Alfonso Hernandez Rodriguez

Expediente 1357/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1357/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Hernandez Rodriguez
  • Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Victoria (Primer Distrito Judicial)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 23060/2022-VII del Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, a través del cual informa que por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, emitido en el expediente 1019/2022-VII de su índice, aceptó la competencia propuesta y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Alfonso Hernández Rodríguez. En ese contexto, al no existir actuación procesal pendiente de realizar, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma LILIA INÉS BELTRÁN QUIÑONES, SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FUNCIONES DE JUEZA, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio OFC/377/2022 de la Secretaria de Acuerdos y Encargada de la Gestión y Administración del Sistema de Gestión Penal Acusatorio y Oral de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de cuyo contenido este Juzgado queda enterado para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las nueve horas con veintidós minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1357/2022-4, promovido por Alfonso Hernández Rodríguez. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 20), así como a las demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 48 a 51). A lo que se provee: téngase por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental presentada por la autoridad responsable a través del oficio OFC/0246/2022 (legajo de fojas y DVD). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1357/2022-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Alfonso Hernández Rodríguez promovió juicio de amparo contra actos del Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Victoria, Tamaulipas, habilitado como Magistrado de la sala Regional de esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir esencialmente en la resolución emitida en la carpeta de apelación 28/2022, derivada de la carpeta procesal 18/2022, tramitada ante el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas. SEGUNDO. Por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el número 1357/2022-4, ordenándose pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos que se anotan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : ÚNICO. Incompetencia. Este Juzgado de Distrito tramitó el presente juicio conforme a los artículos 103 fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales; 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, atendiendo a los principios procesales para la tramitación del juicio constitucional, es imperativo previo al estudio de fondo determinar si se surte o no la competencia del Juzgado de Distrito, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VII, Conflictos Competenciales, página 317 (registro 919047), cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.- Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Cabe destacar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios, y ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en todo expediente o juicio, su ejercicio está limitado y esa circunstancia es lo que se denomina competencia. Por tanto, si bien el juzgador por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de asuntos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia para un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de ello por razón de la materia, la cuantía, grado y territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico amplio, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Lo anterior, viene a colación ya que el acto reclamado lo constituye la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por el magistrado responsable en la carpeta de apelación 28/2022, en la que confirmó la resolución de auto de no vinculación a proceso emitida por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial de Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en Matamoros, Tamaulipas, el dos de mayo de dos mil veintidós. Con esta precisión, sobreviene la incompetencia de este órgano de control constitucional en virtud de que los efectos tienen su principal impacto y repercusión, ante la potestad del juez de la causa en donde tanto el imputado y víctima del hecho con apariencia de delito están sometidos, respetándose así los principios derivados de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, es dable citar la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183 (registro 160608), que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.- En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Luego, si para fincar la competencia de quien debe conocer del presente asunto, ha de estarse a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta ser competente el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros; en consecuencia se declina competencia a su favor, para resolver este juicio promovido por Alfonso Hernández Rodríguez. Para tal efecto, remítase al citado Juzgado de Amparo el expediente en que se actúa, a fin de que dentro del término de ley manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo 1357/2022-4, promovido por Alfonso Hernández Rodríguez, contra actos del Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Victoria, Tamaulipas, habilitado como Magistrado de la sala Regional de esta ciudad. SEGUNDO. Remítase este asunto al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, para que resuelva lo que en derecho proceda. TERCERO. Para control de este órgano de control constitucional, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en ausencia de las constancias que se remiten. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable rindiendo informe justificado, anexo que acompaña y DVD, que se relacionarán en la audiencia constitucional de este juicio para ser tomados en consideración en su oportunidad; con dichas constancias dése vista a las partes para que expongan lo que a su interés convenga y con el anexo de cuenta fórmese un legajo de pruebas por separado, para facilitar su manejo y estudio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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