Alfonso García Ramírez

Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
703/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Alfonso García Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto, y se registró bajo el amparo en revisión 189/2020. Lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO DE 02/10/2020, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 29/09/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 703/2020-III, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, en el capítulo correspondiente, el cual con fundamento en el artículo 108, fracción V, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, mismos que gozan de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: El remate en primera y pública almoneda celebrado el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente ***, del índice del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Juicios Orales Mercantiles del Distrito Judicial de Querétaro. DESECHAMIENTO. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en líneas arriba, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. Por su parte, el párrafo tercero de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de bienes rematados; determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente, pudiéndose reclamar en ese momento las violaciones cometidas en el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa el quejoso y transciendan al resultado de la resolución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustenta por la Primera Sala del máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En esa medida, el acto reclamado dentro del presente juicio, en el que se ordenó el remate del bien inmueble del quejoso, en primera y pública almoneda, no constituye la última resolución dentro del procedimiento de remate, pues como ya se vio, en dichos procedimientos, el juicio de amparo únicamente es procedente contra la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de bienes rematados; determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente, pudiéndose reclamar en ese momento las violaciones cometidas en el procedimiento. Al efecto, el Máximo Tribunal del país indicó que la determinación que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. Asimismo, se indicó que el requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el Juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes. Señaló que con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Se indicó, que afirmar que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, por ende, no era el caso sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, en contra de los dos actos, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De igual forma se sostuvo, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el Juez lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la página 110, del Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, la cual establece: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En tales condiciones, el acto reclamado dentro del presente juicio, no constituye la última resolución dentro del procedimiento de remate; por tanto, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, promovida por ***términos del artículo 113 de la ley de Amparo, por los motivos anteriormente expuestos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos restringidos a ***, en virtud de que al realizar una búsqueda minuciosa en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales, no se encontraron registradas sus cédulas profesionales; sin perjuicio de que una vez que acrediten ser licenciados en derecho, se les conferirán las facultades que le fueron designadas y para oír y recibir notificaciones, a las personas que faculta, por así solicitarlo expresamente en su escrito de demanda. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. CAPTURA DE PROVEÍDO. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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