Alfonso Chávez Robledo
Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alfonso Chávez Robledo
- Julia Sánchez Fernández
- José Víctor Camacho García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 184/2021, promovido por Alfonso Chavez Robledo, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Alfonso Chavez Robledo, por derecho propio; auto admisorio de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, Encargada del Despacho del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Secretario de Acuerdos y Diligenciario encargados de los expedientes Nones, adscritos a dicho juzgado, acuerdo de nueve de abril del año en curso, con el que se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados, escrito de los terceros interesados Julia Sánchez Fernández, José Víctor y Raymundo ambos de apellidos Camacho García, con el que se apersonaron al presente juicio de amparo, realizaron diversas manifestaciones en vía de alegatos y ofrecieron diversos medios de convicción, escritos del referido tercero interesado José Víctor Camacho García, con los que realizó diversas manifestaciones, oficio del Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con el que cumplió con el requerimiento que se le formuló y en estos momentos se da cuenta con un escrito del tercero interesado José Víctor Camacho García, registrado con el número 18361 con el que formula alegatos. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados se encuentran debidamente emplazados, incluso dichos terceros, comparecieron al presente juicio de amparo. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado José Víctor Camacho García, con el que formula alegatos, el cual se acordará lo que en derecho proceda en el período correspondiente. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofrecieron los terceros interesados, Julia Sánchez Fernández, José Víctor y Raymundo ambos de apellidos Camacho García, consistentes en diversas documentales y con la documental pública que remitió el juez responsable, consistente en el original del expediente 663/2010. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los alegatos vertidos por los terceros interesados, y hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase a los terceros interesados formulando alegatos, sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente:/2021 S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 184/2021, promovido por Alfonso Chavez Robledo, por propio derecho, en contra de los actos reclamados del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Secretario de Acuerdos y Diligenciario encargados de los expedientes Nones, adscritos a dicho juzgado; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Alfonso Chavez Robledo, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo. - Secretario de Acuerdos encargado de los expedientes Nones. - Diligenciario encargado de los expedientes Nones. ACTOS RECLAMADOS: El emplazamiento al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compra venta con efectos reivindicatorios 663/2010, y todo lo actuado en dicho sumario. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se radicó el presente asunto, y se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. TERCERO. Precisión de los Actos Reclamados. Los actos reclamados por la parte promovente consisten en: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el emplazamiento al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compra venta con efectos reivindicatorios 663/2010, y todo lo actuado en dicho sumario. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Secretario de Acuerdos y Diligenciario encargados de los expedientes Nones, adscritos a dicho juzgado, al rendir sus informes con justificación manifestaron que son ciertos los actos reclamados; por tanto, deben tenerse como tales. Certeza que se corrobora con el original del expediente 663/2010, del índice del juez responsable, al que se le otorga pleno valor probatorio por tratarse una documental pública; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio sobre las causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente relatar los antecedentes más relevantes del acto reclamado: i. Mediante escrito presentando el dieciséis de junio de dos mil diez, Raymundo Camacho García, José Víctor Camacho García y Julia Sánchez Fernández promovió juicio en la vía ordinaria civil contra Alfonso Chavez Robledo y María del Carmen Carolina Leyva Huerta, de quienes demandó, entre otras prestaciones, la rescisión de contrato de compraventa con efectos reivindicatorios respecto de diversas fracciones que fusionadas forman el predio denominado "SITIO PARA CASA", ubicado en la calle Cebadas y Maltas, número quince, esquina con Calle Netzahualcoyotl, de la población de Calpulalpan, Tlaxcala (fojas 24 a 32). ii. Por auto de veintiuno de junio de dos mil diez, el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento a juicio a los demandados (fojas 46 a 47). iii. Previo citatorio, el uno de julio de dos mil diez, se llevó a cabo el emplazamiento de los demandados Alfonso Chavez Robledo y María del Carmen Carolina Leyva Huerta - acto reclamado del quejoso- (fojas 48 a 51). iv. La demandada María del Carmen Carolina Leyva Huerta, mediante escrito de trece de julio de dos mil diez, ocurrió a contestar la demanda, allanándose a la misma (fojas 52 a 53). v. El catorce de marzo de dos mil once, se dictó sentencia definitiva en la que en los puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Se procedió legalmente en el trámite del juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa que promovió RAYMUNDO CAMACHO GARCÍA, JOSÉ VÍCTOR CAMACHO GARCÍA y JULIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ésta última en representación de las menores A. y M., de apellidos C. V. (identidad reservada), en contra de Alfonso Chávez Robledo y María del Carmén Carolina Leyva Huerta. SEGUNDO. La acción fue improcedente, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma legal que considere procedente (.)". (fojas 68 a 71). vi. El diez de agosto de dos mil once, se tuvo por recibido el expediente y testimonio de la resolución en el que se desechó el recurso de apelación, por lo que se ordenó archivar el asunto como totalmente concluido (fojas 72 vuelta a 76). -Hasta aquí los antecedentes-. Interés jurídico Esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I de la propia ley, lo que obliga a sobreseer en el juicio. Las disposiciones indicadas establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley [.]". De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción I, del segundo numeral invocado que redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el paradigma constitucional de "interés legítimo" no es absoluto, pues el constituyente permanente introdujo una regla de excepción, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la parte quejosa debe aducir (y por tanto demostrar) ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo que se identifica con el concepto de interés jurídico que ha descrito la doctrina jurisprudencial mexicana. Por tanto, si en la especie el acto reclamado deriva de un proceso seguido ante un tribunal judicial, es concluyente que atendiendo al principio de especialidad de la ley, cobra aplicación el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 107 constitucional y, por tanto, la procedencia del amparo está supeditada a que el impetrante demuestre tener interés jurídico. El primero de los preceptos transcritos establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Tal principio está estrechamente vinculado con el concepto de interés jurídico, que consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, de lo que se colige lo siguiente: a. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. El ordinal 107 fracción VI de la Ley de Amparo establece la figura del tercero extraño al juicio, que puede entenderse en dos dimensiones, una, como aquél que es totalmente ajeno al procedimiento al no ser parte formal ni material en éste, y otra, referida al tercero equiparado, esto es, aquél que figurando como parte no fue emplazado o lo fue en forma ilegal o deficiente. En el caso, la parte quejosa se ubica en la segunda de dichas hipótesis. Sin embargo, no cualquier acto es susceptible legitimar al inconforme para accionar el juicio de amparo con base en dicho numeral, pues atendiendo a los principios rectores del juicio de amparo, es menester que resienta un agravio personal y directo. En relación al perjuicio que se le puede ocasionar a un tercero extraño a juicio, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./.6/98, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Ahora, para entender en qué momentos del proceso se puede ocasionar un perjuicio a un tercero extraño a juicio es necesario transcribir parte de la ejecutoria de la que derivó la tesis en comento. "(.) Al apartarse del criterio acabado de sintetizar, este Pleno reitera el razonamiento formulado en la parte general de aquella resolución, acerca de que el interés jurídico de la persona extraña sufre afectación cuando se perjudican los derechos de que es titular, y que tal afectación no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda ordinaria hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Así, en el supuesto de que en el juicio se esté litigando sobre la titularidad de un bien que la persona extraña reclama para sí, el solo procedimiento seguido a sus espaldas ya le afecta. Por lo contrario, si pese a no ser titular del bien debatido, el Juez, en vez de disponer o mandar en su sentencia sobre ese bien en litigio, lo hace sobre un bien del que es titular la persona extraña, ésta no se verá afectada por el procedimiento, sino por la resolución; siguiendo la ejemplificación, la persona extraña sólo será afectada por el mandamiento de ejecución, si en éste se ordena ejecutar sobre sus bienes, pese a que la sentencia no dispuso de ellos; finalmente, si los derechos de que es titular la persona extraña, pese a no ser tocados en el procedimiento, ni en la sentencia, ni en el mandamiento de ejecución, son lesionados por el ejecutor, será esta actuación y no las anteriores la que lo afecte (.)" De la tesis y ejecutoria en comento se puede desprender que existen cuatro momentos del procedimiento que pueden causar un agravio personal, actual y directo a una persona extraña a juicio: 1). La sola tramitación del procedimiento puede generar un perjuicio, cuando desde un comienzo se esté litigando sobre la titularidad de un bien que la persona extraña reclama para sí. 2). La sentencia definitiva puede generar un perjuicio dictado de la sentencia cuando el juez, en lugar de disponer o mandar en su sentencia sobre ese bien en litigio, lo hace sobre un bien del que es titular la persona extraña. 3). La ejecución de la sentencia puede causar un agravio por el mandamiento de ejecución, si en éste se ordena ejecutar sobre sus bienes, pese a que la sentencia no dispuso de ellos. 4). Finalmente, si los derechos de que es titular la persona extraña, pese a no ser tocados en el procedimiento, ni en la sentencia, ni en el mandamiento de ejecución, son lesionados por el ejecutor. De la lectura de la demanda de amparo, se puede apreciar que el quejoso reclama el emplazamiento que respecto del quejoso se practicó en el juicio juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compra venta con efectos reivindicatorios 663/2010 y, en vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad en ese procedimiento. Como se adelantó, el disconforme carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, al no acreditarse que los actos impugnados le causen un agravio personal y directo. Se afirma lo anterior, pues de autos se desprende que el catorce de marzo de dos mil once, se dictó sentencia definitiva en la que se consideró que la acción fue improcedente, por lo que se dejaron a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma legal que considerara procedente. De ahí que la simple existencia del juicio civil de origen no le causa ningún perjuicio al inconforme, pues su tramitación y la sentencia en el controvertido no determinó ninguna condena en su contra, motivo por el cual carece de interés jurídico para reclamar las actuaciones dictadas en aquél juicio, y, por ende, en el plano meramente formal, no le causa ningún agravio personal y directo. En tales circunstancias, es inconcuso que al no depararle un perjuicio la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, no se demuestra que el emplazamiento reclamado le cause al quejoso un agravio personal y directo para promover el juicio de amparo, toda vez que de acuerdo a la hipótesis estatuida en el numeral 5º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien sufre un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley. Por lo expuesto, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal, 61 fracción XII y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada en último término. Sin que haya lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su escrito de demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo, razón por la cual este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso, de conformidad con la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24, tercera parte, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, cabe señalar que las manifestaciones formuladas en vía de alegatos, no es factible que se tomen en consideración, pues debe recordarse que los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a examinar los conceptos de violación en relación con el o los actos reclamados, lo cual integra la litis constitucional, asimismo, a justipreciar las pruebas correspondientes, pero de ningún modo tiene la obligación de examinar las argumentaciones hechas valer en vía de alegatos de conformidad, con los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, sin que ello genere desacato al contenido del precepto 76 de la ley de la materia, que es del texto siguiente: "Artículo 76.- El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda". Lo anterior se afirma, toda vez que la frase: "así como los demás razonamientos de las partes", no puede estimarse que se refiera a las opiniones o conclusiones que formulen las partes en vía de alegatos, pues éstas no pueden tener jurídicamente la trascendencia o valor que se asigna a la demanda y al informe con justificación. Sobre este último aspecto, se aplica la tesis de jurisprudencia 27/64, consultable en la página 14, Tomo 80, correspondiente al mes de agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 61, 63 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo Alfonso Chavez Robledo, en contra de los actos reclamados del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Secretario de Acuerdos y Diligenciario encargados de los expedientes Nones, adscritos a dicho juzgado, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese por lista; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que transcurre el término de la vista efectuada a las partes mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, con las constancias remitidas por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Revocan autorizado en términos amplios. Agréguese a los autos el escrito signado por *********, en su carácter de representante común de los terceros interesados, mediante el cual manifiesta que revoca la personalidad que hasta este momento tiene acreditada dentro del presente juicio el abogado ********. Por lo anterior, como lo solicita, se tiene por revocada la autorización para promover en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado Daniel Espejel Morales, efectuada el siete de mayo de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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