Alfonso Jiménez López y Otros.
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2022
Partes del expediente
- Alfonso Jiménez López y Otros.
- Alfonso Jiménez López
Actuaciones
- Incidental
Visto el estado de autos, de los que se desprende que a la presente data, no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se precisan algunos antecedentes del mismo para ilustrar lo anterior : El Apoderado Legal de Marcelino Ruiz Diaz y Antonio Gómez Méndez, promovió demanda de amparo contra la entonces Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. En veintisiete de enero de dos mil diecisiete se dictó sentencia donde fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA: Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, la concesión del amparo es a efecto que la autoridad responsable: Continué requiriendo a la demandada el cumplimiento del laudo dictado en el juicio burocrático 271/D/2004 y señale nueva fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia respectiva; en su caso, aplique los medios de apremio previstos en la ley para hacer cumplir sus determinaciones tendentes a lograr el cumplimiento del laudo de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, en el entendido que dicho auto deberá ser notificado personalmente a los actores hoy quejosos. Asimismo, por cada incumplimiento de los actores hoy quejosos MARCELINO RUÍZ DÍAZ y ANTONIO GÓMEZ MÉNDEZ, deberá levantar razón para hacer constar su desinterés y así este órgano jurisdiccional, esté en aptitud de tener por cumplida la sentencia que hoy se emite." En veinte de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria esa determinación. En diversos autos se ha requerido a la autoridad responsable el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a la presente data no se ha obsequiado en su totalidad el fallo protector. Esto, toda vez que se encuentra pendiente que se logre el acatamiento de la parte demandada al cumplimiento del laudo de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, en relación a los puntos resolutivos tercero y cuarto consistentes en otorgar a los actores la expedición de sus nombramientos como trabajadores de base, de acuerdo a las funciones que estos desempeñaban, en los términos que establece el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas; así como inscribirlos y registrarlos ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas en forma retroactiva a la fecha de su ingreso a la dependencia, previo cumplimiento de las aportaciones correspondientes para que los trabajadores gocen de la misma; puesto que la Secretaría de Educación ha manifestado : Que en veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en reunión en relación a los juicios donde la Secretaría es parte demandada relacionados con el proyecto educador comunitario indígena llegaron al acuerdo que las instancias involucrada deben analizar detalladamente cada uno de los expedientes laborales donde ha sido condenada a otorgar la basificación e inscripción y registro ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Que los nombramientos ordenados en el laudo, deberán ser en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, sin embargo, tomando en consideración que el citado precepto se refiere a los datos que debe tener un nombramiento y en base que en su escrito inicial demandaron la categoría de BECARIOS y esa plaza por tratarse de una beca, no es susceptible de un nombramiento de base; sin embargo en el supuesto no concedido, que el resolutivo Tercero del Laudo de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, se interpretara para otorgar a los actores la plaza de DOCENTES, estos deberán acreditar su calidad profesional con el título y cedula que acredite el perfil, de conformidad con los dispuesto en la Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional en materia de profesiones y acorde con la normatividad de esa dependencia además en interés superior de los educandos quienes tienen derecho a recibir la capacitación de los profesiones de la Educación sin violentar los derechos a terceros. Por otro lado, se advierte que los impetrantes de garantías a la presente fecha no han dado cumplimiento a lo ordenado en el laudo motivo de la presente ejecutoria de amparo consistente en cubrir sus cuotas ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Así en diligencia de dos de marzo de dos mil veinte, de requerimiento de laudo, la parte demandada, señaló que en lo concerniente a los nombramientos, se encuentran realizando los trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda y en lo tocante a la inscripción al ISSSTECH, argumentó que la patronal se encuentra realizando los trámites para la inscripción pero es necesario que una vez que los actores cumplan con su parte, estos pueden realizar lo correspondiente. Ante estas manifestaciones el Juzgado Burocrático, determinó que respecto a la expedición de los nombramientos, la parte demandada no acreditó con documento legal e idóneo los tramites que supuestamente se encuentra realizando ante Hacienda, y lo referente a la inscripción al ISSSTECH esa prestación es autónoma de una de otra de las obligaciones de las partes por lo que la demandada no puede condicionar el cumplimiento del laudo, puesto que tiene la obligación de cumplimentar dicho fallo. Por otra parte, se desprende que en diligencias de doce de abril, veintitrés de agosto; veintitrés de septiembre, todos de dos mil diecinueve; asimismo, en diversa diligencia de dos de marzo de dos mil veinte, únicamente Marcelino Ruiz Díaz, ha comparecido a las diligencias correspondientes para requerimiento de ejecución del laudo. En siete de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, señaló las once horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós para el requerimiento del laudo; posterior en veintisiete de enero de dos mil veintidós, señalo nueva fecha y hora para la diligencia respectiva; en cuatro de marzo siguiente, proveyó respecto al incidente innominado de exclusión de embargo promovido por la apoderada legal de la demandada, mismo que determinó no había lugar a dar trámite. En proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, acordó que la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en veintiséis de octubre de dos mil veinte, informó que en nueve de diciembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia incidental de exclusión de embargo en el expediente laboral 161/2020; en el cual se encontraban pendientes de desahogar pruebas; sin que haya informado que dictó resolución en dicha incidencia; además que en diverso auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable señaló las once horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, para el requerimiento de ejecución del laudo; sin que obre en autos el resultado de dicha actuación. Haciendo notar que en dicho proveído se apercibió a la parte actora que en caso de no cubrir las aportaciones correspondientes ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH), la falta de ejecución obedecería a su falta de interés, además de imponerles multa; asimismo y en caso de no comparecer a la fecha y hora señaladas se harían acreedores a una sanción. Bajo ese orden, se le requirió al Juzgado burocrático, para que informara de manera detallada cuales han sido las providencias que ha llevado a cabo para garantizar la efectiva notificación de los oficios que le han sido devueltos y recabar las pruebas documentales ofertadas por la parte demandada y se encuentre en condiciones de dictar la resolución condigna en el incidente de exclusión de embargo; remitir copia certificada de las minutas de los oficios que giró en los que ordenó a la Secretaría de Hacienda hacer efectivas la multas impuestas tanta a la parte actora, demandada, e instituciones bancarias; e informe de manera pormenorizada cuantas de éstas han sido liquidadas; lo anterior en razón que a ningún fin practico conlleva el hecho que imponga medidas de apremio si no se vela que se hagan efectivas y de esta manera sus determinaciones no queden en letra muerta, situación jurídica inadmisible. Por otro lado, se requirió a la parte quejosa, para que exhibiera ante este órgano de control constitucional las constancias donde acreditara haber instado ante la autoridad responsable el requerimiento de la ejecución del laudo; en la inteligencia que el proceso laboral en sí, es de carácter positivo, por lo que el impulso procesal representa una carga para los interesados, cuya satisfacción acarrea consecuencias adversas exclusivamente imputables al obrero; así es inconcuso que la parte actora (aquí quejosa) tiene el carácter de ejecutante y no compete solamente al juzgado responsable velar por el cumplimiento del laudo, al ser necesario su participación, por una parte, mediante la solicitud expresa de que se ejecute, y por otra, con la vigilancia del proceso y, en su caso, la posterior intervención, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo, en consecuencia se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no acudir al juzgado responsable cuantas veces le sean fijadas fecha y hora para los efectos precisados, se traducirá en falta de interés para ejecutar el laudo, pudiendo actualizarse la figura de la prescripción en su perjuicio y la imposibilidad jurídica de este órgano de control constitucional de dar por cumplida la ejecutoria. Mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado responsable advirtió que en diligencia de veintitrés del mes y año citados, únicamente fue presente el trabajador Marcelino Ruiz Díaz, no así el diverso obrero Antonio Gómez Méndez, y que en la misma no se dio cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, por lo que a petición de la parte actora ordenó el embargo de todas las cuentas y subcuentas bancarias aperturadas a nombre de la demandada Secretaría de Educación y/o Secretaría de Educación Estatal. Asimismo, indicó que ante la incomparecencia de Antonio Gómez Mendez, a la diligencia, el impulso procesal representa una carga para los interesados cuya satisfacción acarrea consecuencias adversas exclusivamente imputables al obrero; así es inconcuso que la parte actora tiene el carácter de ejecutante y no compete solamente al juzgado velar por el cumplimiento del laudo, al ser necesario su participación; a su vez comisionó al actuario requerir al diverso trabajador Marcelino Ruiz Díaz, cubra sus respectivas cuotas ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH); precisando que las partes deben cubrir las aportaciones correspondientes como así fue determinado en el laudo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, apercibiendo a la actora que de no dar cumplimiento a lo ordenado la falta de ejecución obedecería a su falta de interés. Asimismo, es importante resaltar que la parte actora (aquí quejosa) : Por conducto de su apoderado legal en veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, hizo manifestaciones ante el Juzgado burocrático responsable, consistentes en dejar de acordar respecto a la prestación de inscribir y registrar como trabajadores ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas en forma retroactiva previo cumplimiento a las aportaciones correspondientes para que los trabajadores gocen de la misma y estos a su vez cubran la cuota obligatoria. Mediante escrito de cuatro de marzo de dos mil veintidós, el apoderado legal de la parte actora, exhibió escritos de catorce y veintitrés de febrero del año en curso, donde aduce instar la ejecución del laudo pronunciado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, consistente en la expedición de nombramientos como trabajadores de base; así como su inscripción y registro ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH) en forma retroactiva a la fecha de su ingreso a la dependencia demandada; sin embargo no hace ninguna manifestación en relación a cubrir las cuotas obligatorias al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH) como así fue determinado por la extinta Primera Sala en el laudo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco; asimismo, señala que las actuaciones que integran el juicio laboral 161/2020 (antes 271/D/2004) se acredita que la autoridad laboral, deja de cumplir con lo ordenado en la sentencia constitucional ya que de sus actuaciones se desprenden las evasivas y procedimientos ilegales que ha hecho al continuar imponiendo multas que ningún beneficio trae para la ejecución de la condena decretada; por lo que solicita remitir el expediente al Tribunal Colegiado de este circuito para dar trámite a la inejecución de sentencia. En este tenor, y del cúmulo de constancias se advierten diversos requerimientos que si bien no fueron relacionados en el presente acuerdo, son evidentes en autos; efectuados tanto a la autoridad responsable como a la parte quejosa; asimismo, que no obstante que la responsable ha informado acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; ésta, no ha cumplido con su obligación de instar a un verdadero cumplimiento, ocasionando con ello retraso en la impartición de la justicia, puesto que sus actuaciones se consideran evasivas, ya que se ha concretado en informar en la mayoría de los casos que se encuentran en vías de cumplimiento; sin embargo, dichas actuaciones a juicio de este órgano de control constitucional fueron en virtud de los múltiples requerimientos hechos por este juzgado, para que informaran acerca de la ejecutoria de que se trata; además, no han realizado efectivamente las acciones que se les ha requerido para su cumplimiento, lo que trae como consecuencia, que se transgreda en perjuicio de la parte quejosa el derecho contenido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues hasta la fecha no se le ha restituido en el goce de sus derechos vulnerados; de ahí, que se considera que las autoridades responsables únicamente han realizado evasivas al cumplimiento. Se dice que la responsable, ha incurrido en evasivas, pues lejos de realizar las acciones que se le ha requerido para efecto de dar total cumplimiento del fallo protector, de autos se observa que únicamente, informa gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo constitucional. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia P.XVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, Tomo XIX, Mayo de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAUSAS DE EXCUSABILIDAD O INEXCUSABILIDAD DE SU INCUMPLIMIENTO. En virtud de la diversidad de incidentes de inejecución de sentencia, con características propias, las causas que hacen excusable o inexcusable su incumplimiento operarán, en principio, en cada asunto en particular y podrán plantearse por las partes o advertirse de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero deberán ser de tal manera importantes, por la preeminencia de alguno de los valores en conflicto, que lleven con facilidad al convencimiento de que debe dispensarse el incumplimiento de la ejecutoria relativa." En consecuencia, por así haberlo solicitado el apoderado legal de la parte quejosa, envíese las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito de esta ciudad, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, para efecto que la Superioridad determine lo que en derecho proceda, en relación con la inejecución de sentencia. Resulta aplicable, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.". En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta suscrito por Carlos Javier Vicente Torres, autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, por medio del cual, derivado a que las autoridades han sido omisas en acatar la ejecutoria dictada en el presente juicio y seguir informando las gestiones conducentes a fin de dar seguimiento a la misma, solicita se les requiera el cumplimiento del fallo protector, y se pronuncia respecto al cumplimiento o no de la ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informen los actos realizados en relación al cumplimiento de la sentencia constitucional de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, debiendo remitir las constancias que corroboren dicha circunstancia. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, 22/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, este juzgado se reserva proveer lo conducente en relación a hacer efectiva cualquier apercibimiento decretado en los presentes autos, hasta en tanto las autoridades responsables informen lo conducente al requerimiento realizado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REQUERIDAS.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,677 expedientes
- Alfonso Estrada Pérez167/2019
- Alfonso Gómez Hernández544/2017
- Alfonso Gómez Jiménez287/2021
- Alfonso Gómez López y Otros.51/2017
- Alfonso Gómez López y Otros.2147/2016
- Alfonso Jesús Puga Nacif1065/2021
- Alfonso Martínez Najera1334/2022
- Alfonso Pérez Pérez38/2019
- Alfonso Pérez Sánchez812/2017
- Alfredo Aguilar Grajales594/2017
- Alfredo Barajas Campos y Otros.905/2023
- Alfredo Barajas Campos464/2023