Alfonso Cabañas Dominguez
Expediente 265/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfonso Cabañas Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 265/2017-IV-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia en el juicio de amparo el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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...PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO... SEGUNDO. DÉSE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 29/2007, DE UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE...
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 265/2017-IV-B, promovido por Alfonso Cabañas Domínguez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. **** SEGUNDO. ***** CONSIDERANDO: PRIMERO. ***** SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos: La omisión de citar a los terceros llamados a juicio "Corporación de Ases en Protec y Seg Inter Empres" y "División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios S.A. de C.V.", al conflicto laboral 400/16. Si bien la quejosa también señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de desahogar la audiencia de escucha de los referidos terceros, no se tiene como tal, por las siguientes razones. En aplicación del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), consistente en que el alcance de la sentencia que otorga el amparo contra una omisión o dilación en el procedimiento laboral, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, para fijar el acto reclamado el tribunal puede y debe atender a la etapa procesal en que se ubica, lo cual, válidamente puede realizarse a la luz del caudal probatorio y no únicamente con base en lo expuesto en la demanda, de tal suerte que debe tenerse como acto reclamado, aquel que ciertamente puede considerarse irroga perjuicio al quejoso, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, a saber, que el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que es dable excluir de la precisión del acto reclamado, los argumentos relacionados con hechos futuros. La tesis 2a.CV/2013 (10a.) dice a la letra: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En el particular y sin perjuicio de lo que más adelante se diga, conforme a las documentales aportadas por la autoridad responsable, la citación de los terceros llamados a juicio "Corporación de Ases en Protec y Seg Inter Empres" y "División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios S.A. de C.V.", no ha sido realizada. La citación constituye un acto procesal necesario para que la audiencia de escucha de los terceros, esté en condición de celebrarse. En consecuencia, a nada práctico conduciría examinar como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de desahogar la referida audiencia, porque a causa de la falta de citación de los terceros, no está en aptitud de hacerlo. La exclusión se refuerza con el criterio de este juzgador en los asuntos en que se otorga la protección constitucional contra la falta de emplazamiento de la parte demandada en los juicios seguidos ante la Junta. En esos asuntos, cuando a la par de la falta de emplazamiento se reclama la falta de desahogo de la audiencia bifásica, ésta no se examina como acto reclamado, por tratarse de un acto futuro, sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones procesales, siendo una de ellas, el emplazamiento de la parte demandada, que puede efectuarse o no. Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, y debe actuar conforme a los lineamientos de las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.) y 2a./J.126/2016 (10a.), de rubros "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO." y registros 2004225 y 2013079, respectivamente. El criterio adoptado por este juzgador consistente en que tratándose de la falta de emplazamiento de la parte demandada, el amparo no puede tener por efecto que la Junta desahogue la audiencia bifásica, por estar dicho desahogo, supeditado a que el emplazamiento se lleve a cabo, ha sido confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 376/2016, derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 826/2016-IV, del índice de este juzgado. La invocación de la ejecutoria dictada por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ella a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (foja 14). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Debe decirse que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de enlazar armónicamente los preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, para obtener una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Ahora, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explica qué debe entenderse por "irreparabilidad", para efecto de determinar si un acto dentro del juicio, reclamado en amparo indirecto, causa una afectación de esa naturaleza. Así, para que un acto sea susceptible de calificarse como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Otra peculiaridad, es que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, un acto será de imposible reparación, cuando converjan estas características: Primera. Que afecte materialmente derechos. Esto se traduce en que el acto impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Segunda. Que los derechos afectados materialmente por el acto, sean derechos sustantivos, cuya naturaleza es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, que surgen con motivo de un juicio y no con independencia de que éste exista o no, cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y permiten determinar si [el acto] afectó o no al quejoso. La jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011428 1 de 1 Pleno Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Pag. 15 Jurisprudencia(Común) CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Las características que un acto debe reunir para poder calificarse como de imposible reparación, consistentes en que debe causar una afectación material y ésta ha de recaer sobre derechos sustantivos, fueron consideradas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, cuya materia fue determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualizaba una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo. La resolución de la contradicción de tesis 325/2015, originó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.): Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En dicho criterio jurisprudencial, la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y, por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en estos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, provocando así, una afectación material a ese derecho. Antes de continuar, se precisa que el(los) artículo(s) de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se cite(n), corresponderá(n) a la ley vigente, ya que el conflicto de origen data de dos mil dieciséis. El artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los terceros llamados a juicio serán oídos en audiencia, antes de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Deben ser notificados personalmente con cinco días de anticipación a la audiencia. El llamamiento suspende el procedimiento. El presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, exhibió copias certificadas de las actuaciones de doce de diciembre de dos mil dieciséis y treinta de enero de dos mil diecisiete, correspondientes al juicio 400/16 (fojas 15 y 21); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El examen de las constancias aportadas por la autoridad, revela los siguientes hechos. En actuación de doce de diciembre de dos mil dieciséis, propia de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta ordenó el llamamiento a juicio de los terceros "Corporación de Ases en Protec y Seg Inter Empres" y "División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios S.A. de C.V.". Ante ello, suspendió la audiencia y fijó las diez horas del treinta de enero de dos mil diecisiete, para la audiencia de escucha de los terceros. Ordenó su citación por conducto del actuario adscrito. La audiencia de escucha no fue celebrada el treinta de enero actual, por falta de citación de los terceros. La autoridad señaló el uno de marzo siguiente para escucharlos y encomendó su citación al actuario adscrito. Ahora bien, el acto reclamado se analiza, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Dicha regla se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La demanda de amparo fue presentada el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. La actuación que antecede al ejercicio de la acción de amparo, es la de treinta de enero del año en curso, ya examinada. La falta de citación de los terceros llamados a juicio, ciertamente provocó que la audiencia de escucha no pudiera desahogarse el treinta de enero actual. Además, dicha omisión significó incumplimiento de la Junta a la obligación que le impone el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, de citar personalmente al tercero con cinco días de anticipación a la audiencia en que ha de ser oído. Sin embargo, la omisión reclamada no constituye una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. En efecto, no entraña una abierta dilación del procedimiento, porque únicamente ha impedido el desahogo de la audiencia de escucha en una sola ocasión, siendo ésta, la correspondiente al treinta de enero de dos mil diecisiete; aunado a que la audiencia fue señalada para el uno de marzo de dos mil diecisiete y no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad, alegada en múltiples ocasiones en este y otros asuntos del índice de este juzgado; por tanto, el acto reclamado no se estima generador de una abierta dilación que impida el goce del derecho sustantivo a la administración de justicia. Tampoco implica una paralización total del procedimiento, porque en la propia audiencia de treinta de enero, la autoridad proveyó para la continuidad del trámite, pues señaló las doce horas del uno de marzo siguiente, para desahogar la audiencia de escucha de los terceros y ordenó su citación por conducto del actuario adscrito. Por consiguiente, el acto reclamado, a la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo del quejoso a la administración de justicia. Aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, para que pueda considerarse como irreparable, debe afectar materialmente el derecho, esto es, debe impedir su ejercicio de forma actual. Conforme a la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la irreparabilidad de una omisión o dilación en un procedimiento jurisdiccional, tendrá lugar cuando implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en esos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, provocando así, una afectación material al mismo, sin que la sentencia de amparo pueda reparar al quejoso el tiempo en que en su caso, la autoridad jurisdiccional o con funciones materialmente jurisdiccionales, dejó de actuar de forma injustificada. Pero en el caso, ya se dieron las razones por las que el acto reclamado, en atención a la fecha de instauración del juicio de amparo, no afecta materialmente el derecho sustantivo del quejoso a la administración de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque no implica una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. En conclusión, al no impedir al quejoso el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, la omisión de la Junta responsable de citar a los terceros llamados a juicio "Corporación de Ases en Protec y Seg Inter Empres" y "División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios S.A. de C.V.", al conflicto laboral 400/16, no es de imposible reparación, de tal suerte que el amparo en su contra resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los efectos del sobreseimiento se fundan en estas tesis: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alfonso Cabañas Domínguez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERACION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, mediante el cual remite copia certificada de las constancias solicitadas por auto de diecisiete de marzo actual; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase...
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