Alfonso Gallardo Duen

Expediente 551/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
551/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Gallardo Duen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja. Por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria pronunciada, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja administrativa civil número ********************, interpuesto por********************, por conducto de su autorizado ******************** en contra del auto dictado el cinco de julio de dos mil veintiuno, y devuelve los autos originales del juicio de amparo, acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase de conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de julio de dos mil veintiuno. ( Colegiado admite recurso de queja. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 5046/2021 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 551/2021-VI, así como del original y copia del escrito de agravios. Asimismo, informa que el quince de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Alfonso Gallardo Duen, en contra el auto dictado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; el cual quedó radicado en el toca de queja 89/2021 del registro del aludido tribunal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de julio de dos mil veintiuno. ( Se interpone recurso de queja. Visto lo de cuenta, intégrese al sumario el escrito suscrito por ********** autorizado en términos amplios del quejoso **********; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción l, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el ocurso de queja con copia simple para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, para la substanciación del referido medio de impugnación. Asimismo, en vía de informe, hágase del conocimiento de la Superioridad que mediante proveído de cinco de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo, promovida por **********; no obstante, se sostiene la legalidad de dicha determinación, al tenor de los fundamentos y razonamientos que en ésta se exponen. ( Cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con copia de las constancias conducentes y del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco Tlaxcala cinco de julio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ************** contra actos del Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragozacon residencia en Zacatelco Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 551/2021-VI. Se desecha demanda. Los artículos 112 primer párrafo y 113 ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto de oficio se advierte que respecto a las omisiones que se reclaman al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco Tlaxcala se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61 fracción XXIII en relación con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II de la Ley de Amparo que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se advierte por una parte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de los gobernados y por otra que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta promulga publica ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo pues así lo dispone el artículo 1º fracción I de la Ley de Amparo que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad esto es provenientes del poder público es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado por lo cual debe analizarse en cada caso si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 199459de rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. En otras palabras para atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad es decir que exista una relación de supra a subordinación que tiene como presupuesto que la quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior para lo cual debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 161133 de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular y no de coordinación. Al respecto la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que en su caso deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley encontrándose dentro de este tipo de relaciones las reguladas por el derecho civil mercantil agrario y laboral. Asimismo se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Ahora bien en el caso particular para determinar si los actos que el quejoso atribuye al Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco Tlaxcala pueden ser equivalentes a actos de autoridad debe atenderse al marco jurídico de la actuación de tales fedatarios públicos en el Estado de Tlaxcala para lo cual se citan los siguientes preceptos de la Ley del Notariado de esta Entidad Federativa: "Artículo 3. El ejercicio de la función notarial en el Estado de Tlaxcala es de orden público está a cargo del titular del Ejecutivo y por delegación se encomienda a profesionales del derecho en virtud de la patente que para tal efecto se les otorga de conformidad con lo establecido por esta Ley. La función notarial se forma por el conjunto de actos y hechos jurídicos que se pasan por la fe pública delegada a los notarios para asegurar su autenticación mediante el otorgamiento de instrumentos y la emisión de testimonios así como su archivo depósito o inscripción en el registro de la materia de conformidad con la competencia y concurrencia que establecen las leyes y disposiciones aplicables. Artículo 10. El Notario no será remunerado con cargo al erario del Estado; sus honorarios serán cubiertos por quienes soliciten sus servicios en los términos del Arancel vigente y en su defecto serán determinados por convenio con el solicitante. Artículo 14. En el Estado queda plenamente reconocido el principio de la libre elección del Notario en caso de discrepancia entre ellas será elegido por quien pague los honorarios. La facultad de elección de Notario excluye la posibilidad de imponer un Notario que no resida en la demarcación notarial en que se encuentren ubicados los bienes que son objeto del negocio jurídico que se deba formalizar. Artículo 56. Son obligaciones de los Notarios: I. Ejercer la función notarial con atención a los principios de legalidad rogación honradez probidad profesionalismo diligencia eficiencia e imparcialidad constituyéndose en consejero de quienes solicitan sus servicios. XIX. Dar a conocer a quien solicite sus servicios el monto de sus honorarios y una estimación de los gastos e impuestos que deban cubrirse debiendo en todo caso expedir recibos en los que se indique con precisión las cantidades recibidas y los conceptos a los que serán aplicadas. XX. Enterar los impuestos y derechos derivados de la prestación de los servicios notariales y. Lo resaltado es propio De lo anterior se colige que el Poder Ejecutivo del Estado delega su función notarial a particulares profesionales del derecho a quienes se les dota de fe pública; dicha fe pública implica entre otros aspectos dar autenticidad certeza jurídica fuerza probatoria fuerza ejecutiva y en su caso solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes que intervienen en las escrituras públicas. Así al ejercer su función el notario público autentica y da forma a los instrumentos donde consten los actos hechos o negocios jurídicos que celebren las partes que en ellos intervengan siempre a petición de éstas -principio de rogación-; por lo que incluso dichos fedatarios no recibe una remuneración por parte del Estado por sus labores sino que sus honorarios corren a cargo de quienes soliciten su servicio de ahí que las personas cuentan con total libertad para elegir al Notario Público que debe dar autenticidad a los actos en los que intervengan y requieran de fe pública. Ahora en cuanto a las contribuciones que se generen con motivo del acto jurídico que se autentifica destaca que los notarios públicos además de tener que retener y enterar dichas contribuciones tienen la obligación de dar a conocer a quien solicite sus servicios una estimación de los impuestos que deban cubrirse y expedir recibos en los que se indique las cantidades recibidas y los conceptos a los que serán aplicadas Asentado lo anterior en el caso concreto la parte quejosa reclama del Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco Tlaxcala los siguientes actos: La omisión de entregar la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto del bien inmueble adjudicado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro del juicio ejecutivo mercantil La omisión de expedir el recibo de honorarios correspondiente al pago del trámite de escrituración. La omisión de calcular y enterar la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Por tanto los actos que se reclaman del Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza Zacatelco Tlaxcala en tanto están constreñidos a la protocolización de una escritura pública no le otorgan la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo porque no dicta ordena ni ejecuta un acto que crea modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sino que únicamente actúa dentro del ámbito de coordinación que se generó entre un particular -que decide ante qué notario desea protocolizar cierto acto jurídico- y el propio fedatario que previo acuerdo de voluntades con el referido particular decide intervenir en dicha protocolización; es decir la intervención del notario público no ocurre sin que el particular decida su participación en la protocolización de que se trate de ahí que deba destacarse que su actuación no es unilateral -como sucede con las autoridades sino que es rogada o pedida por el gobernado que así lo decide. Por tanto los actos relacionados con dicha protocolozación como son la omisión de entregar del testimonio correspondiente de retención y entero de las contribuciones generadas así como de expedir los comprobantes correspondientes no se gestán dentro de una relación de subra a subordinación sino en una relación de coordinación entre particulares; cuyo incumplimiento debe someterse a los tribunales ordinarios o incluso a las instancias administrativas correspondientes. Sobre lo expuesto es iluistrativa la tesis aislada II.3o.C.4 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que dice: "Registro digital: 192034 Novena Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI Abril de 2000 página 971 NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades a virtud de una disposición jurisdiccional su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción en el juicio natural no actúa como autoridad para efectos del amparo sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende el juicio de amparo contra actos del notario público resulta improcedente. De igual manera apoya la postura adoptada el diverso criterio aislado contenido en la tesis Registro digital: 2010063 Décima Época Materias(s): Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22 Septiembre de 2015 Tomo III página 2091 NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o. fracción II de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad en cuanto crean modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido la intervención de un notario en la elaboración de una escritura no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo porque no dicta ordena ni ejecuta un acto que crea modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado creando modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones si bien es cierto que aunque el artículo 5o.fracción II de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí de manera unilateral para afectar la esfera jurídica de la quejosa máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. En efecto las omisiones reclamadas no pueden considerarse un acto de autoridad para efectos de este juicio pues a pesar de que en la Ley de Amparo se prevé un particular pueda emitir actos de autoridad para ello se precisa que la relación entre el particular imputado como autoridad y el gobernado sea de supra a subordinación y que la facultada ejercida entendida como aquella atribución que resiente de forma directa el gobernado tenga su nacimiento en la ley y que como resultado de dicha facultad se emita un acto unilateral a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas; lo que en la especie no acontece en tanto que la actuación de fedatario público señalado como responsable surge en un plano de coordinación en el que un particular solicitó su intervención para dar autenticidad a un acto jurídico. Conforme a la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala los notarios tienen una función de orden público toda vez que actúan por delegación del Estado con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como son la autenticidad certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; aunado a que son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y quienes pagan por éstos; por tanto la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado ni tiene los efectos de crear modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble o un poder general para actos de dominio no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice a la conclusión alcanzada la tesis aislada que invoca el promovente del amparo intitulada "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL"; debido a que esta no constituye un criterio obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y a pesar de que puede ser orientadora para resolver la cuestión que nos ocupa este Juzgado de Distrito no comparte el razonamiento ahí contenido. Por el contario con base en los criterios también aislados antes invocados se concuerda con el razonamiento relativo a que los notarios públicos cuando se les reclama alguna cuestión relacionada con la protocolización de una escritura pública no pueden considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De igual manera tampoco se inadvierte que en relación con la omisión de calcular y enterar la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que reclama la parte quejosa se citan diversos criterios que -bajo la apreciación del promovente implicarían que el Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco Tlaxcala realiza actos de autoridad. Sin embargo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que al efectuar la referida retención y entero de contribuciones no efectúan actos de autoridad dado que solo realizan actos en auxilio del fisco; sin perjuicio de considerar su intervención como el primer acto de aplicación de una norma último aspecto que en el caso resulta irrelevante dado que no se reclama la constitucionaliad de la norma que regula el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. El criterio aludido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con el artículo 5 fracción II segundo párrafo de la Ley de Amparo para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad esto es que dicte ordene ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria o bien que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio por lo general tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base cuando el notario público por disposición legal calcula retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Por tanto como se dijoen el caso particular el Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco Tlaxcala no realiza actos equivalentes a los de autoridad responsable; por lo que el juicio de amparo es improcedente conforme a lo previsto en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 5 fracción II ambos de la Ley de Amparo lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo en estudio. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos con el apercibimiento que de resultar inexacto la notificación del presente proveído y subsecuentes incluso las personales le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal en el expediente en que se actúa el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados en términos amplios. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo como a partir del tres de agosto de dos mil veinte entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte para el caso de que así lo deseen podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico) así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx) quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma" antes firma electrónica avanzada o "FIEL"de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo por lo que en este caso deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio que así lo ameriten y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse así como información confidencial o reservada como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley citada se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto de ser necesario sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

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