Alfonso Gerardo Cervera Arriaga

Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
758/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Gerardo Cervera Arriaga

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de quince de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la presente demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA***EL PROVEÍDO DICTADO EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, quince de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Irapuato, Estado de Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 758/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte promovente medularmente reclama: La resolución de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por el -aquí quejoso- contra de la determinación de veintinueve de abril del presente año, que resolvió el recurso de revocación, en la que se confirmó el auto de veintitrés de marzo del citado año, en el que se reprograma nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de pruebas relativas al incidente de ejecución de sentencia. De lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que refiere (.). La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes (.). Sobre esa base, resulta importante mencionar, que el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé la denegada apelación, con el que se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto confirmar o revocar la determinación adoptada por el inferior, en la que no admitió el recuro de apelación. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por lo anterior, es incuestionable que el solicitante de la protección constitucional, al ser parte actora en el juicio natural, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Lo anterior, tomando en consideración que el aquí quejoso, al ser parte, se encontraba en plenitud de hacer valer el recurso indicado. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: (.) De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: (.). Por lo anterior, es incuestionable que el solicitante de la protección constitucional, al ser parte en el juicio de origen, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Ello, puesto que no se actualiza algún caso de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, ni mucho menos por equiparación, pues es la parte actora en el juicio de origen, como se advierte en su escrito de demanda. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice (.) De modo que, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que el quejoso debió promover el recurso de denegada apelación, para combatir el acto reclamado, previo a acudir a esta instancia constitucional. Expuesto lo anterior, es claro que el promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dado que el acto reclamado derivado del juicio ****, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Segunda causa de improcedencia: Sin perjuicio de lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: (.) De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones que en un trámite o procedimiento no sean de imposible reparación, es decir, que no trasciendan de manera real y actual a derechos sustantivos, sino que esa afectación sea meramente procesal y que dependa del resultado de la resolución. De manera que si trascienden al fondo de lo resuelto, pueden ser impugnadas como violaciones procesales a través del amparo promovido en contra de esa determinación final. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor (.). Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito de demanda y aclaratorio, consisten en los siguientes: 1. La parte quejosa es parte en el juicio oral ordinario de Divorcio Necesario ****, en el que se dictó sentencia. 2. En etapa de ejecución, se ordenó admitir a trámite incidente de ejecución de sentencia, procediéndose a señalar las catorce horas del cuatro de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de pruebas, la que posteriormente se fijó para el veinticinco siguiente. 3. Por lo que mediate auto veintiocho de marzo del presente año, con motivo de la imposibilidad señalada por su contraparte, se reprogramó la citada audiencia para las catorce horas del siete de abril del referido año. 4. Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revocación que, previa substanciación, en interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se determinó confirmar el auto impugnado. 5. Por lo que, contra dicha determinación interpuso recurso de apelación, el que por auto de nueve mayo del presente año, le fue desechado. Resolución que constituye el acto reclamado. Sobre esa base, a las manifestaciones vertidas por el quejoso en la demanda y escrito aclaratorio, se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice (.) De lo expuesto, respecto del acto en estudio, se actualiza la causal invocada, en virtud de que el solicitante del amparo fue llamado a juicio como actor, por lo que es parte formal y material en el juicio de origen, y el acto se dictó dentro del procedimiento del incidente de liquidación, sin que sea la resolución última y sin que tenga efectos de imposible reparación. En este caso, los efectos del acto, relacionados con la programación de fecha de audiencia, solo son de naturaleza procesal o adjetiva, pues como se precisó, a través del acto reclamado, el juez del conocimiento desechó el recurso de apelación interpuesto contra de la determinación que resolvió el recurso de revocación, en la que se confirmó el auto por el que se reprograma nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas relativas al incidente de ejecución de sentencia. De modo que el amparo indirecto, solo procedería en contra de la resolución última del incidente y, de considerarlo, a través de ese juicio constitucional podrían hacerse valer las violaciones procesales intermedias; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ****, se le tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta; mientras que a las diversas personas que se señala, en términos restringidos del referido numeral, por así solicitarlo expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte quejosa proporcionó un correo electrónico en la etiqueta con la que se presentó la presente demanda, la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para ello, deberán cumplir con los requisitos que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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