Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo

Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual transcribe el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, del que se advierte que se desechó el recurso de queja 284/2022, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de amparo; por estimar que la presentación del medio de impugnación en comento fue extemporáneo. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el correo electrónico procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el que remite la papeleta de turno solicitada en autos de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto por ******************** ********************, apoderado legal de la parte quejosa, en contra del auto en el que se desechó su demanda de amparo, dictado en el presente juicio, le corresponde conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. Atento a lo anterior, REMÍTANSE FÍSICAMENTE los autos del juicio de amparo en que se actúa y el original del escrito de agravios, al referido tribunal. Lo anterior, a efecto de que esté en aptitud de substanciar el citado medio de impugnación. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe en relación al recurso de queja interpuesto, en el sentido de que es cierto el acto recurrido por ******************** ********************, apoderado legal de la parte quejosa, el cual se encuentra apegado a derecho. No obstante lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" (SISE), para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita a dicho tribunal colegiado. Fórmese cuaderno de antecedentes con las copias respectivas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.****************************************Agréguese a los autos, el escrito signado por ********************, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído emitido por este órgano de control constitucional, en el que desechó su demanda de amparo por notoriamente improcedente.****************************************Atendiendo a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la queja hecha valer por el quejoso; remítase copia digitalizada de las constancias respectivas, así como del escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno; lo anterior, para la substanciación al medio de impugnación de referencia, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno****************************************Consecuentemente, una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación e integradas tanto al expediente físico como electrónico respectivo, para que este último se haga disponible y pueda ser consultado por el tribunal colegiado que corresponda, en cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, sin mayor pronunciamiento, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal le corresponderá conocer del citado recurso, para estar en posibilidad de remitirlo vía interconexión.****************************************No obstante lo anterior, se instruye a la oficial judicial A, para que habilite la consulta del expediente electrónico relativo al presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización.****************************************Asimismo, se instruye a la coordinadora de actuarios judiciales adscrita a este juzgado, para que digitalice todas las constancias de notificación de los acuerdos emitidos en este juicio y las integre al expediente electrónico. Hecho lo anterior, lo remita al tribunal colegiado cuando se cuente con la papeleta respectiva.****************************************Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; por lista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ****************************************, contra actos de la Sala Auxiliar Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que los hace consistir en: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declara la sustitución procesal a favor de los beneficiarios ************************************. R., sin que la autoridad responsable atendiera el escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por la parte quejosa, en el expediente laboral SAT 310/2008, del índice del Tribunal responsable. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico4, con el numero consecutivo 1245/2022-V. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, Fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambas interpretada a contrario sensu, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (. . . ). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De la fracción XXIII del citado artículo 61 se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que, en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, y 217, todos de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por lo que, con base en tales preceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J./32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 de rubro AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el acto reclamado consiste en lo siguiente: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declara la sustitución procesal a favor de los beneficiarios Jorge Olguín Briones en su carácter de supérstite de la extinta trabajadora Carmen Leticia Robles Trejo por sí y en representación de su menor hijo con iniciales A. I. O. R., sin que la autoridad responsable atendiera el escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por la parte quejosa, en el expediente laboral SAT 310/2008, del índice del Tribunal responsable. Del contenido del citado acto, resulta evidente que no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, para la procedencia del juicio de amparo indirecto que promueve la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado no constituye aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni el que ordena el archivo definitivo del expediente; pues en él, la autoridad responsable realizó la declaración de sustitución procesal a favor de los beneficiarios Jorge Olguín Briones en su carácter de supérstite de la extinta trabajadora Carmen Leticia Robles Trejo por sí y en representación de su menor hijo con iniciales A. I. O. R. (parte actora en el juicio de origen). En dichas circunstancias, la parte quejosa deberá impugnar todas aquellas violaciones cometidas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia hasta que se dicte alguno de los actos anteriormente señalados, una vez agotado el recurso que en su caso corresponda. Sin que pase desapercibido el hecho de que el promovente del amparo refiere que la determinación del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sin que la autoridad responsable haya atendido su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, pues se estima que no se trata de un acto autónomo, pues si no existió pronunciamiento al respecto, el mismo subyace al acuerdo de designación de beneficiarios. En consecuencia, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior es así en razón de que en el expediente SAT310/2008 del que deriva lo reclamado, ya se dictó resolución definitiva en la que se condenó a la ahora parte quejosa, y se encuentra en etapa de ejecución, y debido al deceso de la parte actora (trabajadora), son sus beneficiarios quienes adquieren la facultad para exigir el cumplimiento de la sentenciado, de ahí que la determinación que se impugna solo afecta derechos adjetivos, lo que hace que la misma no sea impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, solo podrá impugnarse una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aun y cuando se demostrara que dicha declaración de beneficiarios no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan a la parte demandada en forma actual el ejercicio de un derecho fundamental. . Sirve de apoyo a lo anterior por la razones que la sustentan la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1691, registro 2016357, de rubro y texto: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente. También cobra aplicación, la jurisprudencia 2a. VIII/98, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196894, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de Máximo Tribunal del País, registro 164639, de rubro y texto: "INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque la determinación reclamada no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de convenio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo cual, aparece de lo expresado por la quejosa en su escrito inicial de demanda y que se corrobora con las constancias remitidas por el tribunal declinante. Y es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Dado que la promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, así como el uso de los demás servicios que proporciona el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentra la notificación vía electrónica, para lo cual proporciona los nombres de usuario AlfonsoBravoAM y HugoAriasC; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la oficial judicial "A" (SISE) para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona la promovente. CORREO ELECTRÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa al presentar su escrito de demanda refirió un correo electrónico y número telefónico, y las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tienen estos como medios alternativos de comunicación. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por lista al resto de las partes.

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