Alfonso Fernández Vicente

Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
221/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Fernández Vicente

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en el proveído de ocho de marzo pasado se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal para notificar al quejoso ** el auto de ocho de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por los motivos que expuso. En tal sentido, dado que el domicilio procesal que el disidente señaló resultó inexacto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa del citado acuerdo y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto el justiciable señale un domicilio correcto para recibir notificaciones, o bien, designe otro para ese efecto. Notifíquese. -INSERCIÓN- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente electrónico y número de registro. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 221/2021. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Alfonso Fernández Vicente reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, los actos siguientes: La determinación en donde cita al quejoso para que comparezca a la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno, en donde el Agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, formulará en su contra la imputación de un hecho que la ley señala como delito. La posible prisión preventiva oficiosa que como medida cautelar pudiera decretar en su contra en la referida audiencia inicial. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Alfonso Fernández Vicente, porque en relación con el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistente en la determinación en donde cita al quejoso para que comparezca a la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno, en donde el Agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, formulará en su contra la imputación de un hecho que la ley señala como delito, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que se trata de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del justiciable. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso, el juicio de amparo indirecto en contra de la citación a la audiencia inicial es improcedente. Para evidenciar tal aserto es necesario indicar que el arábigo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en lo que interesa, que cuando el Ministerio Público considere que tiene elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su comisión, solicitará al Juez de control que se cite al imputado para la audiencia inicial del juicio, en la que se le comunicará la imputación, se determinará si se le vincula o no a proceso, en su caso se le fijará una medida cautelar y se determinará plazo para concluir la investigación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por el ordinal 170, fracción I, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. En términos similares, el normativo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Con base en lo anterior, debe señalarse que la citación para la audiencia inicial es un acto de un Tribunal judicial realizado fuera de juicio. El artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de Tribunales judiciales realizados fuera de juicio; sin embargo, el contenido de ese segmento normativo no es suficiente para concluir que procede el amparo de manera automática, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. Ahora, la pregunta que surge es ¿si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo? En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para la audiencia inicial no conlleva por sí una afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto por el numeral 141 de ese ordenamiento, que señala: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos de lo señalado por el arábigo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual estatuye: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad. Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba." En este sentido, la citación para audiencia inicial por sí no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No escapa que la fracción II del artículo 141 inserto establece que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de las dos primeras fracciones del precepto 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en lo previsto por el arábigo 107, fracción IV, primer párrafo, de la ley de la materia. En esa línea, se advierte que en cuanto al acto combatido al Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistente en la determinación en donde cita al quejoso para que comparezca a la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno, en donde el Agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, formulará en su contra la imputación de un hecho que la ley señala como delito, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario. En el caso, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En otro punto, con apoyo en lo estatuido por el ordinal 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Alfonso Fernández Vicente, porque en relación con el diverso acto impugnado al Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que como medida cautelar pudiera decretar en su contra en la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El normativo inserto en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley que rige al juicio constitucional. Por su parte, el segundo normativo dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en cuyo caso, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Ahora, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." El precepto constitucional inserto instituye uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el principio de agravio personal y directo; por otro lado, en cuanto a las características del agravio para la procedencia del juicio constitucional debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder exista la seguridad de que le causará dicha afectación. El Alto Tribunal del país ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicando con el acto reclamado y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, porque en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de amparo ante el agravio personal y directo existente. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En esa línea, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de los efectos del acto reclamado. En ese sentido, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad con su actuar cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éstos sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, porque el artículo 6 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique o afecte a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el amparo. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que existen actos futuros e inciertos porque su realización está sujeta a meras eventualidades y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica al promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5 de la ley de la materia exige como condición para que pueda promoverse el medio extraordinario de defensa. Es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." En el caso concreto, el inconforme reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, la posible prisión preventiva oficiosa que como medida cautelar pudiera decretar en su contra en la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional estima que la actuación impugnada es un acto futuro de realización incierta, porque hasta este momento no se tiene la certeza de que el Juez responsable decretará en contra del disidente la medida cautelar que indica. Lo anterior tiene sustento en las propias manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que promueve este juicio de amparo, porque el veintisiete de febrero del año en curso, fue notificado vía telefónica que tenía que comparecer el quince de marzo próximo ante el órgano jurisdiccional responsable a la audiencia de formulación de imputación y que si no se presentaba traería consecuencias, por lo que tiene el temor de que en esa audiencia posiblemente se imponga en su contra la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior revela que aún no se ha verificado la audiencia inicial ni se ha formulado imputación en contra del justiciable y tampoco se ha resuelto su situación jurídica ni se ha solicitado alguna medida cautelar en su contra; además, no se tiene noticia del hecho que la ley señala como delito que posiblemente se le imputará. Tales situaciones de destacan porque el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución General de la República prescribe que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Por otra parte, de los numerales 154, 155, fracción XIV, 165, 167 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten, en lo que interesa, las premisas siguientes: En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de esas prerrogativas con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por el Código citado, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso; o, II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares, entre otras, la prisión preventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. El normativo 167 de la codificación citada prevé los delitos por los cuales el Juez podrá decretar prisión preventiva oficiosa. Con base en lo anterior, es factible sostener aun no es posible considerar que el Juez responsable impondrá en contra del quejoso la prisión preventiva oficiosa, porque de acuerdo con lo que el promovente relató se advierte que no existen las condiciones para que ese órgano jurisdiccional dicte en su contra alguna medida cautelar, ya que aún no se ha verificado la audiencia inicial ni se ha formulado imputación en contra del disidente y tampoco ha sido vinculado a proceso ni se ha solicitado alguna medida cautelar en su contra; aunado a que no se tiene noticia siquiera del hecho que la ley señala como delito que posiblemente se le imputará para considerar que pudiera ser objeto de esa medida cautelar. En ese contexto, lo aseverado por el quejoso no arroja elementos objetivos para advertir la existencia actual de la medida cautelar que indica. Al respecto, se tiene en cuenta que esas afirmaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el justiciable constituyen una confesión expresa, la cual es admisible en el juicio de amparo y con tales expresiones se demuestra que a la fecha de la presentación de la demanda no existe una resolución judicial en donde se haya decretado en su contra la prisión preventiva oficiosa, puesto que ni siquiera se han concretado las condiciones para la emisión de una medida cautelar en términos de lo estatuido por las normas citadas; por tanto, el acto atacado debe reputarse como futuro e incierto. Ahora, no puede sostenerse que la prisión preventiva oficiosa exista en automático por el hecho de que el agraviado fue citado a la audiencia inicial el quince de marzo próximo, como lo hacer notar, ya que para la imposición de esa medida cautelar es necesario la satisfacción de las condiciones previstas por los ordinales 19, segundo párrafo, de la Carta Magna y 154, 155, fracción XIV, 165, 167 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que en la especie se detecte que esas condiciones se hayan actualizado. Por consiguiente, es válido sostener que el acto reclamado es de carácter futuro e incierto, basta la sola lectura de la demanda para saber con exactitud que no puede concretarse en agravio del justiciable esa actuación con meras aseveraciones de una cita a la audiencia inicial para deducir que el disconforme será objeto de la prisión preventiva oficiosa. Además, se tiene en cuenta que el promovente no aportó alguna prueba para demostrar el cumplimiento de las condiciones legales para la emisión de esa medida cautelar; por tanto, es inconcuso que la actuación combatida se trata de un acto cuya realización resulta ser futura e incierta y, por ende, hasta la data en la que se presentó la demanda no puede ocasionar al promovente algún agravio personal y directo que lo legitime para ejercer la acción de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y el diverso 6 de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral". En esos términos se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada respecto del acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistente en la posible prisión preventiva oficiosa que como medida cautelar pudiera decretar en contra del disidente en la audiencia inicial programada para el quince de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta los supuestos de inejercicio de la acción constitucional examinados, se desecha de plano la demanda de amparo presentada Alfonso Fernández Vicente en contra de los actos impugnados a la autoridad judicial señalada como responsable, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.

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