Alfonso Maciel Pulido

Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
477/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Alfonso Maciel Pulido

Actuaciones

  1. Principal

    vi.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, solicita que toda vez que a la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, se ordenó se notificara por medio de lista que se fija en los estrados de éste juzgado; en consecuencia, se notifique su proveído de tres de abril del año en curso, que se adjunta para tal efecto, haciendo de su conocimiento el apercibimiento allí inserto. Establecido lo anterior, como lo solicita la oficiante, comisiónese al actuario judicial adscrito que con copia íntegra del auto de mérito, en su parte considerativa, notifique a la parte quejosa el auto de mérito y una vez hecho lo anterior, adjunte al oficio del presente acuerdo copia de la lista donde se advierta la encomienda realizada. ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Se tiene par; recibido el oficio, 8846/2017 signado por el Juez Segundo de .Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al que adjunta el expediente 477/2017-VI en el que mediante proveido de veintiocho .de marzo de dos mil diecisiete, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfonso Maciel Pulido, por propio derecho; con nueve copias del escrito inicial de demanda. ANOTACIONES Atento-a lo, anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por lo que remítase vía fax el acuse de recibo, f6rmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio de amparo 474/2017-VI-B, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Alfonso Maciel Pulido, por propio derecho, contra actos del: 1. Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y 5. Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con dos copias simples de la demanda, y con apoyo en los artículos 110, 115 y 128 de la Ley de Amparo tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con tres minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este provisto, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, en el entendido de que si existen discos compactos que contengan videograbaciones relativas a los actos reclamados, estas deberán remitirse con la certificación correspondiente, a efecto de tener certeza de su contenido, ello con fundamento en el articuláis 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con, fundamento en el numeral 260, fracción 11, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien Unidades de, Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios  del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primer de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del 10 de enero de 2016 y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, así como de conformidad de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se reserva acordar respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado, y remitan las constancias con las cuales se sustenten, para así determinar la existencia o no de dicha parte. PRUEBAS De conformidad con el articulo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas consistentes en: 1. Copia simple del contrato de arrendamiento celebrado entre Horacio Montiel Briones, y Alfonso Maciel Pulido. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que el quejoso en su escrito inicial de demanda, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se solicita at Homologo Federal que de no tener inconveniente legal alguno, gire sus apreciables instrucciones al personal que tiene a su digno cargo, a efecto de que notifique por medio de lista que se fija en sus estrados el presente proveído. De igual forma, lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente de que surta efectos la legal notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado de conformidad con al artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. Téngase como o autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala en su e ocurso de cuenta, siempre y cuando cuente con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se le tendrá por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del artículo citado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en los artículos 108, fracción III y 63, de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuara con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6°, segundo párrafo y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que para una mayor agilidad, se puede continuar la tramitación del presente juicio de amparo, a través del portal de juicio en línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal. Para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.

  2. Principal

    II. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos las piezas postales devueltas por el administrador de correos las cuales contienen los oficios 2053/2017 y 4903/2017, dirigidos a la autoridad DIRECTOR DE PERMISOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FISICA DE AUTOPISTAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, con las leyendas "Rehusada en oficialía no se encuentra en la dirección". En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que reenvíe el oficio de mérito, vía Mex-Post, con la denominación correcta, completa y al domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no recibirse se tendrá por hecha la notificación. En el entendido que se hace de su conocimiento, que al rendir su informe justificado respectivo, la denominación correcta y completa que se advierte de la autoridad responsable es: "Director de Permisos y Aprovechamientos, de la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas, de la Dirección General de Desarrollo Carretero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes"; asimismo, el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones fue el ubicado en el recinto oficial de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicado en el Centro Nacional SCT, cuerpo "C", planta baja, Avenida Universidad y Xola, colonia Narvarte, código postal 03020, en la Ciudad de México. Por lo tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que reenvíe los oficios 2053/2017 y 4903/2017 al citado domicilio. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Alfredo Jorge García Ávila, representante de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. a través del cual ofrece pruebas. Ahora, debe decirse que si bien de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito goza de la facultad para requerir a toda autoridad para que expida con toda oportunidad copias o documentos que les soliciten las partes a fin de ser ofrecidas como pruebas en el juicio de amparo; también lo es que de una sana interpretación del precepto aludido, se advierte la existencia de algunos presupuestos a satisfacer: - Que la parte interesada demuestre ante el Juez de Distrito en forma fehaciente, mediante el escrito respectivo haber presentado ante el funcionario o autoridad correspondiente la petición de la información respectiva. - Que exista negativa expresa por parte de dicha autoridad o funcionario, o en su caso, que se muestre por parte de éstas una conducta omisiva. - Que dicha solicitud la haya realizado con toda oportunidad. Ahora, respecto de las constancias que solicita el promovente, sean requeridas a fin de ofrecerlas como medio de convicción de su parte, dígasele que no ha lugar de acordar favorable dicha solicitud; pues la carga de la prueba recae en las partes, por lo que éstas tienen la obligación de allegarse de los medios necesarios para contar con las pruebas que pretenden ofrecer al juicio, aunado a que juez de Distrito está facultado para requerir a las autoridades u organismos, a fin de que expidan copias, documentos a las partes o la información requerida para ser exhibidos como pruebas en el juicio de amparo. Asimismo, es de observarse que la facultad concedida al Juez de Distrito en el artículo 121 de la Ley de Amparo, es como mero auxiliar para obtener los elementos probatorios que no estén a su alcance; y, la circunstancia de conminar a la autoridad u organismos para tal efecto, a través de los medios de apremio, se condiciona al cumplimiento de los requisitos precisados en párrafos precedentes; es decir, la autoridad estará compelida a cumplir el requerimiento de enviar la información solicitada, sólo en el supuesto de que hubiera sido omisa o contumaz en proporcionarla o hacerla del conocimiento, toda vez que tiene la posibilidad de acreditar que sí cumplió con su deber; y, con ello, que no le es imputable la causa por la cual no han sido allegados al juicio dichos elementos probatorios, sino que esto obedece al descuido, negligencia o negativa de erogar el gasto que genera dicha expedición, por parte del promovente, además, de que la carga de aportar los documentos que se deseen ofrecer como pruebas, recae en las partes, porque en tal supuesto no se justificaría la intervención del juzgador en auxilio del oferente. De ahí que no ha lugar de acordar favorable el medio de convicción ofrecido por el promovente, ya que no adjunta documento alguno en el que acredite que solicitó las constancias referidas para que este órgano jurisdiccional requiera al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México a remitir las documentales solicitadas, además de no reunir los requisitos insertos en el artículo 121 de la Ley de Amparo y por ende este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de acordar favorable la solicitud de requerimiento expuesta, debido a las consideraciones plasmadas en el cuerpo del presente auto.

  3. Principal

    VI. (AVISO QUEJOSA). Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el cual es del tenor siguiente: "Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al cual se adjunta la demanda de amparo promovida por Alfonso Maciel Pulido contra actos del Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 477/2017-VI. INCOMPETENCIA. Ahora, analizada en su integridad la demanda de amparo, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, estima carecer de competencia legal por las siguientes consideraciones: Como se advierte de la lectura del ocurso de mérito, el acto reclamado consistente en el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizado al quejoso en el domicilio en el cual aduce tiene en posesión y su ejecución Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala con el carácter de autoridad responsable entre otras a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, de ahí que se considere que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Aunado a lo anterior, este juzgado estima pertinente declinar competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues de la propia demanda se aprecia que el solicitante del amparo también señaló a la totalidad de Jueces de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca. En la especie, el artículo 37, de la Ley de Amparo, en el primer párrafo prevé la competencia tratándose de juicios de amparo indirecto, al tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Sin embargo, el primer párrafo del diverso 38, de la ley de la materia, constituye, una regla de excepción a la competencia por territorio que regula el numeral 37 citado, al determinar que es competente para conocer de un juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de garantías, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenece dicho juzgado. Ciertamente, el numeral 38 del mismo ordenamiento, en su primer párrafo prevé: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". En efecto, se puede válidamente concluir que la competencia para conocer de un juicio de amparo, promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría dentro del mismo, si lo hubiere, o en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito al que pertenezca dicho juez. Es aplicable al caso por analogía, el criterio jurisprudencial 1a./J. 88/2006 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 173362, Tomo XXV, Febrero de 2007, página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es de contenido y rubro siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. De lo anterior, se concluye que, aun cuando el precitado numeral 38, de la aludida ley reglamentaria, no establece expresamente qué autoridad será competente cuando todos los Jueces de Distrito de una misma localidad se encuentren impedidos para conocer de una demanda de amparo, en virtud de haber sido señalados como responsables, deben tomarse en cuenta los lineamientos establecidos en el mismo precepto legal; esto es, al juez de Distrito más cercano a aquellos que están señalados como autoridades responsables, dentro del propio Circuito. Luego entonces, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de garantías promovida por Alfonso Maciel Pulido, lo será el que sin encontrarse dentro de la localidad mencionada, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, se encuentre más próximo a aquella en que residan éstos. Así las cosas, al carecer de competencia para el conocimiento de la demanda, se declina la misma al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, autoridad a quien se considera más próxima a la ubicación de este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia P./J. 44/2001 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 190008, Tomo XIII, Abril de 2001,página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es de contenido y rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Por otro lado, no se decreta la suspensión provisional de los actos reclamados, puesto que dicha hipótesis opera únicamente en los casos a que se refiere el numeral 17, de la Ley de Amparo, dentro de los que no quedan comprendidos los actos reclamados, y en el caso fue señalada la orden de aprehensión en contra del agraviado y su ejecución, asimismo, en razón de que el numeral 48 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". En tal virtud, remítase el expediente en que se actúa, así como las copias del escrito inicial de demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para lo que tenga a bien determinar y remítanse los anexos correspondientes; asimismo, en caso en que el juez se avoque a su conocimiento, se solicita el acuse de recibo correspondiente. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, practíquense las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional. Sin embargo, dada la naturaleza de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario judicial adscrito a fin de que se constituya en el domicilio señalado por el quejoso en el escrito inicial de demanda y le notifique de forma personal la presente determinación. AUTORIZADOS. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado para los efectos del artículo 12 de la ley de la materia a Mario Manuel Iturbe Rodríguez, por contar con el registro de la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en tención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este juzgado pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfonso Maciel Pulido contra actos del Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México y otras autoridades. Remítase el original del expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, con un anexo simple y nueve copias de demanda para que dentro del plazo que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en términos de este auto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe."

  4. Principal

    Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 901/2016-II, promovido por Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim a través de la Defensora Pública Aída García García, contra actos del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim a través de la Defensora Pública Aída García García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México en su carácter de autoridad ordenadora. b) Al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, México, en su carácter de autoridad ejecutora." "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Se hace consistir en cuanto a la autoridad ordenadora en la resolución de plazo constitucional dictada en fecha dos de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la Causa Penal 60/2010 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México; el cual fue notificado a la suscrita en fecha dos de junio de dos mil dieciséis, precisamente respecto de los resolutivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, en los que se estableció: . SEGUNDO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de Víctor Ramírez Rojas, conforme lo expuesto en el considerando sexto. TERCERO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de José Guadalupe Rodríguez Ávila, conforme lo expuesto en el considerando sexto. CUARTO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, fracción III, en concatenación con el diverso 10, fracción I, y 24, del mismo ordenamiento legal, conforme lo expuesto en el considerando octavo de este fallo. Mientras, que en cuanto a la autoridad ejecutora, precisamente el cumplimiento de lo ordenado en la resolución emitida por la autoridad ordenadora." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado, se registró con el número 901/2016-I, por auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Acontecido lo anterior y previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia de ley en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que el acto reclamado emana de una autoridad judicial penal cuya residencia se encuentra dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim reclama lo siguiente: I. Del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca: a) El auto de formal prisión de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 60/2010 y su acumulada 65/2010-V, como probable responsable en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas y José Guadalupe Rodríguez Ávila; y portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, fracción III, en concatenación con el diverso 10, fracción I, y 24, del mismo ordenamiento legal. II. Del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez: b) La ejecución del auto de formal prisión de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 60/2010 y su acumulada 65/2010-V. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca (foja 51) y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez (foja 39) al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados y para acreditar tal circunstancia, la autoridad ordenadora remitió copia certificada del primero tomo de la causa penal 60/2010 y su acumulado 65/2010, así como el duplicado de los tomos II al VIII; y el duplicado del incidente de separación de autos relativo a la causa penal aludida, constancias a las que se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al precepto 2°, por tratarse de documentales públicas expedidas por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo son los que se narran a continuación: 1. Mediante oficio SIEDO/UEIS/304/2010, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, ejerció acción penal con detenido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/304/2010, entre otros, en contra del indiciado Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim. 2. El diecinueve de julio de dos mil diez, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, radicó la averiguación previa aludida con el número de causa penal 60/2010, quedando a su disposición, entre otros, el indiciado Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito", en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. 3. Una vez que le fue tomada su declaración preparatoria a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, el veinticinco de julio de dos mil diez, el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, resolvió su situación jurídica y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, respecto de los delitos de delincuencia organizada; posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en su hipótesis de posesión de granada; y, posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; asimismo, estimó que era probable responsable en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas y José Guadalupe Rodríguez Ávila; y, portación de arma de fuego sin licencia; de igual forma, dicha autoridad se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa, en turno. 4. Por razón de turno conoció el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien entre otras cosas, el veintiocho de julio de dos mil diez radicó el cuadernillo de incompetencia con el número 84/2010-3, y mediante resolución interlocutoria de once de agosto de dos mil diez, no aceptó la competencia declinada, por lo que ordenó su envió al Tribunal Colegido del Décimo Noveno Circuito en turno, la causa penal 60/2010 y el referido cuadernillo. En razón de que quien había recibido la indagatoria que dio origen a la causa penal aludida fue el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el trece de agosto de dos mil diez, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para que resolviera dicho conflicto competencial. Así, al Tercer Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito le correspondió conocer del citado asunto, quien mediante ejecutoria emitida en sesión de siete de octubre de dos mil diez, dentro del conflicto competencial 12/2010 determinó que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, era el competente para seguir conociendo de la causa penal en cuestión. 5. Inconforme con el término constitucional de veinticinco de julio de dos mil diez, Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim interpuso recurso de apelación, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien mediante ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil once dictada dentro del toca 328/2010, modificó el auto recurrido en los siguientes términos: ".PRIMERO.- En la materia del recurso, se modifica el auto de plazo constitucional del veinticinco de julio de dos mil diez, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 60/2010, que se sigue contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y otros, cuyos resolutivos segundo y tercero, resumidos en uno quedan como sigue: "PRIMERO.- Se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor como probables responsables en la comisión de los diversos delitos de privación ilegal de la libertad (dos) en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas y José Guadalupe Rodríguez Ávila, respectivamente, previstos y sancionados en los artículos 391, fracción III y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas." SEGUNDO.- En lo restante en todo aquello que no se oponga a lo aquí resuelto, se convalida dicho auto de término constitucional." 6. Mediante resolución interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil once, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, declaró procedente la acumulación de autos de la causa penal 65/2010, instruida en contra de Juan José Sánchez Guzmán, Silverio Pérez Mendoza y Gabino Gabriel Guerra Mendoza, a la diversa 60/2010, instruida en contra de Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor. 7. Mediante resolución interlocutoria de quince de abril de dos mil catorce, el juez responsable determinó que era procedente la separación de proceso, únicamente por cuanto hacía a los indiciados Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor. 8. El quince de agosto de dos mil catorce, el juez de origen declaró cerrada la instrucción y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce tuvo verificativo la audiencia de vista. 9. El treinta y uno de agosto de dos mil quince, el juez penal de origen dictó sentencia definitiva, de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Están acreditados los elementos constitutivos de los delitos de: 1. Privación ilegal de la libertad en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 2. Privación ilegal de la libertad en agravio de José Guadalupe Rodríguez Ávila, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 3. Portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, en relación con el numeral 9, fracción III, en concatenación diverso 10, fracción I, y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 4. Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 5. Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en su hipótesis de posesión de granada, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción III, en relación con el 11, inciso h), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, 6. Posesión de cartucho para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. SEGUNDO. Está acreditada la plena responsabilidad penal de los sentenciados. Respecto de Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en la comisión de los delitos de: 1. Privación ilegal de la libertad en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 2. Privación ilegal de la libertad en agravio de José Guadalupe Rodríguez Ávila, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III, y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 3. Portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, en relación con el numeral 9, fracción III, en concatenación diverso 10, fracción I, y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos(.) TERCERO. En cumplimiento al considerando séptimo de esta determinación, por la comisión del delito mencionado, se impone a: Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, las penas de cincuenta años de prisión y dos mil cincuenta días multa equivalente esta última a la cantidad de $117,793.00 (ciento diecisiete mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional); y, (.) CUARTO. Por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia, no procede conceder a los sentenciados Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor, los sustitutivos de la pena de prisión ni el beneficio de condena condicional a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal." 10. Inconforme con la sentencia de mérito, Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor, interpusieron recurso de apelación del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien en ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca 283/2015, resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 60/2010 y su acumulada 65/2010, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, que se instruye entre otros, a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor, por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de Víctor Manuel [.] y José Guadalupe [.] y otros. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria de los indiciados Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y José Carlos López Melchor, en los términos señalados en la parte final del considerativo octavo de esta resolución." Asimismo, dicho tribunal precisó que el juez penal quedaba facultado para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, atendiendo las siguientes consideraciones: ".a) Proveer lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19, Constitucional, fijando día y hora para el desahogo de la declaración preparatoria de José Carlos López Melchor y Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim. b) Observar que se designen tantos defensores como indiciados vayan a rendir declaración preparatoria. c) Informar, de inmediato, al titular de la Embajada de la República de Guatemala sobre la detención de José Carlos López Melchor y Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, dejando a su elección la posibilidad de brindarle asistencia consular y legal. d) Haga del conocimiento de los acusados José Carlos López Melchor y Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, que tienen derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país (en el caso, la República de Guatemala); e) En su caso, realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar la comunicación, visita y contacto entre el inculpado y la oficina consular aludida, a fin de que ésta última les pueda brindar una asistencia inmediata y efectiva. f) Requerir a los recurrentes José Carlos López Melchor y Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, para que designen abogado defensor, con la observancia de que no podrán ser representados por el mismo patrocinador jurídico, dado el conflicto de intereses suscitado, para lo cual ya deberán haber sido citados los Defensores Públicos Federales necesarios. g) Recabar la declaración preparatoria de José Carlos López Melchor y Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en la forma y con los requisitos legales, -esto es, deberá reunir los requisitos constitucionales legales, incluyendo la obligación del juez de hacer saber a los inculpados en qué consiste la denuncia o querella y señalar el nombre de los acusados y el de aquellas personas que depongan en su contra-. h) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva durante el nuevo plazo constitucional la situación jurídica de los imputados, en el entendido de que deberá observarse el principio non reformatio in peius a favor de los justiciables." 11. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el juez de origen tomó su declaración preparatoria al hoy quejoso Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y el dos de junio siguiente, resolvió su situación jurídica en los siguientes términos: ".PRIMERO. A las doce horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley al inculpado Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en la comisión del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado por artículo 2, fracción V (hipótesis de secuestro previsto en el artículo 366 del Código Penal Federal) y sancionado por el diverso 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de Víctor Ramírez Rojas, conforme lo expuesto en el considerando sexto. TERCERO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de José Guadalupe Rodríguez Ávila, conforme lo expuesto en el considerando sexto. CUARTO. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión contra Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, por haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el 9, fracción III, en concatenación con el diverso 10, fracción I, y 24, del mismo ordenamiento legal, conforme lo expuesto en el considerando octavo de este fallo." QUINTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al estudio de fondo del presente asunto. SEXTO. Conceptos de violación y fijación de la litis. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en virtud de que en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, materia común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso aduce que el actuar de la responsable transgrede en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 constitucionales, por las siguientes consideraciones: Fue objeto de tortura, porque en el certificado médico de integridad física suscrito por el Teniente de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, Paracaidista de la Armada de México Hugo Romero Anduaga, se advierte la existencia de algunas lesiones y en el dictamen de integridad física emitido por los peritos médicos oficiales de la Procuraduría General de la República, Karina Astudillo Gutiérrez y Lydia Arzate Castro, se observan diversas lesiones a las ya existentes con anterioridad. La diligencia de reconocimiento de indiciado de dieciséis de julio de dos mil diez, practicada a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim se desahogó en el área de separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la cámara de "Gessel" sin la presencia de defensor particular o público que asistiera al indiciado. Conforme a lo anterior, se precisa que la litis se constriñe en determinar si el juez responsable para emitir el auto de formal prisión reclamado, tomó en consideración las referidas circunstancias. SÉPTIMO.- Estudio de fondo. Es pertinente precisar que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo. Ahora bien, el peticionario alega que la responsable no tomó en consideración el hecho de que fue objeto de tortura, porque en el certificado médico de integridad física suscrito por el Teniente de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, Paracaidista de la Armada de México, Hugo Romero Anduaga, se advierte la existencia de algunas lesiones y en el dictamen de integridad física emitido por los peritos médicos oficiales de la Procuraduría General de la República, Karina Astudillo Gutiérrez y Lydia Arzate Castro, se observan diversas lesiones a las ya existentes con anterioridad. Tal manifestación resulta fundada. De autos se advierte, que el catorce de julio de dos mil diez, el quejoso fue detenido por elementos de la Secretaria de Marina Armada de México, en el Ejido del Niño perteneciente al municipio de Reynosa, Tamaulipas, posteriormente fue trasladado a la base naval provisional ubicada en el parque deportivo del poblado de Díaz Ordaz, Tamaulipas, donde el Teniente de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, Paracaidista de la Armada de México, Hugo Romero Anduaga, realizó un examen médico y físico a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, para lo cual emitió un certificado médico en el que determinó lo siguiente: ".QUE AL EFECTUAR EXAMEN MÉDICO Y FÍSICO AL CIUDADANO JUAN CARLOS TZIJ DE 30 AÑOS DE EDAD, EL CUAL ES ORIGINARIO DE PLAYA GRANDE, GUATEMALA, SE LE ENCONTRÓ CON DERMOABRACIÓN EN REGIÓN MALAR DERECHA DE 3X2 CMS, EQUIMOSIS EN REGIÓN MALAR IZQUIERDA DE 3X2 CMS, EQUIMOSIS EN REGIÓN ESCAPULAR IZQUIERDA, EQUIMOSIS CON HEMATOMA EN GLÚTEO QUE SE EXTIENDE A AMBOS MUSLOS, DERMOABRACIÓN EN REGIÓN ANTERIOR DE MUSLO IZQUIERDO DE 20 X 10 CMS, NO CUENTA CON LESIONES QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA NI ALGÚN MIEMBRO CORPORAL." Asimismo, al ser puesto a disposición ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, los perito médicos oficiales Karina Astudillo Gutiérrez y Lydia Arzate Castro, realizaron la revisión médico legal correspondiente a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim y emitieron el dictamen de integridad física 67660, en el que concluyeron lo siguiente: ".Juan Carlos Tzij Ixm presenta equimosis violácea de tres por un centímetros acompañada por una excoriación en región frontal a la derecha de la línea media; equimosis violácea de cuatro por dos centímetros acompañada por excoriación en región superciliar derecha, equimosis de dos por uno centímetros acompañada de excoriación en región ciliar derecha; excoriación de dos por un centímetros en región infraorbitaria derecha, excoriación de cuatro por dos centímetros en malar derecha, dos equimosis violáceas, la primera de uno por cero punto cinco centímetros y la segunda lineal de un centímetro ambas en malar derecho, dos equimosis violáceas lineales de dos y un centímetros respectivamente en mandíbula a la derecha de la línea media, dos equimosis violáceas lineales de un centímetro cada una en región frontal sobre la línea media, eritema de dos por un centímetros en dorso nasal, tres equimosis lineales violáceas de dos, uno y cero punto cinco centímetros en región frontal a la izquierda de la línea media, equimosis violácea de dos por un centímetros, en región ciliar izquierda, dos equimosis violáceas de tres por cero punto cinco centímetros y de dos por un centímetros en malar izquierda, dos equimosis violáceas lineales de un centímetros cada una en región naso geniana, zona equimótica excoriativa de tres por uno punto cinco centímetros en mentón, equimosis violácea con laceración en mucosa labial superior sobre la línea media de cero punto cinco centímetros; equimosis violácea de cero punto cinco centímetros de diámetro en mucosa de labio inferior a la derecha de la línea media; costra hemática de dos por cero punto cinco centímetros en cara anterior de cuello, equimosis violácea de un centímetro de diámetro en supraclavicular derecha, excoriación lineal de cuatro centímetros en cara anterior de cuello, equimosis violácea de cinco por tres centímetros en hombro izquierdo, equimosis violácea lineal de un centímetro en pectoral izquierdo cuadrante superior externo, equimosis violácea lineal de un centímetro en pectoral derecho, cuadrante inferior interno. Equimosis violácea de un centímetro de diámetro brazo derecho cara anterior tercio proximal, dos costras hemáticas lineales de un centímetro cada una en antebrazo derecho cara anterior tercio distal, zona equimiótica negruzca de tres por un centímetros acompañada de dos excoriaciones puntiformes en antebrazo derecho cara posterior tercio distal, dos equimosis negra de cero punto cinco centímetro de diámetro cada una, la primera en falange distal del tercer dedo, y la segunda en falange distal del cuarto dedo, ambas en mano derecha, cuatro costras hemáticas, las dos primeras de cero punto dos centímetros de diámetro, la tercera lineal de dos centímetros y la cuarta lineal de tres centímetro, localizadas en antebrazo izquierdo cara externa tercio distal, costra hemática lineal de un centímetro en antebrazo izquierdo cara posterior tercio distal, costra hemática de un centímetro de diámetro en dorso de mano izquierda, costra hemática de dos por un centímetro en cuarto dedo de mano izquierda cara dorsal, equimosis negra de cero punto cinco centímetros de diámetro en falange distal del tercer dedo de mano izquierda. Equimosis violáceas en: brazo izquierdo, cara posterior e interna, tercio medio de seis por cuatro centímetros; escapula izquierda de doce por quince centímetros; dos en escapula derecha de tres por dos centímetros y de tres punto cinco por dos centímetros acompañada de costra hemática de un centímetro de diámetro; infra escapular derecha de siete por uno punto cinco centímetros; infraescapular izquierda dos lineales de seis y cinco centímetros respectivamente; brazo derecho cara interna tercio distal lineal de un centímetro; pierna izquierda cara externa tercio medio de dos por tres punto cinco centímetros; pierna derecha cara posterior, tercio proximal de cinco por tres centímetros. Zona de equimosis puntiformes violácea de tres por dos centímetros sobre la línea media axilar derecha, zona equimótica violácea con centro intacto acompañada de costras hemáticas de veintiuno por cinco centímetros en muslo izquierdo en toda su cara anterior; costras hemáticas en las siguientes regiones; rodilla derecha de un centímetro de diámetro; pierna derecha cara anterior tercio proximal una lineal de cero punto cinco centímetros y otra de dos por cero punto cinco centímetros, rodilla derecha tres primeras lineales de dos centímetros, uno y cero punto cinco centímetros, la cuarta de dos centímetros de diámetro; pierna izquierda cara anterior tercio distal lineal de cuatro centímetros, dorso de pie izquierdo cuatro de cero punto dos centímetros de diámetro, dorso de pie derecho, dos de cero punto dos centímetros de diámetro. Excoriación de un centímetro lineal en pierna izquierda cara externa tercio distal, excoriación lineal de un centímetro en pierna izquierda cara posterior tercio proximal, zona de descamación en ambas inglés (la presenta desde hace más de quince días según refiere). Zona equimotica violácea que abarca del lado derecho desde el glúteo hasta el tercio medio del muslo en su cara interna posterior y externa, del lado izquierdo abarca desde el glúteo hasta el tercio distal del muslo en su cara interna posterior y externa. Acompañada de múltiples excoriaciones y costras hemáticas, siendo la mayor de tres por dos centímetros y la menor puntiforme. A la exploración otoscópica; ambos conductos auditivos externos con abundante cerumen por lo que las membranas timpánicas no son visibles." Como se advierte de las transcripciones de mérito, las opiniones contenidas en los referidos dictámenes, al momento de realizar la valoración de integridad física del quejoso ante los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, señala que presentaba ciertas lesiones que resultaron diversas a las precisadas en el dictamen emitido por los peritos médicos oficiales de la Procuraduría General de la República. De ahí que tal circunstancia, transgrede los derechos del promovente, por lo que el juez responsable estaba obligado a proveer en relación a dicha circunstancia. Si bien, el juez de origen al emitir el auto de formal prisión reclamado, no tomó en consideración la declaración ministerial del indiciado Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en razón de que se había ordenado reponer el procedimiento, tal y como quedó precisados en los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, nada dijo con relación a las lesiones ocasionadas a éste, circunstancia que afecta sus derechos. Por otra parte, el quejoso alega que al acto reclamado es ilegal, en razón de que para acreditar su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto y sancionado en los artículos 391, fracción III y último párrafo, y 391 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, cometido en agravio de Víctor Manuel Ramírez Rojas y de José Guadalupe Rodríguez Ávila, la responsable tomó en consideración las diligencias de reconocimiento de indiciado de dieciséis de julio de dos mil diez, practicadas a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, las cuales se desahogaron en el área de separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la cámara de "Gessel" sin la presencia de defensor particular o público que asistiera al indiciado. Es fundada dicha manifestación. Para arribar a tal conclusión, resulta pertinente precisar que tratándose de la diligencia de reconocimiento que se lleva a través de la cámara de "Gesell", como acto formal, por medio del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. En el caso, de autos se advierte que el dieciséis de julio de dos mil diez, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en compañía de testigos de asistencia, se trasladó y constituyó en el área de separos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde desahogó la diligencia de reconocimiento en cuestión; para lo cual, de un lado de la cámara de "Gessel", área controlada de detenidos, colocó entre otros a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, y estando presente las victimas Víctor Manuel Ramírez Rojas acompañado de Ismael Moisés Varela San Juan y José Guadalupe Rodríguez Ávila acompañado de Angélica Yarabid Arce Goya, procedió a colocar uno por uno, las victimas aludidas frente al vidrio de separación de la cámara, mientras que del otro lado se instruía al indiciado para que respondiera en diversos tonos de voz, su nombre completo, domicilio, nombre de sus familiares y a que se dedica; asimismo, se le solicitó colocarse de frente, de perfil derecho e izquierdo, de espaldas y por último, que mostrara sus manos al frente. Posteriormente, Víctor Manuel Ramírez Rojas, manifestó que reconocía plenamente sin temor a equivocarse por voz a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim ya que era la persona que le decían "Cabo", pues él mismo decía que era "Caivil Guatemala", quien decía que para su protección traía un cuerno. Asimismo, José Guadalupe Rodríguez Ávila, manifestó que reconocía plenamente sin temor a equivocarse por voz a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, y que deseaba aclarar que lo vio en dos ocasiones cuando se le movía la venda de los ojos, y le llegó a pegar por haberlo visto, por lo que le insistía mucho preguntándole si lo había visto. Una vez concluida dicha diligencia, procedieron a estampar sus firmas las personas que asistieron a ésta, sin que se advirtiera de la lectura integral de la diligencia en cuestión, la asistencia de algún abogado particular, defensor público o persona de confianza que representara al hoy quejoso Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim. Por tanto, al haberse desahogado la diligencia de mérito sin que asistiera el defensor del quejoso, se le dejó en estado de indefensión, ya que se transgredió su derecho a una defensa adecuada, de conformidad con el artículo contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, tomando en consideración que la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales. Bajo ese contexto, el actuar de la responsable resulta ilegal, ya que al no haber estado presente en el desahogo de la diligencia el defensor del quejoso y asegurar que material y formalmente se cumplieran los requisitos legales en el desarrollo de ésta, se le dejó en estado de indefensión al promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1038, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Constitucional, Penal, Décima Época, cuyos rubro y texto establecen: "RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA. El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales. Así, tratándose de la diligencia de reconocimiento que se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto formal, en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto." Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca: Deje insubsistente el auto de formal prisión de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado en contra de Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim en la causa penal número 60/2010 y su acumulada 65/2010-V y, en su lugar, emita otro en el que tomé en consideración las lesiones ocasionadas al quejoso, de conformidad con el dictamen de integridad física emitido el quince de julio de dos mil diez por los peritos médicos oficiales de la Procuraduría General de la República, Karina Astudillo Gutiérrez y Lydia Arzate Castro, y determine si procede tomar acciones por aspectos relacionados con tortura. Asimismo, deberá abstenerse de tomar en consideración las diligencias de reconocimiento del indiciado Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim desahogadas el dieciséis de julio de dos mil diez, en la cámara de "Gessel" de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y pronunciarse con relación a la probable responsabilidad del quejoso en los delitos que se le imputan. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 70, registro 917622, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Al ser fundado el concepto de violación en estudio y concederse la protección de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación planteados. Lo que se sostiene mediante la jurisprudencia 3, que publicara la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Tzij Ixm o Juan Carlos Tzij Ixn o Juan Tzij Ixim, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Emilio Carmona Díaz que da fe, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil diecisiete en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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