Alfonso Hernandez Gutierrez
Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfonso Hernandez Gutierrez
- Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d3.75 ALONSO ANTONIO HERNANDEZ FLORES Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d3.75 ALONSO ANTONIO HERNANDEZ FLORES JUICIO DE AMPARO P 62/2023-II ??????????????? 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d3.75 ALONSO ANTONIO HERNANDEZ FLORES En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. En esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL para la parte (QUEJOSA) (POR CUMPLIDA LA SENTENCIA)
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, informa que mediante proveido de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dio cuenta de la interposición de amparo directo promovida por la parte actora en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, , en el juicio de 22825/20-17-02-8, de su índice; de igual forma menciona que el mismo quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de toca D.A. 119/2023. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo del año en curso, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 154/2022, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado con base en el inciso B) del considerando tercero; y la negativa de amparo respecto del artículo 115 de la Ley Instituciones de Crédito decretada en el considerando cuarto de la sentencia recurrida (apartado relativo a la constitucional del precepto reclamado). SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado a la Directora de Procesos Legales "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la emisión del oficio 110/F/B/3904/2019 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve con folio SIARA UIF/2019/000546. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Corporativo Veltormar, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión del Acuerdo 179/2019, de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, atribuido al Tribunal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su ejecución, materializado en los oficios 110/F/B/3904/2019, folio SIARA UIF/2019/000546; 214-4/2948860/2019 y 214- 4/2948824/2019, así como la inmovilización de la cuenta 0263581988 y del contrato 8515517-3, respectivamente de las instituciones de crédito Banco Mercantil, Grupo Financiero Banorte y Scotia Inverlat Casa de Bolsas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, agréguese tomando conocimiento de su contendió. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, por ende, las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplirla sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, para acatar la cosa juzgada y que no se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el citado artículo 192, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el diverso 258, y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192, que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En principio cabe destacar que mediante ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.A. 154/2022, por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Por lo que el efecto del amparo es para que no apliquen a la persona moral quejosa CORPORATIVO VELTMART, Sociedad Anónima de Capital Variable, los actos que ordenan el bloqueo de sus cuentas bancarias, en las que aparece como representante legal y autorizado de las cuentas César Mendoza Tajonar, lo anterior porque tales actos derivan de un procedimiento que se funda en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que no es aplicable. Además, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, debe precisarse que la concesión del amparo contra los actos detallados en los párrafos anteriores, sólo beneficia a la persona moral quejosa, a fin de que sea ésta la que pueda disponer del saldo de las cuentas que celebró con las instituciones financieras, siempre que para ello se designe a persona diversa de César Mendoza Tajonar, para disponer del mismo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, dada la naturaleza de los actos a realizar, se REQUIERE a Pablo Gómez Álvarez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en los párrafos anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del citado artículo 192; y, el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, REQUIÉRASE a Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que en su calidad de superior jerárquico de las directamente responsables, en cumplir con el fallo protector, remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haberle ordenado el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; lo anterior considerando que de conformidad con el artículo 194, de la Ley de Amparo, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidos de que, de no hacerlo, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 citado. b) En términos de los invocados artículos 238 y 258, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa de hasta por cien veces la unidad de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del referido artículo 192, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del invocado artículo 193, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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