Alfonso Avendaño Guerrero

Expediente 939/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
939/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
10/05/2017

Partes del expediente

  • Alfonso Avendaño Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de mayo de dos mil diecisiete. Formación de autos Fórmese el incidente de suspensión del juicio de amparo número 15/2017 y sus acumulados, integrado con motivo de las demandas promovidas por la parte quejosa en dichos juicios, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Asimismo, fórmese el expediente electrónico correspondiente. Informe previo Con apoyo en los artículos 125, 128, 129, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden legalmente notificadas de este proveído. Fecha de audiencia incidental Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia. Fundamentación y motivación La parte quejosa precisa en su escrito inicial de demanda como actos reclamados, esencialmente los siguientes: La omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, esto es, de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, particularmente, de no fijar los precios del combustible denominado gasolinas. La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, la Ley de Hidrocarburos, el Acuerdo que establece el precio máximo de las gasolinas y el Acuerdo que establece el cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel, entre otros. Conforme al capítulo de suspensión correspondiente, la parte quejosa solicitó la medida cautelar en cuanto al acto omisivo y respecto de los efectos y consecuencias de las disposiciones citadas, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la emisión de dichos actos, esto es, que se le apliquen los precios de las gasolinas y el diésel bajo los términos y condiciones que tenían al mes de diciembre de dos mil dieciséis y que no se vea afectada con los incrementos a ese precio, previstos en las normas combatidas, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo. A fin de proveer lo relativo a la medida cautelar solicitada, resulta necesario verificar si se integran o no los presupuestos jurídicos y requisitos legales siguientes: Que expresamente la solicite la parte quejosa (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo); Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo); Que exista peligro inminente de que se ejecuten los actos con perjuicio de difícil reparación para el quejoso (artículo 139 de la Ley de Amparo); y, Que se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho (artículo 138, primer párrafo de la Ley de Amparo) En virtud de que el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los presupuestos y requisitos anotados, es conveniente realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. Es aplicable, a este respecto, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), con número de registro 2,007,358, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la Décima Época, de rubro: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". En relación con los requisitos precisados, este juzgador advierte que se colma el primer requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar. Por lo que hace al segundo requisito, relativo a que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, enseguida se analizan los actos reclamados por la parte quejosa. Actos omisivos En cuanto al acto consistente en la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional (esto es, formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, particularmente, de no fijar los precios de los combustibles fósiles denominados gasolinas y diésel), al implicar una abstención o no actuar de la autoridad, no existe materia para conceder la suspensión. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis aislada I.6o.T.3 K (10a.), con número de registro 2,004,810, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la Décima Época, de título: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS". Además, de considerar procedente la suspensión, se daría a la medida cautelar efectos restitutorios que no son propios de ella, sino de la sentencia ejecutoria que se pronuncie en el expediente principal. Por lo tanto, dada la naturaleza del acto reclamado, al ser una abstención de las autoridades y carecer de ejecución, se niega la suspensión solicitada. Por otra parte en cuanto a los efectos y consecuencias de las diversas disposiciones reclamadas, se analizará si se colman o no los requisitos conducentes. El presupuesto relativo a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización se satisface, ya que el referido artículo 148 de la Ley de Amparo expresamente dispone que cuando se reclamen normas generales de carácter autoaplicativo se otorgará la suspensión para impedir que se surtan los efectos y consecuencias de aquéllas en la esfera jurídica del quejoso. En el caso que nos ocupa, esto se traduce en en que la parte quejosa no se vea sujeta a la observancia de las normas que reclama, esto es, que mientras se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva el incidente, no se vea obligada a cumplir con lo prescrito respecto al establecimiento de los precios de gasolinas y diésel y las demás cuestiones normativas que expresa o implícitamente son materia del reclamo y se relacionan con las ya señaladas. En este orden de ideas, lo procedente es verificar si se satisfacen los demás requisitos para conceder la suspensión solicitada. En cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, se toma en cuenta el concepto de orden público tal como fue definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 177 de la Séptima Época, con número de registro 805,484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE". Conforme a este criterio, el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado, sino que se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición; y ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicar que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto, teniendo presente las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se prive "a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". También debe tomarse en consideración que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, pues no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés social, puesto que todas las leyes participan en mayor o menor medida de esas características. Así pues, resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Resulta aplicable, en lo que interesa, la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con registro número 247,380, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ÉSTE DE ORDEN PÚBLICO". Ahora, del análisis realizado a las diversas disposiciones reclamadas, que tienen como origen la reforma constitucional en materia de energía (publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, en la que se reformó, entre otros, el artículo 28, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), se desprende que con dicho sistema normativo el Estado pretende establecer un nuevo modelo económico que permita intensificar la competencia económica en el sector estratégico de energía, permitiendo la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, aprovechando al máximo los recursos naturales y propiciando la inversión, la participación de nuevos actores económicos y el crecimiento de la economía, y con ello hacer que México retome su papel de actor fundamental en la industria petrolera a nivel mundial. Asimismo, se advierte que, entre otras cosas, se propuso la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel, en todas las regiones del país a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, para empezar a revelar los costos reales de suministro, así como que se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. Lo anterior, con la finalidad de que se minimice el impacto de las modificaciones en el régimen aplicable a los precios de las gasolinas y diésel para expendio al público. De igual manera, se desprende que se emitió un acuerdo para dar a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, a efecto de establecer un catálogo de zonas geográficas en el país en las que la Comisión Reguladora de Energía, no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado, en las que se aplicará un tope máximo para el precio de los hidrocarburos, y la forma de cálculo de los costos de los combustibles. Del análisis anterior, se desprende que el Estado mexicano diseñó un sistema con tendencia a reflejar una política económica de libre competencia en la enajenación de los combustibles, que propicie la inversión en el sector energético y la posibilidad de que participen actores complementarios a Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la explotación eficiente de los recursos petrolíferos, generando mercados competitivos más eficientes de abasto de energía, con la finalidad de que México retome su papel de actor fundamental en la industria petrolera a nivel mundial. En ese sentido, mediante la reforma constitucional en materia de energía, el Estado pretende implementar un nuevo modelo de mercado de hidrocarburos, que reconoce la participación de terceros en la cadena de valor en dicho sector, es decir, su participación en actos posteriores a la exploración, extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. Por ello, la normativa reclamada tiene como finalidad, precisamente, crear condiciones adecuadas para alcanzar mercados competitivos en los que empresas de distintas dimensiones y orígenes tienen la presión de encontrar las opciones de menor costo y mayor eficiencia para proveer de los bienes y servicios necesarios a sus clientes, por lo que dicha política de libre competencia implica el respeto estricto a las normas, estándares de seguridad e incluso protección ambiental, pues lo que se busca es generar crecimiento económico de forma responsable y sustentable. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. XLV/2017 (10a.), con registro número 2,013,964, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, Décima Época, de rubro: "INDUSTRIA PETROLERA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013, ABRIO LA COMPETENCIA EN ESE SECTOR". Al respecto, es de especial relevancia la porción de la tesis donde se afirma que, con motivo de dicha reforma constitucional, "se está ante un nuevo modelo que reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, su participación en actos posteriores a la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, para lo cual se cuenta actualmente con la normativa que tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo en el mercado de combustibles, su comercialización y lo que ésta conlleva". En tales condiciones, de otorgarse la suspensión para los efectos planteados por la parte quejosa, se afectaría el interés social al impedirse o restringirse la obligación impuesta al Estado a través de sus entes de gobierno, de llevar a cabo la rectoría económica para el desarrollo nacional, mediante la promoción de un desarrollo eficiente en el área de los hidrocarburos, a fin de que existan mercados competitivos y la participación de nuevos actores económicos que permita tener mejores precios, diversidad, calidad y cobertura social en beneficio de los consumidores. Además, se contravendrían disposiciones de orden público, pues el Estado mexicano no podría cumplir con las obligaciones que le imponen la propia Constitución Federal y otros ordenamientos (entre ellos, la Ley de Hidrocarburos). Por lo tanto, en esta fase y sin realizar un análisis completo y profundo sobre el tema -porque ello será materia del fondo del asunto-, a juicio del juez es evidente que la normatividad reclamada persigue una finalidad de interés social y de orden público, pues su objeto es satisfacer necesidades de una colectividad. Lo anterior, al establecer diversas medidas tendientes a propiciar el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados de ese sector, ya que los comercializadores podrán contratar, por sí mismos o a través de terceros, los servicios de transporte, almacenamientos, distribución y expendio al público. Por ende, la aplicación de estas normas durante la tramitación del amparo se sobrepone a los intereses de los particulares, al tener como objetivo establecer el libre mercado de los precios máximos de las gasolinas y el diésel, de manera gradual, de tal forma que permita la libre competencia. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis aislada 2a. XLVI/2017 (10a.), con registro número 2,013,965, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de nuestro país, en la Décima Época, de título: "INDUSTRIA PETROLERA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013, Y LOS ORDENAMIENTOS DERIVADOS, PREVÉN MEDIDAS TENDIENTES A PROPICIAR EL DESARROLLO EFICIENTE Y COMPETITIVO DE LOS MERCADOS.". Particularmente, es de interés la porción de este criterio donde el Alto Tribunal afirma que la Ley de Hidrocarburos y su reglamento "prevén un nuevo régimen en materia de petróleo en el que operó una apertura en el sector de los petrolíferos, estableciendo diversas medidas tendientes a propiciar el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados de ese sector, de ahí que los comercializadores podrán contratar, por sí mismos o a través de terceros, los servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público que, en su caso, requieran para realizar sus actividades". Por último, contrariamente a lo que manifiesta la parte quejosa, se considera que de suspenderse la liberación gradual de los precios, en términos del artículo 129, fracción IV, de la Ley de la materia, se ocasionaría un perjuicio al orden público, y en consecuencia, al interés social. Al limitarse el libre mercado en la venta al público de gasolinas y diesel no se revelarían los costos reales del suministro de dichos combustibles, en tanto que se mantendría su subsidio, en detrimento del gasto público destinado a la prestación de los servicios públicos basicos a la población. Dado el resultado que se determina en párrafos precedentes, no resulta necesario abordar el estudio de los restantes requisitos para el análisis del otorgamiento de la suspensión. En virtud de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada por la parte quejosa. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas las documentales exhibidas, que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Expedición de copia simple y/o certificada y medios de reproducción de constancias En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, las cuales deberán ser entregadas por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, la reproducción de las promociones y de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos, como las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese.

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