Alfonso Avila García
Expediente 166/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alfonso Avila García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de junio de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 166/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, ALFONSO ÁVILA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Zacatecas. Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal. Acto reclamado: "IV. La Norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De las autoridades señaladas, en los incisos 1) y 2) reclamo la ilegalidad de sus actos de autoridad consistente en LA VIOLACIÓN A MI GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN, establecida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir acordar y notificarme respecto al trámite administrativo que inicie desde el día 28 de Octubre de 2014." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 8, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el diez de febrero de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el expediente 166/2014; admitir a trámite la demanda de garantías; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de contestación a la petición del quejoso realizada mediante escrito de veintiocho de octubre dos mil catorce. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". II.2.1. Inexistencia. La autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal con sede en México Distrito Federal, al rendir su informe con justificación, negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen, ya que según expresó, la petición cuya omisión de respuesta reclama el quejoso, no fue realizada a dicha Secretaría, dado que se presentó de manera directa a la Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas. Lo anterior, sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar la citada negativa, pues de las copias de los escritos de fechas veintiocho de octubre de dos mil catorce y veintitrés de enero del año en curso, que exhibió con su demanda, se desprende que ambos están dirigidos a la Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas y además se aprecia, que los sellos de recibido corresponden precisamente a Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a la mencionada responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. Es cierto el acto que se reclama de la diversa autoridad responsable Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, Delegación Zacatecas, toda vez que así se desprende del contenido de su informe justificado que rindió. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable de mérito con su informe justificado, particularmente, con las relativas al oficio de doce de febrero de dos mil quince, así como su respectiva notificación, las cuales obran a fojas 30 a 32 de los presentes autos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal. Resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados a que se hace referencia, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, mismo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, del contenido integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, la violación a la garantía constitucional relativa al derecho de petición, establecida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber omitido la responsable, acordar y notificarle respecto al trámite que se haya dado al escrito que presentó ante su instancia el veintiocho de octubre de dos mil catorce. Por su parte, la Maestra María Guadalupe Vega Sifuentes, en su carácter de Coordinadora del Programa de Estancias Infantiles, remitió, adjunto al oficio por el que rindió informe justificado, copia certificada del diverso oficio DZS/152/720/062/2015, de doce de febrero del año en curso (f.30-31), dirigido al impetrante del amparo, por el que en relación con la petición que el mismo le había realizado, le manifestó: "Con sus escritos de 28 de octubre de 2014 y 23 de enero de 2015, recibido en la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social, en el Estado de Zacatecas, formula denuncia ciudadana en la que manifiesta supuestas anomalías en la estancia infantil "REHILETE", ubicada en la calle Begonias No. 36, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, señala que la Estancia infantil "LAS ESTRELLAS MAGICAS", se encuentra fusionada con la denominada "REHILETE"; que ambas son propiedad de la señora Ma. Guadalupe Ávila García; pero que las tiene trabajando esta última a nombre de Lisett Salgado González y la primera a nombre de la propietaria (Ma. Guadalupe Ávila García) En relación con las manifestaciones formuladas en su primer libelo, respecto a la estancia infantil "REHILETE", ubicada en calle Begonias número 36, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, me permito comunicarle lo siguiente: Referente a la petición realizada al entonces Presidente Municipal del municipio de Guadalupe, Zacatecas, licenciado Rafael Flores Mendoza en fecha tres de enero de dos mil once, desconocemos la información anteriormente vertida por parte de Alfonso Ávila García, y respecto al oficio número 128 del expediente número DOSP/2011 de fecha dieciséis de marzo del presente año (sic), donde se menciona que la estancia infantil "REHILETE", no cuenta con la opinión favorable de esa Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la Estancia Infantil denominada "REHILETE", le informamos que el expediente principal de la estancia infantil "REHILETE", se encuentra el oficio número 728, expediente DOSP 2014 de fecha once de agosto de dos mil catorce, emitido por el ingeniero Manuel Silva Almaraz, Director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, dirigido a la responsable de la estancia infantil de la C. Lisett Salgado González, donde le emiten la constancia de compatibilidad urbanística y/o uso de suelo de predio ubicado en calle Begonias 36, centro de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas el cual concuerda con el domicilio de la Estancia Infantil "REHILETE", el anterior documento está disponible para su consulta en está coordinación. Asimismo, le hacemos mención que desde el día veintisiete de marzo de 2012, la responsable de la estancia infantil "REHILETE", lo es Lisett Salgado González y nunca aparece la ciudadana Ma. Guadalupe Ávila García como responsable de dicha Estancia Infantil. Por lo que hace a que, la estancia infantil "REHILETE", se encuentra cerca de establecimientos donde se expiden sustancias peligrosas, le hacemos mención que dentro del expediente principal de la Estancia Infantil, se encuentra la autorización del Programa Interno de Protección Civil emitido por el Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, Director Estatal de Protección Civil del Estado, donde señala en el punto segundo de los antecedentes ".Que en fecha doce de septiembre del año dos mil catorce el personal de esta Dependencia a mi cargo fue comisionado al domicilio del inmueble, que ocupa la Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias Núm, 36, Colonia, Centro en Guadalupe, Zacatecas. A fin de efectuar la inspección de mérito, respecto del cual, se pudo constatar que la misma cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de la población trabajadora y usuaria del inmueble, bienes y entorno aledaños a la misma en materia de Protección Civil.", con lo que podemos advertir que los alrededores de dicha estancia infantil son seguros de conformidad con la Autoridad en la Materia, así como de las supervisiones ordinarias realizadas por el personal de la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles", el anterior documento está disponible para su consulta en esta Coordinación. En atención a su afirmación de que la estancia infantil "REHILETE", no cumple con lo establecido en los artículos 42, 43, 46, 47, y 49 fracción IV de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se desconoce por parte de esta Coordinación lo antes mencionado, toda vez que de las supervisiones ordinarias realizadas constantemente por parte del personal de esta Coordinación de Estancias Infantiles, se advierte que la estancia infantil denominada "REHILETE", cuenta con los requisitos exigidos por la legislación correspondiente. No omitimos señalar, que esta Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno de la República, dará puntual seguimiento a la información vertida por el ciudadano Alfonso Ávila García, realizando supervisiones constantes a Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias número 36, Colonia Centro en Guadalupe, Zacatecas. Lo anterior se hace de su conocimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos .". De lo expuesto se advierte que la autoridad responsable le dio respuesta congruente a la petición del peticionario de garantías, ya que de su escrito de veintiocho de octubre de dos mil catorce, se desprende que manifestó lo siguiente: 1. Que el tres de enero de 2011, un grupo de colonos solicitaron al licenciado RAFAEL FLORES MENDOZA, quien fue Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, en el período 2010-2013, les informara la situación en la cual se encuentra operando la ESTANCIA INFANTIL DENOMINADA "EL REHILETE", debido a que a simple vista se podía observar la no factibilidad de dicha estancia. 2. Que por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe, se les hizo entrega del oficio 128, derivado del Expediente DOSP/2011, de dieciséis de marzo del dos mil catorce, en el cual se le da respuesta a la solicitud realizada por la MA. GUADALUPE ÁVILA GARCÍA quien es dueña de la Estancia infantil "EL REHILETE"; oficio en el cual se menciona que no cuenta con la opinión favorable de esa Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la Estancia Infantil denominada "EL REHILETE". 3. Que por el motivo antes indicado, aún y cuando por parte de la autoridad encargada de autorizar la factibilidad de cambio de uso de suelo, la respuesta fue negativa, por no contar con los requisitos mínimos que la Ley hace mención, la Estancia Infantil denominada "EL REHILETE", se encuentra operando sin tomar en cuenta por parte de las autoridades responsables, el riesgo a que están expuestos los BEBÉS que asisten a la misma, ya que por parte de las autoridades a las cuales les corresponde velar por dicha seguridad, están haciendo caso omiso de apegarse a la Ley para que no opere dicha estancia infantil por no contar con los requisitos de seguridad mínimos para los bebés que asisten a la misma. 5. Que la mencionada Estancia Infantil sigue operando en la impunidad, ya que de acuerdo a los artículos 42, 43, 46, 47, y 49, fracción IV, de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dichas Estancias Infantiles no cuentan con los requisitos mínimos que por ley son necesarios para su funcionamiento. 6. Que por parte de MA. GUADALUPE AVILA GARCIA, tiene dos Estancias Infantiles que son de su propiedad pero que las tiene trabajando la denominada "EL REHILETE" a nombre de LISETT SALGADO GONZÁLEZ y la de "ESTRELLAS MAGICAS" a nombre de MARÍA GUADALUPE ÁVILA GARCÍA, por lo que ambas Estancias se encuentran fusionadas en la misma propiedad lo que contravienen las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles, dado que dichas Estancias se encuentran a menos de 500 metros una de otra. Asimismo, que se encuentran cerca de establecimientos donde se expenden sustancias peligrosas entre otras violaciones a dichas Reglas de Operación. Por lo cual, atendiendo a que la responsable le informó sobre la existencia del oficio por el que el Director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, donde se emite constancia de compatibilidad urbanística y/o uso de suelo de predio que concuerda con el domicilio de la Estancia Infantil "REHILETE", además de indicarle que el mismo está disponible para su consulta en esa coordinación. Asimismo, que referente a la petición realizada al entonces Presidente Municipal del municipio de Guadalupe, Zacatecas, la desconocen en esa Coordinación, y que respecto que la estancia infantil "REHILETE", no cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la misma; en el expediente principal de la estancia infantil "REHILETE", se encuentra el oficio a que se hizo referencia en el párrafo que antecede. De igual forma, que desde el día veintisiete de marzo de dos mil doce, la responsable de la estancia infantil "REHILETE", lo es Lisett Salgado González y nunca aparece la ciudadana Ma. Guadalupe Ávila García como responsable de dicha Estancia Infantil. Que por lo que hace a que la estancia infantil "REHILETE", se encuentra cerca de establecimientos donde se expiden sustancias peligrosas; dentro del expediente principal de la mencionada Estancia Infantil, obra la autorización del Programa Interno de Protección Civil emitido por el Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, Director Estatal de Protección Civil del Estado, quien designó personal para realizar una supervisión, de donde se pudo constatar que la misma cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de la población trabajadora y usuaria del inmueble, así como de las supervisiones ordinarias realizadas por el personal de la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles, con lo que se puede advertir que sus alrededores son seguros. Y, que en lo relativo a que la aludida estancia, no cumple con lo establecido en los artículos 42, 43, 46, 47, y 49 fracción IV de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se desconoce por parte de esa Coordinación, toda vez que de las supervisiones ordinarias, realizadas constantemente por personal de esa propia Coordinación, se advierte que la estancia infantil denominada "REHILETE", cuenta con los requisitos exigidos por la legislación correspondiente. Además, que esa Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno de la República, dará puntual seguimiento a la información vertida por el ciudadano Alfonso Ávila García, realizando supervisiones constantes a la Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias número 36, Colonia Centro en Guadalupe, Zacatecas. Lo que significa, que la responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución General de la República, puesto que, aparte de dar respuesta a la petición del impetrante del amparo, también le hizo de conocimiento el oficio en el que la misma se contiene, como puede apreciarse de la copia certificada de la cédula de notificación de doce de febrero de dos mil quince, que obra a fojas 32 del presente juicio de garantías, en la que además obra la firma del citado quejoso. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que la falta de contestación cesó en sus efectos al emitirse la respuesta correspondiente, esto es, como si se hubiese otorgado la protección constitucional, lo que significa que desapareció la omisión en que incurrió la autoridad responsable, al respetar en sus términos el contenido del artículo 8º constitucional; por tanto, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías.. Al respecto, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alfonso Ávila García, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en la presente resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintisiete de mayo de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE."
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 166/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, ALFONSO ÁVILA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Zacatecas. Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal. Acto reclamado: "IV. La Norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De las autoridades señaladas, en los incisos 1) y 2) reclamo la ilegalidad de sus actos de autoridad consistente en LA VIOLACIÓN A MI GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN, establecida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir acordar y notificarme respecto al trámite administrativo que inicie desde el día 28 de Octubre de 2014." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 8, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el diez de febrero de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el expediente 166/2014; admitir a trámite la demanda de garantías; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La falta de contestación a la petición del quejoso realizada mediante escrito de veintiocho de octubre dos mil catorce. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". II.2.1. Inexistencia. La autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal con sede en México Distrito Federal, al rendir su informe con justificación, negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen, ya que según expresó, la petición cuya omisión de respuesta reclama el quejoso, no fue realizada a dicha Secretaría, dado que se presentó de manera directa a la Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas. Lo anterior, sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar la citada negativa, pues de las copias de los escritos de fechas veintiocho de octubre de dos mil catorce y veintitrés de enero del año en curso, que exhibió con su demanda, se desprende que ambos están dirigidos a la Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas y además se aprecia, que los sellos de recibido corresponden precisamente a Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a la mencionada responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. Es cierto el acto que se reclama de la diversa autoridad responsable Coordinadora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, Delegación Zacatecas, toda vez que así se desprende del contenido de su informe justificado que rindió. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable de mérito con su informe justificado, particularmente, con las relativas al oficio de doce de febrero de dos mil quince, así como su respectiva notificación, las cuales obran a fojas 30 a 32 de los presentes autos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal. Resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados a que se hace referencia, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, mismo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, del contenido integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, la violación a la garantía constitucional relativa al derecho de petición, establecida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber omitido la responsable, acordar y notificarle respecto al trámite que se haya dado al escrito que presentó ante su instancia el veintiocho de octubre de dos mil catorce. Por su parte, la Maestra María Guadalupe Vega Sifuentes, en su carácter de Coordinadora del Programa de Estancias Infantiles, remitió, adjunto al oficio por el que rindió informe justificado, copia certificada del diverso oficio DZS/152/720/062/2015, de doce de febrero del año en curso (f.30-31), dirigido al impetrante del amparo, por el que en relación con la petición que el mismo le había realizado, le manifestó: "Con sus escritos de 28 de octubre de 2014 y 23 de enero de 2015, recibido en la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social, en el Estado de Zacatecas, formula denuncia ciudadana en la que manifiesta supuestas anomalías en la estancia infantil "REHILETE", ubicada en la calle Begonias No. 36, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, señala que la Estancia infantil "LAS ESTRELLAS MAGICAS", se encuentra fusionada con la denominada "REHILETE"; que ambas son propiedad de la señora Ma. Guadalupe Ávila García; pero que las tiene trabajando esta última a nombre de Lisett Salgado González y la primera a nombre de la propietaria (Ma. Guadalupe Ávila García) En relación con las manifestaciones formuladas en su primer libelo, respecto a la estancia infantil "REHILETE", ubicada en calle Begonias número 36, colonia Centro, Guadalupe, Zacatecas, me permito comunicarle lo siguiente: Referente a la petición realizada al entonces Presidente Municipal del municipio de Guadalupe, Zacatecas, licenciado Rafael Flores Mendoza en fecha tres de enero de dos mil once, desconocemos la información anteriormente vertida por parte de Alfonso Ávila García, y respecto al oficio número 128 del expediente número DOSP/2011 de fecha dieciséis de marzo del presente año (sic), donde se menciona que la estancia infantil "REHILETE", no cuenta con la opinión favorable de esa Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la Estancia Infantil denominada "REHILETE", le informamos que el expediente principal de la estancia infantil "REHILETE", se encuentra el oficio número 728, expediente DOSP 2014 de fecha once de agosto de dos mil catorce, emitido por el ingeniero Manuel Silva Almaraz, Director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, dirigido a la responsable de la estancia infantil de la C. Lisett Salgado González, donde le emiten la constancia de compatibilidad urbanística y/o uso de suelo de predio ubicado en calle Begonias 36, centro de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas el cual concuerda con el domicilio de la Estancia Infantil "REHILETE", el anterior documento está disponible para su consulta en está coordinación. Asimismo, le hacemos mención que desde el día veintisiete de marzo de 2012, la responsable de la estancia infantil "REHILETE", lo es Lisett Salgado González y nunca aparece la ciudadana Ma. Guadalupe Ávila García como responsable de dicha Estancia Infantil. Por lo que hace a que, la estancia infantil "REHILETE", se encuentra cerca de establecimientos donde se expiden sustancias peligrosas, le hacemos mención que dentro del expediente principal de la Estancia Infantil, se encuentra la autorización del Programa Interno de Protección Civil emitido por el Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, Director Estatal de Protección Civil del Estado, donde señala en el punto segundo de los antecedentes ".Que en fecha doce de septiembre del año dos mil catorce el personal de esta Dependencia a mi cargo fue comisionado al domicilio del inmueble, que ocupa la Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias Núm, 36, Colonia, Centro en Guadalupe, Zacatecas. A fin de efectuar la inspección de mérito, respecto del cual, se pudo constatar que la misma cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de la población trabajadora y usuaria del inmueble, bienes y entorno aledaños a la misma en materia de Protección Civil.", con lo que podemos advertir que los alrededores de dicha estancia infantil son seguros de conformidad con la Autoridad en la Materia, así como de las supervisiones ordinarias realizadas por el personal de la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles", el anterior documento está disponible para su consulta en esta Coordinación. En atención a su afirmación de que la estancia infantil "REHILETE", no cumple con lo establecido en los artículos 42, 43, 46, 47, y 49 fracción IV de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se desconoce por parte de esta Coordinación lo antes mencionado, toda vez que de las supervisiones ordinarias realizadas constantemente por parte del personal de esta Coordinación de Estancias Infantiles, se advierte que la estancia infantil denominada "REHILETE", cuenta con los requisitos exigidos por la legislación correspondiente. No omitimos señalar, que esta Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno de la República, dará puntual seguimiento a la información vertida por el ciudadano Alfonso Ávila García, realizando supervisiones constantes a Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias número 36, Colonia Centro en Guadalupe, Zacatecas. Lo anterior se hace de su conocimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos .". De lo expuesto se advierte que la autoridad responsable le dio respuesta congruente a la petición del peticionario de garantías, ya que de su escrito de veintiocho de octubre de dos mil catorce, se desprende que manifestó lo siguiente: 1. Que el tres de enero de 2011, un grupo de colonos solicitaron al licenciado RAFAEL FLORES MENDOZA, quien fue Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, en el período 2010-2013, les informara la situación en la cual se encuentra operando la ESTANCIA INFANTIL DENOMINADA "EL REHILETE", debido a que a simple vista se podía observar la no factibilidad de dicha estancia. 2. Que por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe, se les hizo entrega del oficio 128, derivado del Expediente DOSP/2011, de dieciséis de marzo del dos mil catorce, en el cual se le da respuesta a la solicitud realizada por la MA. GUADALUPE ÁVILA GARCÍA quien es dueña de la Estancia infantil "EL REHILETE"; oficio en el cual se menciona que no cuenta con la opinión favorable de esa Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la Estancia Infantil denominada "EL REHILETE". 3. Que por el motivo antes indicado, aún y cuando por parte de la autoridad encargada de autorizar la factibilidad de cambio de uso de suelo, la respuesta fue negativa, por no contar con los requisitos mínimos que la Ley hace mención, la Estancia Infantil denominada "EL REHILETE", se encuentra operando sin tomar en cuenta por parte de las autoridades responsables, el riesgo a que están expuestos los BEBÉS que asisten a la misma, ya que por parte de las autoridades a las cuales les corresponde velar por dicha seguridad, están haciendo caso omiso de apegarse a la Ley para que no opere dicha estancia infantil por no contar con los requisitos de seguridad mínimos para los bebés que asisten a la misma. 5. Que la mencionada Estancia Infantil sigue operando en la impunidad, ya que de acuerdo a los artículos 42, 43, 46, 47, y 49, fracción IV, de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dichas Estancias Infantiles no cuentan con los requisitos mínimos que por ley son necesarios para su funcionamiento. 6. Que por parte de MA. GUADALUPE AVILA GARCIA, tiene dos Estancias Infantiles que son de su propiedad pero que las tiene trabajando la denominada "EL REHILETE" a nombre de LISETT SALGADO GONZÁLEZ y la de "ESTRELLAS MAGICAS" a nombre de MARÍA GUADALUPE ÁVILA GARCÍA, por lo que ambas Estancias se encuentran fusionadas en la misma propiedad lo que contravienen las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles, dado que dichas Estancias se encuentran a menos de 500 metros una de otra. Asimismo, que se encuentran cerca de establecimientos donde se expenden sustancias peligrosas entre otras violaciones a dichas Reglas de Operación. Por lo cual, atendiendo a que la responsable le informó sobre la existencia del oficio por el que el Director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, donde se emite constancia de compatibilidad urbanística y/o uso de suelo de predio que concuerda con el domicilio de la Estancia Infantil "REHILETE", además de indicarle que el mismo está disponible para su consulta en esa coordinación. Asimismo, que referente a la petición realizada al entonces Presidente Municipal del municipio de Guadalupe, Zacatecas, la desconocen en esa Coordinación, y que respecto que la estancia infantil "REHILETE", no cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Obras y Servicios Públicos para la apertura de la misma; en el expediente principal de la estancia infantil "REHILETE", se encuentra el oficio a que se hizo referencia en el párrafo que antecede. De igual forma, que desde el día veintisiete de marzo de dos mil doce, la responsable de la estancia infantil "REHILETE", lo es Lisett Salgado González y nunca aparece la ciudadana Ma. Guadalupe Ávila García como responsable de dicha Estancia Infantil. Que por lo que hace a que la estancia infantil "REHILETE", se encuentra cerca de establecimientos donde se expiden sustancias peligrosas; dentro del expediente principal de la mencionada Estancia Infantil, obra la autorización del Programa Interno de Protección Civil emitido por el Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, Director Estatal de Protección Civil del Estado, quien designó personal para realizar una supervisión, de donde se pudo constatar que la misma cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de la población trabajadora y usuaria del inmueble, así como de las supervisiones ordinarias realizadas por el personal de la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles, con lo que se puede advertir que sus alrededores son seguros. Y, que en lo relativo a que la aludida estancia, no cumple con lo establecido en los artículos 42, 43, 46, 47, y 49 fracción IV de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se desconoce por parte de esa Coordinación, toda vez que de las supervisiones ordinarias, realizadas constantemente por personal de esa propia Coordinación, se advierte que la estancia infantil denominada "REHILETE", cuenta con los requisitos exigidos por la legislación correspondiente. Además, que esa Coordinación del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno de la República, dará puntual seguimiento a la información vertida por el ciudadano Alfonso Ávila García, realizando supervisiones constantes a la Estancia infantil "REHILETE", con domicilio en calle Begonias número 36, Colonia Centro en Guadalupe, Zacatecas. Lo que significa, que la responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución General de la República, puesto que, aparte de dar respuesta a la petición del impetrante del amparo, también le hizo de conocimiento el oficio en el que la misma se contiene, como puede apreciarse de la copia certificada de la cédula de notificación de doce de febrero de dos mil quince, que obra a fojas 32 del presente juicio de garantías, en la que además obra la firma del citado quejoso. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que la falta de contestación cesó en sus efectos al emitirse la respuesta correspondiente, esto es, como si se hubiese otorgado la protección constitucional, lo que significa que desapareció la omisión en que incurrió la autoridad responsable, al respetar en sus términos el contenido del artículo 8º constitucional; por tanto, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías.. Al respecto, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alfonso Ávila García, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en la presente resolución. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintisiete de mayo de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas del día de hoy para la celebración de la audiencia en el presente juicio de garantías. Ahora bien, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por lo que, en atención a lo anterior; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Alexia Abigail Cervantes Cervantes701/2021
- Alexis Alberto Mendoza Muñoz248/2019
- Alexis Marco Tulio Lara Vázquez815/2021
- Alexis Marco Tulio Lara Vázquez1240/2022
- Aleyda Pineda Vargas111/2019
- Alfa Argentina Muñoz Bernal237/2020
- Alfonso Avila García167/2015
- Alfonso Avila Ricalday235/2015
- Alfonso de Jesús Herrera González1586/2015
- Alfonso de Jesús Herrera González200/2016
- Alfonso Estupíñan Cardoza299/2015
- Alfonso Estupiñan Cardoza191/2019