Alfonso López Castro

Expediente 888/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
888/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2019

Partes del expediente

  • Alfonso López Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo VII-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil diecinueve. En atención al escrito de cuenta, se advierte que el quejoso Alfonso López Castro, interpone recurso de queja contra el acuerdo de dos de octubre de este año, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, se ordena remitir el original del ocurso de cuenta, copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, así como el informe sobre la materia de la queja. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mesa de Amparo VII-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 888/2019. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ****************, por las razones que se exponen a continuación: De los antecedentes proporcionados por la parte quejosa, se advierte que Cristina Reyna Trejo Molina (parte actora en el juicio natural), promovió como acto preparatorio a juicio la separación de concubinos, el cual quedó radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar bajo el número 169/2019. A fin de dar curso a la citada medida cautelar, el juez A quo, requirió a la parte actora para que exhibiera su Clave Única de Registro de Población y la del demandado . . . (aquí quejoso) a efecto de comprobar ante la autoridad registral, que dichas partes no habían contraído matrimonio civil con otra persona. Recibida la referida documentación, mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el juez de primera instancia, ordenó la separación de Alfonso López Castro del domicilio en el que habitaba con la actora, concediéndole a ésta un plazo de quince días, para que intentara la acción correspondiente en contra de la parte demandada. La referida diligencia de separación de concubinos, se ejecutó el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Mediante acuerdo de seis de septiembre del año en curso, el juez tuvo por concluido el plazo de quince días otorgado y a . . . justificando la acción solicitada, con copia del escrito de demanda de doce de julio de dos mil diecinueve, registrada bajo la partida 524/2019, del índice del Juzgado Quinto Familiar, relativa al reconocimiento de la vida en concubinato. Acto que señala como reclamado el ahora quejoso en unión de la notificación del mismo que considera ilegal, y contra el cual, este juzgado Federal estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, con relación a los diversos numerales 5° y 6°, ambos de la Ley de Amparo. Preceptos que en la parte que interesa señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Ahora, con el objeto de establecer que en el caso opera la causa de improcedencia invocada, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los reproducidos numerales 5º, 6º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real, actual, personal y directa. Lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo judicial es la demostración plena del interés jurídico, que es la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, de manera que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo se puede surtir en la medida que demuestre que dicho acto le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le corresponden. En efecto, el aludido interés jurídico, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De acuerdo con las citadas disposiciones, el concepto de interés jurídico o la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos afectados por el acto reclamado, oponibles a la autoridad, está íntimamente ligado al de "agravio real, actual, personal y directo", pues si un acto de autoridad no causa éste, no puede existir aquél para intentar válidamente la acción de amparo contra dicho acto. El principio de existencia de un agravio real, actual, personal y directo, implica que la acción constitucional, sólo podrá ser promovida por aquella persona que se vea afectada de manera directa en su esfera jurídica por un acto de autoridad, y que haya inmediatez entre la emisión del acto y el surtimiento de sus consecuencias en la esfera de derechos del gobernado. El agravio al interés jurídico debe ser actual por referirse a una situación que está causando perjuicio al quejoso o que por estar pronta a suceder seguramente se le causará, y no habrá afectación al interés jurídico, cuando tal afectación sea mediata. [...]. Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Tercera Parte, página 167, registro IUS 237794, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Luego, en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para que sea procedente el juicio de amparo, es menester que el acto de autoridad le cause un agravio real, actual, personal y directo. La consideración anterior implica que mientras la ejecución del acto reclamado no esté causando menoscabo en los intereses legalmente tutelados, o se tenga la certeza de que por estar pronta a suceder seguramente se los causará, la acción de amparo resultará improcedente, debido a que hasta ese momento no se le causa un agravio real, actual, inmediato y directo, que como ya se vio, es uno de los principios reguladores del juicio de derechos fundamentales. Expuesto lo anterior, se precisa que en el auto reclamado, el juez acordó que había fenecido el plazo otorgado a la parte promovente del acto prejudicial (separación de concubinos), a fin de que interpusiera la acción correspondiente, y ésta presentó una copia de escrito de demanda en el que hizo valer la acción de reconocimiento de vida en concubinato. En esa medida, es evidente que el proveído reclamado, no causa afectación real y actual al quejoso, dado que el único efecto que produjo fue la comunicación de que había fenecido el plazo de quince días y que la parte actora había hecho valer una acción, sin que en él exista mandamiento que decretara una separación permanente o algún otro acto que causara afectación a su esfera de derechos. En esa medida, es claro que el tener por acreditada la instancia para cuyo objeto se solicitó la medida precautoria, no genera algún agravio al promovente, pues lo que en su caso pudo generar tal afectación, fue la separación ejecutada el veinticuatro de junio de esta anualidad y será en el contradictorio, donde tenga la oportunidad de alegar en su defensa lo relativo a la vida en concubinato sostenida con la ahí promovente. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo, y se desecha de plano la demanda de amparo contra los actos de autoridad reclamados. [...]. Lo anterior, porque ni aun admitiéndose a trámite la demanda, se lograría desvirtuar la naturaleza del acto, que como se estimó, no genera agravio alguno en la esfera jurídica del quejoso; de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. [...]. Se tiene al justiciable señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como autorizado en los términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ******************* y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes. NOTIFÍQUESE.

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