Alfonso Gasca Juárez

Expediente 305/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Edgar César González Camacho
  • Alfonso Gasca Juárez
  • Luis Enrique Camacho Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Causa estado y se ordena archivo

  2. Principal

    En ese contexto, con la certificación de cuenta, los antecedentes narrados con anterioridad y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, se concluye que en el caso resulta procedente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento alguno respecto de la audiencia constitucional, toda vez que desde auto del nueve de mayo de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la audiencia constitucional señalada y, este órgano jurisdiccional se abstuvo de fijar una nueva fecha para su celebración hasta en tanto se lograra el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo cual en el caso en específico no ocurrió por los motivos expuestos en párrafos que anteceden..

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Carlos Alberto González Vilchis, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la publicación de edictos que fue ordenada a su cargo. En atención a éstas, dígasele que deberá acreditar que los aquí quejosos carecen de recursos para realizar la diligencia que les fue encomendada, ya que no basta que manifieste bajo protesta decir verdad que no cuenta con los medios para ello, deberán aportar más elementos que le permitan establecer a este Juzgador que se encuentran imposibilitados para continuar con dicho trámite; y, entonces, se procederá conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior no implica que se les esté transgrediendo su derecho fundamental de acceso a la justicia, ni contraviniendo uno de los principios que rigen en sistema de impartición de justicia, como lo es ser gratuito, ya que acorde a lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, es una carga procesal que le corresponde cumplir a los accionantes del amparo. Tiene sustento a lo anterior la tesis VI.1o.P.32 P (10a.), con registro digital 2012082, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2146, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido." Así como, las siguientes tesis: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006231, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 3/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 727, Tipo: Jurisprudencia). "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2009913, Instancia: Pleno, Décima Época Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 22/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 24, Tipo: Jurisprudencia)" Por otro lado, se tiene al promovente solicitando que se autorice el acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, en términos de los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza únicamente el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, sin lugar a notificarse por dicho medio, dado que no lo solicitó. Se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "DEVIL", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, se le tiene señalando el correo electrónico valorderecho@hotmail.com; lo anterior para los efectos legales conducentes, en términos del punto 8 de la Circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, ..., en atención a lo acordado en párrafos que anteceden, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, a las nueve horas con treinta y tres minutos del uno de junio de dos mil veintidós, debiéndose fijar nueva fecha, una vez que transcurra el término del emplazamiento a los referidos terceros interesados de que se trata, respecto a lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado; lo anterior para los efectos legales correspondientes.

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