Alfonso Galicia Hernandez

Expediente 970/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
970/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Galicia Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, con relación al período de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 03 de agosto del 2020 al 30 de junio del 2021. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. En consecuencia, visto el estado de autos de los que se advierte que no obra constancia de la notificación del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, ante ello, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y a fin de no violentar el principio de seguridad jurídica en perjuicio de la parte quejoso, se ordena hacer la notificación correspondiente del citado auto.

  3. Principal

    (CITATIRIO)En veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, NOTIFICO personalmente a la parte quejosa parte quejosa Alfonso Galicia Hernández, el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte y doce de marzo del año en curso dictados por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo 970/2020-V, dictados por el juzgado de mi adscripción, por medio de lista y por lista en una página electrónica, por no haber acudido dentro de los dos días hábiles siguientes, al juzgado de mi adscripción a notificarse, a pesar de haberse dejado citatorio el veinte de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Alfonso Galicia Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 970/2020-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda que ahora se intenta, previamente debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará juez de distrito examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asimismo, el imperativo del artículo 113 de referencia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En esas condiciones, una vez analizada en su integridad la demanda, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu lo que trae como consecuencia el que se deba desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Así los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Ahora bien, se dice que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque el promovente, señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO SEÑALADO COMO RECLAMADO.-.la sentencia interlocutoria de fecha de quince de octubre de dos mil veinte, dictada con motivo del Recurso de Revocación interpuesto por el suscrito en mi carácter de actor en los autos del cuaderno principal de controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar sobre el Divorcio Incautado, Guarda, Custodia y Pensión Alimenticia, Incidente vía de Apremio en ejecución de Sentencia, para la venta que conformaron la Sociedad Conyugal de manera Judicial ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Chalco con residencia en Amecameca, Estado de México, bajo el expediente número 221/2013, promovida por el suscrito Alfonso Galicia Hernández, Sentencia que agravia los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales del suscrito". Previamente, debe apuntarse que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; por tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen imposible reparación, el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país estableció que debe entenderse como aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al impetrante, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior; por tanto, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del promovente, o no siéndolo, mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al respecto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Precisado lo anterior, cabe asentar que el acto que aquí reclama el solicitante del amparo, de la autoridad responsable, lo hace consistir en la resolución interlocutoria, que recayó en el recurso de revocación, promovido por el ahora quejoso, en contra del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que la responsable determinó que si bien ordenó la devolución de documentos y posteriormente su entrega, también hizo del conocimiento de las partes que estaban en aptitud de solicitar copia certificada de las escrituras, directamente ante la notaria que las expidió, acto que de ninguna manera le reviste la característica de irreparable; de ahí que el acto reclamado en la presente vía, de momento no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte promovente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, no existe afectación alguna a los derechos sustantivos del promovente que le cause imposible reparación, como lo pretende hacer valer en su demanda de amparo; pues para que lo anterior suceda, es necesario que la afectación de la que se duele trascienda a los derechos fundamentales del quejoso, tutelados por los derechos humanos como son la vida, la integridad corporal, la propiedad, la posesión, etcétera, para de ahí determinar que dicho acto efectivamente tiene una ejecución de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo; y no simplemente que el aludido acto tenga una consecuencia de carácter procesal como el caso a estudio, sino que es necesario, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales del quejoso, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, mientras la resolución emitida por la responsable, no produzca una afectación de tal naturaleza, como en el caso acontece, no puede ser considerado como de imposible reparación, como lo pretende hacer valer, pues incluso el Juez responsable en el acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, decretó: ".sin perjuicio de lo anterior, a efecto de que las partes obtengan las copias certificadas de las escrituras que a cada una se debe entregar de acuerdo al convenio aprobado en autos . expídase copias certificadas de las mismas, en el entendido que en todo caso se deja supeditado el derecho de ambas partes de obtenerlas directamente de la notaria que la expidió."; tal determinación tiene efectos meramente formales, es decir, no afectan de momento la esfera de los derechos sustantivos del peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C. J/2, Décima Época, visible en la página 1539, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que dicho acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del promovente, consagrado por los derechos humanos que la afecte de un modo irreparable; en virtud de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparados; lo que no ocurre en el caso, ya que se insiste las consecuencias que trae consigo el acto reclamado, sólo producen efectos intraprocesales que no son de imposible reparación. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, que promueve Alfonso Galicia Hernández, por resultar notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sustenta la anterior consideración el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, Tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" Toda vez que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley en la materia, háganse ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto subsane tal omisión. Sin embargo, dada la trascendencia de la presente determinación, por única ocasión se ordena a cualquiera de los actuarios constituirse en el domicilio ubicado en calle Melchor Ocampo, número 15, colonia Centro en Amecameca, Estado de México, y notifique personalmente al quejoso con copia de la presente determinación. Ahora, de ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, respecto al número de teléfono celular y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario Por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Rafael Hernández Chicas, pues comprueba tener registrada su cédula profesional de abogados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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