Alfonso López García
Expediente 685/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alfonso López García
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al cual adjunta testimonio de la resolución emitida en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos del conflicto competencial ********************, que en su punto resolutivo indica: "ÚNICO. La Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México es legalmente competente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución; en consecuencia, remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que radicó con el número ********************; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado vía electrónica por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que insiste en declinar la competencia del asunto del que deriva este cuaderno de antecedentes y, por tanto, plantea conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno; circunstancias de las que este órgano de control constitucional toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y anexo que acompaña, consistente en el juicio de amparo indirecto ********************, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovido por ********************, por propio derecho; ello en virtud que por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia para conocer del asunto por cuestión de territorio. Atento a ello, fórmese expediente con el número 685/2023-I, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. INCOMPETENCIA LEGAL Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, así como sus anexos, debe decirse que el promovente de amparo se duele de la citación emitida a efecto de que se presente al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Sur (ubicado en ********************), con el fin de desahogar la audiencia inicial dentro de la causa penal ********************. Lo anterior, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, se advierte que refiere que agentes de la policía de investigación, se presentaron en su domicilio en dos ocasiones, siendo la última el veintitrés de mayo del año en curso, oportunidad en la que le dejaron una cedula de notificación, misma que adjuntó a su escrito inicial y de la que se advierten las determinaciones que se le pretendieron notificar, entre ellas la citación señalada, para las trece horas del dieciséis de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, el suscrito considera que el citatorio combatido requiere ejecución material, pues así se desprende de lo establecido en los artículos 90, párrafo primero y 91, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto." De los preceptos transcritos se observa que un citatorio implica la obligación de presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público solicitante, como acontece en el caso concreto, en el que se requiere la presencia del quejoso para que acuda a las instalaciones que ocupa el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur (ubicado en ********************), con el propósito de desahogar la audiencia inicial señalada para las TRECE HORAS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dentro de la causa penal ********************; de ahí que sea evidente que aquél citatorio requiere de ejecución material; sin embargo, tal ejecución tendrá verificativo fuera del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción, esto es, en la Ciudad de México. En efecto, si el acto que aquí se reclama tiene como propósito que el solicitante del amparo acuda ante el órgano jurisdiccional responsable para el desahogo de una diligencia relacionada con una investigación (el cual sí requerirá de una ejecución material), será competente el juez de distrito del lugar en donde se ejecutará ese acto, esto es, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ejercer jurisdicción en la Ciudad de México, esto es, el lugar donde reside la autoridad responsable, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de sustento a las anteriores consideraciones, la tesis de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." No pasa desapercibido que el domicilio del quejoso se localice en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México; sin embargo, para establecer la competencia del conocimiento de este juicio constitucional es inexacto considerar el sitio en el que el quejoso tiene su residencia, porque, pese a que fue designada una autoridad ejecutora ubicada dentro de la circunscripción territorial de este órgano federal, del estudio de la demanda y sus anexos, se advierte que la intención del amparista es la de combatir la citación a audiencia inicial ante un Centro de Justicia en Ciudad de México, no así su notificación ni tampoco las consecuencias que acarrean incumplir el citatorio, menos aún algún mandamiento de captura que deba ejecutarse en el municipio mencionado inicialmente. Así las cosas, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México declara carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, dado que el acto reclamado -que es de aquéllos que tienen ejecución material- se llevará a cabo en Ciudad de México, por lo que al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de este expediente al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Fórmese el cuaderno de antecedentes de estilo y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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