Alfonso Gómez Jiménez y Otros.

Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Gómez Jiménez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación precedente, de la cual se advierte ha transcurrido el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y apareciendo de autos que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído dictado el diez de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales. ARCHIVO. Tomando en cuenta que del estado de autos se evidencia no hay diligencia o trámite por realizar; con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, se considera susceptible la destrucción de este expediente, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se deja de proveer al respecto, en razón a que no se aperturó incidente de suspensión. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta, 14733/2021, signado de manera electrónica por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, con evidencia criptográfica, con el cual remite, por conocimiento previo, a este órgano jurisdiccional el original de la demanda de amparo indirecto que radicó bajo el número 287/2021-IV, de su estadística, promovido por Alfonso Gómez Jiménez y Javier Jiménez Guzmán y nueve copias de la misma. I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se acepta la competencia declinada y este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda remitida. Acúsese de recibo al Juzgado oficiante a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo indirecto 336/2021-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la ley de la materia,1 impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas; y Alcaide de Cárceles del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número Doce en Yajalón, Chiapas: a) El auto de formal prisión dictado a los quejosos el tres de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal 196/2008, por los delitos de atentados contra la paz y seguridad corporal del Estado y patrimonial de la colectividad y del Estado; y b) Su ejecución. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia,3 misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto a los actos que reclaman los promoventes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.4 De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. Ahora bien, previo al análisis de los requisitos anunciados, es necesario establecer que este órgano jurisdiccional, trae como hecho notorio el juicio de amparo 401/2020, del índice de este juzgado; ello en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,5 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su artículo 2. Apoya la anterior consideración por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." 6 Del juicio de amparo 401/2020 en cita se advierte, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. Fue promovido por Alfonso Gómez Jiménez y Javier Jiménez Guzmán, señalando como acto reclamado lo siguiente: ? Auto de formal prisión dictado el diecinueve de abril del dos mil veinte, dictado dentro del expediente 196/2008, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas. 3. El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia en dicho juicio en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal. En el caso, se colman el primer requisito para ser un acto consentido, referente a la existencia del acto reclamado, pues, el seis de abril de dos mil veintiuno, le fue notificado a los quejosos en el juicio de amparo 401/2020, de este mismo índice, la determinación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se les hizo de su conocimiento que las autoridades responsables informaron sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el juicio de amparo 401/2021, de este mismo índice, asimismo, se hizo del conocimiento a estos, concediéndoles en termino de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, hecho advertido de los antecedentes narrados en su escrito de demanda y de la constancia de notificación que se advierte en el multicitado juicio de amparo 401/2021, de este mismo índice, el cual se trae a la vista como hecho notorio. La segunda exigencia, relativa a que el acto reclamado le cause un agravio a los quejosos, queda satisfecha, pues de los autos del juicio de amparo 401/2020, de este índice, y de sus propias manifestaciones, se aprecia que se le dictó auto de formal prisión dictado el tres de marzo de dos mil veintiuno en la causa penal 196/2008, que causa agravio a los quejosos. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo,7 éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley,8 establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.9 Así, debe aclararse que los impetrantes de amparo tuvieron conocimiento del acto que por esta vía se combate, el seis de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, la demanda de amparo es extemporánea, pues así se advierte de las constancias integrantes del precitado juicio de amparo. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: En efecto, si los quejosos conocieron el acto reclamado desde el seis de abril de dos mil veintiuno, a dicho acto le es aplicable el término de quince días establecido en el referido numeral 17, de conformidad con lo sustentado por nuestro máximo tribunal. Por lo cual, la parte quejosa tenía quince días hábiles a partir de esa data para combatir el acto que ahora reclama, pues fue la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo. Así, los quejosos presentaron la demanda de cuenta el veintinueve de abril de dos mil veintiuno; por tanto ya habían fenecido los quince días de que disponía para promover el juicio de amparo en contra del acto reclamado. En efecto, el término para presentar la demanda de amparo inició el siete de abril de dos mil veintiuno y venció el veintisiete siguiente, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo,10 y el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.11 Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 1 2 3 4 5 6 Notificación amparo 401/2020 7 inicia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Termina cómputo 15 días. 28 29 Presentación de demanda 287/2021, del índice del juzgado quinto de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas, ahora 336/2021, de nuestro índice. 30 10 A) Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. B) Plazo de quince días para promover el juicio de amparo. C) Días inhábiles. Por lo que, si los solicitantes de amparo combatieron por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, fecha en que presentaron su demanda de amparo, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la Ley de Amparo. No se soslaya lo aducido por los quejosos en el sentido de que el acto reclamado les fue notificado el catorce de abril de dos mil veintiuno, a través de notificación realizada por este Juzgado de Distrito en el diverso juicio 401/2020, mediante el cual se le notificó la determinación de que el fallo protector fue declarado cumplido; sin embargo, ello es incorrecto, en virtud de que contrario a lo que aducen los quejosos, el plazo de quince días empezó a computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos de la notificación del diverso acuerdo por el que se notificó el cumplimiento a la sentencia de amparo dictadas por las responsables, en el que se advierte el nuevo acto reclamado, pues ese es el momento en que estos tuvieron conocimiento del acto reclamado, y no así hasta que se le notificó el acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.12 Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito de la parte quejosa, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo.13 IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Alfonso Gómez Jimenez y Javier Jiménez Guzmán, por los motivos expuestos con anterioridad.DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso.14 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el ubicado en cuarta Oriente Sur, número 448, barrio San Roque, de Tuxtla Gutiérrez. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de amparo a Samuel Méndez López, Gabriel Gómez Alonso, Candelaria Hernández Guillen, Pedro Gutiérrez Sánchez, Mateo Díaz López, así como Erick Wenceslao Gómez Cruz, por tener registrada su cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación; con respecto a Karla Janeth Montoya Moreno, Pablo Jesús Gómez López y Olivero Díaz López, únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con los artículos 12, segundo párrafo y 24, de la Ley de Amparo, toda vez que no cumplen con el requisito mencionado en líneas que anteceden. Ahora, en caso de ser necesario, los actuarios de la adscripción podrán establecer contacto en los números telefónicos y correo electrónico proporcionado por los promoventes; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en razón de ser estos medios no procesales de comunicación. VII. OFICIO COMPENSATORIO. Comuníquese esta determinación a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, en Cintalapa de Figueroa, a fin de que se realice el registro y la compensación correspondiente, equilibrando así las cargas de trabajo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. VIII. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a los promoventes el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."15 IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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