Alfonso Guadalupe Bolom Gutiérrez

Expediente 737/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
737/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Alfonso Guadalupe Bolom Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal 119/2012, en diez tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS VIRGILIO EDWARDS ALDERSON Y DOMINGO J. LUCIO ARTURO EDWARDS, EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitido en su auxilio por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá en el exhorto ... de su índice, que consideró al quejoso probable responsable en la comisión del delito de despojo, previsto por el artículo 305, primer párrafo, fracción I, y agravado por el penúltimo y último párrafo del citado numeral, del Código Penal para el Estado de Chiapas; derivado de la causa penal ..., de su estadística. II. Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que realice un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal de origen, expresándose categóricamente, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolle y patentice el juicio de valor que se llevó a cabo para determinar la eficacia demostrativa que les asigne; asimismo, superar las contradicciones o inconsistencia precisadas en cuanto a la fijación de la conducta y agravantes. Lo cual deberá realizar después de un análisis pormenorizado y exhaustivo de las pruebas, sin que le sea permisible limitarse a transcribir pruebas y establecer conclusiones genéricas. Concesión amparatoria que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social número trece de Tonalá, por no reclamarse dichos actos por vicios propios". Mediante auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 467 a 469), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de septiembre del año próximo pasado (foja 533), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Luego, el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 546 a 548), este resolutor tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y requirió nuevamente su cumplimiento a la autoridad responsable. Después, el treinta de octubre de dos mil diecisiete (foja 607), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con la nueva resolución dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Asimismo, el veintitrés de noviembre del año próximo pasado (fojas 619 a 622), este resolutor tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y requirió nuevamente su cumplimiento a la autoridad responsable. Por lo que, el once de diciembre de dos mil diecisiete (foja 675), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con la nueva resolución dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque mediante resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada, en la que dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de despojo agravado. 2. Después de analizar pormenorizadamente y llevar a cabo una valoración individual y en conjunto de las pruebas, estableció conclusiones en las que precisó los indicios que le arrojan en cuanto a la conducta antijurídica y la participación probable del quejoso, ponderando la forma en que ubican al justiciable como partícipe de la conducta atribuida. 3. Además, superó las cuestiones contradictorias relativas a la conducta atribuida y precisó las agravantes que estimó actualizadas. 4. Consecuentemente, con libertad de jurisdicción, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso ..., por el delito de despojo, previsto por el artículo 305, primer párrafo, fracción I, y agravado y sancionado por el penúltimo y último párrafo del numeral 305, en relación al 14, párrafos primero y segundo fracción ll, 15, párrafos primero y segundo y 19, párrafos primero y segundo fracción lll, del Código Penal para el Estado de Chiapas, al no existir en autos causa de licitud que destruya la antijuridicidad de la conducta desplegada; así como alguna de las excluyentes del delito, previstas por el artículo 25 del código penal vigente en el estado. Luego, si en la nueva resolución, después de practicar tal ejercicio, con libertad de jurisdicción, resolvió dictar auto de formal prisión en contra del quejoso ..., por el delito de despojo, realizando un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal de origen, expresándose categóricamente, en torno a cada prueba y su indicio superando las inconsistencias en cuanto a la fijación de la conducta y agravantes, es inconcuso que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, con plenitud de jurisdicción, emitió una resolución en que fundando y motivando su decisión cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberlo omitido. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal ..., en diez tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y mediante oficios al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista el estado de autos, se advierte que no obra constancia de que el tercero interesado ..., hubiese recibido el oficio ... de ..., mediante el cual se le dio vista para que dentro del término de tres días, manifestará lo que a su interés convenga, respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa; además no existe la certeza de que se le haya remitido dicha comunicación, toda vez que en la oficialía de partes de este juzgado no cuentan con la factura de los oficios enviados por conducto de la Administración del Servicio Postal Mexicano, correspondiente al catorce de diciembre del año próximo pasado. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y cumplir con el principio de expedites en la impartición de justicia, que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese mediante mensajería privada oficio con auto inserto del acuerdo de once de diciembre del año próximo pasado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 25136/2017, dirigido al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Por otra parte, visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "I. Dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitido en su auxilio por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá en el exhorto *********** de su índice, que consideró al quejoso probable responsable en la comisión del delito de despojo, previsto por el artículo 305, primer párrafo, fracción I, y agravado por el penúltimo y último párrafo del citado numeral, del Código Penal para el Estado de Chiapas; derivado de la causa penal ******** de su estadística. II. Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que realice un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal de origen, expresándose categóricamente, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolle y patentice el juicio de valor que se llevó a cabo para determinar la eficacia demostrativa que les asigne; asimismo, superar las contradicciones o inconsistencia precisadas en cuanto a la fijación de la conducta y agravantes. Lo cual deberá realizar después de un análisis pormenorizado y exhaustivo de las pruebas, sin que le sea permisible limitarse a transcribir pruebas y establecer conclusiones genéricas. Concesión amparatoria que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social número trece de Tonalá, por no reclamarse dichos actos por vicios propios". Mediante auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 467 a 469), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de septiembre de este año (foja 533), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Luego, el once de octubre del año en curso (fojas 546 a 548), este resolutor tuvo por no cumplida la sentencia de amparo y requirió nuevamente su cumplimiento a la autoridad responsable. Después, el treinta de octubre de este año (foja 607), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con la nueva resolución dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso no se encuentra correctamente cumplida la ejecutoria de amparo. Se considera así, ya que si bien la autoridad responsable dejó sin efectos el acto declarado inconstitucional y en su lugar emitió una nueva resolución, en la que superó las cuestiones contradictorias relativas a la conducta atribuida y precisó las agravantes que estimó actualizadas. No obstante lo anterior, la autoridad responsable no subsana las demás violaciones formales que se precisaron en la ejecutoria, a saber: "Función jurisdiccional que el juez de instancia no llevó a cabo, lo que se patentiza desde el momento en que no analizó pormenorizadamente cada medio de prueba, para estar en aptitud de precisar los indicios que le arrojan y si éstos son aptos y suficientes para la acreditación del cuerpo de delito, agravantes y probable responsabilidad. Lo que podrá establecer únicamente después de un verdadero análisis de las pruebas y no con la sola cita o transcripción y determinaciones genéricas carentes de objetividad; es decir, debe analizar pormenorizadamente cada prueba y extraer el indicio que le arroja, en cuanto a la conducta antijurídica y la participación probable del quejoso. Sobre todo, justipreciando la forma en que fueron recabadas o rendidas, es decir, si a los que se dicen agraviados, a los testigos de cargo y a los agentes que emitieron los informes, les constan de manera directa los hechos que exponen sobre la conducta delictiva y el papel incriminatorio o señalamiento contra el quejoso, ponderando en todo momento la forma en que supuestamente ubican al quejoso como partícipe de la conducta atribuida; en otras palabras, si apreciaron o no de manera directa la participación del solicitante del amparo en los hechos y cómo arriba a la conclusión que es uno de los sujetos que dirigió, incitó o condujo el delito de despojo, de acuerdo a la agravante que estima acreditada. Lo que no realizó el juez de instancia como se ha precisado. Por ende, la omisión de valorar de manera pormenorizada y exhaustiva en lo individual cada prueba, ocasiona que la resolución dictada por el juzgador responsable resulte contraria a derecho al incumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentando de esta forma la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, así como los requisitos formales que dispone en numeral 19 de la Constitución Federal". Ello es así, en la medida que continúa sin analizar pormenorizadamente las pruebas, para estar en aptitud de precisar los indicios que le arrojan y si éstos son aptos y suficientes para acreditar el cuerpo de delito, agravantes y probable responsabilidad. Entre otras palabras, no realizó un verdadero análisis exhaustivo de las pruebas para extraer el indicio que le genera, en cuanto a la conducta antijurídica y la participación probable del quejoso. Lo que debe realizar justipreciando la forma en que fueron recabadas o rendidas; es decir, si a los que se dicen agraviados, a los testigos de cargo y a los agentes que emitieron los informes, les constan de manera directa los hechos que exponen sobre la conducta delictiva y el papel incriminatorio o señalamiento contra el quejoso, ponderando en todo momento la forma en que supuestamente ubican al justiciable como partícipe de la conducta atribuida. Sobre todo, analizando si apreciaron o no de manera directa la participación del solicitante del amparo en los hechos y cómo arriba a la conclusión que es uno de los sujetos que dirigió, incitó o condujo el delito de despojo. Para lograr lo anterior, debe analizar cada medio de prueba para verificar si existe un conocimiento directo de los hechos y posteriormente fundar y motivar el valor probatorio, el indicio que genera y si son aptos para acreditar el cuerpo del delito, las agravantes y la probable responsabilidad del quejoso. En esa medida, si la responsable no subsanó las violaciones formales destacadas, es inconcuso que la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, en los términos precisados. En el entendido que de no cumplir con lo ordenado este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo dispuesto en el artículo 258, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, para el trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Martín Alfonso Martínez Molina, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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