Alfonso Gómez López

Expediente 469/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
469/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Gómez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de junio de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de dieciocho de mayo del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las autoridades responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación. Por otra parte, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales, presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones ofertadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda; así como las documentales, confesional expresa, presuncional en su triple aspecto, legal, lógico y humano e instrumental de actuaciones ofrecidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Ahora, en lo tocante al informe de autoridad para practicarse en el Departamento de Prestaciones Económicas y/o en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON, el quejoso Alfonso Gámez López pretende que las consabidas dependencias informen de forma pormenorizada las fechas y las cantidades que se le han descontado mensualmente de su pensión y/o jubilación por concepto de servicio médico, con clave de deducción número 25, desde que se hizo el primer pago por ese concepto. En relación con el desahogo del citado medio de convicción, se considera innecesario atento a las consideraciones siguientes: A fin de justificar tal aserto, en principio, debe destacarse que el quejoso reclama, esencialmente, la primera aplicación y subsiguientes del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Ahora bien, del análisis al informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON, se advierte que aceptó el acto reclamado (descuento que se aplica al quejoso por concepto de servicio médico contenido en el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON ?establecido como 7%?). Bajo ese orden de ideas, si del informe justificado se desprende la información relativa al acto reclamado y, si el impetrante pretende demostrar el total de las cantidades descontadas de su pensión contenidas en la clave de deducción número 25 del talón de pago, resulta incuestionable que, de concederse el amparo y protección de la justicia federal, las cantidades a devolver por ese concepto al aquí quejoso, serán materia del cumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, sin soslayar que, jurisprudencialmente, los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que prevé un descuento a los pensionados y jubilados de dicho Instituto por concepto de cuota de seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquel en el que cronológicamente se aplicó por primera vez al quejoso el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que tuvieron conocimiento de que se materializó en su perjuicio la hipótesis prevista en la citada norma impugnada. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS." Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para realizarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 469/2023 A-II; y, Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido en la misma fecha, por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Alfonso Gómez López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Por proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: A). Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y Junta Directiva del referido Instituto: ? El primer acto de aplicación y subsecuentes de la norma contenida en el artículo 25, de la Ley del ISSSTESON, que regula la operación y funcionamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, lo que se traduce en el descuento del pago mensual que percibe como pensionado, por concepto de "Servicio Médico". B). Del subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: ? Devolución de las cantidades descontadas por concepto de servicio médico, desde el primer acto de aplicación de la norma contenida en el artículo 25, de la Ley del ISSSTESON; y, C). Del Congreso del Estado de Sonora y gobernador del Estado de Sonora: ? La aprobación, expedición y promulgación ?en el ámbito de sus competencias?, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, concretamente el artículo 25. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Congreso del Estado de Sonora y gobernador Constitucional del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus respectivos informes justificados, admitieron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de la norma legal reclamada es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto reclamado atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Junta Directiva y subdirector de Prestaciones Económicas Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de esa entidad, en atención a las manifestaciones vertidas por el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON, al rendir su informe con justificación. Además, la veracidad del acto que se reclama se corrobora con la prueba documental exhibida por el quejoso, relativa al recibo de nómina de su pensión del mes de marzo de dos mil veintitrés, del que se advierte la certeza del acto combatido en esta instancia constitucional, así como las diversas, aportadas por el propio jefe de la Unidad Jurídica del Instituto responsable, correspondientes al dictamen pensionario del peticionario; documentos a los que se otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causal de improcedencia infundada En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora en representación de dicho Instituto y director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, hacen valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento expreso y tácito de la norma controvertida, pues substancialmente argumentan que el quejoso tuvo conocimiento del descuento que se le efectúa desde el primer pago pensionario que se le hizo. Lo anterior resulta infundado. Así se considera, pues no existe en autos prueba apta alguna de la que se desprenda que el quejoso tuvo conocimiento pleno del reclamo constitucional en fecha distinta a la que refiere en su demanda bajo protesta de decir verdad, esto es, el trece de marzo de dos mil veintitrés; de modo que si la demanda de amparo fue presentada el treinta y uno de marzo del mes y año referidos, resulta claro que no había transcurrido el plazo de quince días que para su presentación prescribe el numeral 17 de la ley de la materia, que cita la autoridad responsable. No se soslaya la existencia en autos de la documental relativa al dictamen de pensión, que el Instituto responsable remitió en copia certificada a este órgano, de la que se advierte que en su resolutivo primero se determinó que se concedió al aquí quejoso, pensión tipo jubilatoria y que al sueldo regulador ponderado se la aplicaría "los descuentos por conceptos de Servicio Médico y Fondo de Pensiones que la Ley establece en los Art. 25 fracción I (.)". Sin embargo, tal documento no es apto para evidenciar que el quejoso tuvo conocimiento pleno y exacto de la aplicación del artículo reclamado desde la fecha en la que se le inició el pago de su pensión, pues no existe constancia fehaciente de que el Instituto le haya notificado de manera formal y personalmente el dictamen pensionario al hoy quejoso, lo que se evidencia incluso, con el dictamen de pensiones que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. En efecto, no obra en el expediente constancia con la que se tenga plena certeza de que el quejoso haya sido notificado formalmente del dictamen en los términos de ley, en la que se advierta que le sería efectuado un descuento con aplicación del numeral reclamado, por concepto de servicio médico; de tal modo que debe prevalecer en el presente asunto, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en relación con la fecha en que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado; de ahí que, no se pueda sostener que el peticionario conociera desde el primero de los pagos pensionarios la aplicación del precepto reclamado. Por tanto, al no estar acreditado que el impetrante de amparo haya tenido conocimiento completo del acto reclamado de forma que lo consintiera ?en atención a que no se advierte que conociera el sustento legal de la deducción-, por tanto, para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada por la promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, a saber, el trece de marzo de dos mil veintitrés. Bajo esa óptica, es infundada la causal de improcedencia por extemporaneidad. La decisión alcanzada es acorde con los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS, en la que estableció que el primer acto de aplicación de una norma es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, en caso de que la parte inconforme no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquél en que tuvo pleno conocimiento del mismo, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos motivo de impugnación y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente, lo cual no se desprende fehacientemente del recibo de pago en el caso. Dado que no existen diversas causales de improcedencia, y este juzgador no advierte alguna que de manera oficiosa se actualice; por tanto, se procederá enseguida a analizar el fondo del asunto. V. Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que el quejoso tiene el carácter de pensionado por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y recibe una pensión mensual menos una deducción, la cual tiene fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En el caso particular, el quejoso reclama el referido descuento que establece el precepto legal mencionado, en específico, su fracción I, sobre el monto de la pensión que percibe, por concepto de servicio médico. Substancialmente refiere, que la aplicación del artículo que tilda de inconstitucional infringe el principio de proporcionalidad y razonabilidad jurídica y vulnera el derecho humano de seguridad social y el derecho a la protección de la salud, ya que dicho precepto atenta contra su dignidad y tiene por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, pues impone que las cuotas de los pensionados y jubilados sean por un porcentaje mayor al de los trabajadores activos, pese a que aquéllos se encuentran en una posición económica y jurídica desventajosa, siendo que las autoridades deben interpretar las leyes favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. En relación con lo vertido, resulta importante traer a colación la tesis con registro 2001919, de rubro: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL." En efecto, esencialmente resulta fundada la argumentación opuesta como concepto de violación sintetizada al principio del presente considerando, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Es así, pues el descuento a los pensionados o pensionistas, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, en términos de la fracción I del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, vulnera el derecho a la seguridad social, ya que dicha norma local, conforme al criterio del Alto Tribunal, establece una medida contraria a los derechos a la igualdad y no discriminación, reconocidos en los artículos 116, fracción VI y 123, apartados A, fracción XXIX y B, fracción XI, de la Constitución Federal, al no estar constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados para contribuir a las prestaciones de seguridad social, a las cuales ya cotizaron como trabajadores en activo, por lo que debe cesar su aplicación por parte de la autoridad administrativa. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro dice: "DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J.27/2016 (10a.)]" Además, en ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de octubre de dos mil quince, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, consideró entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos. (Artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. "Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: "I. Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y "II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. "Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. "Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumenta el salario mínimo general de la zona. Agrega el argumento de que la finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados. Lo anterior es fundado, ya que la norma reclamada aplica deducciones a los trabajadores en activo así como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente. De un análisis de los artículos constitucionales y convencionales citados por el promovente, se advierte que los mismos se refieren de manera principal al principio de igualdad y no discriminación y en específico al artículo 123, donde se establecen las bases mínimas para la seguridad social, fijándose los rubros mínimos que ésta debe de cubrir, que incluyen el concepto de jubilación. Por su parte, este Tribunal encuentra que los artículos 26, 28 y 29 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,(12) establecen que la edad prescrita para acceder a las prestaciones de vejez no deberá exceder de una cierta edad (75 años) y que tiene un mínimo de años de cotización. Todos los demás elementos que se contienen en el apartado B del artículo 123, se refieren a derechos, garantías y bases mínimas de los trabajadores en activo, tales como: duración de la jornada diaria, días de descanso, vacaciones, escalafón, salarios, etcétera, los cuales no aplican ya a los jubilados o pensionados. Así, resulta evidente para este Tribunal que la situación de trabajador en activo es un rango de edades y de años laborales en los que el trabajador se desarrolla con ciertos derechos y expectativas que en el momento en el que su vida laboral activa termina desaparecen. En el caso de Baja California, todo trabajador al servicio del Estado debe aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, que sirve para cubrir seguro médico y de maternidad, y otras prestaciones de seguridad social. Por su parte, los pensionados y pensionistas deberán cubrir al instituto un porcentaje de su pensión -cuyas cuotas serán determinadas en las leyes correspondientes- que será destinado para cubrir diversos gastos y servicios del instituto. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, este Tribunal Pleno determinó que el descuento de montos de las pensiones que corresponden a los pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado. Tenemos que a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, ya que su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización y ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, por lo que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Finalmente, la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, en este caso por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión o, es durante el transcurso de su vida activa y no cuando ya está en esa condición de pensionado, esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Se advierte que el artículo 2o., fracciones XI y XII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y pensionistas, al determinar que los primeros son los trabajadores retirados definitivamente, mientras que los segundos son las personas que reciben el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del trabajador fallecido o pensionado fallecido.(13) Esta distinción no modifica el análisis de igualdad a realizar, toda vez que ambas categorías están constituidas por beneficiarios que tienen el derecho a recibir una pensión en términos de ley por el simple hecho de que el trabajador realizó las aportaciones correspondientes al régimen de pensiones. Por tanto, se entiende que el reclamo aplica para los beneficiarios de una pensión, independientemente de si se trata del trabajador jubilado directamente o de alguno de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, los pensionados o pensionistas se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y no existe una justificación constitucional que permita que a estos individuos que se encuentran en situaciones distintas se les trate de la misma manera, cobrándoles para el pago de sus mismas pensiones. El artículo 1o. de la Constitución, en sus párrafos primero y quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ya analizado del artículo 123. Sin embargo, este Tribunal considera que esta justificación no se encuentra en la Constitución Federal, ni es posible desprenderla de las convenciones aplicables al caso que se analiza. No se desconoce que la reforma se haya justificado por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo, si bien es una situación de suma gravedad sobre la cual se deben encontrar soluciones, no constituye una finalidad constitucional legítima para limitar o desaparecer la distinción analizada entre jubilados o pensionados y trabajadores en activo y generar un trato igual en lo que corresponde a las aportaciones para el fondo de pensiones del Estado. La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. Cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas.(15) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretenda hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. Los pensionados aportaron durante toda su vida para recibir un beneficio en forma de una pensión por retiro, razón por la cual no es posible exigir que sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros servicios, tal y como lo hacían cuando tenían el estatus de trabajadores. La circunstancia de establecer la obligación a los pensionados o pensionistas de contribuir al propio sistema de pensiones va en contra la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido que consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En este sentido, los costos para sostener el sistema (servicios, pensiones, gastos administrativos, etc.) deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto significa que se debe excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. De este modo, al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y los pensionados/pensionistas y no encontrarse una justificación constitucionalmente legítima para un trato que no reconozca esta diferencia, este tribunal considera que este concepto de invalidez es fundado y, por tanto, debe declararse la invalidez del párrafo tercero y párrafo cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Ver votación 5 (.) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.), cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas se advierte que el Pleno del Máximo tribunal del país retomó el criterio que sustentó al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, en el sentido de que en un sistema de pensiones solidario por beneficio definido, resulta violatorio de los principios de igualdad y de previsión social, obligar al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, porque su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuye ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada; de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Además, que la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no cuando está en la condición de pensionado; esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Dicho criterio, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo hizo extensivo a todas las cuestiones atinentes a servicios que incluye el régimen obligatorio para los trabajadores en activo, como son los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, y demás prestaciones o servicios de seguridad social señaladas en la ley. Lo anterior, porque estableció que al ser la ley examinada, de beneficio definido conforme a las fórmulas en ella contenidas, tornaba muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuento sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión fijados previamente. Precisó que cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él no está participando activamente, sino pasivamente. Por ello, el Alto Tribunal estableció que al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Lo anterior, al margen de que los porcentajes de descuentos para una y otra categoría sean distintos, porque el problema de constitucionalidad reside en que se le aplican descuentos a pensionados o pensionistas, lo que se considera contrario a la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido, el cual consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En ese contexto, el Alto Tribunal del País sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley -entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Situación que llevó al Tribunal Pleno a declarar la invalidez de las normas reclamadas y, por extensión, de todas aquéllas en que se viera reflejada la obligación de los pensionados o pensionistas de realizar aportaciones para sostener de manera integral el sistema de pensiones y las prestaciones o servicios de seguridad social que ello conlleva. Ahora, en el presente caso, la Ley del ISSSTESON participa del carácter solidario en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, lo cual se advierte de sus artículos 16 y 21, conforme a los cuales, en su financiamiento confluyen las aportaciones del trabajador y el Estado-patrón. Asimismo, el sistema de pensiones en el Estado de Sonora, al igual que en el Estado de Baja California, también es de beneficio definido, pues conforme a los artículos 59 y 59 Bis de la Ley del ISSSTESON, el derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en la propia ley y satisfacen los requisitos correspondientes, y los montos otorgados por este concepto se incrementarán solamente en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Además, para garantizar el monto de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de los demás servicios o prestaciones de seguridad social a que son acreedores sus beneficiarios, se constituye el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, el cual es administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación está prevista en el acto jurídico de su constitución. En ese contexto, conforme a la Ley del ISSSTESON cabe concluir que una vez que el trabajador en activo cumple los requisitos señalados para obtener el derecho a una pensión, se hace acreedor a la obtención de la percepción respectiva, o bien, en su caso el beneficiario o beneficiarios, y que se cuantifica en función de la antigüedad en el servicio público y al monto de las cotizaciones enteradas al Instituto del trabajador del que se origina el derecho pensionario; sin posibilidad alguna de obtener ingresos adicionales y aspirar a aumentar su categoría como sucede en tratándose de los trabajadores en activo, aunado a que la obtención de esa pensión es incompatible con el desempeño del trabajo remunerado. Ahora, el artículo 25 de la Ley del ISSSTESON establece lo siguiente: "Artículo 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será hecho por el Instituto; II. Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que corresponda. Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.". Como se advierte, la citada porción normativa impone al pensionado la obligación de aportar el siete por ciento de su pensión para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. En ese contexto, de acuerdo con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, las cuales resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, debe concluirse que con la imposición de la citada obligación se violan en perjuicio del aquí quejoso los principios de igualdad y previsión social establecidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, de la Ley Fundamental, por cuanto que, al margen de las diferencias de las cuotas impuestas entre los trabajadores en activo y pensionados, se otorga un trato similar a personas que se encuentran en situaciones jurídicas distintas. Situación que amerita la exclusión absoluta del aquí quejoso del régimen que le obliga a aportar un porcentaje de su pensión para destinarlo a la prestación del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad o servicio médico, ya que de lo contrario, éste se convertiría en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario, según razonó el más Alto Tribunal del País. Ahora bien, cabe destacar que el Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, llegó a la conclusión de que los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo declarado inconstitucional, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquél en el que cronológicamente se aplicó por primera vez al quejoso el precepto tildado de inconstitucional, sino aquél respecto del que tuvo conocimiento de que se materializó en su perjuicio. Así, dicho Pleno argumentó que, lo anterior, además es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a partir de la fecha en que la parte inconforme manifestó que tuvo pleno conocimiento de la individualización de la norma general en su perjuicio. VI. Decisión: En tal virtud, como el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON resulta violatorio de los principios de igualdad y previsión social contenidos en los artículos 1 y 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación contenida en el precepto legal reclamado, de aportar una cuota del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente dicho precepto. 2. Se devuelva al quejoso, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que a la fecha le hayan sido descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio -trece de marzo de dos mil veintitrés-, hasta el último descuento que se le haya efectuado. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que como lo estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 124/2017 y reasunción de competencia 147/2019 anteriormente mencionados, es factible conceder el amparo en contra de la aplicación subsecuente de los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social, al revertirle la característica de ser inminentes, por ser actos reclamados expresamente en el presente juicio, cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada. Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por el quejoso, pues no le causarían mayor beneficio al ya otorgado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Alfonso Gómez López, respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos II y III, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos V y VI, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 12045, 12046, 12047, 12048 y 12049, se asienta para constancia.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del gobernador del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el director general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, en representación del gobernador del Estado, dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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