Alfonso de Jesús Castillo Azcorra
Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alfonso de Jesús Castillo Azcorra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintiocho de abril del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, residente en esta ciudad, el cual remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito y con los demás que remitieron las autoridades foráneas en cumplimiento a la sentencia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2386/2021-III-B, promovido por JUAN GABRIEL CHAN DIB, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el ocho de diciembre siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció JUAN GABRIEL CHAN DIB a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos al Congreso del Estado; Gobernador Constitucional del Estado; Secretario de Seguridad Pública y Agente de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 23869/2021-III-BA, se admitió a trámite la misma; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir el quejoso en: a) Del Congreso del Estado de Yucatán: 1. La expedición del Decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintidós de febrero de dos mil once, en específico su artículo 79, fracción VI. b) Del Gobernador del Estado de Yucatán: 2. La expedición del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario del Estado el veintiuno de junio de dos mil once, en específico sus artículos 195, 400, 415 y 448. c) Del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del agente de su adscripción: 3. La boleta de infracción 695296 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se impone a Arzet Andrea Chan Rihani una multa equivalente a ciento dieciocho (118) unidades de medida y actualización. 4. La detención y retención del vehículo automotor marca Nissan, modelo Altima, del año dos mil siete (2007), con número de serie 1N4AL21EX7C122896 y número de motor QR25685280Y con número de placas ZAJ-828-A del Estado. 5. La negativa verbal de devolver al quejoso el vehículo que en esta vía defiende. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, Secretario de Seguridad Pública y Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Emanuel Humberto Adrián Mosqueda, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en representación del Congreso de la entidad, aduce que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. En ese sentido, es menester mencionar que de los preceptos señalados se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página: 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación, deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan. En síntesis, es evidente que los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular su demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le produce los actos reclamados en la esfera de sus derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama el artículo 79, fracción VI de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como los numerales 415 y 448 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, bajo la consideración de que dichos preceptos trasgreden sus derechos de seguridad, audiencia previa y debido proceso en el que cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que aseveró la autoridad responsable la parte quejosa expresó conceptos de violación suficientes para que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Por otra parte, el Congreso del Estado y el Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico y del Consejero Jurídico, respectivamente, señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la boleta de infracción 695296 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, fue impuesta al vehículo de la marca Nissan, modelo Altima, del año dos mil siete (2007), con número de serie 1N4AL21EX7C122896 y número de motor QR25685280Y con número de placas ZAJ-828-A del Estado, de su propiedad; de ahí que, contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses del quejoso. Asimismo, aduce la autoridad responsable en cita, que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el ahora quejoso no agotó el principio de definitividad, pues contra la multa por infracción de tránsito reclamada, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o bien, juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Resulta infundada dicha causal de improcedencia hecha valer, habida cuenta que en la propia legislación de la materia, en concreto en el numeral 61, fracción XIV, párrafo tercero, se contempla una excepción al principio de definitividad en tratándose de amparo contra leyes, al otorgarle al promovente del amparo la posibilidad de promover juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de la norma impugnada de forma inmediata, o bien, agotar el recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o anular el acto de aplicación de la norma. De ahí que si la parte promovente no agotó el medio de impugnación previsto en la ley contra el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, no pueda considerarse que inobservó el principio aludido, precisamente por el carácter potestativo de esa impugnación contemplado en la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional en relación con los artículos 195 y 400 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, tildados de inconstitucionales. Por razón de método y técnica jurídica, en principio, se analizan los conceptos de violación en relación con la inconstitucionalidad de los artículos 195 y 400 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, los cuales resultan inoperantes; sin que proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto a este acto. De la lectura integral a la demanda de amparo, se desprende que el agraviado omitió exponer motivos de inconformidad tendientes a cuestionar la constitucionalidad de los citados preceptos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, esto es, no adujo los razonamientos por los que considera que esas normas pugnan con sus derechos fundamentales. En efecto, para emprender el examen de la constitucionalidad de la norma jurídica impugnada es necesario que se expongan argumentos jurídicos que se sustenten en la precisión de los derechos fundamentales violados, y sobre todo en la demostración de que la norma reclamada es la que viola el orden constitucional; sin embargo, si la parte quejosa se concretó a afirmar de manera dogmática que impugnaba las normas antes precisadas, sin exponer los motivos por los que así lo hacía, es inconcuso que debe negarse el amparo por lo que ve a tales actos. Lo anterior es así, pues si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que no se hayan esgrimido motivos de inconformidad en contra del acto reclamado, y respecto del que no proceda suplir la deficiencia de la queja, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación, en términos de la jurisprudencia de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 58/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, visible a página 150, con registro digital 193008, junto con el rubro y texto que se transcriben: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes." En consecuencia, ante lo inoperante de los motivos de inconformidad, lo que legalmente procede en el aspecto analizado, es negar al quejoso JUAN GABRIEL CHAN DIB, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Análisis de la litis constitucional en relación a los artículos 79, fracción VI de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como el 415 y 448 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, tildados de inconstitucionales. En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que los referidos preceptos legales, vulneran en su perjuicio sus derechos de seguridad, audiencia previa y debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque impiden el ejercicio de sus derechos constitucionales para la tutela judicial efectiva, ya que no se le da oportunidad de que, previo al acto privativo del vehículo automotor, se le notifique la presunta infracción y escuche en su defensa, a fin de que pueda alegar y aportar pruebas, siguiéndole un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales. Dichos motivos de inconformidad, resultan infundados, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, razón por la que deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En efecto, los artículos 79, fracción VI de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como el 415 y 448 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, tildados de inconstitucionales, establecen: Artículo 79. Las sanciones que se aplicarán por contravenir las disposiciones a esta Ley y las demás reglamentarias, serán las siguientes: I.- Amonestación o apercibimiento; II.- Multa; III.- Arresto hasta por treinta y seis horas; IV.- Suspensión de licencia o permiso de conducir; V.- Revocación de licencia o permiso de conducir; VI.- Retención de vehículos, y VII.- Las demás que determine el Reglamento. El Reglamento de esta Ley, establecerá los parámetros para la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley. Artículo 415. Los vehículos que sean retenidos con motivo de una infracción a la Ley o a este Reglamento, únicamente serán entregados cuando el interesado: I Acredite la propiedad o posesión; II. Cumpla con los requisitos administrativos siguientes: tarjeta de circulación, placas de circulación o permiso provisional, calcomanía correspondiente a la placa de circulación, holograma de verificación de contaminantes, holograma de la Póliza de seguros, todos vigentes, y III. Cubra los derechos de traslado, la multa o multas y demás derechos, y actualizaciones pendientes o cualquier otro adeudo por cubrir. Artículo 448. En los términos de la Ley y este Reglamento, las personas que contravengan las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán acreedoras a las sanciones de: I. Amonestación o apercibimiento; II. Multa; III. Arresto hasta por 36 horas; IV. Suspensión de licencia o permiso de conducir; V. Revocación de licencia o permiso de conducir, y VI. Retención de vehículos. Ahora, es pertinente reproducir lo establecido en el artículo 14, párrafo segundo, Constitucional, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 14... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En relación con el citado precepto Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que el derecho fundamental de audiencia involucra cuatro subgarantías, a saber: a) Que la privación se realice mediante juicio, es decir, a través de un procedimiento que se sustancie ante un órgano estatal; b) Que el juicio se tramite ante los tribunales previamente establecidos; c) Que en el juicio correspondiente se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Cabe precisar que tratándose de facultades conferidas por el legislador a las autoridades administrativas, ese Alto Tribunal también ha determinado que el derecho fundamental de audiencia se satisface cuando aquéllas siguen un procedimiento semejante a un juicio en el que se escuche al interesado y se le otorgue oportunidad de defensa, de modo que dichas autoridades se constituyan en auténticos tribunales. Ahora bien, del análisis de la propia Constitución se advierten situaciones en las que no rige el derecho fundamental de audiencia, por ejemplo, del artículo 33 se desprende que el titular del Ejecutivo de la Unión está facultado para expulsar del país a cualquier extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, sin necesidad de sujetarlo a un juicio previo donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, sin que deba satisfacerse el requisito de ser oído y vencido en juicio. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de contribuciones, el derecho fundamental de audiencia que se debe otorgar a los contribuyentes es siempre posterior a la determinación de éstas, pues es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente. De lo expuesto, se pone de manifiesto que el derecho fundamental de audiencia no es absoluto, sino encuentra su límite en lo que dispone la propia Constitución, pues como quedó demostrado existen supuestos previstos en ésta en los que dicho derecho fundamental si bien debe observarse en lo esencial, esto es, oír al afectado, el momento de otorgarse puede válidamente ser posterior a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones. También, cabe precisar que el fundamento de la potestad sancionadora de la Administración Pública deriva del carácter ejecutorio de sus determinaciones, en tanto que cuando se imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden hacerse efectivos aun contra su voluntad; lo anterior es así, porque la sanción constituye la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Es pertinente puntualizar que toda obligación impuesta en una ley, debe estar provista de medios adecuados con qué exigir al obligado el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, entre esos medios se encuentran las sanciones en caso de incumplimiento, pues de lo contrario el cumplimiento a la obligación sería potestativo y no obligatorio para el particular. Ahora bien, los artículos tildados de inconstitucionales, establecen en términos generales, que las personas que contravengan las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán acreedoras a diversas sanciones, entre ellas, la retención del vehículo automotor. De ahí que no opere el derecho de previa audiencia tratándose de la imposición de multas con motivo de la infracción a disposiciones de la Ley o del Reglamento en cuestión, pues se encuentran vinculadas en forma directa, con obligaciones cuyo incumplimiento fue determinado por la autoridad administrativa a través de sus facultades de supervisión. De tal manera que basta con que el afectado sea escuchado en defensa con posterioridad al acto de autoridad, habida cuenta que de no considerarlo así, se afectarían gravemente las funciones que realizan los agentes de tránsito, tendentes a verificar que los conductores de los vehículos particulares se apeguen a la normatividad de la materia. Máxime que se restringiría su potestad sancionadora al tener que instaurarse un procedimiento previo a la imposición de la multa donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, lo que incluso no sería acorde al carácter ejecutorio de esos actos administrativos. Las consideraciones que anteceden tienen apoyo en la tesis I.150.A.148 A, sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto a los artículos tildados de inconstitucionales, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la boleta de tránsito transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que la boleta no se encuentra debidamente motivada. Dicho argumento resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Por su parte, en relación a la infracción prevista en el artículo 195 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, relativa a la prohibición de conducir sin el cuidado debido o de manera imprudente, se tiene que el Anexo I del catálogo de sanciones, en su apartado 3A del citado Reglamento, contempla sanciones de 16 a 18 días de salario mínimo vigente en la zona. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto que está fundado el acto reclamado, pues la autoridad citó que se infringió el artículo 195 del invocado Reglamento, por lo que impuso la sanción correspondiente al grupo 3A de la tabla de sanciones del Anexo I del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; también lo es, que no motivó por qué impuso la sanción máxima para la infracción señalada. Máxime que en la boleta reclamada se advierte que el agente responsable clasificó la infracción en cita como grave; no obstante ello, como quedó establecido, impuso la sanción consistente en la multa más alta contemplada en el Reglamento de que se trata, como si se hubiese calificado la sanción como "muy grave" lo que evidentemente se traduce en una incongruencia en la boleta de mérito. Esto es, las actas de infracción deben ser cuidadosamente motivadas, de manera que de su contenido pueda advertirse claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción. Se afirma lo anterior, en razón de que tal y como consta en la boleta de infracción 695296 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, documento público que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los ordinarios 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en la especie conforme a lo que establece el numeral 2 de la ley reglamentaria, no se aprecia que el agente Emanuel Humberto Adrián Mosqueda, hubiere realizado la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Lo cual como se ha visto en el párrafo que antecede sí es necesario, pues es un requisito indispensable para la debida motivación del acto reclamado cuando se impone una sanción superior a la mínima, por lo que al no realizarlo la autoridad responsable contraviene el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues en forma alguna precisó cómo llegó a la conclusión de que la conductora se encontraba en el supuesto correspondiente para imponerle como multa 18 días de salario mínimo, tal y como establece la tabla de sanciones del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. De manera que para considerar el acto reclamado suficientemente fundado y motivado, se debió expresar en forma sucinta tal cuestión a fin de que el sujeto receptor de la infracción tuviera conocimiento pleno del hecho por el que se ubicó en la hipótesis en la que se fundó. De ahí, que en esta parte de las infracciones reclamadas el acto no se encuentre motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "TRANSITO, MULTAS DE. Las infracciones levantadas a los conductores por cruzar la línea de alto después de cambio de luz, derivan de una apreciación muy subjetiva del conductor y del agente de tránsito, pues se trata de fracciones de segundo en que se debe apreciar si la distancia de la línea, la velocidad del auto y la duración de la luz ámbar da oportunidad o no de detener el vehículo antes de la línea sin crear una situación de peligro, y si la luz ámbar da oportunidad de terminar de cruzar antes de la luz roja. Y en esas condiciones, ante la ineludible disyuntiva en que se coloca el juzgador entre aceptar una versión u otra, y ante los evidentes peligros de error que hay en aceptar una de las versiones, lo menos que puede exigirse es que las actas de infracción sean cuidadosamente motivadas en estos casos, de manera que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, quien resulta Juez y parte en la imposición de la multa, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la forma relativa. Y si el acta de infracción es demasiado lacónica y no proporciona elementos de juicio al respecto para que el Juez forme su criterio, no puede sino estimarse que hay una falta de motivación que se traduce en una violación del artículo 16 constitucional, conforme al cual se deben exponer los motivos que actualizan la hipótesis normativa y hacen aplicable la consecuencia pertinente. Y aunque esto implica una carga legal para los agentes de tránsito, ello se justifica, en primer lugar, porque se trata de una carga que les impone la Constitución Federal y, en segundo lugar, porque la prevalencia de su dicho puede dar lugar a arbitrariedades, que se deben tratar de reducir al mínimo posible." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior en interpretación contraria, la tesis aislada IV.1o.A.30 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal." Por lo anterior, se advierte claramente que la imposición de la sanción consistente en la multa efectuada en la boleta de infracción 695296, de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, por lo que debe otorgarse a JUAN GABRIEL CHAN DIB, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: la deje insubsistente, así como todas las consecuencias legales surgidas a razón de la imposición de la misma; esto es, deberá devolver la cantidad que se hubiera pagado con motivo de la multa aludida; sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución del vehículo dado que como se advierte de autos, el mismo ya fue entregado a la parte quejosa. NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JUAN GABRIEL CHAN DIB, en relación al acto reclamado al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción VI de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como los numerales 195, 400, 415 y 448 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado; en términos de los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN GABRIEL CHAN DIB, en relación al acto reclamado al Agente de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en dicha localidad, consistente en la boleta de infracción 695296 de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y sus consecuencias jurídicas, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
En dieciocho de abril de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el telegrama que contiene el informe justificado, de quien representa al Director en Jefe y a la Dirección de Registro y Control Documental, del Registro Agrario Nacional, todos con sede en la Ciudad de México, registrado con el número de promoción 8603. Conste.Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el telegrama que contiene el informe justificado, de quien representa al Director en Jefe y a la Dirección de Registro y Control Documental, del Registro Agrario Nacional, todos con sede en la Ciudad de México. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la legislación invocada, ténganse como domicilio y delegados de la responsable en cita, los que se señalan en el informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.
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