Alfonso Filiberto Maldonado Carretero
Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alfonso Filiberto Maldonado Carretero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. Se agrega ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; mediante el cual adjunta el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja * * * * * * * de su índice; de lo cual, se acusa de recibo. Sentido ejecutoria. Ahora, de la referida ejecutoria, se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por * * * * * * * * contra el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, este juzgado toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; por medio del cual, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de dieciocho de mayo del año en curso, con los anexos ahí especificados. Asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de que se trata, radicándolo con el número * * * * * * de su índice, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso * * * * * * * * en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo del año en curso, para lo cual anexa su correspondiente escrito de agravios. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101, de la ley invocada, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará el 1) original y copia del escrito de queja y del de agravios, así como 2) los autos originales de este expediente; y, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. No obstante, se instruye al oficial judicial "A", para que haga disponible el presente expediente, para su consulta electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que el Tribunal de Alzada pueda vincularlo al expediente respectivo e imponerse de las constancias electrónicas, si así lo considera necesario. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.
- Principal
+++San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y turnada físicamente a este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha, que promovió * * * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número Trece "CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 479/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Separación de autos En atención al escrito de demanda de cuenta, se advierte que el quejoso * * * * * * * * *, señala como actos reclamados y autoridades responsables a las siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. A). ATRIBUIDOS AL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. De las ordenadoras (DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA), reclamo: La incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho de defensa. De las ejecutoras (A LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA ENTRADA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, ES DECIR, DEL CEFERESO NÚMERO 13 EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA), reclamo: a). La ejecución material de la incomunicación del suscrito con mi abogado defensor, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar de los asuntos jurídicos del quejoso con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho a la defensa. B). ATRIBUIDOS A: a). AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN CENTRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO, EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. b). AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN SUR, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. c). AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN NORTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. d). AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN ORIENTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. e). AL JUEZ DE CONTROL DE CADEREYTA, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. f). AL JUEZ DE CONTROL DE SAN PEDRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. g). AL JUEZ DE LO PENAL DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. De las ordenadoras a. AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN CENTRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO, EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. b. AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN SUR, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. c. AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN NORTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. d. AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN ORIENTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. e. AL JUEZ DE CONTROL DE CADEREYTA, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. f. AL JUEZ DE CONTROL DE SAN PEDRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. g. AL JUEZ DE LO PENAL DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO., reclamo. a) La orden de aprehensión librada en mi contra, con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi libertad. De las ejecutoras (1.AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 2. A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL, DEPENDIENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, .), reclamo. a). De la ejecutora reclamo. La ejecución material de la orden de aprehensión librada por las Autoridades Ordenadoras." En ese sentido, al apreciarse diversos actos reclamados desvinculados el uno del otro, es importante destacar que el artículo 66 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Luego, del artículo trascrito se advierte que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la Ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. En cuanto a la separación de autos, si bien es cierto, no está prevista expresamente en la Ley de Amparo; también lo es que se puede advertir de la interpretación a contrario sentido del artículo 72 y numeral 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, los cuales establecen: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental." Además, cabe precisar que al decretar la separación de juicios, en gran medida se logra un mejor análisis de los expedientes de los que emanan los actos que en esta vía se combaten, a la vez que se evita el pronunciamiento de sentencias de amparo complicadas y tal vez confusas en su comprensión, no sólo para los efectos propios de esas resoluciones que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su debido cumplimiento, sino también en lo que atañe en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. En ese tenor, a fin de evitar sentencias de amparo que resulten confusas en su comprensión, con el consecuente cumplimiento de la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse, y del medio de impugnación que eventualmente se formulare, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, interpretados contrario sensu, se decreta de oficio y de plano la separación de autos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.76/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197671, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por tanto, la separación de juicios se realizará de la manera siguiente: PRIMER JUICIO SEPARADO (que conocerá este Juzgado) Actos reclamados Autoridades responsables Acto reclamado a autoridad ordenadora. a) La incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho de defensa. Acto reclamado a autoridad ejecutora a).- La ejecución material de la incomunicación del suscrito con mi abogado defensor, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar de los asuntos jurídicos del quejoso con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho a la defensa. Ordenadora: 1) DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. Ejecutora: 2) LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA ENTRADA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, ES DECIR, DEL CEFERESO NÚMERO 13 EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA SEGUNDO JUICIO SEPARADO Actos reclamados Autoridades responsables Actos reclamado a autoridades ordenadoras a) La orden de aprehensión librada en mi contra, con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi libertad. Actos reclamado a autoridades ejecutoras a) La ejecución material de la orden de aprehensión librada por las Autoridades Ordenadoras. Ordenadoras: 1) JUEZ DE CONTROL, REGIÓN CENTRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO, EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 2) AL JUEZ DE CONTROL, REGIÓN SUR, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 3) JUEZ DE CONTROL, REGIÓN NORTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 4) JUEZ DE CONTROL, REGIÓN ORIENTE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 5) JUEZ DE CONTROL DE CADEREYTA, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 6) JUEZ DE CONTROL DE SAN PEDRO, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 7) JUEZ DE LO PENAL DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO Ejecutoras: 1) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON DOMICILIO CONOCIDO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 2) ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL, DEPENDIENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional, determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios, por lo cual conocerá del primer juicio separado, especificado en el cuadro que antecede; mientras que el diverso juicio separado, deberá formarse con copia certificada de las constancias de este juicio y remitirse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para su registro y turno al órgano jurisdiccional que corresponda de forma aleatoria. Lo anterior, con apoyo en la circular SECNO/12/2022 de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en la cual se hace del conocimiento que se aprobó el punto de acuerdo 108/2022, cuyas consideraciones esenciales en relación al turno de demandas que deriven de una determinación jurisdiccional de separación de juicios, deben turnarse de forma aleatoria, de conformidad con la fracción I del artículo 45 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y los titulares de los órganos jurisdiccionales no pueden solicitar a la Oficina de Correspondencia Común que les turnen al juzgado de su adscripción, de manera relacionada, todas las demandas que se generen con motiven de una separación de juicios, pues ello es contrario a la normatividad vigente. (.) Análisis de la demanda y desechamiento Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados y autoridades responsables que corresponde conocer en este juicio, esto es: Actos reclamados Autoridades responsables Acto reclamado a autoridad ordenadora. a) La incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho de defensa. Acto reclamado a autoridad ejecutora a).- La ejecución material de la incomunicación del suscrito con mi abogado defensor, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar de los asuntos jurídicos del quejoso con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho a la defensa. Ordenadora: 1) DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. Ejecutora: 2) LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA ENTRADA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, ES DECIR, DEL CEFERESO NÚMERO 13 EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, conduce a sostener que en el presente asunto se actualiza una causa de indudable y manifiesta improcedencia, de acuerdo con las consideraciones siguientes: El quejoso ********************, señala como actos reclamados: " Acto reclamado a autoridad ordenadora. a) La incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho de defensa. Acto reclamado a autoridad ejecutora a).- La ejecución material de la incomunicación del suscrito con mi abogado defensor, que se traduce en la imposibilidad física de que el suscrito pueda entrevistarse y platicar de los asuntos jurídicos del quejoso con mi abogado defensor; con todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se traducen en la privación ilegal de mi derecho a la defensa". Asimismo, bajo protesta de decir verdad, dicho quejoso manifestó encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaxa. Es así que, conforme a lo anterior, en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Al respecto, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura de reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio de las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito sin formalidad ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciara dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas, a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, o bien, como en el caso, solicitar al Director de ese centro, que se permita ingresar a su defensor. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, este: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia antes el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la misión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En el caso, como se dijo, el quejoso ********************, reclama de las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", la incomunicación de quejoso, que se traduce en la imposibilidad física de que pueda entrevistarse y platicar con su abogado defensor. Sin que el quejoso precise si el aludido cargo de defensor ya ha sido reconocido por la autoridad judicial, como tampoco especifica el número de proceso o causa penal donde haya realizado tal designación. De tal manera que su motivo de inconformidad se reduzca a una cuestión administrativa que debe ser resulta en el ámbito del centro de reclusión donde se encuentra y bajo las reglas establecidas para ese centro carcelario de alta seguridad. Por tanto, es evidente que existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el cual puede solicitar al Director del centro de reclusión, que se permita a su defensor ingresar y comunicarse con él; el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, solo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable a los quejosos, en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento, esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera viene a señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el juez de Control de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (.)." En consecuencia, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, pues la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal respecto del actuar de las autoridades responsables en no permitir a su defensor ingresar y comunicarse con él; y, no se advierte que haya agotado los procedimientos antes descritos. Es así, debido a que el quejoso debe agotar, previo a las disposiciones de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a obtener la atención que pretende se le otorgue en el Centro de su reclusión, sin que exista limitación en cuanto a la cantidad de veces que puede hacer valer peticiones administrativas o controversias judiciales, como se aprecia de los preceptos que han quedado trascritos. Máxime, que de estimarlo en caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes. "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así como la diversa PC.III.P. J/18 P (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701, con registro 2017822, de título y contenido siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Respecto al tema, y por la naturaleza de la determinación adoptada, se cita el criterio XI.P.2 P (11a.), del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, Undécima Época; con registro digital: 2024545, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4689, del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMEN LAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA, INCLUSO DE CARÁCTER URGENTE, SIN HABER AGOTADO PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA XI.P. J/8 P (10a.)]. Hechos: Varias personas privadas de la libertad en un centro de reclusión promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades penitenciarias de brindarles atención médica general y especializada y tratamiento para atender sus padecimientos. La autoridad de amparo desechó de plano la demanda, al encontrar actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a controvertir en el juicio de amparo indirecto la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, deben agotar el mecanismo de control previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento, ya que de no hacerlo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", y las diversas contradicciones de tesis 304/2018 y 35/2021 estableció, en esencia, que la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", a través del cual las personas privadas de la libertad pueden ver satisfechas sus pretensiones inherentes a las condiciones de internamiento, incluidas las omisiones que tienen que ver con la prestación de atención médica de carácter urgente, pues existe la posibilidad de que ésta sea suspendida de manera oficiosa por un Juez, según prevé la propia legislación. Por tanto, es necesario que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, agoten el mecanismo de control previsto en la citada ley nacional, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento; de manera que al no hacerlo así, se configura de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a agotar el principio de definitividad. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la tesis de jurisprudencia XI.P. J/8 P (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO." Ante ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************, por los actos que corresponden al presente juicio. Criterio que encuentra apoyo, en lo que interesa, en la ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo de este Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal ********************/2018. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y, únicamente por autorizado para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, a la restante persona que indica, por no encontrarse registrada su cédula profesional. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Luego, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico del presente juicio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Alfonso Cruz Bernal1135/2018
- Alfonso Cruz Cortés y Otros.1233/2015
- Alfonso Cruz Martínez1317/2021
- Alfonso Cuevas Cortés873/2015
- Alfonso Domingo Matínez Santos161/2018
- Alfonso Fernández Costa487/2021
- Alfonso García Suarez215/2021
- Alfonso García Suárez233/2021
- Alfonso Garibay Hurtado1003/2015
- Alfonso Garibay Hurtado928/2018
- Alfonso Garibay Hurtado78/2018
- Alfonso Gómez Hernández572/2023