Alfonso González Soria

Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Alfonso González Soria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena el archivo del expediente. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido, por lo que se ordena su archivo definitivo; asimismo, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Tercero de los Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado, el expediente 264/2018 que remitió como apoyo a su informe justificado. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva, es susceptible de destrucción. Por tanto, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdense el original y duplicado del incidente de suspensión, por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyanse dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal, por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte tercera interesada ALFONSO HUERTA LÓPEZ (cuatro tomos), se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII5, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución se ordena. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la devolución que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, con la licenciada Sonia López Márquez, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Alfonso Huerta López. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Agréguese el oficio y anexo signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión civil 131/2021, de su índice; en consecuencia, comuníquese a las partes que la Superioridad confirmó la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos de la ejecutoria en cita establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Alfonso González Soria, respecto del acto que reclama al Juez, Secretarios de Acuerdos Par y Non, así como Diligenciarios Par y Non, todos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala el acto que consiste en el resolución judicial y procedimiento que se haya seguido en su contra encaminado a privarlo de la posesión del predio rustico denominado "El Potrero", ubicado en Avenida Xicoténcatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicoténcatl de la comunidad de Santa María Texcalac, del Municipio de Apizaco, Tlaxcala y su ejecución. En tal virtud, se le tiene devolviendo el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 366/2021 de este índice; acúsese el recibo correspondiente y dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto.

  3. Principal

    SENTENCIA V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 366/2021-V, promovido por Alfonso González Soria, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado, Alfonso González Soria, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "IIl.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Como Ordenadora: El Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de extinción de dominio del Estado, Tlaxcala. Como Ejecutoras: El propio Juez, Los Secretarios y Diligenciarios Par y Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de extinción de dominio del Estado, Tlaxcala. IV ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora: a) Reclamo la resolución judicial y procedimiento que se haya seguido, encaminado a privarme de la posesión del bien perteneciente a la señora MARTHA PATRICIA HUERTA LÓPEZ, bien que enseguida menciono (.) b) De igual forma a la ordenadora, la nulidad de la tramitación de cualquier procedimiento que se haya seguido en contra de la señora MARTHA PATRICIA HUERTA LÓPEZ, respeto del bien propiedad y posesión de la antes mencionada del cual formo pate; así como también el presente procedimiento donde no fui emplazado ni llamado a juicio, configurándose en mi favor la legitimación pasiva necesaria. De las autoridades ejecutoras: Reclamo, la ejecución material que pueden dar a lo mandado por la autoridad ordenadora, para privarme de mi posesión y derechos, que tengo sobre el bien inmueble, posesión de la que formo parte." (sic). SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 12 a 17), este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 366/2021-V, y se previno al quejoso a fin de que manifestara lo siguiente: "1. Aclare de qué procedimiento emana el acto reclamado. Lo anterior, pues si bien en el capítulo de antecedentes del acto reclamado refirió: (.) De lo anterior, se evidencia que el quejoso tiene conocimiento de la existencia de procedimientos relacionados con el inmueble que defiende, por lo cual deberá precisar de cuál de ellos emana, o bien, referir si deriva de alguno otro del que no tenga conocimiento. 2. Precise si reclama la falta de emplazamiento a algún procedimiento a través del cual se le pretende privar de la posesión del inmueble identificado como predio rústico "El potrero", ubicado en Avenida Xicotencalt, número 187, esquina con privada Xicotencalt de la comunidad de Santa María Texcalac del municipio de Apizaco, Tlaxcala. 3. Manifieste si señala como acto reclamado destacado la violación al derecho de petición a que hace referencia en el último párrafo de la penúltima foja de su demanda." Por lo que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 22 a 25), se tuvo al quejoso cumpliendo la prevención formulada, para lo cual manifestó: a) Que el procedimiento del que emana el acto reclamado, es de la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, respecto del juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018. b) Asimismo, que reclama la falta de emplazamiento del juicio reivindicatorio promovido por Alfonso Huerta López. c) Por otro lado expresa en el escrito de cuenta que en ningún momento se formuló de manera verbal o escrita ante alguna autoridad jurisdiccional. En consecuencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 54 a 57), se tuvieron a las autoridades responsables rindiendo su respectivo informe justificado, asimismo se ordenó dar vista al quejoso a fin de que ampliara su demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se seguiría con el juicio como inicialmente se planteó, por lo que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno (foja 89), se tuvo por precluido su derecho y se tuvo por no ampliada la demanda de amparo. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a un juicio en materia civil. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria; y como consecuencia, la privación de la posesión del inmueble identificado como Predio Rústico denominado "El Potrero", ubicado en avenida Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl de la comunicad de Santa María Texcalac, del municipio de Apizaco, Tlaxcala. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado, atribuido a los Diligenciarios adscritos al Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala, consistente en la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria, no obstante que dichas autoridades, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 49 y 51), hayan reconocido como cierto el acto que se le reclama. Para explicar lo anterior, resulta pertinente tomar en cuenta que -para los efectos del juicio de amparo- los actos reclamados se pueden clasificar en positivos y negativos. Los positivos se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) Actos de ejecución instantánea; b) De ejecución continua o inacabada; y, c) Actos de ejecución de tracto sucesivo. Los actos negativos, se subclasifican en: a) Abstenciones u omisiones; b) Negativas simples; y, c) Actos prohibitivos. Las abstenciones u omisiones implican un no actuar o inactividad de la autoridad. Las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. Respecto a las omisiones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico -precisó el Alto Tribunal-, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Estas consideraciones fueron sustentadas en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), publicada en la página 1092, con número de registro 2016418, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En el presente caso, si bien es cierto que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria, el cual, prima facie, pudiera tener la naturaleza de un acto negativo, específicamente la de una abstención u omisión, por tratarse de un no actuar o una inactividad por parte de la autoridad responsable; también lo es que, en la especie, dicha autoridad no tenía el deber de emplazar en el juicio de origen a la aquí quejosa, ya que ésta no fue señalada como demandado por la parte actora, en virtud de que la acción la enderezó únicamente en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria. Por tanto, dicho funcionario, no podía llevar a cabo el emplazamiento de la parte quejosa en razón de que sólo pueden ejecutar lo estrictamente ordenado en autos por el titular responsable, sin que pudiera oficiosamente decidir acerca de si era parte o no del juicio de origen y como consecuencia ordenar el emplazamiento. De ahí que, independientemente de que se le haya tenido como autoridad responsable, dicho diligenciario carece de facultades para practicar la notificación de la demanda de origen, pues se itera no existía orden al respecto por la juzgadora. Resulta aplicable, el criterio siguiente: "ACTUARIOS. SOLAMENTE PUEDEN EJECUTAR LO ESTRICTAMENTE ORDENADO EN AUTOS POR EL TITULAR RESPECTIVO, CARECIENDO DE FACULTADES PARA DECIDIR OFICIOSAMENTE LO QUE NO LES HA SIDO EXPRESAMENTE MANDADO. Los funcionarios de los juzgados que tienen el carácter de actuarios, sólo pueden ejecutar lo estrictamente ordenado en autos por el titular respectivo, sin que puedan oficiosamente decidir acerca del lugar en donde deban practicarse los emplazamientos y, menos aún, para efectuarlos en lugar diverso al en que se ha ordenado por el Juez correspondiente. De ahí que, independientemente de que el actor señale varios domicilios para emplazar a la enjuiciada, el actuario carece de facultades para practicar la notificación de la demanda en el Distrito Federal, si el Juez había ordenado que la misma se efectuara por medio de exhorto en una población de otra entidad federativa. (Criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Séptima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Sexta Parte, número de registro 248543). En los mismos términos se pronunció el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil veinte, al resolver el amparo en revisión 320/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala (cuaderno auxiliar 1016/2019), relativo al juicio de amparo 372/2019-VIII, de la estadística de este órgano de control constitucional. En vía de consecuencia, debe tenerse como inexistente el acto reclamado por la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable no tenía el deber de llamar a juicio a la aquí quejosa y, por ende, no incumplió con esa obligación; y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto del acto reclamado a los Diligenciarios Par y Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Jueza Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala (foja 53). Secretaria Par del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala (foja 45). Secretaria Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala (foja 47). Toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron su existencia; por tanto se tiene la certeza de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la documental que remitió la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala, al rendir su respectivo informe justificado, con el que se formó un tomo de pruebas por separado; de las que se advierte la existencia del acto reclamado, constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Oportunidad de la demanda. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno (foja 3); por tanto, el plazo genérico de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del veintinueve de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; previo descuento de los días inhábiles uno, dos, tres, cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia y el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el tres de mayo de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: ABRIL 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26 27 Tuvo conoci-miento del acto reclamado 28 Surte efectos 29 Día 1 30 Día 2 Mayo 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil 2 Día inhábil 3 Día inhábil Presentó su demanda 4 Día 3 5 Día inhábil 6 Día 4 7 Día 5 8 Día inhábil 9 Día inhábil 10 Día 6 11 Día 7 12 Día 8 13 Día 9 14 Día 10 15 Día inhábil 16 Día inhábil 17 Día 11 18 Día 12 19 Día 13 20 Día 14 21 Día 15 22 23 SEXTO. Causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Secretarias de Acuerdos no son autoridad En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución; 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, en atención a que las Secretarias de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala, no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo, pues su función se limitó a dar fe de las determinaciones que emitió el titular del órgano jurisdiccional en el expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria; tal como quedará evidenciado a continuación: Para una mejor exposición se insertan los numerales invocados: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De lo trascrito se destacan dos cuestiones; la primera, que el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y sus garantías. La segunda, que para los efectos del juicio constitucional se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de su naturaleza formal, asimismo que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo ese tenor, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de la Materia, así como que en el particular se señala como responsable al Secretario de acuerdos del juzgado responsable, se reitera que en el juicio constitucional sólo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público y, por ende, es indispensable determinar si todos los actos del Estado son susceptibles de reclamarse en el amparo, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél y, en su caso, en qué supuesto se ubica el acto reclamado. Con ese propósito es necesario destacar qué ha establecido nuestro Máximo Tribunal en relación al concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto, se ha sostenido que por autoridad para efectos del juicio de amparo se entiende a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Además, se ha dicho que las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Tales consideraciones dieron origen a las tesis de los rubros y textos que se reproducen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, para demostrar por qué los Secretarios de acuerdos mencionados no son autoridades responsables para los efectos del presente juicio (exclusivamente), es oportuno recordar que a dichas autoridades responsables se le reclama, la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria; y como consecuencia, la privación de la posesión del inmueble identificado como Predio Rústico denominado "El Potrero", ubicado en avenida Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl de la comunicad de Santa María Texcalac, del municipio de Apizaco, Tlaxcala -mismo que aduce tiene en posesión mediante contratos de aparcería-; sin embargo, de un análisis a las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que los secretarios responsables signaron únicamente las actuaciones para dar fe de lo actuado por el titular de ese juzgado. Bajo este contexto, el acto reclamado a los citados servidores públicos (secretarias de acuerdos) no es un acto propio de autoridad (para los efectos del amparo), pues su participación ningún agravio irroga a la parte quejosa, en atención a que únicamente realiza funciones fedatarias, requisito indispensable para la validez y existencia de las actuaciones; ello sin que se le atribuya algún acto que resulte de su competencia exclusiva y que esté obligado a ejecutar bajo su estricta responsabilidad, conforme a los lineamientos legales que lo regulan. Por identidad jurídica substancial, se citan los criterios de rubro (en apoyo a esta apreciación): "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". "AUTORIDAD RESPONSABLE. PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, QUE SOLO CERTIFICA, NO TIENE TAL CARÁCTER". "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TIENEN ESE CARÁCTER". Por tanto, se reitera que en el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución; 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, por cuanto hace a las Secretarias Par y Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala. En vía de consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace a las autoridades referidas en el párrafo precedente, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. II. Falta de interés jurídico. Asimismo, respecto al actor reclamado a la Jueza Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Domino del Estado de Tlaxcala, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". A efecto de acreditar esta aseveración, debe partirse de que la causal invocada prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, y los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los que, en esencia, disponen que el promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien al legítimo para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego, resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de los rubros que siguen: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" e "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Sobre el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Lo ha conceptuado como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo -continúa sosteniendo el Pleno de la Corte- consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no es la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En estos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio de título: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, se arriba al convencimiento de que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa estará legitimada para ejercer la acción; de lo contrario, el amparo resultará improcedente. Bajo este contexto, conviene destacar que la parte quejosa, para combatir los actos reclamados en esta instancia constitucional, debió demostrar su interés jurídico, esto es, que es titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa, por la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio con número de expediente 264/2018, del índice del juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, promovido por Alfonso Huerta López, en contra de Martha Patricia Huerta López y José Luis Ruiz Soria; y como consecuencia, la privación de la posesión del inmueble identificado como Predio Rústico denominado "El Potrero", ubicado en avenida Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl de la comunicad de Santa María Texcalac, del municipio de Apizaco, Tlaxcala, por lo que acude a esta instancia constitucional aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada de un derecho subjetivo como poseedor del predio motivo del referido juicio, por lo que tiene la carga probatoria de acreditar dicha propiedad o posesión para poder determinar si hubo o no una afectación por parte de la responsable a ese derecho subjetivo Apoya lo considerado, la jurisprudencia I.3º.C. J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 1650, del Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de la Novena Época, Registro: 190119, de rubro: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA". En relación a ello, cabe señalar que la propiedad o posesión que da interés jurídico para solicitar el amparo, es aquella que se ejerce con sustento en algún título reconocido por la ley y que se acredita de manera plena en el juicio de amparo; de otra manera, se correría el peligro de volver ineficaces las sentencias dictadas en los juicios relativos a la propiedad o posesión, pues cualquiera que ocupara el inmueble o tuviera un título carente de pleno valor probatorio podría acudir como tercero extraño para exigir que se llamara a un juicio, lo que haría una cadena interminable de juicios de amparo sobre un mismo bien. Por consiguiente, a fin de que la propiedad o posesión que ostenta un gobernado sea objeto de protección en el juicio de amparo, es necesario que se acredite de manera plena y contundente, y no a manera de indicio; así, el documento con el que se pretenda demostrar la propiedad del bien inmueble, cuya afectación se reclama, debe ser apto para ello. Por tanto, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, es menester verificar si la parte quejosa acredita que la propiedad y posesión que dice detentar sobre el inmueble que defiende se sustenta en un título reconocido por la ley. En este orden de ideas, la causa de improcedencia invocada se antepone ante cualquier otra que pudiera actualizar en el presente asunto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que debe realizar es acreditar la posesión en calidad de propietaria del bien inmueble y así poder estar en condiciones de comparecer a la presente contienda constitucional, y una vez instaurada la misma, cumplir con los diversos requisitos establecidos para acreditar fehacientemente el interés jurídico necesario para el juicio de amparo. Precisado lo anterior, resulta necesario para mayor claridad en el análisis del presente asunto, determinar que del estudio integral del expediente se aprecia que la parte quejosa aduce ser la poseedora a título del inmueble identificado como "Predio Rústico denominado "El Potrero", ubicado en avenida Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl de la comunicad de Santa María Texcalac, del municipio de Apizaco, Tlaxcala", en razón de haber adquirido los derechos de posesión sobre dicho inmueble a través del contrato de aparcería rural o mediería Martha Patricia Huerta López, el siete de noviembre de dos mil catorce u siete de noviembre de dos mil dieciséis, información obtenida de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señaló la parte quejosa en su escrito de demanda (foja 6); sin embargo, no ofreció medio de convicción alguno para acreditar sus manifestaciones. No obstante, de un análisis hecho a las constancias exhibidas por el tercero interesado Alfonso Huerta López, en particular, de la copia certificada del juicio ordinario civil 625/20217, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, relativo al interdicto para retener la posesión respecto del bien predio rustico denominado "El Potrero", ubicado en avenica Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl, de la comunidad de Santa María Texcalac; del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; se advierte la existencia de dos contratos de aparcería rural o mediería, celebrados ente Martha Patricia Huerta López (propietaria) y Alfonso González Soria (aparcero), respecto del predio rústico antes citado, de fechas siete de noviembre de dos mil catorce y siete de noviembre de dos mil dieciséis. Dichas documentales poseen valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, resultan ineficaces para demostrar que actualmente el quejoso es titular del derecho que afirma trasgredido, toda vez que no obstante que dichos contratos adquirieron fecha cierta al haber sido presentados como prueba documental en los autos del expediente 625/2017 del índice del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, tales pactos perdieron su vigencia en términos de los artículos 2077 y 2078 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. Bajo esa tesitura, si bien los contratos privados de aparcería rural tienen el carácter de ser un documento de fecha cierta a partir del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, al haberse presentado como prueba documental en los autos del referido expediente 625/2017, también lo es que resultan insuficientes para demostrar el interés jurídico al no estar vigentes; ello, en atención a que del clausulado de los propios contratos se advierte que éstos tendrían una vigencia de dos años, por lo cual: a) El primer contrato se celebró el siete de noviembre de dos mil catorce, por lo cual, venció el siete de noviembre de dos mil dieciséis. b) El segundo contrato se celebró el siete de noviembre de dos mil dieciséis, por lo cual, venció el siete de noviembre de dos mil dieciocho. Aunado a que tampoco se advierte pacto alguno en cuanto a la posibilidad de prórroga o continuación del mismo una vez llegada la fecha pactada para su terminación. Entonces, lo que debió demostrarse por el quejoso de modo fehaciente, ya que el contrato se encuentra vencido es que a su vencimiento continuó en uso y goce del predio sin oposición, ya que es la posesión jurídica la que condiciona la continuación del contrato ahora por tiempo indefinido; lo anterior acorde a los artículos 2086 del Código Civil para la Entidad. A lo expuesto, es de citar el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 2915 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007881, cuyo sumario, a la letra, dice: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA, VENCIDO PERO PRORROGABLE AUTOMÁTICA E INDEFINIDAMENTE. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO, CUANDO NO ACREDITA LA POSESIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE RESPECTIVO, QUE CONDICIONA LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA. El contrato de arrendamiento de fecha cierta, vencido al día de presentación de la demanda de amparo, pero prorrogable automática e indefinidamente acorde con sus propias cláusulas, en tanto el arrendador no se oponga a dicha posesión, es insuficiente para demostrar el interés jurídico del quejoso que acude al juicio de amparo con el carácter de tercero extraño al procedimiento en el que aduce que se le pretende privar de la posesión del bien raíz objeto de dicho acuerdo de voluntades, si el solicitante de la protección constitucional no acredita, además, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, continúa en posesión jurídica del bien arrendado, pues al ser ésta una condición indispensable para que opere la prórroga automática del contrato de arrendamiento -que entraña el uso y goce de un bien e implica su posesión jurídica-, resulta indispensable para acreditar la subsistencia del derecho que se esgrime como violado en el juicio protector de derechos humanos, a pesar de que el contrato respectivo esté vencido". Esto es, sólo mediante prueba fehaciente de que el quejoso ejerce posesión sobre el inmueble es que puede considerarse que subsistió la vigencia del contrato de aparcería rural o medieria, luego del vencimiento del plazo de su vigencia, por lo que tal posesión sería protegible mediante el juicio constitucional. Bajo el anterior contexto, es evidente que la parte quejosa para justificar su interés jurídico, estaba obligada a demostrar que el origen jurídico de su posesión está vigente, pues si bien de las constancias allegadas por el tercero interesado se advirtió la existencia del contrato en mención, tal probanza es insuficiente, porque con él se demuestra únicamente que la parte quejosa intervino en la celebración de ese acto jurídico como una de los suscribientes que asumieron las obligaciones derivadas de ese documento; entre otras, que una de las partes se obligó a conceder al otro, el uso o goce temporal de un inmueble, mediante la entrega física y material del mismo, pues dicho pacto de voluntades por sí solo, únicamente constituye un indicio para tener por demostrado el hecho de la posesión, por una vigencia que ya terminó; por lo que debió ser adminiculado con otros elementos de convicción, que permitieran tener por cierto ese hecho, esto es, que a la fecha continúa vigente o surtiendo efectos por haber operado el supuesto que establecen los artículos 2086 del código civil de la entidad, sin que lo haya justificado. Así, con dicho contrato en modo alguno quedó demostrado que la parte quejosa sea la titular del derecho que se dice vulnerado, de conformidad el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual desde luego debe ser acreditado plenamente, por lo que, resultaba menester ofrecer la prueba idónea para acreditar el hecho de la posesión como sería la testimonial, y en el caso no se ofreció; por tanto, como se anticipó, la sola afirmación de la parte impetrante de que le afecta la posesión del inmueble identificado como Predio Rústico denominado "El Potrero", ubicado en avenida Xicotencatl, número ciento ochenta y siete, esquina con privada Xicotencatl de la comunicad de Santa María Texcalac, del municipio de Apizaco, Tlaxcala, por ser arrendatario (en aparcería) del inmueble del que se dirige, es insuficiente para acreditar que los actos reclamados afectan algún derecho jurídicamente tutelado en su favor. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 194, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prescribe: "POSESIÓN. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda Sala sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de la posesión; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesión del predio a que se refiere la demanda de garantías, en forma pública, pacífica, continua, en nombre propio y a título de dueños, por un lapso no menor de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de dotación; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesión, con las características indicadas, del predio aludido". Por último, no pasa inadvertido el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis jurisprudencial 62/2019 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, de epígrafe: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN". Empero, tal criterio no aplica para la solución del caso si se toma en cuenta que parte de la premisa de que el contrato de aparcería rural o medieria se encuentra vigente, y sólo así constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate tan así que en la ejecutoria relativa se sostuvo que el amparo debe ser concedido para el efecto de que se respete el derecho de posesión al arrendatario "hasta en tanto fenezca la vigencia del contrato respectivo"; sin embargo, si como se expuso con antelación, la parte quejosa no ofreció prueba de que al vencimiento del arrendamiento por virtud del contrato de aparcería rural o mediería, continuó en posesión por haber sido prorrogado el contrato, ya que es la posesión jurídica la que condiciona la vigencia de la prórroga, no puede ni siquiera determinarse sin lugar a duda, que el arrendamiento estaba vigente porque la parte quejosa siguió en posesión del inmueble. Al respecto es de mencionarse la jurisprudencia 3ª./J.70 20/90, visible en la página 236, tomo V Primeras Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Octava Época, que a la letra dice: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". En el contexto apuntado, si con la prueba aportada por la parte quejosa no se justificó el derecho que dice tener respecto del inmueble de trato, como tampoco evidencian que exista una afectación a sus derechos subjetivos, resulta claro que la parte promovente del amparo no demostró el interés jurídico que se requiere para solicitar la protección de la Justicia Federal contra actos de una autoridad judicial, pues ya se dijo que lo anteriormente establecido es un requisito indispensable para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña en un juicio civil. En el entendido de que los razonamientos que han quedado establecidos, en relación con el contrato de aparcería rural, en modo alguno prejuzgan sobre su validez, existencia o nulidad que pudiera resultarle a dicho acuerdo de voluntades, ya que tales ponderaciones se hicieron con el exclusivo propósito de evidenciar lo improcedente que resulta el presente juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público como se precisó al inicio de este considerando. Por las razones que informa, se cita la Tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Página 333, tomo V, Mayo de 1997, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". Atento a lo anterior, resulta evidente que la aquí quejosa carece de interés para controvertir los actos reclamados ya que no ofreció el documento idóneo para acreditar el interés jurídico respecto del bien inmueble multicitado, tal como quedó señalado; por tanto, si no se afectó derecho sustantivo alguno del peticionario del amparo, es inconcuso que, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio conforme a la fracción V del precepto 63, del propio ordenamiento legal. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el tercero interesado Marco Antonio Huerta Hernández, no se encuentre emplazado en el presente juicio de amparo; o bien la sucesión de éste, dado lo asentado por el actuario adscrito a este Juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (foja 39); sin embargo, dado el sentido de la resolución que se emite en el presente juicio de amparo, no le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior, la tesis P.V/98, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, página, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Sin que sea el caso hacer pronunciamiento en relación con los alegatos que realizó el tercero interesado Alfonso Huerta López, ya que no forman parte de la litis en el juicio de amparo y, por ende, no es obligatorio para este juzgado entrar al estudio de los razonamientos expresados en su escrito, sin que esto implique transgresión a derecho procesal alguno; máxime que las manifestaciones fueron atendidas al resolver el incidente de objeción plateado, así como al determinar actualizada la causal de improcedencia referida en párrafos precedentes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, que textualmente indica: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente resolución, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 5, 61, 74 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfonso González Soria, contra los actos y autoridades responsables, por los argumentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1620/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA." hasta el día de hoy treinta de julio de dos mil veintiuno, cuando lo permitieron las labores propias de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistida del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintiuno. Tribunal admite recurso de revisión. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo circuito; por medio del cual hace del conocimiento de esta instancia el contenido del proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, por el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Alfonso González Soria, en contra de la suspensión definitiva dictada el dos de junio del año que transcurre, en el presente incidente de suspensión, mismo que quedó registrado con el número 131/2021 del índice de la superioridad, de lo que este órgano toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

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