Alfonso Armenta Miranda
Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alfonso Armenta Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO: ALFONSO ARMENTA MIRANDA, EL ACUERDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alfonso Armenta Miranda; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el oficio 195/2021/2020 de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 414/2020-4A, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Órgano Colegiado al resolver la queja 99/2020 de su índice, interpuesta por el quejoso Alfonso Armenta Miranda, contra el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado por este juzgado en el citado juicio constitucional, al tenor del resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el recurso de queja, formulado contra el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 414/2020, de su índice interno." Intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas para evitar duplicidad de constancias, y agréguese el oficio con anexos de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes y para conocimiento de las partes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. Pues bien, en atención a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se deja insubsistente el acuerdo dictado en trece de noviembre de dos mil veinte, y en su lugar se dicta lo siguiente: En atención a lo anterior y al estado que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se previno al quejoso Alfonso Armenta Miranda para que dentro del plazo de cinco de días aclarara la demanda de amparo, determinación que se notificó el veintinueve siguiente, por medio de lista de estrados; por tanto, dicha notificación surtió efectos el treinta del mismo mes; de ahí que, el aludido plazo transcurrió del tres al nueve de noviembre de dos mil veinte, -y mediaron como días inhábiles el siete y ocho de noviembre de dos mil veinte-, sin que el quejoso diera cumplimiento a la prevención impuesta, específicamente a lo requerido en el punto 1, del citado proveído. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y conforme al artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Alfonso Armenta Miranda, únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle copia de la totalidad de la carpeta de investigación AHOME/AEDP/0159/2020/D. Luego, en atención a los lineamientos establecidos por el Tribunal de Alzada, se procede a analizar la demanda de amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que resolvió la controversia en materia penal, conforme el artículo 23 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, dentro de la carpeta de investigación AHOME/AEDP/0159/2020/D, de la forma siguiente: Desechamiento De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, y con los lineamientos establecidos por el tribunal de alzada, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que resolvió la controversia en materia penal, conforme el artículo 23 de la Ley Nacional de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, dentro de la carpeta de investigación AHOME/AEDP/0159/2020/D; por ello, se impone desechar de plano de la demanda de amparo. En ese sentido, en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". De la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de este precepto, se advierte que para la actualización de la causal de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso acontece, debe considerarse lo siguiente: El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Que para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Dentro de las excepciones que contempla el precepto legal invocado -acotó la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, están que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el presente caso, el juicio de amparo es promovido por Alfonso Armenta Miranda, por propio derecho, quien manifiesta que ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Contra el Patrimonio Región Norte, se inició la carpeta de investigación AHOME/AEDP/0159/2020/D, por el delito de despojo. Consecuentemente, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, la quejosa acudió a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Contra el Patrimonio Región Norte, y se le hizo del conocimiento sobre los mecanismos de solución de controversia, a lo que la quejosa y el compareciente solicitante Luis Enrique Castro Pérez, manifestaron su deseo de celebrar un acuerdo reparatorio, y por eso el imputado se comprometió a desalojar el inmueble ubicado en calle Virrey Félix María Calleja, número 2494, en un plazo de veinte días naturales, contados a partir de la firma del acuerdo reparatorio (veintidós de septiembre de dos mil veinte), lo que fue aceptado por el compareciente solicitante, y aprobado por el Ministerio Público responsable, y se dio por concluida la controversia penal. Lo antes expuesto permite revelar que la parte quejosa se duele de actuaciones llevadas a cabo por la autoridad ministerial en la integración de una carpeta de investigación relacionada con hechos en los que se encuentran involucrados derechos de la quejosa como inculpado y de la parte tercero interesada como ofendido dentro de la carpeta de investigación AHOME/AEDP/0159/2020/D. Al respecto, debe decirse que a la luz de la reforma del artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Ministerio Público tiene el deber de promover y dirigir una investigación en la que realizara las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación. Luego, dentro de la etapa de investigación, el Ministerio Público puede llevar a cabo actuaciones ya sea positivas o negativas relacionadas con su deber de investigar delitos [sea en su fase inicial o complementaria] que podrían llegar a conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Asimismo, la referida reforma constitucional incorporó la figura del juez de control quien, entre otras, tiene la obligación de ejercer una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo la reglas de control judicial sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos del ministerio público que lesionen los derechos de los sujetos procesales. Al respecto, resulta necesario traer a colación los argumentos contenidos en los párrafos 88 y 89 de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 233/2017 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece cuáles son las finalidades de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en relación a los actos u omisiones de la autoridad ministerial y el control que sobre de ellos ejercen los jueces de dicho sistema: 88. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. 89. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. De lo anterior se desprende que una de las finalidades de la implementación del sistema acusatorio consiste en que la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. En la inteligencia de que la intención del Constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de Control, fue que dicha autoridad resolviera no sólo las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión del ejercicio de la acción penal, sino en general, todas las determinaciones del ministerio público e, incluso, sus omisiones. En ese contexto, el juez de control tiene la función de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito sean preservados de manera correcta, además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado, de la víctima o del ofendido. Finalmente, a la luz de dichos principios que se incorporaron al texto constitucional, se reconoció un derecho importante en favor de las partes que intervienen en la carpeta de investigación, consistente en impugnar ante la autoridad judicial los actos y omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, además de las resoluciones relativas a la reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por virtud de estos principios el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen una serie de derechos de las partes intervinientes en el proceso penal, entre los que se encuentran el de intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. A través de tal derecho se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual en su artículo 2o., dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Que se repare el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las partes intervinientes en el procedimiento penal puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. De igual modo, el papel del Juez de Control en el nuevo sistema procesal, implica también que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las partes del proceso cuando cumple con su labor de conducir a las partes al procedimiento encaminado a obtener una justicia restaurativa a través de los mecanismos alternativos de control de controversias. En efecto, el Constituyente Permanente, al momento de considerar los factores sociales que hacían apremiante un cambio de paradigma en el sistema de justicia penal en México, consideró de vital trascendencia la adopción de nuevas formas de hacer justicia que fueran más allá de la sola "justicia retributiva" que imperaba en el sistema inquisitivo, según la cual, se limita a infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como retribución del daño que generó con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados. Para abrir paso a una "justicia restaurativa" la cual implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo, buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que dicho modelo "justicia restaurativa" no persigue sancionar, sino sólo reparar. Aspiración que quedó materializada en la reforma del artículo 17 constitucional, así como con la creación del Título I, del Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales y la expedición de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Preceptos normativos que delinean la figura relativa a los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales pueden ser adoptados por las partes en cualquier etapa del procedimiento penal, esto es, en sede ministerial o, bien, en sede judicial. En la inteligencia de que las determinaciones que se dicten en el trámite y resolución de los mecanismos alternativos de solución de controversias también se encuentran sujetas al control judicial, pues puede darse el caso de que alguno de los acuerdos celebrados entre las partes, resulte desproporcionado o no cumpla con la finalidad perseguida por la "justicia restaurativa", supuesto en el cual, el juez de control, como rector del proceso penal, puede intervenir a través del recurso establecido en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala: "Artículo 190. Trámite Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción". De la lectura de dicho artículo, se desprende que en contra de la aprobación del acuerdo reparatorio, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los cinco días posteriores a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia, en cuyo caso, si el Juez de Control determina como válidas las pretensiones que las partes hagan valer con dicho recurso, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Asimismo, verificará que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Ahora, la interpretación sistemática del artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que las partes intervinientes en el procedimiento penal pueden impugnar tanto los actos como las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en dicho numeral. Por lo tanto, en forma previa a promover la acción de amparo, las personas que se duelan de un acto atribuido al Ministerio Público derivado de su actuar en la integración de la carpeta de investigación deben agotar ese medio de impugnación. Medio de impugnación que resulta idóneo porque el juez de control al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso del procedimiento penal, ya sea en sede ministerial o judicial, es que puede determinar que la conducta asumida por quien conduce el procedimiento alternativo de solución de controversias es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que proceda conforme a la norma establecida, inicie o reanude la investigación y, en su caso, practique todas las diligencias que sean necesarias para tanto para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos como para la protección de los bienes jurídicos de las víctimas, como ocurre en el presente caso. Así, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas y ofendidos. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alfonso Armenta Miranda. Sin que la actualización de la causa de improcedencia antes advertida configure una denegación de justicia de los artículos 8, numeral 1º, de la convención americana sobre derechos humanos y 17 de la constitución federal, pues al constituirse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en sustento a esto, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." También, se invoca la Jurisprudencia (Constitucional) XI.1o.A.T. J/1 (10a.), cuyo contenido es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Por analogía, la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES". Cobra sustento a lo hasta aquí relatado la tesis jurisprudencia (Común): VII.2o.C. J/23, cuyo rubro refiere: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA".
- Principal
Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Alfonso Armenta Miranda, contra el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo indirecto 414/2020-4A, relativos al expediente 99/2020 de su índice; agréguese para que surta sus efectos legales. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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