Alfonso de Vega García
Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/09/2022
Partes del expediente
- Alfonso de Vega García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, así como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto, ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el inciso c) artículo 21 de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y al sentido de la resolución pronunciada.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Zona de Distribución Poza Rica, División de Distribución Oriente, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve de este mes y año. Ahora bien, analizadas las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual versa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: -La omisión de dar contestación y trámite al escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós. Por su parte, la responsable manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; pues adujo que el veinticinco de julio de dos mil veintidós, a través del oficio ****, emitió el auto en el que acordó el escrito de fecha veintitrés de febrero de este año, -signado por el quejoso- recibido el uno de marzo de la misma anualidad. Para comprobar su dicho, la autoridad responsable remitió copia certificada de la citada resolución; documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si la autoridad responsable el veinticinco de julio de dos mil veintidós, a través del oficio ****, emitió el auto en el que acordó el escrito de fecha veintitrés de febrero de este año, mismo que fue recibido el uno de marzo de la misma anualidad, es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo y como consecuencia se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, visible en la página ocho, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. - Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." De ahí que se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada, y por ende se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª. J/10/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las doce horas cinco minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. No resulta inadvertido para la suscrita el hecho de que el quejoso haya promovido la demanda que dio origen al presente asunto, formulado conceptos de violación tendentes a evidenciar que se vulneró en su perjuicio, la prerrogativa constitucional prevista en el artículo 8°, al tratarse de la omisión de dar respuesta al ocurso presentado el uno de marzo de dos mil veintidós- derecho de petición-; sin embargo, dicho ocurso fue presentado ante la responsable con la finalidad de solicitar indemnización derivado de la presunta actividad irregular del estado. De tal suerte que la violación alegada está consagrada en el artículo 17 constitucional, es decir, el de impartición de justicia pronta y expedita, por lo que el acto reclamado encuadra únicamente en una dilación procesal, situación que impide a esta juzgadora a dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MEOQUI, CHIHUAHUA, DE TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE LA MATERIA E INICIAR LA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR LOS HECHOS EN QUE RESULTÓ AFECTADO EL QUEJOSO, PARA DESLINDAR PROBABLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VIOLA EL DERECHO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el Ayuntamiento de Meoqui, Chihuahua y su presidente municipal, en el que reclamó el retraso en la impartición de justicia con motivo de la omisión de cumplir con los plazos y términos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial por no exigir las medidas pertinentes en un evento deportivo avalado por dicho Municipio, como actividad administrativa irregular del Estado, así como de dar respuesta a un escrito en el que solicitó la investigación de los hechos, en los que se vio afectado en una competencia de motocross, para el efecto de deslindar responsabilidades administrativas. El Juez de Distrito le concedió el amparo; inconforme, el presidente municipal interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de las autoridades señaladas de tramitar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado en términos de la ley estatal de la materia e iniciar la investigación solicitada por los hechos en que resultó afectado el quejoso, para deslindar probables responsabilidades administrativas, viola el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. Justificación: Lo anterior, porque las autoridades responsables fueron omisas en continuar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial iniciado por el quejoso por actividad irregular administrativa, consistente en la realización de una carrera de motocross sin tomar las precauciones ni contar con las autorizaciones legales, en la cual se le causó una lesión que lo dejó paralítico; asimismo, fueron silentes respecto de su solicitud de investigar los hechos para deslindar probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos; de ahí que se violó en perjuicio del quejoso el artículo 17 constitucional, y no el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la misma Norma Suprema, pues en aquél se encuentra implícito éste, pero de manera específica, al obligarse a que la impartición de justicia debe ser "pronta y expedita", lo que fue inobservado por las autoridades mencionadas, al no proveer en los procedimientos referidos."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Zona de Distribución Poza Rica, División de Distribución Oriente, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve de este mes y año. Ahora bien, analizadas las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual versa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: -La omisión de dar contestación y trámite al escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós. Por su parte, la responsable manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; pues adujo que el veinticinco de julio de dos mil veintidós, a través del oficio ****, emitió el auto en el que acordó el escrito de fecha veintitrés de febrero de este año, -signado por el quejoso- recibido el uno de marzo de la misma anualidad. Para comprobar su dicho, la autoridad responsable remitió copia certificada de la citada resolución; documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si la autoridad responsable el veinticinco de julio de dos mil veintidós, a través del oficio ****, emitió el auto en el que acordó el escrito de fecha veintitrés de febrero de este año, mismo que fue recibido el uno de marzo de la misma anualidad, es inconcuso que han cesado los efectos de la omisión reclamada; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo y como consecuencia se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación la tesis número siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, visible en la página ocho, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. - Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." De ahí que se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada, y por ende se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª. J/10/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las doce horas cinco minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. No resulta inadvertido para la suscrita el hecho de que el quejoso haya promovido la demanda que dio origen al presente asunto, formulado conceptos de violación tendentes a evidenciar que se vulneró en su perjuicio, la prerrogativa constitucional prevista en el artículo 8°, al tratarse de la omisión de dar respuesta al ocurso presentado el uno de marzo de dos mil veintidós- derecho de petición-; sin embargo, dicho ocurso fue presentado ante la responsable con la finalidad de solicitar indemnización derivado de la presunta actividad irregular del estado. De tal suerte que la violación alegada está consagrada en el artículo 17 constitucional, es decir, el de impartición de justicia pronta y expedita, por lo que el acto reclamado encuadra únicamente en una dilación procesal, situación que impide a esta juzgadora a dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MEOQUI, CHIHUAHUA, DE TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN TÉRMINOS DE LA LEY ESTATAL DE LA MATERIA E INICIAR LA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR LOS HECHOS EN QUE RESULTÓ AFECTADO EL QUEJOSO, PARA DESLINDAR PROBABLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, VIOLA EL DERECHO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el Ayuntamiento de Meoqui, Chihuahua y su presidente municipal, en el que reclamó el retraso en la impartición de justicia con motivo de la omisión de cumplir con los plazos y términos en el procedimiento de responsabilidad patrimonial por no exigir las medidas pertinentes en un evento deportivo avalado por dicho Municipio, como actividad administrativa irregular del Estado, así como de dar respuesta a un escrito en el que solicitó la investigación de los hechos, en los que se vio afectado en una competencia de motocross, para el efecto de deslindar responsabilidades administrativas. El Juez de Distrito le concedió el amparo; inconforme, el presidente municipal interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de las autoridades señaladas de tramitar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado en términos de la ley estatal de la materia e iniciar la investigación solicitada por los hechos en que resultó afectado el quejoso, para deslindar probables responsabilidades administrativas, viola el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. Justificación: Lo anterior, porque las autoridades responsables fueron omisas en continuar el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial iniciado por el quejoso por actividad irregular administrativa, consistente en la realización de una carrera de motocross sin tomar las precauciones ni contar con las autorizaciones legales, en la cual se le causó una lesión que lo dejó paralítico; asimismo, fueron silentes respecto de su solicitud de investigar los hechos para deslindar probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos; de ahí que se violó en perjuicio del quejoso el artículo 17 constitucional, y no el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la misma Norma Suprema, pues en aquél se encuentra implícito éste, pero de manera específica, al obligarse a que la impartición de justicia debe ser "pronta y expedita", lo que fue inobservado por las autoridades mencionadas, al no proveer en los procedimientos referidos."
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de quince de agosto del año en curso se requirió a las autoridades responsables para que informen si al escrito del quejoso presentado el uno de marzo de dos mil veintidós -con el que dio respuesta al requerimiento del oficio **** recayó o no respuesta alguna y, de ser afirmativo, remitan copia certificada de ésta y, en su caso, de la notificación respectiva, sin que a la fecha obre el acuse de recibo de los oficios que se ordenaron girar, ni la información requerida a éstas. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CINCO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de misma.
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