Alfonso Loaiza Pérez Giroud y Otros.
Expediente 230/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alfonso Loaiza Pérez Giroud y Otros.
- Argentina Bethlem Pérez Giroud Lazcano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del juicio de guarda y custodia 825-I/2017, que constituye el tomo uno de pruebas; devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Acapulco, Guerrero, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Adilene Bollás Mendoza, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 230/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Tercero Distrito; por lo que por acuerdo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 970/2017 y; se solicitó de las autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez rendido el informe de las autoridades responsables, el Juez Tercero de Distrito, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en el que determinó separar el procedimiento para conformar juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado atribuido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. En cumplimiento a lo anterior, el seis de marzo de dos mil dieciocho, el juez mencionado envío el oficio 4298/2018 a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, con la copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio de amparo 970/2017-X, promovido por Argentina Bethlem Pérez Giroud Lazcano, por propio derecho y como representante legítimo del menor Alfonso Loaiza Pérez Giroud, así como un tomo de pruebas, por lo que se tuvo por presentada una nueva demanda, que fue registrada con el número de folio 1134, y remitida el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo Distrito, y de la que se obtiene que los quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 2.- C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero (.) EJECUTORAS: (.) (.) ACTO RECLAMADO: "A).- (.) B).-La omisión de radicar el juicio ordinario de guardia y custodia, y dictar las medidas provisionales que le fueron solicitados en el escrito de demanda de 18 de septiembre de 2017, y recibida el mismo día y año, por la Oficialía de Partes Civil y Familiar de Tabares, que por cuestión de turno le fue asignada la demanda al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero. C).-(.)." SEGUNDO. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 230/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de radicar el juicio ordinario de guardia y custodia, y dictar las medidas provisionales que le fueron solicitados en el escrito de demanda de 18 de septiembre de 2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Una vez precisado, por cuestión de técnica jurídica corresponde determinar su certeza o falsedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales. Así, del estudio del informe rendido por la autoridad, se advierte que negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de radicar el juicio ordinario de guarda y custodia, así como de dictar las medidas provisionales que le fueron requeridas. Sin embargo, la negativa anterior se desvirtúa en razón de que a la data en que presentó su escrito de demanda de amparo (seis de noviembre de dos mil diecisiete) el juez responsable efectivamente no había hecho pronunciamiento alguno sobre lo que le fue promovido, tal como se advierte de las constancias remitidas por la responsable, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se analizan las consecuencias jurídicas que tiene la emisión de la constancia que la autoridad responsable envió. La parte quejosa en esta instancia constitucional en esencia reclama la omisión de proveer sobre la demanda de guarda y custodia que presentó ante la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y que por razón de turno correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, así como la omisión de dictar las medidas provisionales solicitadas en el mismo escrito. Precisado lo anterior, este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Acorde a lo previsto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, tratándose de un acto reclamado de carácter omisivo tiene como fin último, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad, esto es, la obligación de la autoridad de hacer. Ahora, la cesación del acto surge cuando ya no puede surtir efectos ya sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad. En ese tenor debe precisarse que el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que el día siete de noviembre de dos mil diecisiete (data posterior a la presentación de la demanda de amparo) el juez responsable, emitió el acuerdo en el que radicó la demanda presentada por Argentina Bethlem Pérez Giroud Lazcano, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Alfonso Loaiza Pérez Giroud, quienes son parte quejosa en el presente asunto, ordenó se registrar en el libro de gobierno bajo el número 825-1/2017, emplazar al demandado, así como la expedición de un oficio a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica integral del Consejo de la Judicatura del Estado, así también previno para que las partes comparecieran a dicha dependencia, en la hora y fecha que le señalen En el mismo auto de radicación, el juez responsable se pronunció sobre las medidas provisionales solicitadas por la actora, y al respecto, acordó: "MEDIDAS PROVISIONALES Sin que por ahora se esté en condiciones jurídicas de decretar la guarda y custodia de manera provisional del menor de edad Alfonso Loaiza Pérez Giroud (9 años), a favor de la parte actora Argentina Bethelem Pérez Giroud Lazcano, en razón de que no se tienen elementos probatorios suficientes, y deberá ser escuchado dicho infante en su sentir. Con apoyo en el numeral 294, del mencionado cuerpo de leyes, gírense oficios a la Secretaría de Relaciones Exteriores (1); al Instituto Nacional de Migración (2); y a la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal (3), para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a que tenga conocimiento del oficio, las primeras de las nombradas informe si tiene algún registro de que el menor Alfonso Loaiza Pérez Giruod, haya sido sacado del país, y la segunda de las referidas comunique si el demandado Alfonso Loaiza Pérez Giroud, se encuentra inscrito en alguna Institución Educativa Escuela de Nivel Primaria distinta a la Escuela Primaria Matutina "Lázaro Cárdenas", de esta Ciudad y Puerto, apercibidos que en caso de no informar lo requerido, se les impondrá una multa equivalente a veinte días de salario mínimos general vigente en el país (.)" De lo que se obtiene que la omisión reclamada ha dejado de tener los efectos aludidos, pues la demanda presentada fue admitida, y si bien, el juez negó decretar la guarda y custodia provisional, si emitió las medidas necesarias para la localización del menor. En consecuencia el objeto y materia del acto reclamado quedó sin efecto jurídico, no puede surtir efecto legal o material alguno en agravio de la parte quejosa, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, de ahí que resulte improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de ilustración a las consideraciones anteriores la tesis número 1a. CCCLXX/2014 (10a.), formada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, tomo XII, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que al respecto establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida". Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio, no es necesario realizar mayor pronunciamiento en relación a las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, pues en nada modificarían el sentido de la presente resolución; asimismo, dicho sobreseimiento impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Conclusión que se apoya en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 509, Materia Común, publicada en la Compilación de Ejecutorias 1917-1995, tomo VI, página trecientos treinta y cinco, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Argentina Bethlem Pérez Giroud Lazcano, por propio derecho y en representación del menor Alfonso Loaiza Pérez Giroud, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
...ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Alfonso García Castro1074/2021
- Alfonso García Castro413/2022
- Alfonso García Cortes404/2018
- Alfonso García Cortez80/2022
- Alfonso González Maldonado662/2021
- Alfonso González Molina1127/2015
- Alfonso Núñez Aguilera578/2015
- Alfonso Ramírez Torres1220/2015
- Alfonso Reyes Antonio48/2016
- Alfonso Tronco Mata516/2015
- Alfoso Aguilar Rios815/2019
- Alfredo Aguirre Dozal874/2019