Alfonso Aviles Vargas

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Aviles Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio remitido vía electrónica por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, informa que acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito; de lo cual el suscrito toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso ++++++++++++++++++, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de julio de dos ml veintidós. En esas condiciones se provee: Incompetencia En ese contexto, por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este Órgano Jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO. "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de ditrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que acorde a la doctrina, los actos que pueden ser reclamados en un juicio de amparo, acorde a su naturaleza y consecuencias jurídicas, pueden ser entre otros: 1) Declarativos sin efectos positivos son aquéllos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o situaciones existentes. 2) Omisivos son aquellos en los que la autoridad se abstiene de actuar, a pesar de encontrarse obligada a realizar determinada conducta. 3) Declarativos con efectos positivos, son aquéllos que en sí mismos traen aparejado un principio de ejecución, que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado y originan la existencia de un agravio. Del mandato anteriormente transcrito se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el Juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, del escrito de desahogo, se advierte que el quejoso refiere que su domicilio se ubica en Calle Matanzas número 715, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código Postal 07300, lugar donde expresamente el impetrante refiere que es el sitio donde se pretende o se ha pretendido ejecutar la orden de aprehensión, que señala de inconstitucional. De ahí que se sostenga que las acciones reclamadas no impliquen ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial 1a./J. 52/2013 (10a.), con registro digital 2004166, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, Materia(s): Común, Penal, que a la letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese contexto, se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia en este Juzgado de Distrito para conocer del asunto, toda vez que como se expresó en supralineas, no se desprende que los actos reclamados tengan ejecución en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, pues como lo expresa claramente el aquí quejoso la ejecución del acto es en la Ciudad de México; lugar diverso al en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso no acontece, pues el acto reclamado se ejecutará en la Ciudad de México. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso esta regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Sin que en el caso sea aplicable lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. [.] Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [.]" Dado que si bien es cierto la demanda de amparo se presentó en Nezahualcóyotl, Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, como quedo expuesto, no hay ejecución alguna del acto reclamado en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, de ahí que el supuesto normativo contemplado en el dispositivo legal referido no opera en el caso concreto, tal como quedó precisado. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y sus reformas, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, para que informe lo relativo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se solicita al Juez correspondiente que dentro del término que señala el citado artículo 48 de la ley de la materia, manifieste si acepta o no la competencia planteada; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda promovida por ++++++++++, contra actos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y otras autoridades. Anotaciones. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 805/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Prevención Una vez analizado el escrito inicial de demanda y las constancias que integran el presente sumario constitucional, este órgano jurisdiccional concluye que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, debe prevenirse al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Precise el lugar donde se encuentra actualmente, toda vez que en el capítulo de respectivo precisa que tiene su domicilio en Calle Matanzas, número 715, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código Postal 7300, Ciudad de México. Sin embargo, en el capítulo de antecedes refiere lo siguientes: "No obstante lo anterior, durante mi detención y estancia en el centro de reclusión ubicado en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, miembros de la policía federal ministerial m decía que conocían todo de mí y mi familia y que aún y cuando saliera del centro penitenciario podrían detenerme nuevamente" Sin embargo, al suscrito no le resulta claro, ni preciso el lugar donde se pretendió ejecutar la orden de aprehensión que refiere, lo cual genera incertidumbre jurídica; lo anterior es así, ya que tal información resulta necesaria a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto o actos que se reclaman, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". 2. Una vez señalado lo anterior, deberá manifestar si dicha ejecución se llevará a cabo por alguna autoridad que tenga su residencia en la Ciudad de México o únicamente la que refiere en su escrito inicial. En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el (la) justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia. Apercibido que de incumplir con lo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.

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