Alfonso González Cruz
Expediente 284/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso González Cruz
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. I. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, a través del cual comunica que dicho Tribunal se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada por este Juzgado; en consecuencia, se provee: II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que le fue enviada la demanda de amparo promovida por ***, contra la sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente agrario 949/********************01********************, por el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; asimismo, informa, que le correspondió el número de juicio de amparo directo ********************/********************0********************3 y que, previo a aceptar o no la competencia declinada, requirió a la autoridad responsable de referencia, cumpliera con lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo. Lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
NOTIFICACION A LA QUEJOSA POR NO ACUDIR A NOTIFICARSE PESE DEJAR AVISO.- "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo que promovió ***, por propio derecho, contra actos de magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; la cual se turnó de manera electrónica a éste órgano jurisdiccional el veinticuatro de marzo del año en curso; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 284/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento de la demanda. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Una vez puntualizado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- De la autoridad responsable ordenadora reclamo: La sentencia emitida por parte del tribunal unitario agrario distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, dentro del expediente 949/2012 y fechada el día cinco de octubre de dos mil dieciséis. Así como la ejecución de la sentencia realizada por parte de la brigada del tribunal unitario agrario distrito 46, el día 06 de junio del dos mil diecinueve dentro del expediente 949/2012.". Ahora bien, este juicio por lo que hace al acto reclamado consistente en la ejecutoria dentro del expediente 949/2012, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establecen: "DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Lo anterior acontece, porque de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que, el ahora quejoso, quien es parte demandada en el juicio agrario de origen, el seis de junio de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de la diligencia de ejecución de sentencia que con esa fecha llevó a cabo la Brigada de Ejecución adscrita a dicho Tribunal, que constituye el acto reclamado en este juicio; de ahí que, al haber presentado su demanda ante la Oficialía de Partes de ese Tribunal, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción que obra en ese escrito, resulta inconcuso que lo hizo fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose la causal invocada. Sin que en el caso se actualice el supuesto previsto en la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone: "cuando el amparo se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunica, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados." Lo anterior, en virtud que el asunto versa sobre el mejor derecho a poseer de un sitio solar y la nulidad de los documentos con los que los demandados en el juicio agrario amparan la posesión del sitio solar con casa habitación ubicado en la Avenida Porfirio Díaz esquina con calle Guerrero, número 53, colonia centro, así como de la parcela de riego ubicada en el paraje denominado "LLANO GRANDE" y la parcela de temporal ubicada en el paraje denominado "EL ESPINAL", todos de la comunidad de San Jerónimo Nuchita, Municipio de San Lorenzo Victoria Distrito de Silacoyoapan, Oaxaca; litis que se entabló entre particulares sin que se encuentre involucrada una población ejidal o comunal, por lo que no es aplicable el plazo de siete años a que se refiere dicha porción normativa. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Así como, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 163172 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Alfonso González Cruz. Se remite demanda por incompetencia Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, dentro del expediente 949/2012. Al respecto, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se trata de una sentencia definitiva, que pone fin al juicio de origen. En tales condiciones, una vez que cause estado el desechamiento realizado por el diverso acto reclamado, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, por conducto de la oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, para el turno correspondiente. Domicilio y autorizados Se le tiene por autorizado, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en tanto que a las diversas personas que menciona, se les autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del referido numeral, por no encontrarse registrada cédula profesional a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ello, sin perjuicio de que una vez que acrediten haber realizado el registro respectivo, se les autorice en los términos amplios que solicitan. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente."
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