Alfonso Fonseca García
Expediente 944/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alfonso Fonseca García
- Alfonso Fonseca García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LOS AUTOS DE VEINTIDÓS, VEINTITRES VEINTICINCO, VEINTISEIS Y VEINTINUEVE TODOS DE JULIO Y DOS DE AGOSTO TODOS DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: MESA. II. Ciudad de México, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta signada por el quejoso Alfonso Fonseca García, en la que se advierte que al ser notificado de los autos de dieciséis y veintitrés de julio del año en curso, estampó de su puño y letra: "En este acto es mi deseo manifestar que el día 17 de julio de 2019, fui ingresado al centro Cevasep, por lo que fui víctima de azotes y torturas, por parte de Seguridad durante los días 17, 18 y 19 de julio y así pudiéndolos identificar si los viera, por lo que solicito al Señor Juez de Distrito que por su conducto se realicen las investigaciones de los hechos por los que fui víctima y se actué penalmente en contra de quien resulta responsable" Así mismo, la fedataria adscrita hizo constar que el quejoso a simple vista presenta un moretón muy visible y de color entre negro y morado, en el ojo derecho y en la pupila un derrame color rojo, un golpe en la sien derecha, una cicatriz en la frente justo en el centro, hinchada la nariz y justo en el área del tabique se aprecia una cicatriz, una protuberancia a la altura de la mandíbula y que en general presenta golpes en el cuerpo y moretones; así mismo, que el quejoso le manifestó que el día veinte de julio del año en curso, fue certificado por el médico de la institución en la mañana y en la noche y que el día veintitrés de julio de este año, tenía malestar en el oído, nariz y costilla y fue llevado a valoración a un hospital que al parecer fue el "hospital de la villa". En ese contexto, en relación a la petición del quejoso de que este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, investigue los hechos antes relatados, dígase que este Órgano de Control Constitucional, no está facultado para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, no obstante, se acuerda: Tomando en cuenta la interpretación constitucional que ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 1275/2014, 1915/2014 y 4106/2014, en sesiones de tres de septiembre y ocho de octubre de dos mil catorce y dieciocho de febrero de dos mil quince, respectivamente, constituye un imperativo para los órganos jurisdiccionales, ante el conocimiento de hechos vinculados a una posible tortura, dar vista a la autoridad ministerial para que investigue esos hechos, al constituir prácticas proscritas en la Constitución y en los Tratados de los que México es parte, de conformidad con el artículo 5, numerales 1 y 2, en relación con los diversos 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. XXI/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, página 233, que dice: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así mismo, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De La Octava Región, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Penal, página 1107, que dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. " Sobre esa base, dese vista de manera inmediata a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que dentro del marco de sus atribuciones, emprenda las gestiones para la investigación de los hechos, la cual sobra decir, debe ser minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen delos azotes y tortura física que dice sufrir el quejoso; identificar a los responsables y en su caso, iniciar su procesamiento a efecto de reparar cualquier acto de tortura. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste", mediante los informa que el diecisiete de julio del año en curso, egresó de dicho centro penitenciario el quejoso Alfonso Fonseca García, para ser ingresado al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, con los oficios remitidos por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (de catorce y diecinueve de julio del año en curso), el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (de veinte de mayo del año en curso), el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" (de dieciocho de julio de dos mil diecinueve) y la Subdirectora Jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (de dieciocho de julio de dos mil diecinueve), por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirectora Jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ya que respecto del mismo se proveyó lo conducente el veintidós de julio pasado. MESA. II. Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal de cuenta se advierte que al ser notificada del proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público de la Federación, solicitó copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo a partir de la foja 517, a efecto de remitirlas al órgano competente encargado de emprender la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura. En virtud de lo anterior, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su oportunidad, expídase copia certificada de las constancias que solicita, la cual podrá obtener y recoger en cualquier día y hora laborable, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia. Notifíquese personalmente. MESA. II. Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en atención a la vista dada en proveído de veinticinco de julio pasado, remite copia del acuse de recibo del oficio 69/2019, dirigido al Encargado de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Licenciado Luis Eduardo Poletti Vega, por medio del cual le remitió copia certificada de diversas constancias del presente Juicio de Amparo. Lo anterior a efecto de que sea esa autoridad la que inicie la investigación respectiva en relación con la posible comisión del delito de tortura al aquí quejoso Alfonso Fonseca García; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. MESA.II. Ciudad de México, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la notificación que antecede se advierte que la parte quejosa fue notificada por lista que se pública en este Juzgado, de los proveídos de veinticinco, veintiséis y veintinueve del mes y año en curso, en virtud de que se le fijó un aviso en el domicilio señalado en la demanda de amparo, para que comparecieran sus autorizados ante este órgano jurisdiccional a notificarse de los citados acuerdos; sin embargo, del estado de autos se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I en esta Ciudad. Asimismo, de autos se desprende que el veintiocho de julio del año en curso, el quejoso Alfonso Fonseca García, al ser notificado en el citado centro carcelario de los autos de dieciséis y veintitrés de julio del año en curso, ante la fedataria judicial adscrita a este Juzgado manifestó, ser víctima de hechos que pudiera ser constitutivos del delito de tortura. En virtud de lo anterior, a efecto de notificar al quejoso las gestiones que este órgano jurisdiccional en el ámbito de su competencia ha realizado a fin de determinar la naturaleza y origen de la tortura física que refiere y tomando en consideración está privado de la libertad en el interior del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I en esta Ciudad, túrnese el expediente a la actuaria judicial de la adscripción que corresponda, para que notifique los citados acuerdos y los subsecuentes al quejoso en el centro de reclusión en que se encuentra. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración que no fue posible notificar a los autorizados de la parte quejosa en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda y que al estar privado de su libertad forma parte de un grupo vulnerable conforme al Capítulo I, Sección 2a. "Beneficiarios de las Reglas", punto 10, "Privación de libertad", reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, se comisiona a la Actuaria Judicial que corresponda, a efecto de que se constituya nuevamente en el domicilio que el quejoso señaló en su escrito inicial de demanda y notifique los proveídos de veintidós, veintitrés, veinticinco, veintiséis y veintinueve de julio del año en curso.
- Principal
MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LOS AUTOS DE VEINTICINCO, VEINTISEIS Y VEINTINUEVE TODOS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: MESA. II. Ciudad de México, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta signada por el quejoso Alfonso Fonseca García, en la que se advierte que al ser notificado de los autos de dieciséis y veintitrés de julio del año en curso, estampó de su puño y letra: "En este acto es mi deseo manifestar que el día 17 de julio de 2019, fui ingresado al centro Cevasep, por lo que fui víctima de azotes y torturas, por parte de Seguridad durante los días 17, 18 y 19 de julio y así pudiéndolos identificar si los viera, por lo que solicito al Señor Juez de Distrito que por su conducto se realicen las investigaciones de los hechos por los que fui víctima y se actué penalmente en contra de quien resulta responsable" Así mismo, la fedataria adscrita hizo constar que el quejoso a simple vista presenta un moretón muy visible y de color entre negro y morado, en el ojo derecho y en la pupila un derrame color rojo, un golpe en la sien derecha, una cicatriz en la frente justo en el centro, hinchada la nariz y justo en el área del tabique se aprecia una cicatriz, una protuberancia a la altura de la mandíbula y que en general presenta golpes en el cuerpo y moretones; así mismo, que el quejoso le manifestó que el día veinte de julio del año en curso, fue certificado por el médico de la institución en la mañana y en la noche y que el día veintitrés de julio de este año, tenía malestar en el oído, nariz y costilla y fue llevado a valoración a un hospital que al parecer fue el "hospital de la villa". En ese contexto, en relación a la petición del quejoso de que este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, investigue los hechos antes relatados, dígase que este Órgano de Control Constitucional, no está facultado para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, no obstante, se acuerda: Tomando en cuenta la interpretación constitucional que ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 1275/2014, 1915/2014 y 4106/2014, en sesiones de tres de septiembre y ocho de octubre de dos mil catorce y dieciocho de febrero de dos mil quince, respectivamente, constituye un imperativo para los órganos jurisdiccionales, ante el conocimiento de hechos vinculados a una posible tortura, dar vista a la autoridad ministerial para que investigue esos hechos, al constituir prácticas proscritas en la Constitución y en los Tratados de los que México es parte, de conformidad con el artículo 5, numerales 1 y 2, en relación con los diversos 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. XXI/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, página 233, que dice: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así mismo, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De La Octava Región, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Penal, página 1107, que dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. " Sobre esa base, dese vista de manera inmediata a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que dentro del marco de sus atribuciones, emprenda las gestiones para la investigación de los hechos, la cual sobra decir, debe ser minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen delos azotes y tortura física que dice sufrir el quejoso; identificar a los responsables y en su caso, iniciar su procesamiento a efecto de reparar cualquier acto de tortura. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste", mediante los informa que el diecisiete de julio del año en curso, egresó de dicho centro penitenciario el quejoso Alfonso Fonseca García, para ser ingresado al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, con los oficios remitidos por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (de catorce y diecinueve de julio del año en curso), el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (de veinte de mayo del año en curso), el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" (de dieciocho de julio de dos mil diecinueve) y la Subdirectora Jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (de dieciocho de julio de dos mil diecinueve), por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirectora Jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ya que respecto del mismo se proveyó lo conducente el veintidós de julio pasado. MESA. II. Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal de cuenta se advierte que al ser notificada del proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público de la Federación, solicitó copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo a partir de la foja 517, a efecto de remitirlas al órgano competente encargado de emprender la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura. En virtud de lo anterior, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su oportunidad, expídase copia certificada de las constancias que solicita, la cual podrá obtener y recoger en cualquier día y hora laborable, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia. Notifíquese personalmente. MESA. II. Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en atención a la vista dada en proveído de veinticinco de julio pasado, remite copia del acuse de recibo del oficio 69/2019, dirigido al Encargado de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Licenciado Luis Eduardo Poletti Vega, por medio del cual le remitió copia certificada de diversas constancias del presente Juicio de Amparo. Lo anterior a efecto de que sea esa autoridad la que inicie la investigación respectiva en relación con la posible comisión del delito de tortura al aquí quejoso Alfonso Fonseca García; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA. II. Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta remitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; atento a lo anterior, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", informe el cumplimiento dado al fallo protector. Por otra parte, glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 349/2019-II-B de este Juzgado, enviado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de dieciséis de julio del año en curso, en virtud de que el actuario judicial del Juzgado exhortante fue informado que el aquí quejoso, el diecisiete del mes y año en curso, fue trasladado al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, con residencia en esta ciudad. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dar de baja la comunicación de mérito. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que notifique a ********************, el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, así como el presente auto, en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I.
- Principal
MESA.II.Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual informa que mediante oficio PF/DGAJ/DGAAP/DARJMI/2124/2019, de uno de julio de dos mil diecinueve, en contestación al diverso OADPRS/17333/2019, la Directora General Adjunta de Asuntos Penales de la Policía Federal, manifestó la imposibilidad de dicha corporación para colaborar en el traslado del quejoso Alfonso Fonseca García; por lo que solicita a este órgano jurisdiccional obligue al Comisionado General de la Policía Federal, lleve a cabo el traslado del quejoso. Al respecto, debe tenerse presente que la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada una cuestión de orden público e interés social; por tanto, este Juzgador, debe velar por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se parte de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes. En ese contexto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la autoridad responsable, pues, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra obligado a agotar todos los medios a su alcance para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que, este órgano jurisdiccional pueda sustituirla para esos efectos, pues fue esa autoridad la que llevó a cabo el traslado, declarado inconstitucional en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; máxime, que a esta data la autoridad responsable no ha acreditado haber solicitado a diversas autoridades que cuenten con aeronaves su colaboración para el traslado del quejoso Alfonso Fonseca García, del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noreste", al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México, pues únicamente se limitó a solicitarlo a la Policía Federal. En consecuencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo o en su caso manifieste las gestiones que está llevando a cabo el traslado del quejoso y remita las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia de que se encuentra transcurriendo la prórroga concedida en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve y que de no dar cumplimiento sin causa justificada a lo expuesto en párrafos anteriores, se hará efectivo el apercibimiento a que fue conminado en proveído de diecinueve de junio del año en curso, esto es, se procederá de conformidad con el artículo 193, en sus primeros tres párrafos, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Y en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN En virtud de que los quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic, fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT CON RESIDENCIA EN TEPIC, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, tenga por bien comisionar al Actuario judicial de su adscripción para que notifique al quejoso Alfonso Fonseca García, el presente auto, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Se faculta al Juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles.
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