Alfonso Balderas Morales

Expediente 97/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
97/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
28/03/2016

Partes del expediente

  • Alfonso Balderas Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintitrés de febrero de este año, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido, glósense los incidentes de suspensión relativos a este juicio. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los incidentes de suspensión serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Finalmente, devuélvanse al Juez Municipal en Materia Civil de Tehuacán, Puebla, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, así como las diversas copias certificadas del juicio de amparo indirecto 905/2014 del entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, que remitió al rendir su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de Rosalino Martín Martínez Hernández autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte tercera interesada Gilberto Rodríguez Paredes, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita expídanse a su costa copia de las constancias que indica, en el horario comprendido de nueve a doce horas de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido, por razón de turno, al día siguiente, a este Juzgado de Distrito, ALFONSO BALDERAS MORALES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes (fojas 2 y 3): 3. AUTORIDADES RESPONSABLES. En su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras: JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA, en el domicilio ampliamente conocido ubicado en AVENIDA REFORMA ESQUINA CON 3 ORIENTE NÚMERO 101 EN LA ZONA CENTR5O DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. AL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. Con domicilio idéntico al de la autoridad responsable anterior. 4. ACTOS RECLAMADOS: De dicha autoridades reclamo los siguientes actos: La falta de emplazamiento a esta parte dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé quedo radicado bajo el expediente número 1294/2013 del índice de las responsables y ejecutoras con domicilio en la ciudad de Tehuacán, Puebla; acto cuyo defecto, ilegalidad u omisión, violo la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, lo que dejo en completo estado de indefensión a esta parte. La pretensión de ejecutar a esta parte sin haber sido oída ni vencida previamente en un juicio en el que hubiera podido comparecer, pretendiendo privarla de sus bienes, rematándolos o adjudicándolos a otras personas con violación directa a las garantías del quejoso. En todo caso, suponiendo sin conceder, que se pretenda considerar que si hubo el supuesto emplazamiento parte de las responsables, entonces se reclama también la ilegalidad de dicho supuesto emplazamiento ya que el quejoso jamás fue notificado ni emplazado, ni en términos legales ni con las formalidades que para ello se deben cumplir, ni mucho menos lo fue realmente y por ende, se reclaman en consecuencia todas las actuaciones que se han realizado por las responsables en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé quedo radicado bajo el expediente número 1394/2013 del índice de las autoridades referidas; por, suponiendo sin conceder, realizarlas con violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y en perjuicio de esta parte quejosa por lo que todo ese procedimiento o juicio está viciado desde la supuesta diligencia de emplazamiento que pretenden argumentar las demandadas. La violación directa a las garantías de esta parte quejosa al pretender decirse que se emplazó a esta parte y que supuestamente esta parte compareció a juicio, cuando jamás he sido emplazado ni mucho menos he comparecido a juicio ni otorgado representación alguna a persona alguna por lo que suponiendo sin conceder, si se pretende decir que supuestamente alguien me representó, reclamó desde este momento la falsa representación que del quejoso se diga que se hizo en el dicho supuesto juicio. Así mismo, se reclaman en vía de consecuencia, las actuaciones y prosecución del (sic) en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé que quedo radicado bajo el expediente número 1394/2013 del índice de las autoridades demandadas así como todas las consecuencias de hecho y de Derecho que se deriven de dicha falta de emplazamiento y en su caso de la ilegalidad del supuesto emplazamiento, entre estas, se reclama precisamente como consecuencia, la ilegal pretensión de ejecución de la supuesta sentencia dictada en dicho número 1394/2013 del índice de las autoridades referidas, el embargo de los bienes de esta parte así como su privación por remate o adjudicación a otras personas en dicho Juicio Ejecutivo Mercantil en el que se pretende condenar al quejoso sin haberle permitido defenderse antes de ser condenado de manera ilegal y absurda así como privarla de bienes de su propiedad. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados, señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y manifestó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Recibida la demanda, por auto de veinticinco de enero de dos mil dieciséis (fojas 16 a 19), se admitió a trámite radicándose bajo el expediente de amparo 97/2016, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo con el carácter de tercero interesado a Isidro Rodríguez Hernández, por sí o por conducto de su endosatario en procuración Gilberto Rodríguez Pérez (foja 27), ordenándose su emplazamiento. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis conjunto de la demanda de amparo con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Del análisis contextual antes indicado se tiene que ALFONSO BALDERAS MORALES reclama en el presente juicio los actos siguientes: La diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio. Ahora, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis (foja 27), se tuvo al juez responsable rindiendo informe con justificación, en el que negó la existencia del acto reclamado, empero, deben tenerse por ciertos atento al contenido íntegro del referido informe, así como al de las copias certificadas de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, que en apoyo a su informe justificado adjuntó (anexo 1). Asimismo, manifestó que el hoy quejoso había promovido diverso juicio de amparo en iguales términos a los aquí reclamados, respecto del cual había tocado conocer a este órgano jurisdiccional en su anterior denominación (Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla), bajo el número amparo 905/2014, y para justificar su dicho remitió copias certificadas deducidas de dicho juicio (anexo 2), de las que se advierte que en efecto el aquí quejoso, ALFONSO BALDERAS MORALES, promovió diverso juicio de amparo en el que señaló como acto reclamado preponderante la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia de la anterior diligencia todo lo actuado con posterioridad dentro del mismo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados por ALFONSO BALDERAS MORALES, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De las porciones normativas transcritas se colige que un juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve en contra de actos que fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme, dictado en un anterior juicio de amparo. En torno a la figura jurídica que se analiza, es menester considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil siete, sustentó que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En ese sentido, resulta pertinente reiterar que el quejoso ALFONSO BALDERAS MORALES, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia de la anterior diligencia todo lo actuado con posterioridad dentro del mismo. Sentado lo que antecede, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es pertinente señalar que resulta un hecho notorio que en el libro de gobierno de este juzgado antes denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, se registró el juicio de amparo promovido por ALFONSO BALDERAS MORALES (aquí quejoso), bajo el número de amparo 905/2014, en donde los actos reclamados ahí analizados fueron los mismos que hoy se reclaman; por lo cual, se ordena traerlo a la vista, ya que dichas constancias son necesarias para resolver lo conducente. Se sostiene lo anterior dado que de las actuaciones del juicio de amparo 905/2014, se desprende lo siguiente: Que el juicio de amparo es promovido por ALFONSO BALDERAS MORALES. Que el acto reclamado dentro de dicho sumario el quejoso lo hizo consistir en la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio (fojas 2 a 6 del expediente 905/2014). Que previa sustanciación del referido juicio, el veintiocho de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió negar el amparo solicitado por ALFONSO BALDERAS MORALES, al arribarse a la consideración de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del referido sumario fue legal (fojas 83 a 104 del expediente 905/2014). Que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil catorce causo ejecutoria (foja 138 del expediente 905/2014). Resolución que constituye un hecho notorio en términos de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así las cosas, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en que se actúa 97/2016 y el diverso 905/2014, del estadística entonces denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, se advierte que existe identidad de partes, esto es, quejoso, autoridades responsables y que los actos reclamados en los referidos sumarios guardan una estrecha vinculación al ser los mismos; igualmente, que en el juicio citado en último término existe una sentencia definitiva la cual ha causado ejecutoria. Cabe indicar que la vinculación de actos reclamados a que se ha hecho referencia, radica en que el inconforme ALFONSO BALDERAS MORALES reclamó en el juicio de amparo 905/2014, del entonces denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio; en tanto que, en este sumario, combate los mismos actos. Lo anterior, permite concluir que el inconforme ALFONSO BALDERAS MORALES, reclamó en dos juicios de amparo iguales actos, a las mismas autoridades responsables. En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia II.2oP.J/23, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Noviembre de 2006, página 991, que dice: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Asumir la posición contraria, implicaría que la parte quejosa pueda promover, válidamente, cuantos juicios de garantías estime convenientes para combatir el mismo acto o sus consecuencias, con lo cual, no sólo se retardaría la impartición de justicia en demérito de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que, además, se crearía un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con el peligro de que se dicten sentencias contradictorias en asuntos vinculados y que guardan una situación de interdependencia. En tal sentido, el suscrito Juez Federal se encontraría imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Junio de 1996, Novena Época, cuyos rubro y texto, enseguida se señalan: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Atento a lo proveído, se dejan sin efectos las diez horas con once minutos del catorce de marzo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido, por razón de turno, al día siguiente, a este Juzgado de Distrito, ALFONSO BALDERAS MORALES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes (fojas 2 y 3): 3. AUTORIDADES RESPONSABLES. En su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras: JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA, en el domicilio ampliamente conocido ubicado en AVENIDA REFORMA ESQUINA CON 3 ORIENTE NÚMERO 101 EN LA ZONA CENTR5O DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. AL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. Con domicilio idéntico al de la autoridad responsable anterior. 4. ACTOS RECLAMADOS: De dicha autoridades reclamo los siguientes actos: La falta de emplazamiento a esta parte dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé quedo radicado bajo el expediente número 1294/2013 del índice de las responsables y ejecutoras con domicilio en la ciudad de Tehuacán, Puebla; acto cuyo defecto, ilegalidad u omisión, violo la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, lo que dejo en completo estado de indefensión a esta parte. La pretensión de ejecutar a esta parte sin haber sido oída ni vencida previamente en un juicio en el que hubiera podido comparecer, pretendiendo privarla de sus bienes, rematándolos o adjudicándolos a otras personas con violación directa a las garantías del quejoso. En todo caso, suponiendo sin conceder, que se pretenda considerar que si hubo el supuesto emplazamiento parte de las responsables, entonces se reclama también la ilegalidad de dicho supuesto emplazamiento ya que el quejoso jamás fue notificado ni emplazado, ni en términos legales ni con las formalidades que para ello se deben cumplir, ni mucho menos lo fue realmente y por ende, se reclaman en consecuencia todas las actuaciones que se han realizado por las responsables en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé quedo radicado bajo el expediente número 1394/2013 del índice de las autoridades referidas; por, suponiendo sin conceder, realizarlas con violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y en perjuicio de esta parte quejosa por lo que todo ese procedimiento o juicio está viciado desde la supuesta diligencia de emplazamiento que pretenden argumentar las demandadas. La violación directa a las garantías de esta parte quejosa al pretender decirse que se emplazó a esta parte y que supuestamente esta parte compareció a juicio, cuando jamás he sido emplazado ni mucho menos he comparecido a juicio ni otorgado representación alguna a persona alguna por lo que suponiendo sin conceder, si se pretende decir que supuestamente alguien me representó, reclamó desde este momento la falsa representación que del quejoso se diga que se hizo en el dicho supuesto juicio. Así mismo, se reclaman en vía de consecuencia, las actuaciones y prosecución del (sic) en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil que ahora sé que quedo radicado bajo el expediente número 1394/2013 del índice de las autoridades demandadas así como todas las consecuencias de hecho y de Derecho que se deriven de dicha falta de emplazamiento y en su caso de la ilegalidad del supuesto emplazamiento, entre estas, se reclama precisamente como consecuencia, la ilegal pretensión de ejecución de la supuesta sentencia dictada en dicho número 1394/2013 del índice de las autoridades referidas, el embargo de los bienes de esta parte así como su privación por remate o adjudicación a otras personas en dicho Juicio Ejecutivo Mercantil en el que se pretende condenar al quejoso sin haberle permitido defenderse antes de ser condenado de manera ilegal y absurda así como privarla de bienes de su propiedad. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados, señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y manifestó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Recibida la demanda, por auto de veinticinco de enero de dos mil dieciséis (fojas 16 a 19), se admitió a trámite radicándose bajo el expediente de amparo 97/2016, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo con el carácter de tercero interesado a Isidro Rodríguez Hernández, por sí o por conducto de su endosatario en procuración Gilberto Rodríguez Pérez (foja 27), ordenándose su emplazamiento. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis conjunto de la demanda de amparo con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Del análisis contextual antes indicado se tiene que ALFONSO BALDERAS MORALES reclama en el presente juicio los actos siguientes: La diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio. Ahora, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis (foja 27), se tuvo al juez responsable rindiendo informe con justificación, en el que negó la existencia del acto reclamado, empero, deben tenerse por ciertos atento al contenido íntegro del referido informe, así como al de las copias certificadas de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, que en apoyo a su informe justificado adjuntó (anexo 1). Asimismo, manifestó que el hoy quejoso había promovido diverso juicio de amparo en iguales términos a los aquí reclamados, respecto del cual había tocado conocer a este órgano jurisdiccional en su anterior denominación (Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla), bajo el número amparo 905/2014, y para justificar su dicho remitió copias certificadas deducidas de dicho juicio (anexo 2), de las que se advierte que en efecto el aquí quejoso, ALFONSO BALDERAS MORALES, promovió diverso juicio de amparo en el que señaló como acto reclamado preponderante la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia de la anterior diligencia todo lo actuado con posterioridad dentro del mismo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados por ALFONSO BALDERAS MORALES, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De las porciones normativas transcritas se colige que un juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve en contra de actos que fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme, dictado en un anterior juicio de amparo. En torno a la figura jurídica que se analiza, es menester considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil siete, sustentó que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En ese sentido, resulta pertinente reiterar que el quejoso ALFONSO BALDERAS MORALES, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y como consecuencia de la anterior diligencia todo lo actuado con posterioridad dentro del mismo. Sentado lo que antecede, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es pertinente señalar que resulta un hecho notorio que en el libro de gobierno de este juzgado antes denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, se registró el juicio de amparo promovido por ALFONSO BALDERAS MORALES (aquí quejoso), bajo el número de amparo 905/2014, en donde los actos reclamados ahí analizados fueron los mismos que hoy se reclaman; por lo cual, se ordena traerlo a la vista, ya que dichas constancias son necesarias para resolver lo conducente. Se sostiene lo anterior dado que de las actuaciones del juicio de amparo 905/2014, se desprende lo siguiente: Que el juicio de amparo es promovido por ALFONSO BALDERAS MORALES. Que el acto reclamado dentro de dicho sumario el quejoso lo hizo consistir en la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio (fojas 2 a 6 del expediente 905/2014). Que previa sustanciación del referido juicio, el veintiocho de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió negar el amparo solicitado por ALFONSO BALDERAS MORALES, al arribarse a la consideración de que la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del referido sumario fue legal (fojas 83 a 104 del expediente 905/2014). Que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil catorce causo ejecutoria (foja 138 del expediente 905/2014). Resolución que constituye un hecho notorio en términos de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así las cosas, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en que se actúa 97/2016 y el diverso 905/2014, del estadística entonces denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, se advierte que existe identidad de partes, esto es, quejoso, autoridades responsables y que los actos reclamados en los referidos sumarios guardan una estrecha vinculación al ser los mismos; igualmente, que en el juicio citado en último término existe una sentencia definitiva la cual ha causado ejecutoria. Cabe indicar que la vinculación de actos reclamados a que se ha hecho referencia, radica en que el inconforme ALFONSO BALDERAS MORALES reclamó en el juicio de amparo 905/2014, del entonces denominado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, la diligencia de requerimiento de pago, embargo de bienes inmuebles y emplazamiento practicado al quejoso el trece de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1394/2013, del índice del Juzgado Municipal de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho llamamiento a juicio; en tanto que, en este sumario, combate los mismos actos. Lo anterior, permite concluir que el inconforme ALFONSO BALDERAS MORALES, reclamó en dos juicios de amparo iguales actos, a las mismas autoridades responsables. En las relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia II.2oP.J/23, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Noviembre de 2006, página 991, que dice: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Asumir la posición contraria, implicaría que la parte quejosa pueda promover, válidamente, cuantos juicios de garantías estime convenientes para combatir el mismo acto o sus consecuencias, con lo cual, no sólo se retardaría la impartición de justicia en demérito de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que, además, se crearía un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con el peligro de que se dicten sentencias contradictorias en asuntos vinculados y que guardan una situación de interdependencia. En tal sentido, el suscrito Juez Federal se encontraría imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Junio de 1996, Novena Época, cuyos rubro y texto, enseguida se señalan: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Atento a lo proveído, se dejan sin efectos las diez horas con once minutos del catorce de marzo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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