Alfonso Chávez Sánchez

Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
7/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Alfonso Chávez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número14 "Cps-Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango sin que se le haya notificado personalmente al quejoso y a su asesor jurídico dicho informe. En tales condiciones, a fin de que el quejoso y el asesor jurídico tengan conocimiento del contenido del informe justificado rendido por la responsable, y estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas de su intención, notifíqueseles personalmente el proveído de treinta de enero del presente año, corriéndole traslado con copia del informe en cuestión. En tales condiciones, y a efecto de darle la oportunidad a las partes de que se impongan del contenido del informe, así como para que manifiesten lo que a su interés convenga y darles oportunidad de si es su deseo, ofrezcan las pruebas de su intención en los términos que establece el artículo 119 de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y a su asesor jurídico, por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede realizada por el secretario de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d, de la propia ley, en contra del auto de ocho de enero del presente año, por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto respecto del quejoso ...; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; déjense sin efectos las medidas concedidas en el incidente de suspensión derivado del presente juicio; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO ... Y ASESOR JURÍDICO ...; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Incidental

    Se notifica auto a quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, toda vez que ya transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y determinar con base en las constancias que obran en autos si las autoridades responsables han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a las reglas previstas en el título tercero, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre 2014, tomo I, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Ahora bien, de los autos se advierten los datos y constancias que a continuación se relacionan: 1. La quejosa Mi Protección Familiar Asesores Especializados en Personas, Sociedad Civil, promovió juicio de amparo en el que solicitó la protección constitucional, contra actos de la Cámara de Diputados con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De las dos primeras señaladas como ordenadoras, reclamo el Proceso Formal de Creación de la Ley, que señalan los Artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la iniciativa, revisión, discusión, votación y aprobación del Decreto publicado el 09 de Diciembre de 2013. De la tercera ordenadora, C. Presidente de la República, reclamo el acto de la Promulgación y su correspondiente Publicación. De la cuarta ordenadora, órgano encargado, C. Director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación en su página de Internet, como medio oficial de difusión. De las señaladas como ejecutoras, reclamo el acto de obligarme por medio de estas reformas a los Artículos 17-K fracciones I y II y 28 Fracción III y IV del Código Fiscal de la Federación y 33 y 34 del Reglamento del mismo Código, ya que al tener su naturaleza heteroaplicativas, de consumarse en mi persona se afectaría de modo irreparable mi esfera jurídica." 2. En quince de diciembre de dos mil dieciséis, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, dictó la sentencia correspondiente en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la moral quejosa. 3. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la resolución materializada el quince de diciembre de dos mil dieciséis. 4. Posteriormente el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio número 684-B/2017 signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió testimonio de la resolución tomada en sesión pública ordinaria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada con motivo del recurso de revisión en comento, en la que modificó la sentencia recurrida y, por una parte, negó el amparo solicitado y por otra, otorgó la protección constitucional solicitada. En virtud de lo anterior, este juzgado, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que el efecto de la sentencia haya sido correctamente cumplido pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. En esa virtud, los efectos de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "En ese contexto, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado en contra de la quejosa durante la vigencia de aquél, y dicha peticionaria no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Ello sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente donde, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el mono de las contribuciones omitidas". Ahora, del examen de las constancias de autos, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1", de la Administración General Jurídica del servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, realizó las siguientes gestiones: 1. Mediante oficio número 600-04-01-00-00-2017-85021, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad hacendaria de referencia informó que en relación a la quejosa no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, se advierte que la autoridad hacendaria en mención, en términos de la sentencia de amparo, informó que en relación a la quejosa no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; por lo que este órgano de control constitucional declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, en tanto que los efectos concesorios de la misma, se encontraban supeditados a que se hubiera instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, lo que como se refirió por la autoridad hacendaria en cuestión, no acaeció en la especie, sin que se aportara prueba que acreditara lo contrario. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente a la quejosa

  4. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de donde se advierte que mediante proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a los quejosos respecto a la inexistencia de la autoridad responsable denominada Nutriólogo del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "Cps-Durango", con residencia en Gómez Palacio, proveído del cual quedaron debidamente notificados el diez de enero del año en curso, sin que a la fecha nada hayan manifestado; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene a dicha autoridad como inexistente. En virtud de que se señalaron las diez horas con quince minutos del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia incidental por lo que respecta a la citada autoridad, en tales condiciones, al resultar inexistente se declara sin materia el incidente de suspensión en que se actúa, por lo que a dicha autoridad se refiere, por tanto, se deja sin efectos el día y hora fijados para el desahogo de la audiencia incidental. En términos de lo previsto por la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN no cuenta con documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS SEIS MESES DE HABERSE DICTADO ESTE PROVEÍDO; SIN NECESIDAD DE PREVIO ACUERDO; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS Y A SU ASESOR JURÍDICO.

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