Alfonso Gómez García

Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
18/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Alfonso Gómez García
  • ALFONSO GÓMEZ GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la tercera interesada fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de enero de dos mil dieciocho, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar a dicha parte procesal las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal mediante lista que se publique en este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad o zona conurbada.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito signado por la tercera interesada María del Rocio de Teresa Castro. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Con fundamento en el numeral en cita, se tiene por autorizadas a las personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se acredite que están legamente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Finalmente, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la tercera interesada en el escrito de cuenta.

  3. Principal

    Con fundamento lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXXX, por derecho propio, contra actos del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 18/2019. No se tramita incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Dése al Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. Ahora bien, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, remitiéndoles para tal efecto copia simple de la demanda de amparo, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias tomadas en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o al número de fax 01 222 303 72 00 extensión 1856, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso c) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pásense los autos al Actuario, para que emplace a este juicio de amparo en carácter de terceras interesadas a María del Rocío de Teresa Castro y Cecilia Montaño Silveti, en el domicilio ubicado en once sur 1708, torre "C", piso ocho de Puebla Capital, corriéndoles traslado con copia certificada de la demanda de amparo y copia autorizada de este proveído; asimismo, les haga saber el derecho que tienen de apersonarse a juicio y hagan valer lo que a su interés convenga, así como las requiera para que en el término de tres días a partir de que sean notificadas señalen domicilio en esta localidad o en la zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor; iguamente les haga saber la fecha asignada para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón al artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos municipios aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoalt; en consecuencia se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se tienen por autorizados a Daniel Viviano Sevilla, Miguel Morales Trejo, Yaudín Fernando Pérez Merino, Adriana González Franco, Emmanuel Iván Pastor Téllez y Abraham Maldonado Tula, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, y a las demás personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa y por autorizado para tal efecto a la persona que designa. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero pasado; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

  4. Principal

    Con fundamento lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXXX, por derecho propio, contra actos del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 18/2019. No se tramita incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Dése al Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. Ahora bien, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, remitiéndoles para tal efecto copia simple de la demanda de amparo, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias tomadas en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o al número de fax 01 222 303 72 00 extensión 1856, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso c) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pásense los autos al Actuario, para que emplace a este juicio de amparo en carácter de terceras interesadas a María del Rocío de Teresa Castro y Cecilia Montaño Silveti, en el domicilio ubicado en once sur 1708, torre "C", piso ocho de Puebla Capital, corriéndoles traslado con copia certificada de la demanda de amparo y copia autorizada de este proveído; asimismo, les haga saber el derecho que tienen de apersonarse a juicio y hagan valer lo que a su interés convenga, así como las requiera para que en el término de tres días a partir de que sean notificadas señalen domicilio en esta localidad o en la zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor; iguamente les haga saber la fecha asignada para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón al artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos municipios aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoalt; en consecuencia se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se tienen por autorizados a Daniel Viviano Sevilla, Miguel Morales Trejo, Yaudín Fernando Pérez Merino, Adriana González Franco, Emmanuel Iván Pastor Téllez y Abraham Maldonado Tula, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, y a las demás personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa y por autorizado para tal efecto a la persona que designa. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero pasado; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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