Alfonso López Abundis
Expediente 1038/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Alfonso López Abundis
Actuaciones
- Principal
L. En Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, certifica: que el término para interponer queja contra el auto que desechó la demanda, transcurrió del tres al nueve de noviembre del año en curso; se precisa que del plazo efectuado se excluyeron los días inhábiles, que al día de hoy no se interpuso ese recurso, que no obra documento original exhibido por la parte quejosa, y que no obran constancias que deban ser devueltas, Doy fe. Acto seguido, la Secretaria da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y el estado procesal de autos. Doy fe. La Secretaria.Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por *******************, por propio derecho, Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 1038/2021-IV y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como el acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal 8/2020; así como los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." (Énfasis añadido). LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación. Cabe señalar que si bien la tesis antes citada parte de la interpretación de diversos artículos de la Ley de Amparo anterior a la vigente, ello no obsta para su aplicación en el caso, dado que el sistema normativo que rige en el ordenamiento vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se modificó y sigue operando en términos similares a los previstos en los preceptos legales que se invocan en el criterio transcrito. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. Así, del escrito de demanda se evidencia que el quejoso Alfonso López Albundis, reclama el oficio PMT058/CIMM/AS/194/2021 de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, notificado el veintinueve siguiente, mediante el cual la autoridad responsable da contestación a su escrito de seis de septiembre del mismo año, en el cual solicito copias certificadas de todo lo actuado en el expediente de responsabilidad administrativa PRA/AS/06/2021. En respuesta a dicha solicitud la hoy autoridad responsable, manifestó la imposibilidad para dar cumplimiento a su solicitud en virtud de que el expediente en comento, se encontraba bajo el resguardo de la autoridad resolutora. Acto de Autoridad administrativa El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridad administrativa (Autoridad Substanciadora adscrita a la Contraloría Municipal de Tenancingo, Estado de México) que por su naturaleza, no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1 y 229, fracción VI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; [.]" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares. Lo anterior, porque el acto reclamado se hacen consistir en el oficio PMT058/CIMM/AS/194/2021 de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, notificado el veintinueve siguiente, mediante el cual da contestación a su escrito de seis de septiembre del mismo año, mediante el cual la autoridad responsable da contestación a su escrito de seis de septiembre del mismo año, en el cual solicito copias certificadas de todo lo actuado en el expediente de responsabilidad administrativa PRA/AS/06/2021, manifestó la imposibilidad para expedirlas en virtud de que el expediente en comento, se encontraba bajo el resguardo de la autoridad resolutora. Igualdad de requisitos para conceder la suspensión Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; para lo cual resulta necesario trascribir en su literalidad las disposiciones aplicables al caso tanto del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Excepciones al principio Por otra parte, debe decirse que tampoco la parte quejosa se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que reclama el oficio PMT058/CIMM/AS/194/2021 de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual en contestación a su solicitud de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente de responsabilidad administrativa PRA/AS/06/2021, manifestó la imposibilidad para expedirlas en virtud de que el expediente en comento, se encontraba bajo el resguardo de la autoridad resolutora. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que la parte peticionaria del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Tampoco la parte quejosa se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación; pues no exhibe documental alguna que lo acredite. En esa virtud, si en la especie, la parte quejosa no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra del referido acto, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al rubro y texto siguientes. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Con apoyo en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que señala, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Juicio en línea (Acuerdo General 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese personalmente.
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