Alfonso Contreras Romero,

Expediente 430/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Contreras Romero,
  • Tesorero del Ayuntamiento de Nicolas Romero Estado de MèXico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que, por auto de diecisiete de agosto del año en curso, el entonces magistrado presidente Víctor Manuel Estrada Jungo, ordenó girar el despacho 104/2023, del índice de este tribunal, al juzgado civil de primera instancia del distrito judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Nicolás Romero, en turno, para ordenar la notificación del referido proveído a la parte quejosa, presidente municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México y sus dependencias tesorería municipal y agente de tránsito adscrita a la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Movilidad de la Dirección de Movilidad de la Comisaria de Seguridad Pública, del mencionado ayuntamiento; sin embargo, como se omitió firmar esa comunicación en la fecha indicada; y, tomando en consideración que, el uno de septiembre del año que transcurre, se designó como presidenta a la suscrita magistrada. En consecuencia, por los motivos indicados en el punto anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena enviar el despacho de referencia, al juzgado de primera instancia aludido en la párrafo que antecede, en los términos siguientes: Con fundamento en los artículos 2 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; y, 138, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento y comedido despacho 104/2022, al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Nicolás Romero, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado se sirva ordenar notificar, personalmente, el proveído de DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dictado en el juicio de amparo directo citado al rubro, a la parte quejosa, solicitando al citado juzgado ordene las diligencias que considere necesarias, para cumplir lo encomendado en términos del citado código adjetivo federal; la notificación motivo del despacho deberá realizarse: A la parte quejosa: presidente municipal del Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México y sus dependencias tesorería municipal y agente de tránsito adscrita a la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Movilidad de la Dirección de Movilidad de la Comisaría de Seguridad Pública, del mencionado ayuntamiento, en el domicilio ubicado en: avenida Juárez, sin número, colonia Centro, código postal 54400, Nicolás Romero, Estado de México, teniendo como personas autorizadas a: Edmundo Rodríguez Ramírez, Jesús Salvador Oyoque Ortiz, Jakelin Rosario Martínez Aguayo, Ángel Barreto Lora, Juan Carlos Villa Vázquez, Pedro Islas Maldonado, Diana Michel Ramírez Mendoza y José Luis Locia Salgado. A efecto de realizar lo anterior, remítase copia autorizada del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que conste la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de la presidencia, así como del secretario de acuerdos de este órgano colegiado. Diligencia que deberá llevarse a cabo dentro del término improrrogable de cinco días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contados a partir del momento en que reciba el mandamiento de referencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. También se solicita al juzgado de referencia que, para tener constancia del momento en que tuvo por recibida la comunicación oficial mencionada, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita el acuse por medio de fax (53870500 extensión 1442) o de manera digital al correo electrónico oficial de este órgano colegiado (1tc2ctoa@correo.cjf.gob.mx), en el entendido de que los documentos digitalizados o escaneados deberán ser legibles y permitir la lectura de todos los elementos relevantes como son: texto, sellos y fechas, constancias que se agregarán sin mayor proveído al expediente en que se actúa, lo anterior, en aras de otorgar a las partes una justicia pronta y expedita en términos de lo dispuesto en el artículo 17, Constitucional.

  2. Amparo en revisión

    Visto el oficio de cuenta del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, dictado en el amparo en revisión 376/2023, de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, el acuse de recibo de los autos del recurso de revisión 430/2023, de nuestra estadística, así como del juicio de amparo indirecto 922/2023-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; asimismo, la presidencia del citado tribunal informa que asumirá el conocimiento del asunto, sin perjuicio de lo que pleno de ese órgano colegiado determine. De lo que esta presidencia toma conocimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, en seis meses, a partir de esta fecha; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 19, fracción I, inciso b, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  3. Amparo en revisión

    Visto el oficio de cuenta signado por la consultora jurídica general, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual devuelve el similar 8244/2023, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se notifique directamente a la secretaría a la que corresponde la representación del ejecutivo federal en el asunto que nos ocupa. En tal virtud, reexpídase el oficio de que se trata, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

  4. Amparo en revisión

    A C U E R D A: Se tiene por recibido el oficio del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual remite el escrito de expresión de agravios por el que la parte quejosa, ahora recurrente, Alfonso Contreras Romero, interpone recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto del presente año, dictada en el juicio de amparo indirecto 922/2023-III, de su estadística; asimismo, envía los autos originales del juicio biinstancial aludido. Acúsese recibo, por vía interconexión, al juzgado del conocimiento; y, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 3 de la Ley de Amparo y 99 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como recurso de revisión 430/2023. Del análisis de las constancias recibidas, y del expediente electrónico del juicio de amparo indirecto de origen, se advierte que este tribunal colegiado que la suscrita preside, es legalmente incompetente para conocer del presente medio de impugnación; y, el que debe conocer de él es un tribunal colegiado especializado en materia civil del segundo circuito. Para fundar la postura anterior, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a las y los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. Es menester precisar que la competencia por materia está encaminada a procurar que, dentro de un órgano jurisdiccional especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite, en última instancia, que las y los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con el derecho fundamental de justicia pronta, completa e imparcial reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Así, el ordenamiento que fija la competencia de los tribunales colegiados de circuito, tratándose del recurso de revisión en un juicio de amparo indirecto, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los artículos 37, fracción IV, y 38, que estatuyen: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: [.]. V. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por las y los jueces de distrito, los tribunales colegiados de apelación o por la persona superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de aquellos remitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad prevista en el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.]". "Artículo 39. Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad.". De los numerales transcritos, se advierte que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del recurso de revisión previsto en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, serán competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito, de los artículos 56, 57, 60 y 61 de ese ordenamiento, que establecen la competencia por materia de los juzgados de distrito, se advierten los lineamientos que quien legisla tomó en cuenta para determinar la competencia por materia, de los cuales se advierte que para fijarla, se tomó como base los siguientes criterios: La naturaleza del acto reclamado. La naturaleza de la autoridad responsable. Por tanto, para el efecto de determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por identidad jurídica deben tomarse en cuenta los criterios fijados para el conocimiento del juicio de amparo indirecto, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que el acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue la parte quejosa o recurrente, es decir, que éstas la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En consecuencia, para determinar la competencia por materia de un tribunal colegiado especializado, respecto de un recurso de revisión, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades, y no a los agravios planteados por la parte inconforme. Por ello, para evidenciar a quién compete conocer de determinado asunto, es necesario desentrañar las características jurídicas del acto de que se trate, atendiendo a su naturaleza o carácter, de donde se sigue que, si el acto se sujeta o se rige por disposiciones de naturaleza civil, debe estimarse que corresponde a la materia civil. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1689, del tomo II, libro 23, octubre de dos mil quince, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Apoya también a lo anterior la tesis aislada 2a. LXXXV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, tomo I, agosto de dos mil quince, página 1192, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA LA HAYA FIJADO EN DETERMINADA MATERIA, EN CUALQUIER SUPUESTO, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 4/2013 (10a.). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe la jurisprudencia aludida, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE AQUÉL FIJÓ SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO.", toda vez que si bien es cierto que el Juez de Distrito fija su competencia en determinada materia al emitir la sentencia recurrida, no menos lo es que para resolver a qué Tribunal Colegiado de Circuito corresponde conocer del medio de impugnación intentado contra dicho fallo, es irrelevante la determinación de mérito, en atención a que, en cualquier caso, es necesario atender tanto a la naturaleza del acto reclamado, como a la de la autoridad señalada como responsable en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 (**), de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". De igual forma, corrobora lo anterior la jurisprudencia 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412, del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". En la especie, la parte quejosa -aquí recurrente-, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de agosto del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 922/2023-II, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, juicio biinstancial en el que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación, se detallan: "III.- Autoridades responsables: 1. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 4. El Secretario de Gobernación. 5. El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Toluca, Estado de México, como autoridad ejecutora. IV:- Actos reclamados. 1. Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la inconstitucionalidad de la porción normativa establecida en el artículo 185 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Se reclama de la autoridad señalada en el número 1 como responsable, la promulgación del decreto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que se reforma el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Se reclama de las autoridades señaladas en el número 2 y 3 como responsables, la aprobación del decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Se reclama de la autoridad señalada en el número 4 como responsable, el refrendo promulgatorio del decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. Se reclama de la autoridad señalada en el número 5 como responsable ejecutora, la aplicación de la porción normativa que se combate por medio del presente juicio de control constitucional. ". En la sentencia recurrida se precisó como acto reclamado el siguiente: "La inconstitucionalidad del artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como su aplicación." En la citada sentencia se determinó negar el amparo solicitado por las consideraciones siguientes: "[.] En ese orden, la consideración esencial de la reforma impugnada en relación con los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se traduce en que a partir de la misma, el monto, los intereses, la forma, el lugar y las obligaciones de pago respectivas de los créditos otorgados a las personas trabajadoras, se determinarán en el contrato que al efecto se celebre. [.] En ese sentido es evidente que con la porción normativa que ahora se impugna, la norma remite al contrato que los acreditados celebraron para que sea a través de la voluntad de las partes expresada en ese instrumento notarial como se fijen las condiciones en se incremente el saldo insoluto; en el caso concreto en el contrato que el ahora quejoso celebró con el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende que de forma voluntaria el quejoso aceptó que los incrementos al saldo insoluto del préstamo que adquirió se calcularan conforme al aumento que sufra el salario mínimo. Por tanto, contrario a lo que expuso la parte quejosa en la demanda de amparo, la norma impugnada no transgrede lo dispuesto por la Constitución, en la medida en que remite al clausulado del contrato de mutuo que celebró el quejoso, en el cual de manera expresa aceptó las condiciones que estaban contenidas en el artículo reformado. [.] Ahora, una vez que se ha precisado que la norma tildada de inconstitucional únicamente remite al contrato celebrado por el quejoso para la aplicación de las responsabilidades a las que se obligó de manera voluntaria al celebrar dicho acuerdo de voluntades, es conveniente precisar que el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si bien es un ente público, al celebrar contratos de crédito con los beneficiarios, no participa en un plano de supra a subordinación, sino que ello lo hace desde una esfera de derecho privado, es decir en un carácter bilateral horizontal, entre particulares. Lo anterior se evidencia, dado que incluso, la falta de cumplimiento de los términos y condiciones del crédito por parte del acreditado, el fondo debe acudir a un proceso judicial en el ámbito del derecho privado con el fin de demandar la rescisión o bien terminación anticipada del contrato de crédito otorgado. [.] Por lo que, en todo caso, si la parte quejosa considera que las condiciones contenidas en el contrato que celebró no le son benéficas, o bien que se traducen en un interés usurero, como expone en la demanda de amparo, ello lo debe de controvertir a través de la vía privada que considere, no así a partir del juicio de tutela constitucional. Lo anterior no imposibilita que se analice la constitucionalidad de lo previsto en el contrato que celebró la parte quejosa, dado que en caso de impugnar por la vía ordinaria su contenido, ulteriormente, a través del juicio de amparo directo, al señalar como acto reclamado la resolución donde se haya interpretado y aplicado un contrato de esa naturaleza, se verifique la inconstitucionalidad de sus cláusulas, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio de origen, pues de estimar lo contrario, se permitiría la existencia de un pacto que pudiera ser violatorio en sí mismo de derechos fundamentales, protegidos en la Constitución General de la República, sin embargo, se insiste, eso se debe de hacer a través de la vía jurisdiccional idónea, la cual no es el presente juicio de amparo indirecto. [.] Lo anterior dado, que no es posible que a través de un análisis de una norma tildada de inconstitucional, se exima del cumplimiento de un contrato celebrado en virtud a un crédito hipotecario so pretexto de tutelar los derechos a una vivienda digna y decorosa, como pretende hacer valer el quejoso, en la medida en que el cumplimiento a dichas prerrogativas se garantiza cuando el Estado posibilita el acceso a una vivienda por medios idóneos, lo que no lleva al extremo de considerar que se deba de consentir que los acreditados no cumplan con las obligaciones a las que se sujetan de forma voluntaria en ese tipo de contratos, por lo que la norma en estudio no vulnera dichos derechos. [.] Ahora, del análisis de la demanda de amparo no se advierte concepto de violación alguno en que haga referencia a que le causa perjuicio una mala cuantificación en el aumento del saldo insoluto de la cuenta del quejoso, o que la norma se le aplicó de manera incorrecta. En ese orden, no se advierte que le cause perjuicio la aplicación de la norma, pues se insiste, la misma deviene constitucional y en todo caso remite al contenido del contrato que el solicitante de amparo celebró, por lo que también dicho acto puede ser impugnado a través de la jurisdicción ordinaria. Conclusión Por lo que al no demostrarse la ilegalidad del acto de aplicación de la norma reclamada (declarada constitucional) y lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" De lo anterior, se advierte que la recurrente interpone recurso de revisión, contra una sentencia en la que no se advirtió que le causara perjuicio la aplicación de la norma, que se consideró constitucional, pues la jueza precisó que ésta sólo remitía al contenido del contrato que el solicitante de amparo celebró, siendo este un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, en el cual, el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero al mutuario quien, a su vez, debe devolver otro tanto de la misma especie y calidad, con la posibilidad de estipular el pago de un interés, y cuya garantía constituida por bienes que no se entregan al acreedor, da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el producto de la venta de dichos bienes en el grado de preferencia establecido por la ley, de ahí que la naturaleza de la acción derivada de ese contrato sea puramente civil; por consiguiente, se puede afirmar que se está ante actos de naturaleza, preponderantemente civil; por lo que, la competencia para conocer del recurso de que se trata, corresponde a un tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Máxime que aun cuando el acto reclamado se le atribuye a autoridades administrativas, lo cierto es que deriva necesaria y directamente de una relación contractual de naturaleza civil (contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria); y, en dicho contrato ambas partes pactaron recíprocamente derechos y obligaciones, entre ellas, que el trabajador, para cubrir su adeudo, autorizó a su prestamista para que le descontara a través de sus afiliadas determinado porcentaje sobre el ingreso básico que percibe, esto es, por el que cotiza ante el mencionado instituto que se ve reflejado en los estados de cuenta que contienen los movimientos efectuados respecto del pago del crédito hipotecario aludido; en esas condiciones, como se dijo, el tribunal legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, lo es el tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, en turno, por razón de la materia y por corresponder a este circuito la jueza de distrito que dictó la sentencia de veinticinco de agosto del año que transcurre, en los autos del juicio de amparo indirecto 922/2023-III y que hoy recurre la parte quejosa Alfonso Contreras Romero. Tampoco se desconoce que se reclama un precepto de la ley del instituto señalado como responsable (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que en términos generales pudiere estimarse una legislación administrativa, no obstante ello, particularmente esa norma, según se ha explicado, se relaciona con los contratos que celebra el instituto, a través de su órgano competente, con las y los trabajadores, para que estos últimos accedan a créditos hipotecarios, donde lo que se cuestiona es precisamente los intereses que se cobran como parte del clausulado del contrato, donde las partes suscriptoras actúan en una relación de coordinación, como incluso lo indicó la juzgadora de amparo que emitió la sentencia recurrida. En consecuencia, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente incompetente para conocer del presente recurso de revisión, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse las constancias recibidas al tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, en turno por conducto de su oficina de correspondencia común, para que en caso de considerarse competente, continúe con el conocimiento del asunto. Solicítese que a la brevedad envíe por interconexión el acuse de recibo correspondiente. Cabe precisar que la suscrita magistrada presidenta, válidamente puede verificar la competencia del órgano colegiado que preside, en razón de que la competencia es un presupuesto básico que deben observar los órganos jurisdiccionales, lo que puede ser examinado en un auto de presidencia, máxime que el presente acuerdo no tiene efectos definitivos, pues el órgano al que se declina podría no aceptarla e integrar un conflicto competencial, el cual no está sujeto a la solicitud de alguna de las partes. Tiene aplicación, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2019 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.". En virtud de que la parte recurrente no señaló domicilio, para oír y recibir notificaciones en su escrito de agravios; en consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, realícense las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta que designe domicilio dentro de la residencia de este órgano colegiado, esto es, en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la presidencia, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico, para llevar a cabo una comunicación oficial procesal a la autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.

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