Alfonso González Fernández
Expediente 166/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alfonso González Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En seis de junio de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintitrés de mayo al tres de junio ambos de la presente anualidad, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida el once de mayo del año en curso, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del juicio de amparo número 166/2016-6. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el once de mayo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. De igual manera, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. También se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvansele a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, las copias certificadas del proceso penal 17/2014 en dos tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la razón actuarial de diecinueve del mes y año en curso. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón de diecinueve del mes y año en curso, asentada por el Actuario Judicial adscrito, quien asentó las razones por las cuales le resultó imposible notificar a la tercera interesada María del Rosario Lozano, tanto el auto de dieciocho de mayo del año en curso, así como la sentencia dictada en once del mes y año en comento; toda vez que no obra domicilio señalado en esta ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones de la aludida tercera, no obstante haber sido debidamente emplazada al presente juicio de garantías y habérsele requerido para ello; por tanto, notifíquese por medio de lista el proveído en mención, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
En dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio registrado bajo el número 9611 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 166/2016-6, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 186/2016-II; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el once de mayo del año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el juicio de garantías promovido por Alfonso González Fernández, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y al Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital, ambos con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas; en consecuencia, notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se imponga de los lineamientos en los que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MARÍA DEL ROSARIO LOZANO, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "En dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio registrado bajo el número 9611 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 166/2016-6, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 186/2016-II; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el once de mayo del año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió y dos legajos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el juicio de garantías promovido por Alfonso González Fernández, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y al Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital, ambos con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas; en consecuencia, notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se imponga de los lineamientos en los que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY". SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 166/2016, promovido por Alfonso González Fernández contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Alfonso González Fernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis radicó la demanda de amparo bajo el expediente 166/2016 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; tuvo como tercero interesada a María del Rosario Lozano; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el ocho de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 166/2016 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 186/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del Juzgado de Distrito auxiliado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se reclama: ? El auto de formal prisión de veintidós de junio de dos mil quince, dictado en la causa penal 17/2014 en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en perjuicio de Carlos Puente Serrano; y Del Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se impugna: ? La ejecución del aludido auto de formal prisión. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado al Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas, Zacatecas, ya que si bien es verdad que dicha autoridad al rendir su informe justificado aceptó su existencia, también es cierto que esa afirmación queda desvirtuada en atención a la naturaleza jurídica de la determinación impugnada, partiendo de la base que la resolución reclamada es de naturaleza declarativa, por lo que no lleva implícito un principio de ejecución material; por tanto, tomando en consideración que ese tipo de actos no requiere ejecución es inconcuso que no puede atribuirse a la responsable la materialización del auto de formal prisión dado que carece precisamente de esa realización. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, toda vez que al rendir su informe con justificación -visible en la foja 36 del expediente en que se actúa- admitió la existencia del acto que se le atribuye; certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, relativas a la causa penal 17/2014; actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Examinada la existencia del auto de bien preso reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se controvierta por alguna de las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene precisar que por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado el veintidós de junio de dos mil quince dentro del proceso penal 17/2014, seguido contra Alfonso González Fernández por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Puente Serrano se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, tal y como lo hace valer el fiscal federal adscrito al Juzgado Federal auxiliado (fojas 33 y 34). Para evidenciarlo se estima conveniente insertar el contenido del precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las porciones normativas transcritas se advierte que las demandas de amparo promovidas fuera del plazo previsto por los artículos antes citados son improcedentes, ya que se considera que los actos reclamados en ellas fueron consentidos tácitamente al no haberse impugnado en los lapsos ahí previstos. Asimismo, se desprende que el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días hábiles, con las salvedades que de manera limitativa contemplan las fracciones de la I a la IV, a saber, que podrán ser de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; de ocho años cuando se impugne una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; de siete años cuando se controviertan actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y, en cualquier tiempo, cuando se combatan actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Además, se observa que los plazos señalados con anterioridad deberán computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, que se computará a partir del día de entrada en vigor de la ley que se pretenda impugnar. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional promovió la demanda de amparo fuera del término de quince días hábiles, sin que al efecto se encuentre en alguno de los supuestos de excepción a la regla que contempla el precepto 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el auto de formal prisión reclamado se notificó al quejoso y a su defensora particular el veintidós de junio de dos mil quince, por lo que dicha diligencia surtió efectos el mismo día, en términos del dispositivo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, que establece: "Artículo 67. Los términos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los términos los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarles su declaración preparatoria o de resolver sobre la procedencia de su formal prisión o libertad". Cabe destacar que el aludido código adjetivo penal no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones, por lo que atendiendo al texto del referido artículo 67 que establece que los términos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al en que se haya hecho la notificación se concluye que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan; de ahí que el término para efecto de la presentación de la demanda de amparo empezará a correr al día siguiente al en que se hizo la notificación. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis I.10o.P.19 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1448, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la promoción del juicio de garantías es de quince días contados desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Penales, no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo el artículo 71 prevé que: "Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación ..."; de ahí se infiere que, de acuerdo a dicho precepto, las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan, comenzando a correr el término para efectos de la interposición del amparo, al día siguiente al de la notificación." Igualmente, resulta ilustrativa la tesis II.2o.P.116 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 990, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece que el término para la interposición de la demanda de amparo será el de quince días contados desde el siguiente al en que haya surtido efectos al quejoso la notificación del acto reclamado, remitiendo a la ley ordinaria para determinar en qué momento surte efectos aquélla. Ahora bien, en el caso del procedimiento penal federal, el código procesal respectivo, aun cuando no contiene una disposición que expresamente lo determine, de lo señalado en su artículo 71, en el sentido de que los plazos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente al de la notificación, salvo disposición expresa en contrario, se desprende que ésta surte efectos en el momento mismo en que se practica, pues la denominación "surte efectos la notificación" debe entenderse jurídicamente referida a su eficacia, en la medida en que haya logrado comunicar legalmente a las partes lo resuelto por el órgano jurisdiccional como consecuencia del correcto desarrollo del proceso, pues es a partir de ese momento en que se encuentra en aptitud de ejercer sus derechos inherentes". Entonces, si se toma en consideración que en la especie la notificación surtió sus efectos el mismo día en que se realizó, el término de quince días para promover el presente juicio de amparo transcurrió del veintitrés de junio al trece de julio, ambos de dos mil quince, descontándose del cómputo respectivo el veintisiete y el veintiocho de junio, así como el cuatro, cinco, once y doce de julio, todos de dos mil quince, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, el cinco de febrero de dos mil dieciséis (según se desprende del sello de recibido que obra en la foja 2 del expediente en que se actúa) es incuestionable que su presentación resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que el inconforme tenía hasta el trece de julio del año próximo pasado para ejercer la acción constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38 de epígrafe y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero 2011, novena época, página 5 de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio biinstancial, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del ordinal 61 de la citada ley reglamentaria. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 166/2016, promovido por Alfonso González Fernández respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y al Jefe del Establecimiento Penitenciario Distrital, ambos con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, por las razones expuestas en el tercer y quinto considerandos de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 186/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy once de mayo de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
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