Alfonso Jaime Martinez Lazcano y Otros.

Expediente 426/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
426/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Alfonso Jaime Martinez Lazcano y Otros.
  • Alfonso Jaime Martinez Lazcano

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de quince de junio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja 101/2018, así como copia certificada del juicio de amparo 426/2018, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de seis de abril de dos mil dieciocho (fojas 7 a 12), por el que se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda interpuesta; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 10725/2018, del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número 101/2018. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual ***, desahoga el requerimiento que se le hizo en auto de veinticuatro de abril del año en curso (foja16), y exhibe cuatro copias de su escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el auto de seis de abril dedos mil dieciocho (fojas 7 a 12); se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de seis de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito de agravios y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, así como el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, a seis de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Alfonso Jaime Martínez Lazcano, por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 426/2018-3-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, que confirmó el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que admitió a trámite la demanda ordinaria civil promovida contra el aquí quejoso. Dicha actuación de carácter intraprocesal, únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso, es decir, no genera a las partes una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con la emisión de una resolución definitiva desfavorable; de lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionada al desenlace de la litis de origen. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En efecto, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno a la parte aquí quejosa en el supuesto de que la sentencia definitiva le resultase favorable, pues la violación alegada no trascendería al resultado del fallo, y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución, en el amparo directo, previo agotamiento de los medios extraordinarios de defensa. Cobra aplicación por su contenido, la tesis 2a. L/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." Asimismo, la tesis aislada del texto y rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso. De igual forma por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la Tesis cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios a Merly Martínez Hernández, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a los que alude el citado precepto legal, en relación con el artículo 24, último párrafo, de la Ley de la materia a Neidaly Espinoza Sánchez y Ana Karina Arroyo Velázquez, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en la demanda de amparo.

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