Alfonso Breceda Palacios

Expediente 1627/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 1 actuación registrada, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1627/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Breceda Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Distrito Judicial con residencia en Nombre de Dios, Durango y otras autoridades. Asimismo, agréguense las copias certificadas del diverso juicio de amparo ******************** con las que se da cuenta. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1627/2022. III. Decisión de la instancia. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que los actos reclamados consisten en los siguientes: 1. La orden de cateo ejecutada en el domicilio del quejoso, ordenada en el juicio 445/2021. 2. La sentencia dictada dentro del juicio 445/2021 al cual no fue legalmente llamado. 3. La orden de aprehensión girada contra el quejoso en el referido juicio. En cuanto a dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, que indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 115/2010, determinó que el conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte promovente queda enterada, de manera completa, del acto reclamado. Luego, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha determinado que el conocimiento del acto reclamado para efectos del inicio del cómputo del término para su promoción debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En el caso, el quejoso adujo bajo protesta de decir verdad, que el trece de diciembre de dos mil veintidós acudieron a su domicilio el actuario notificador y ejecutor del Juzgado del Décimo Tercer Distrito Judicial y elementos de seguridad pública, ordenándole que "desaloje" en virtud de lo determinado en el juicio 445/2021, al cual aduce no fue notificado legalmente. Asimismo, indicó que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada el catorce de noviembre del mismo año. Ahora, de las copias certificadas del diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, se advierte que el aquí quejoso promovió aquel juicio contra los mismos actos y autoridades responsables señaladas en la demanda que origina el presente asunto; además, se aprecia que la demanda del juicio ******************** fue desechada por consentimiento tácito de los actos, debido a que el quejoso reconoció haber tenido conocimiento de los actos desde el catorce de noviembre de dos mil veintidós, por lo que la presentación de la demanda no fue oportuna. Así, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa pretende combatir los mismos actos reclamados a las mismas autoridades que en el juicio ********************, con la diferencia de que en el nuevo escrito de demanda aduce haber tenido conocimiento de los actos hasta el trece de diciembre de dos mil veintidós, con lo que se busca eludir el reconocimiento expreso que anteriormente se hizo en diverso expediente. Ello puede advertirse de las siguientes imágenes digitalizadas de ambas demandas de amparo: Demanda relativa al juicio de amparo ********************: Demanda relativa al presente juicio de amparo 1627/2022: Conforme a lo anterior, el quejoso no puede desconocer que reconoció expresamente la fecha en que se hizo sabedor de los actos reclamados desde su demanda registrada bajo el número ********************; sin que sea válido que pretenda eludir ese conocimiento mediante la presentación de una nueva demanda donde varíe únicamente la fecha de conocimiento de los actos. Por ende, de acuerdo a lo expuesto, el cómputo del término de quince días para promover la demanda de amparo debe partir del día siguiente al que el quejoso se hizo saber del acto reclamado, lo cual ocurrió el catorce de noviembre de dos mil veintidós según manifestación expresa en la demanda relativa al aludido juicio de amparo ********************. Consecuentemente, el citado término transcurrió del quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, tal como reflejan los siguientes cuadros calendario: Noviembre de 2022 D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ° 15 * 16 * 17 * 18 * 19 20 21 22 * 23 * 24 * 25 * 26 27 28 * 29 * 30 * Diciembre de 2022 D L M M J V S 1 * 2 * 3 4 5 * 6 * 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 / 24 25 26 27 28 29 30 31 Por tanto, si el término para promover el juicio de amparo concluyó el seis de diciembre de dos mil veintidós, y la demanda se presentó hasta el veintitrés del mismo mes y año según acuse de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que obra en ella, entonces resulta extemporánea. Lo anterior actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, pues como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el numeral 21 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no se opone a los artículos 17 y 18 de la Ley vigente, la esencia de esa disposición "se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario". Robustece lo considerado, la tesis del Pleno del Alto Tribunal, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Sin que se advierta que el caso se ubique en las excepciones a dicho término previstas en el citado artículo 17, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa; procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en materia penal que imponga pena de prisión; actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios de un núcleo de población ejidal comunal; ni se combaten actos que impliquen privación de la vida, libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional, o incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. No es obstáculo que uno de los actos reclamados constituya una orden de aprehensión, en atención a que los artículos 103 y 107 constitucionales no establecen lapso alguno en específico para promover el juicio de amparo indirecto contra actos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal, por ello, corresponde el genérico de quince días. "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". No pasa desapercibida la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, conforme al cual el juicio es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en diverso juicio de amparo, siempre que se trate de las mismas autoridades responsables, actos y quejosos; sin embargo, no se actualizaría ésta debido a que, si bien el diverso juicio de amparo ******************** coincide con este asunto en cuanto a actos, autoridades responsables y quejoso, lo cierto es que esa determinación no ha quedado firme, por lo que no podría hablarse de una resolución ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV.- Intervención de las partes del juicio de amparo. 1.- Quejoso. ********************. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. b. Autorizados. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** e ********************. c. Solicitud de tramitación del juicio en línea. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para continuar con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma del presente acuerdo. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, serán firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica y en casos extraordinarios, previa justificación, se podrá utilizar la firma autógrafa, en términos de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.

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