Alfonso Castillo Medina

Expediente 979/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 53 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
979/2019
Año
2019
Actuaciones
53
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Castillo Medina
  • Alfonso Castillo Medina y Otros.
  • Juzgado de Partido Cuarto Civil de Irapuato, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional resuelve si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. ... También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Litis y resolución constitucional. ******************** demandó en la vía ordinaria civil a ******************** y a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato, entre otras prestaciones, la nulidad de la escritura pública ******************** de catorce de mayo de dos mil diez. Dicho instrumento notarial contiene la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre ******************** -también conocida como ********************-, como vendedora, y ********************, como comprador, respecto de la finca urbana ubicada en calle ********************, Irapuato, Guanajuato, el cual se inscribió el nueve de julio de dos mil diez en el Registro Público de la Propiedad de Irapuato, Guanajuato. El juicio se radicó en el Juzgado Cuarto Civil de Partido de Irapuato bajo el número de expediente C-697/2016. El emplazamiento de ******************** a ese contradictorio se realizó por medio de edictos. Hecho esto, una vez transcurrido el plazo para apersonarse sin que lo hiciera, se le tuvo contestada la demanda en sentido negativo. En sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó reponer el procedimiento al considerar que en el caso se actualizaba la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario respecto de ******************** o ********************, quien aparecía como vendedora en el contrato de compraventa tildado de nulo. Así, ante el fallecimiento de dicha persona, se previno al actor ampliara su demanda en contra de su sucesión. Una vez incorporada la sucesión referida a la litis del juicio de origen, el cinco de julio de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva, donde se declaró procedente la acción intentada y, por ende, la nulidad de la escritura pública controvertida; además se condenó al reo ******************** a la restitución de la posesión de la finca urbana objeto de la compraventa. En vista de lo anterior, el demandado, aquí quejoso, promovió el presente juicio de amparo; se ostentó como tercero extraño por equiparación y señaló fundamentalmente que su emplazamiento al juicio fue ilegal. El treinta de julio de dos mil veintiuno este juzgado concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para los siguientes efectos: ... Bajo ese tenor, en auto de nueve de junio de dos mil veintidós se requirió el cumplimiento del fallo. Actuaciones verificadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante el oficio recibido en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el juzgado responsable informó que en auto de trece de junio ese año realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ******************** a partir del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en el que ordenó el emplazamiento por edictos del quejoso ********************. b) Ordenó restituir al quejoso en la posesión del inmueble objeto de esa controversia, lo cual se verificó el veintisiete de junio de dos mil veintidós. c) Ordenó dejar sin efecto la orden de cancelación de la escritura pública ******************** en la cual se formalizó el contrato de compraventa cuya nulidad se demandó en el juicio de origen. Ello en virtud de que dicha orden fue emitida en el resolutivo tercero de la sentencia de cinco de julio dos mil diecinueve dentro del juicio de origen; es decir, de manera posterior al acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, a partir del cual, en el fallo protector del presente juicio de amparo, se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********************. Mediante oficio de trece de julio de dos mil veintidós, el juzgado responsable informó que se encontraba impedido para cumplir con el efecto precisado en el inciso c) del punto anterior, en virtud de que existía una orden de inmovilización del inmueble afecto a la controversia inscrita el veintitrés de noviembre de dos mil quince, emitida en el juicio 532/2015 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, promovido por ******************** contra el quejoso ********************. En virtud de lo anterior, el veintiuno de julio de dos mil veintidós se requirió a la responsable para que informara el estado en que se hallaba el proceso 532/2015 del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato. En acatamiento a lo anterior, en autos de ocho, nueve y diecinueve de agosto de dos mil veintidós se tuvieron informadas las gestiones atinentes al cumplimiento de lo requerido. No obstante, en proveído de veintiocho de septiembre del dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable para que realizara las gestiones necesarias para dejar sin efectos la orden de cancelación de la escritura pública cuya nulidad fue declarada en la sentencia, y se le indicó que el fedatario público encargado del protocolo donde se tiró la escritura en cuestión debía informarle que tal instrumento subsistía, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Mediante proveídos de seis de octubre, tres, diez y veintitrés de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo informadas las gestiones relativas a dar cumplimiento al requerimiento formulado, y en el último de los autos aludidos, este juzgado dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento al fallo. Con base en las actuaciones practicadas por el juzgado responsable que fueron recibidas en los proveídos relacionados con antelación, se estima que fue satisfecha la totalidad de los efectos de la protección constitucional otorgada. Ello, pues se advierte que el juzgado responsable realizó lo siguiente: ... Este último punto se estima satisfecho porque la cancelación de la escritura pública anulada era jurídicamente imposible de ejecutar. En efecto, como se aprecia en el historial registral del inmueble objeto de controversia emitido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la compraventa anulada en el juicio de origen fue inscrita el nueve de julio de dos mil diez; mientras que la orden de inmovilización del mismo inmueble con motivo del diverso juicio 532/2015 del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, se inscribió el veintitrés de noviembre de dos mil quince; es decir, con anterioridad a la sentencia anulatoria de cinco de julio de dos mil diecinueve. Ante tal inmovilización, no pudo inscribirse en el órgano registral la orden del juez responsable de cancelar la compraventa controvertida en el juicio de origen; de ahí que para efectos del cumplimiento al fallo amparador, baste que la autoridad judicial responsable haya dejado sin efectos la orden de cancelación de dicho acto jurídico. Lo anterior se corrobora con el oficio DGRPPYN/11139/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós del Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, en el que esa autoridad informó al juzgado responsable que en el protocolo del notario público que dio fe de la compraventa en cuestión, no habían anotaciones complementarias relativas a la cancelación de ese acto jurídico, por lo que ese instrumento subsistía. En este contexto, se estima que la autoridad responsable cumplió con la sentencia dictada en este asunto, al haber colmado la totalidad de los aspectos para los cuales se concedió el amparo y no haber incurrido en exceso o defecto en su acatamiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En razón de lo que antecede, resulta innecesario resguardar el tomo de pruebas enviado por el Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.-

  2. Incidental

    Visto que en el expediente principal se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, así como que en este asunto se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, archívese el presente expediente como asunto concluido y en términos de lo que dispone el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: a) Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), el original del incidente de suspensión es conservable, el cual será transferido una vez que transcurrido un plazo de tres años a partir de la emisión de este proveído. b) Con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.-

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional resuelve si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. ... También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Litis y resolución constitucional. ******************** demandó en la vía ordinaria civil a ******************** y a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato, entre otras prestaciones, la nulidad de la escritura pública ******************** de catorce de mayo de dos mil diez. Dicho instrumento notarial contiene la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre ******************** -también conocida como ********************-, como vendedora, y ********************, como comprador, respecto de la finca urbana ubicada en calle ********************, Irapuato, Guanajuato, el cual se inscribió el nueve de julio de dos mil diez en el Registro Público de la Propiedad de Irapuato, Guanajuato. El juicio se radicó en el Juzgado Cuarto Civil de Partido de Irapuato bajo el número de expediente C-697/2016. El emplazamiento de ******************** a ese contradictorio se realizó por medio de edictos. Hecho esto, una vez transcurrido el plazo para apersonarse sin que lo hiciera, se le tuvo contestada la demanda en sentido negativo. En sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó reponer el procedimiento al considerar que en el caso se actualizaba la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario respecto de ******************** o ********************, quien aparecía como vendedora en el contrato de compraventa tildado de nulo. Así, ante el fallecimiento de dicha persona, se previno al actor ampliara su demanda en contra de su sucesión. Una vez incorporada la sucesión referida a la litis del juicio de origen, el cinco de julio de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva, donde se declaró procedente la acción intentada y, por ende, la nulidad de la escritura pública controvertida; además se condenó al reo ******************** a la restitución de la posesión de la finca urbana objeto de la compraventa. En vista de lo anterior, el demandado, aquí quejoso, promovió el presente juicio de amparo; se ostentó como tercero extraño por equiparación y señaló fundamentalmente que su emplazamiento al juicio fue ilegal. El treinta de julio de dos mil veintiuno este juzgado concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para los siguientes efectos: ... Bajo ese tenor, en auto de nueve de junio de dos mil veintidós se requirió el cumplimiento del fallo. Actuaciones verificadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante el oficio recibido en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el juzgado responsable informó que en auto de trece de junio ese año realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ******************** a partir del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en el que ordenó el emplazamiento por edictos del quejoso ********************. b) Ordenó restituir al quejoso en la posesión del inmueble objeto de esa controversia, lo cual se verificó el veintisiete de junio de dos mil veintidós. c) Ordenó dejar sin efecto la orden de cancelación de la escritura pública ******************** en la cual se formalizó el contrato de compraventa cuya nulidad se demandó en el juicio de origen. Ello en virtud de que dicha orden fue emitida en el resolutivo tercero de la sentencia de cinco de julio dos mil diecinueve dentro del juicio de origen; es decir, de manera posterior al acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, a partir del cual, en el fallo protector del presente juicio de amparo, se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********************. Mediante oficio de trece de julio de dos mil veintidós, el juzgado responsable informó que se encontraba impedido para cumplir con el efecto precisado en el inciso c) del punto anterior, en virtud de que existía una orden de inmovilización del inmueble afecto a la controversia inscrita el veintitrés de noviembre de dos mil quince, emitida en el juicio 532/2015 del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, promovido por ******************** contra el quejoso ********************. En virtud de lo anterior, el veintiuno de julio de dos mil veintidós se requirió a la responsable para que informara el estado en que se hallaba el proceso 532/2015 del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato. En acatamiento a lo anterior, en autos de ocho, nueve y diecinueve de agosto de dos mil veintidós se tuvieron informadas las gestiones atinentes al cumplimiento de lo requerido. No obstante, en proveído de veintiocho de septiembre del dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable para que realizara las gestiones necesarias para dejar sin efectos la orden de cancelación de la escritura pública cuya nulidad fue declarada en la sentencia, y se le indicó que el fedatario público encargado del protocolo donde se tiró la escritura en cuestión debía informarle que tal instrumento subsistía, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Mediante proveídos de seis de octubre, tres, diez y veintitrés de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo informadas las gestiones relativas a dar cumplimiento al requerimiento formulado, y en el último de los autos aludidos, este juzgado dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento al fallo. Con base en las actuaciones practicadas por el juzgado responsable que fueron recibidas en los proveídos relacionados con antelación, se estima que fue satisfecha la totalidad de los efectos de la protección constitucional otorgada. Ello, pues se advierte que el juzgado responsable realizó lo siguiente: ... Este último punto se estima satisfecho porque la cancelación de la escritura pública anulada era jurídicamente imposible de ejecutar. En efecto, como se aprecia en el historial registral del inmueble objeto de controversia emitido el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la compraventa anulada en el juicio de origen fue inscrita el nueve de julio de dos mil diez; mientras que la orden de inmovilización del mismo inmueble con motivo del diverso juicio 532/2015 del Juzgado Quinto Civil de Partido de Irapuato, se inscribió el veintitrés de noviembre de dos mil quince; es decir, con anterioridad a la sentencia anulatoria de cinco de julio de dos mil diecinueve. Ante tal inmovilización, no pudo inscribirse en el órgano registral la orden del juez responsable de cancelar la compraventa controvertida en el juicio de origen; de ahí que para efectos del cumplimiento al fallo amparador, baste que la autoridad judicial responsable haya dejado sin efectos la orden de cancelación de dicho acto jurídico. Lo anterior se corrobora con el oficio DGRPPYN/11139/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós del Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, en el que esa autoridad informó al juzgado responsable que en el protocolo del notario público que dio fe de la compraventa en cuestión, no habían anotaciones complementarias relativas a la cancelación de ese acto jurídico, por lo que ese instrumento subsistía. En este contexto, se estima que la autoridad responsable cumplió con la sentencia dictada en este asunto, al haber colmado la totalidad de los aspectos para los cuales se concedió el amparo y no haber incurrido en exceso o defecto en su acatamiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En razón de lo que antecede, resulta innecesario resguardar el tomo de pruebas enviado por el Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.-

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora 06 de Irapuato, Guanajuato; en atención a su contenido, expídasele copia certificada de las constancias que requiere, y una vez obtenidas remítansele a través del oficio que derive de esta determinación.-

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