Alfonso Herrera Canul

Expediente 2573/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2573/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Herrera Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, así como de su Presidente y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, por cuanto al acto atribuido al actuario adscrito a la junta responsable, y se admitió a trámite por los actos reclamados a las restantes autoridades, la que se registró con el número de expediente 2573/2022-III-B; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La omisión de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo en autos del expediente ********************, de su índice, solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y a su Presidente, pues no obstante que al rendir este, el informe justificado por sí y en representación de dicho órgano, manifestara la certeza de los actos, de las actuaciones remitidas en justificación a dicho informe de ley, se advierte su inexistencia, lo que desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por el presidente de la Junta responsable, por sí y en representación del órgano laboral, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de octubre de dos mil veintidós), no se había acordado lo relativo al requerimiento de pago y embargo, ya que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, se repusieron los autos del juicio reclamatorio laboral con la documentación exhibida por la parte actora , y se ordenó la notificación del proyecto de resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mismo que fue elevado a categoría de laudo en fecha dos de octubre de dos mil veintiuno; cuyas notificaciones se efectuaron a las partes en fechas veinte y veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, encontrándose la junta responsable en el término de quince días para que las partes promuevan los recursos correspondientes o realicen el pago de las cantidades condenadas, como establece el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. Motivo por el cual la junta responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, como establece el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba integrado para llevar dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, tendría que estar en la posibilidad de iniciar dicha etapa procesal, lo que no es así, dado que, como se expuso, aun no quedaba firme la resolución laboral, pues se encontraba transcurriendo el término que otorga a las partes el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, aún no había transcurrido el término a que hace referencia el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, para que la junta responsable se encontrara en aptitud de dictar el multicitado auto de requerimiento y embargo. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de hacerlo, puesto que procesalmente, primero tendría que llevarse a cabo la notificación del laudo, transcurrir el término aludido y posterior a la solicitud de la parte interesada, estar en aptitud de pronunciar el auto de requerimiento y embargo. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para dictar el auto solicitado por la parte quejosa, pues al no haberse notificado el laudo dictado dentro de tal expediente, menos puede hablarse de que se encontrara en posibilidad de proceder a la diversa etapa de requerimiento de pago y embargo. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa manifestó su anuencia a que se publiquen sus datos personales y las demás las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y su Presidente; por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la octava consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 487/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, en representación de dicha Junta, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de los corrientes, remite copias certificadas de las constancias requeridas. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que del informe justificado recibido por auto de diez de enero de dos mil veintitrés, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se desprende que en autos del expediente laboral 431/2020, por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se comisionó al actuario de su adscripción a fin de notificar a la parte demandada, a efecto de que aporte elementos, constancias y copias relativas al juicio reclamatorio laboral que obren en su poder y se programó como nueva fecha para la celebración de la audiencia de reposición de autos, el ocho de febrero de dos mil veintitrés a las once horas. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver conforme a derecho, es necesario que obren en autos la totalidad de las constancias relacionadas con los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, para que en el término de tres días, informe a este Juzgado, lo proveído con relación a la audiencia que estaba programada para el ocho de febrero de dos mil veintitrés; asimismo, remita copia certificada y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; toda vez que las referidas actuaciones se consideran necesarias para mejor proveer en el presente asunto. Con el apercibimiento a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado para tal efecto, se impondrá una multa equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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