Alfonso Alatorre Maldonado

Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1091/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Alatorre Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el acuerdo de admisión se autorizó que las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuaran de manera electrónica en el usuario que proporcionó; sin embargo, del expediente electrónico no se desprende que se hubiere realizado de tal manera la relativa a la resolución de diecisiete de octubre de este año; por ello, a efecto de no afectar derechos procesales, se ordena su realización. 17/Octubre/2022: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, rindiendo su informe justificado; con su contenido y anexos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. En términos del quinto párrafo del citado numeral y 119, ambos de la ley en comento, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que adjunta. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la presidenta responsable, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales allegadas -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que la omisión que reclamó respecto a proveer sobre la reserva de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, quedó reparada con el acuerdo de trece de octubre del año en curso, dictado por la presidenta responsable, en el que proveyó lo relativo a las probanzas ofrecidas en la audiencia correspondiente (dieciséis de julio del año pasado), reparando con ello a ésta en el goce de sus derechos; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, dio contestación levantó la reserva reclamada por la parte quejosa, (cuya omisión se reclama en esta vía). Por lo que, con la actuación relatada se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Asimismo, que en el presente fallo constitucional, no se haya designado tercero interesado, pues si bien de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste ese carácter a la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; lo cierto es, que en el particular la subsistencia del acto reclamado no repercute de manera alguna sobre los derechos de éste, por lo que, en nada afecta su esfera jurídica y, por tanto, su llamado a la instancia constitucional retardaría injustificadamente la resolución de la controversia de amparo. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, rindiendo su informe justificado; con su contenido y anexos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. En términos del quinto párrafo del citado numeral y 119, ambos de la ley en comento, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que adjunta. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la presidenta responsable, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales allegadas -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que la omisión que reclamó respecto a proveer sobre la reserva de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, quedó reparada con el acuerdo de trece de octubre del año en curso, dictado por la presidenta responsable, en el que proveyó lo relativo a las probanzas ofrecidas en la audiencia correspondiente (dieciséis de julio del año pasado), reparando con ello a ésta en el goce de sus derechos; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, dio contestación levantó la reserva reclamada por la parte quejosa, (cuya omisión se reclama en esta vía). Por lo que, con la actuación relatada se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Asimismo, que en el presente fallo constitucional, no se haya designado tercero interesado, pues si bien de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste ese carácter a la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; lo cierto es, que en el particular la subsistencia del acto reclamado no repercute de manera alguna sobre los derechos de éste, por lo que, en nada afecta su esfera jurídica y, por tanto, su llamado a la instancia constitucional retardaría injustificadamente la resolución de la controversia de amparo. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    VIII... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a las partes para que en el momento de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano federal. Se apercibe a la impetrante que en caso de que las autoridades que indica no puedan ser notificadas con la denominación que refiere, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fija día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · 8,073 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano