Alfonso Hernández López, Representante de Saride Garzón Aguirre

Expediente 2013/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2013/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Hernández López, Representante de Saride Garzón Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de enero de dos mil veintitrés por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento Agréguese a los autos el oficio de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de auto de tres de enero de dos mil veintitrés y, al efecto, remite copia certificada del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral *** de su índice, relativo al desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En ese sentido, se deja sin efecto el apercibimiento realizado en dicho proveído. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese contexto, respecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el acto reclamado que se le atribuye consistente en la omisión de emitir el informe respectivo, ofrecido como prueba en el juicio laboral origen *** se considera que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, atento a las siguientes consideraciones. Es preciso señalar que el artículo 63 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: *** Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad. En efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: *** De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las y los particulares. Lo anterior, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad de la persona afectada, por lo cual debe analizarse, en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. De conformidad con el criterio que precede, es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste solo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernadas y gobernados. Por ello, resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es útil traer a colación la clasificación que la teoría general del derecho realiza respecto de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que hace alusión el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Adicionalmente, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no debía resultar relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. Con base en las premisas expuestas, puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, tratándose de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la omisión de emitir el informe respectivo, ofrecido como prueba en el juicio laboral origen *** del índice de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de solicitud que se elevó a dicha autoridad, pues dependiendo del carácter con el que se solicite que actúe, deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerase o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En el caso, resulta evidente que el Instituto Mexicano del Seguro Social no actúa en su carácter de autoridad responsable ante la omisión que le atribuye la parte quejosa en el presente asunto, esto es, la omisión de emitir el informe respectivo, ofrecido como prueba en el juicio laboral origen *** del índice de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, pues si bien tiene una intervención en el juicio laboral de origen, lo cierto es que actúa en su carácter de ente auxiliar, al limitarse a rendir el informe que le fue requerido. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, el siguiente criterio: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. SI EN EL JUICIO NATURAL, PREVIAMENTE A ORDENARLO, SE SOLICITA A ORGANISMOS O DEPENDENCIAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A EMPRESAS PRIVADAS, QUE INFORMEN SI EN SU BASE DE DATOS TIENEN ALGÚN REGISTRO DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ELLO NO LES REVISTE EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. *** Consecuentemente, resulta evidente que no existe una petición que eleve al citado instituto en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de las personas a que se les dé contestación por escrito y así estén en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. *** Bajo esas premisas, es dable concluir que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la parte quejosa, se encuentran actuando en un plano de coordinación, entablada entre particulares, es decir, en igualdad, pues se insiste, únicamente tiene una intervención en el juicio laboral de origen actuando en su carácter de ente auxiliar, al limitarse a emitir el informe respectivo, ofrecido como prueba en el juicio laboral origen que le fue requerido por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla.. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTRÉS. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no es posible celebrarla, dado que en acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós se planteó ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el conflicto suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito homólogo; sin que a la fecha se tenga conocimiento de su resolución. En tales condiciones, lo procedente es diferir la audiencia constitucional y fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento audiencia constitucional: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo concedido a Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla a fin de que dé cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de enero de dos mil veintitrés. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTRÉS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. *** Notifíquese.

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