Alfonso Castillo Marroquin
Expediente 587/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alfonso Castillo Marroquin
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veinte. Recepción de la demanda y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alfonso Castillo Marroquín, contra actos del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 13, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 587/2020-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: ? El emplazamiento al procedimiento administrativo que dio lugar a la adjudicación del inmueble ubicado en Cerrada Vuelta de Gancho número 214, manzana 13, condominio 5, vivienda 7, Conjunto Habitacional "Laguna Florida", en Altamira, Tamaulipas. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: (...). El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: (...). De acuerdo con dicho numeral, se entiende que una persona consiente un acto de autoridad, cuando no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: (...). De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen tres hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, la primera se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; y la tercera, cuando a partir de que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de la narrativa de la demanda de amparo, la parte promovente manifestó tuvo conocimiento del acto reclamado el trece de marzo de dos mil trece; por tanto, se estima que a partir de esa fecha, conoció de la existencia del mismo. De esta manera, resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado el presente juicio, empezó a transcurrir al peticionario del amparo, a partir del día hábil siguiente de aquél en que refirió tuvo conocimiento del acto impugnado; esto es, a partir del cuatro de marzo de dos mil trece, luego, descontando los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil trece, por ser días inhábiles en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días feneció el veintiséis de marzo de dos mil trece. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el uno de octubre de dos mil veinte, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. (...). Esto es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] como autorizado[s] en términos del segundo párrafo artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Azucena Berrios Catillo y María Antonia Ramos Chirinos; en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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