Alfonso Isrrael Hernández López
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juez de Proceso y Procedimiento Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz
- Alfonso Isrrael Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; por lo que, una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que el quejoso ****************** señaló como acto reclamado lo siguiente: "A)- La falta de contestación por escrito a mi derecho de petición a mis escritos de fecha ********** de agosto del 2018 y de fecha 04 de marzo del 2019 lo que viola mis derechos humanos y mi garantía contenida en el artículo octavo constitucional. B).- Al no dar contestación a mis escritos, en primer lugar viola mis Derechos Humanos y garantía constitucional contenida en el artículo 20 Constitucional a nombrar abogado y a que se me extiendan copias que existen en mi expediente a fin de tramitar mi libertad anticipada a la que tengo derecho. c)-. Al no dar contestación a mi escrito de fecha 04 de marzo del año en curso, se niega tácitamente a iniciar el procedimiento de pre-liberación a que tengo derecho conforme a la Ley 573 de Ejecución de Sanciones y de Reinserción Social del Estado de Veracruz, lo que me mantiene recluido en el ********., de Misantla, Ver." De la anterior transcripción y del contenido íntegro del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias allegadas al mismo, se puede precisar que en esta vía constitucional el quejoso reclama: La omisión de acordar los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la carpeta de ejecución de sentencia, relativa a la causa penal ********* y su acumulada *******, contra el aquí quejoso, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Etapa de Ejecución del Décimo Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, con sede en ese municipio, en los que, por una parte, el quejoso ************* solicitó copia certificada de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil siete, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en la causa penal ***********, de su índice, así como de la diversa resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca *********, de su índice, además, solicitó se tuviera como su defensor al licenciado ***********; y, en el segundo escrito, dicho quejoso solicitó su libertad anticipada. Ahora, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable de la carpeta de ejecución de sentencia, relativa a la causa penal ********* y su acumulada **********, contra el aquí quejoso, de su índice, se advierte que el diez de julio de dos mil diecinueve, acordó las solicitudes realizadas por el quejoso a través de los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que por cesación de efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de acordar los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, presentados por el quejoso en la carpeta de ejecución a su nombre, del índice de la autoridad responsable, y de las constancias que obran en autos se advierte que en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, el Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en este último municipio, ordenó expedir las copias solicitadas, tuvo como su defensor al señalado y solicitó los estudios de personalidad completos para el beneficio de libertad anticipada del quejoso, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Cabe destacar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Aunado a ello, el auto por el cual la autoridad responsable acordó los escritos señalados en el apartado de actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, fue notificado a **********, en su carácter de abogado defensor del quejoso **********, el diez de julio de la presente anualidad, según se advierte de la razón de notificación por vía telefónica que obra en autos. Asimismo, en proveído de veintiocho de agosto pasado, este órgano jurisdiccional dejó a vista de la parte quejosa el proveído de diez de julio de la presente anualidad, dictado por el Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en este último municipio, dentro de los autos de la causa penal ********* y su acumulada *******, contra el aquí quejoso, de su índice, en el que acordó los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, para que *********, tuviera conocimiento de la respuesta emitida por la autoridad responsable a sus peticiones; por lo que, atendiendo a que el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones, dicho proveído se publicó en la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto pasado, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a sus peticiones. En ese tenor, si los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en los que el quejoso solicitó copias certificadas, señaló defensor y solicitó su libertad anticipada, fueron acordados el ******** de julio pasado, dentro de la carpeta de ejecución de sentencia, relativa a la causa penal ***** y su acumulada *******, contra el aquí quejoso del índice de la autoridad responsable, y que dicha respuesta le fue notificada por la autoridad responsable a su defensor y por este órgano jurisdiccional al quejoso, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en la omisión de darles contestación, es decir, acordarlos, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, pues la esfera jurídica del quejoso volvió al estado que tenía antes de la violación constitucional. Cabe precisar que dentro de los autos que integran el presente juicio de amparo, no se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acto reclamado, puesto que la constitucionalidad del proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable ordenó expedir las copias solicitadas, tuvo como su defensor al señalado y solicitó los estudios de personalidad completos para el beneficio de libertad anticipada del quejoso, tendría que ser combatida en otra instancia constitucional, pues dentro de la demanda de amparo únicamente señaló la violación al artículo octavo constitucional, es decir, a la omisión de acordar los escritos en comento. Ahora, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que ************** reclama del Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en este último municipio, la omisión de acordar los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la carpeta de ejecución de sentencia, relativa a la causa penal ********* y su acumulada ********, contra el aquí quejoso, de su índice, en los que, por una parte, el impetrante de amparo solicitó copia certificada de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil siete, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en la causa penal ***********, de su índice, así como de la diversa resolución de ******** de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca *********, de su índice, además, solicitó se tuviera como su defensor al licenciado *********; y, en el segundo escrito, dicho quejoso solicitó su libertad anticipada. Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, el Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en este último municipio, ordenó expedir las copias solicitadas, tuvo como su defensor al señalado y solicitó los estudios de personalidad completos para el beneficio de libertad anticipada del quejoso, resulta indudable que los escritos de ********* de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, cuya omisión de darles respuesta dio origen a la presente instancia constitucional, ya fueron acordados por la autoridad responsable en dicho proveído. Sin embargo, de la totalidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en la copia certificada de la carpeta de ejecución de sentencia, relativa a la causa penal ********* y su acumulada *********, contra el aquí quejoso, de su índice, no se advierte que el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, por el cual acordó sus escritos, haya sido notificado a *********. En ese tenor, atendiendo al derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la administración de justicia pronta y expedita que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de hacer valer, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso para que éste tenga conocimiento de la respuesta emitida a sus peticiones, y atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo a los escritos petitorios, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante; désele vista al **********, con el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en este último municipio, dentro de los autos de la causa penal ********* y su acumulada **********, contra el aquí quejoso, de su índice, en el que acordó los escritos de catorce de agosto de dos mil dieciocho, y cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis: 2a./J. 36/99 de Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". (Lo subrayado es propio). Ahora, atendiendo a que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, resulta procedente notificar el presente proveído por lista de acuerdos, para que esté en condiciones de manifestar lo que a sus intereses legales convenga. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo acordó el ciudadano licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/3338/2019, de dos de julio de dos mil diecinueve, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable denominada Juez Ejecutor de Sentencia del Noveno y Décimo Distritos Judiciales de Misantla y Jalacingo, Veracruz, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual, rinde su informe justificado y remite las constancias relativas al acto reclamado; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que en proveído de siete de agosto pasado, se tuvo por rendido dicho informe justificado a través del correo electrónico institucional; ahora, en virtud de que la autoridad responsable remite copia certificada de la carpeta de ejecución a nombre del quejoso, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de junio pasado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguense las constancias remitidas por la autoridad responsable para que surtan sus efectos legales procedentes; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la citada legislación, téngase como prueba de su parte, la documental precisada en el párrafo que antecede, con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional.
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