte, se señaló esta fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virus SARS-CoV2 (COVID19)- la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa, se ostenta como tercera extraña, y con tal carácter reclama lo siguiente: La orden de cancelación de la inscripción del inmueble marcado con el número 34, circuito Llano Soleado, enclavado dentro del Lote 18, Manzana 3, del Fraccionamiento Residencial Los Llanos en la ciudad de Torreón, Coahuila, con una superficie total de 180.00 metros cuadrados; dicha propiedad se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número de partida 235882, del Libro 2359, Sección I, de ocho de agosto de dos mil diecisiete. La orden de lanzamiento del referido inmueble. La omisión de emplazamiento al juicio 540/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, del Distrito Judicial de Torreón, promovido por Laura Soledad Llamas en contra de Tres Dimensiones Sistemas Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, iv. El desconocimiento de su derecho de propiedad, respecto del inmueble de que se trata. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades toda vez que al rendir su informe previo, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera debe tenerse por cierto el acto reclamado a la responsable ejecutora policiacas, pues aun cuando negaron el mismo, lo cierto es que la autoridad responsable ordenadora aceptó la existencia de los actos reclamados; por lo cual, es incuestionable que dicha autoridad está en aptitud de poder ejecutarla. Cobra aplicación al respecto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional.

  4. Principal

    Oficio. Visto el oficio que remite el Administrador Local de Recaudación, de esta ciudad, el cual se ordena agregar a los autos para los efectos legales correspondientes. Acuerdo. Atento a su contenido, se le tiene informando sobre las gestiones que está realizando para dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Requerimiento. Por otro lado, tomando en consideración las manifestaciones que realiza la autoridad responsable en torno al trámite que implica dar cabal cumplimiento al fallo protector, en términos del numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se le otorga un plazo prudente de diez días, contado a partir de la notificación de este proveído, a fin de que comunique los actos efectuados al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido de que si retrasa el cumplimiento por medio de evasivas o realiza comportamientos inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento, con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a... de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, en atención que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo hágaseles la notificación del presente proveído. Notifíquese.

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