Alfonso Hernández Mondragón
Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Alfonso Hernández Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, informa que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Ruperto Guzmán Rosales, la cual una vez analizada en su contenido declinó competencia a favor del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en turno, quien por cuestión de estadística correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de dicho circuito, con el amparo directo D.C. 42/2021, en el cual mediante auto de veintinueve de marzo del mismo año, aceptó la competencia planteada. Atento a lo anterior, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que el oficio de cuenta, guarda relación con el juicio de amparo 48/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional; en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase al expediente correspondiente, previa copia simple que se glose a los autos para que obre como constancia. Cúmplase.
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Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de
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Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso en proveído de siete de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: La omisión de resolver la solicitud de pensión. Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable el Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de pensión presentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, y notifique la misma al solicitante, ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." (Sic). El nueve de marzo del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, el siete de abril de este año, se tuvo al representante legal de la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitiendo copia constatada del dictamen de pensión CP/76236/2022, emitido a favor de Alfonso Hernández Mondragón, y la constancia de notificación realizada al citado quejoso, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, se pronunció en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de pensión presentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, y notificó la misma a la parte quejosa. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; mediante el cual, el representante legal de la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remite copia constatada del dictamen de pensión CP/76236/2022, emitido a favor de Alfonso Hernández Mondragón, y la constancia de notificación realizada al citado quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias en comento, dese vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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