Alfonso Arriaga Rodríguez

Expediente 1198/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1198/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Alfonso Arriaga Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    se declara HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.

  2. Principal

    Así, lo resolvió y firma la Jueza Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hasta el día de hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito, asistida de Carlos Max Tovar Niño, Secretario que autoriza y da fe. "2021 Año de la Independencia" JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO OF.340/2021-VIII COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO) OF.341/2021-VIII JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO (AUTORIDAD RESPONSABLE) OF.342/2021-VIII TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) CIUDAD. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1198/2020, PROMOVIDO POR ALFONSO ARRIAGA RODRÍGUEZ, EN ESTA FECHA SE DICTÓ UNA SENTENCIA QUE DICE: ". SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 1198/2020, promovido por Alfonso Arriaga Rodríguez, por conducto de su apoderado legal Benito Hernández Pérez; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Alfonso Arriaga Rodríguez, por conducto de su apoderado legal Benito Hernández Pérez, presentó demanda de amparo indirecto en línea el uno de octubre de dos mil veinte, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, y Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ambos con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se precisarán en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de dos de octubre de la anualidad pasada, este órgano jurisdiccional admitió la demanda con el número 1198/2020; consecuentemente, dio intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la tercera interesada Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas; previos diferimientos se citó a las partes a la audiencia de ley. TERCERO. Reanudación de actividades y plazos. Mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre pasado, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se suspendieron las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, salvo para la atención de casos urgentes, en los términos de diversas determinaciones del propio Consejo, y se suspendieron plazos y términos en los asuntos de la competencia de cada tribunal; asimismo, por diversa Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de enero de dos mil veintiuno, se determinó levantar la suspensión de las labores ordinarias y reanudar plazos y términos a partir del día doce de enero del año en curso, con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19) y se determinó regresar al esquema establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, como consecuencia de ello, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales para el trámite, estudio y resolución del presente asunto, en términos de este último acuerdo. CUARTO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio por su cauce legal, a las catorce horas con ocho minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ha sido celebrada la audiencia constitucional, de conformidad al acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. De una interpretación integral del escrito de demanda y en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados consisten en: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas. * La resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte, pronunciada en el juicio laboral 148/E01/2019, mediante la cual se declaró fundado el incidente de competencia interpuesto por la demandada. Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. * El acuerdo de dieciocho de febrero de la anualidad pasada, dictado en el sumario obrero 95/M/2020, donde aceptó la competencia planteada por la citada junta. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERA. Certeza del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, al rendir informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado; ello se corrobora con las documentales exhibidas por dicho funcionario y, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tal motivo, se tiene por cierto. Es aplicable la jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Y el diverso criterio jurisprudencial número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, con rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su existencia, pues al efecto señaló la resolución relativa al incidente de competencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, fue dictada conforme a derecho; por tanto, se tiene como cierto. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Página 7, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado.". Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Además, la existencia del acto impugnado se corrobora con las documentales que al efecto exhibió el citado funcionario y, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno en los mismos términos que los referidos en líneas precedentes. CUARTA. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, debe verificarse la procedencia del presente medio extraordinario de defensa, lo aleguen o no las partes, al tratarse de una cuestión oficiosa y preferente, acorde al artículo 62 de la Ley de Amparo. Aplica la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 201, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que precisa: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, resulta innecesario ocuparse de los conceptos de violación, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". La interpretación conjunta de esos preceptos permite establecer dados los efectos característicos de un fallo protector y la finalidad eminentemente práctica del juicio constitucional, este último es improcedente cuando por las circunstancias que rodean al acto reclamado no puedan concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo. Esto sucede, por ejemplo, cuando existe un acto jurídico que puede sustentarse por sí mismo e independientemente de la subsistencia del que es materia de reclamo en el juicio de derechos fundamentales, y por su naturaleza y autonomía impide los efectos de un fallo protector puedan concretarse; es decir, cuando ese acto, por las consecuencias jurídicas que genera, constituye un obstáculo legal insalvable para que la autoridad pueda resarcir las violaciones atacadas mediante la devolución de las cosas al estado que guardaban antes de su actuación tildada de ilegal. En efecto, el artículo 61, en su fracción XXIII, de la ley de la materia, establece las causas de improcedencia del juicio de amparo pueden derivar, además de las que enunciativamente establece dicho numeral, de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras el referido numeral 77, prescribe en las sentencias en las que se conceda la protección constitucional, tratándose de actos positivos, se debe restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y en el caso de actos negativos, se debe obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo ahí exigido. De lo que se colige el juzgador, al resolver un determinado asunto del cual conozca en vía de amparo indirecto, debe de estar en posibilidad de dictar las medidas necesarias a fin de que se materialicen los efectos de una eventual sentencia protectora; habida cuenta de que el juicio de derechos fundamentales, como medio de control constitucional, debe tener una finalidad práctica y no puede ser un instrumento para realizar actividades meramente especulativas. Por tanto, para la procedencia del mismo, es necesario las sentencias respectivas, de ser favorables a la parte promovente, puedan producir la restitución en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, atendiendo a la naturaleza positiva o negativa de lo reclamado. En relación con ese supuesto de improcedencia del juicio constitucional, es aplicable la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Novena Época, diciembre de 1997, página 9, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Pues bien, la razón por la que se estima configurado el motivo de inejercitabilidad en estudio, deriva de que en el caso no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector en beneficio del quejoso, como se expondrá a continuación. Así, para una comprensión adecuada del asunto y del sentido en que se resuelve, es oportuno narrar los siguientes antecedentes: 1. Alfonso Arriaga Rodríguez (quejoso) mediante ocurso de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, promovió demanda contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas (tercera interesada), reclamando diversas prestaciones de carácter laboral. 2. En relación a ello, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre del mismo año, radicó el juicio laboral 148/E01/2019, señalando fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando notificar a la actora tal circunstancia y el emplazamiento a la patronal. 3. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la junta del conocimiento inició la referida audiencia con la etapa de conciliación, donde las partes manifestaran por el momento no tener propuesta alguna en ese sentido; por lo cual, continuó con la etapa de demanda y excepciones, ahí el apoderado legal de la demandada planteó incidente de competencia, de igual forma dio contestación ad cautelam a la demanda instaura en su contra; en tal virtud, la responsable tuvo por celebrada esa etapa y señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos en relación a la incidencia de mérito. 4. Tiempo después, el siete de octubre de la referida anualidad, tuvo verificativo la audiencia incidental de trato, donde comparecieron, ambas partes procesales, realizando sus alegaciones correspondientes. 5. Seguidamente, la Junta responsable el dieciséis de enero de dos mil veinte, dictó resolución de competencia declarando procedente el incidente correspondiente, y ordenó turnar los autos del expediente laboral de referencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad; determinación que constituye un acto reclamado en este juicio de amparo. 6. El dieciocho de febrero de la anualidad pasada, dicho tribunal emitió un acuerdo por el cual tuvo por recibido el citado sumario obrero, radicando para tal efecto el juicio 95/M/2020, ordenando el emplazamiento de la parte demanda; proveído que también es acto impugnado por el impetrante en esta vía constitucional. 7. Posteriormente, el apoderado del actor aquí quejoso, mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, solicitó al tribunal responsable declinara su competencia y remitiera los autos del expediente laboral al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, a efecto de que determinara a cual autoridad le corresponde el conocimiento del asunto. 8. El siete de diciembre del año pasado, revisados los autos y vista la petición de la parte actora, el tribunal responsable se declaró incompetente para conocer del juicio laboral en cuestión, ordenando remitir los autos al Tribunal de Alzada para la substanciación del conflicto competencial y el pronunciamiento respectivo. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional a estudio. Ahora bien, en el caso particular, este órgano jurisdiccional estima de concederse a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, no podrían concretarse los efectos sobre los actos reclamados, lo que produce la actualización de la causal de improcedencia antes citada. Así es, el quejoso Alfonso Arriaga Rodríguez reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, la resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte, pronunciada en el juicio laboral 148/E01/2019, mediante la cual declaró fundado el incidente de competencia; y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, el acuerdo de dieciocho de febrero de la anualidad pasada, dictado en el sumario obrero 95/M/2020, donde aceptó la competencia planteada por la citada junta. Luego, de las constancias remitidas por el tribunal responsable y de una revisión realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este Juzgado de Distrito advirtió que mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, publicado el día quince siguiente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre las citadas autoridades, radicándolo con el número 13/2021. Lo cual se invoca como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, cuyo contenido es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Todo lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que la competencia para conocer del juicio laboral promovido por el quejoso se encuentra sub júdice a lo que se resuelva la Superioridad en el mencionado conflicto competencial. De manera que, de pretenderse entrar al estudio del fondo del juicio constitucional que ocupa la atención, y en el caso hipotético de que se concediera la protección solicitada, los efectos de dicha concesión no podrían materializarse en la esfera de derechos del impetrante, puesto al encontrarse en trámite el conflicto competencial, no sería factible que este órgano jurisdiccional dilucidara a qué autoridad le corresponde conocer del juicio laboral en cuestión, pues de hacerlo así, se podría anteponer a lo que en su momento definiera el Tribunal de Alzada en relación a tal circunstancia, lo cual se encuentra vedado legalmente. De ahí, que a ningún fin práctico conduciría abordar el estudio de fondo de los actos reclamados, porque resultaría ocioso o estéril conceder el amparo solicitado, puesto que no tendría los alcances contenidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis XIII.P.A.31 P (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1918, Décima Época, registro 2016614, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LA SOLICITUD DEL SENTENCIADO RESPECTO DE SU TRASLADO Y LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA JURÍDICA PARA RESOLVERLO. El juicio de amparo no es la vía jurídica para resolver un conflicto competencial suscitado entre dos Jueces pertenecientes a distintas entidades federativas, pues para ello, el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los conflictos competenciales como mecanismo para resolver ese tipo de controversias, los cuales tienen una tramitación específica, diversa a la del juicio de amparo, de la cual corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Por tanto, el Juez de Distrito no está obligado a determinar en la sentencia de amparo, qué Juez es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la ejecución de la pena y solicitudes de traslado y de obtención de beneficios presentada por el quejoso, si de las constancias de autos se colige que se ha suscitado un conflicto competencial, el cual debe seguir su curso legal, donde llegado el momento procesal oportuno, se decidirá a qué juzgador corresponde conocer del asunto.". En efecto, deviene incuestionable en el asunto particular se configura el motivo de inejercitabilidad de referencia, pues en el hipotético caso de que se llegase a concluir los actos de autoridad aquí reclamados son inconstitucionales y, por ende, se concediera la protección de la Justicia Federal al quejoso (lo que sólo se cita como ejemplo), jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce de los derechos fundamentales que estima vulnerados, toda vez no podrían concretarse los efectos de dicho fallo protector, en virtud de que ningún efecto práctico tendría su ejecución al no ver cristalizada una efectiva tutela de derechos, dado la determinación que deberá de prevalecer y de cumplirse es precisamente la que en su momento emita el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el conflicto competencial 13/2021. De manera orientadora, sólo en cuanto a explicar la forma en que los efectos de una posible concesión no podrían materializarse en la esfera de derechos del impetrante, se invoca la jurisprudencia I.3o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2895, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique.". Asimismo, la tesis dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156, Tercera Parte, página 119, registro 237687, del tenor: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". En esas condiciones, la suscrita Juzgadora arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para la actualización de la causa de improcedencia en estudio; por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, este último interpretado en sentido contrario, así como el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Atento el sentido que rige este fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa en relación a dicho acto, donde aduce la violación a diversos derechos humanos, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un derecho humano. Cabe citar la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Y la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 70, Octubre de 1993, página 57, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 17, 18, 61 fracción XXIII, 62, 63 fracción V, 73, 74, 75, 77, 123, 124 y 217, de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alfonso Arriaga Rodríguez, contra los actos que reclamó de la de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, y Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ambos con residencia en esta ciudad, por lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma la Jueza Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hasta el día de hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito, asistida de Carlos Max Tovar Niño ." LO QUE SE COMUNICA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A T E N T A M E N T E CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS A 30 DE MARZO DE 2021. EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LIC. CARLOS MAX TOVAR NIÑO. En la propia fecha el(a) Secretario(a) certifica y hace constar: que el presente acuerdo y oficio serán firmados electrónicamente por la Titular del Órgano Jurisdiccional y el(a) suscrito(a) con quien actúa, haciendo uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), herramienta tecnológica que es equiparable a un documento de identidad y que posee el mismo valor de la firma autógrafa, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, procediéndose enseguida su impresión para ser incorporada al expediente físico con su evidencia criptográfica. Secretario. Lic. Carlos Max Tovar Niño PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SENTENCIA DE: 30 DE MARZO DE 2021 AMPARO INDIRECTO: 1198/2020 QUEJOSO: ALFONSO ARRIAGA RODRÍGUEZ. OF.340/2021-VIII COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERO PERJUDICADO/INTERESADO) OF.341/2021-VIII JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO (AUTORIDAD RESPONSABLE) OF.342/2021-VIII TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE) CIUDAD. Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, FIRMO LA PRESENTE CON LA AUTORIDAD NOTIFICADA (Y/O, PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EN SU OFICINA). ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. .

  3. Principal

    ... se difiere la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha, por lo que se fijan las CATORCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    ... se difiere la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha, por lo que se fijan las DOCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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