Alfira Rodríguez Cepeda

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 36 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Alfira Rodríguez Cepeda
  • Juez Mixto de Primera Instancia del X Distrito Judicial En el Estado, En Padilla, Tamaulipas
  • José Ángel Guerra Sánchez y Otros.
  • José Ángel Guerra Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Expídase al tercero interesado las constancias certificadas que solicita

  2. Principal

    Expídase al tercero interesado las constancias solicitadas

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por el licenciado Mauricio Luciano Rosales, autorizado de los terceros interesados José Ángel y Juan Nepomuceno, ambos de apellidos Guerra Sánchez, mediante el cual anexa copia de la sentencia dictada dentro del diverso 739/2021 emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, a efecto de que sirva como antecedente al momento de emitir la sentencia correspondiente; por tanto, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta y uno de enero de la presente anualidad, se dictó sentencia dentro del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 731/2021; promovido por Alfira Rodríguez Cepeda, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del X Distrito Judicial en el Estado, en Padilla, Tamaulipas, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el mismo día, compareció Alfira Rodríguez Cepeda, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia del X Distrito Judicial en el Estado, con sede en Padilla Tamaulipas, y otras autoridades, que consideró violatorios de los artículos por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.-ACTO U OMISIÓN RECLAMADO: De la autoridad responsable, reclamo la violación al artículo 14, 16,17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que vecinos de mi poblado me informaron que el JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL X DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN PADILLA, ha emitido un acuerdo en el que ordena el desalojo del poblado en el cual radico, incluyendo el desalojo de la casa en la que habitó con mi familia y terrenos rústicos de los cuales soy titular junto con mi esposo y seis personas más conforme a la escritura pública número 2489, otorgada ante la fe del notario público número 174, en fecha 12 de agosto de 2013, mismo que ampara los siguientes predios.  Terreno urbano, con número de finca 982, identificado como lote 30-U1 con una superficie de 2119.15 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias Norte 46.07 metros con lote del comité de Alfredo \/. Bonfill Sur 46.07 metros con calla cuatro. Este 46.07 metros con lote Juárez Oeste 46.07 metros con lote sin nombre. Ubicado en vía de acceso por el ejido Puerto Rico y Nuevo Camacho.  Terreno Urbano con número de finca 983, identificado como lote 30-U2, con una superficie de 2,115.93 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias Norte 46.08 metros con lote sin nombre en Alfredo V. Bonfil Sur 46.08 metros con Calle 4 Este 46 metros con Lote sin nombre Oeste 46 metros con Camino La Chona Ubicado en vía de acceso por el ejido Puerto Rico y Nuevo Camacho.  Terreno Rustico con número de finca 981, identificado como lote 30-G2, con una superficie de 33,771.65 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias Norte 163.97 metros con Lote 3-G2 Sur 172.40metros con Simón, Cándido y Rafael Arizmendi Este 202.24 metros con Lote 40-G Oeste 202.22 metros con camino las Abejas Ubicado en vía de acceso por el ejido Puerto Rico y Nuevo Camacho.  Terreno Rustico con número de finca 980, identificado como lote 30-G, con una superficie de 120,002.24 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias Norte 201.69 metros con Camino a La Posta Negra Sur 201.69 metros con lote 20-A1 Este 594.98 metros con lote 31 -G Oeste 594.98 metros lote 29-G M Ubicado en vía de acceso por el ejido Puerto Rico y Nuevo Camacho.  Terreno Rustico con número de finca 978, identificado como lote 30-A1, con una superficie de 153,571.17 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias Norte 323.79 metros con Zona urbana de Alfredo V. Bonfil Sur 381.12 metros con lote 31-A1 Este 437.27 metros con camino Rio Pilón Oeste 426.43 metros con Donaciano Muñoz Ubicado en vía de acceso por el ejido Puerto Rico y Nuevo Camacho". SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 731/2021; se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama el desalojo del bien inmueble identificado como "Rancho Paso del Norte" ubicado en el predio las Brisas del Municipio de San Carlos, Tamaulipas, el cual tiene forma triangular y con una superficie total de 1,459-68-89 hectáreas, dentro del cual se ubica la casa que habita con su familia, de la cual afirma ser titular junto con su esposo; lo anterior, en los autos del juicio ordinario civil reivindicatorio 34/2016, promovido por Francisco Arguelles Amaro, apoderado legal de José Ángel Guerra Sánchez y Juan N. Guerra Sánchez, en contra de Martín Mejorado Luna, Pedro Esquivel Barrientos, Rigoberto Arizmendi Estrada y Miguel Salais Gallegos, del que afirma ser ajena, es decir comparece con el carácter de tercera extraña natural, por no formar parte de la relación procesal. Por tanto, conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado sobre el que versa esta sentencia, siendo este el mencionado en párrafos anteriores. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe de ley, la Juez responsable y Secretario en funciones de Actuario, reconocieron que efectivamente en los autos del expediente 34/2016, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por promovido por Francisco Arguelles Amaro, apoderado legal de José Ángel Guerra Sánchez y Juan N. Guerra Sánchez, en contra de Martín Mejorado Luna, Pedro Esquivel Barrientos, Rigoberto Arizmendi Estrada y Miguel Salais Gallegos, se decretó procedente la acción reivindicatoria, y que dicha resolución fue confirmada en apelación, así también que la aquí quejosa no figura como parte demandada dentro de dicho procedimiento; y de las actuaciones que allega se advierte que por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la ejecución forzosa del desalojo, autorizándose el uso de la fuerza pública, y mediante diligencia de veintisiete de abril siguiente, no se logró dar cumplimiento a la misma, por lo que el tres de mayo siguiente, se ordenó de nueva cuenta la ejecución forzosa de la sentencia. Por su parte, de los términos en que las autoridades ejecutoras rindieron su informe con justificación, se advierte la certeza del mismo. De lo anterior se revela que es cierto que la quejosa no forma parte del controvertido de origen, y que efectivamente se ordenó el desalojo reclamado en el inmueble que según la solicitante de amparo habita. CUARTO. Causales de improcedencia. Se analiza las causales de improcedencia hechas valer por Francisco Argüelles Amaro, apoderado legal de José Ángel y Juan Nepomuceno, ambos de apellidos Guerra Sánchez (terceros interesados). Interés jurídico Los terceros interesados aducen que la quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, toda vez que reclama algo que no es su propiedad, con documentos de otra persona de nombre Salome Hernández Estrada, que ya fue escuchado y vencido en juicio 34/2016, y que el hecho o el carácter de esposa de del citado Hernández Estrada, no le da derecho a comparecer y reclamar algo que no es de ella. Sin embargo, contrario a lo que señalan los terceros interesados, la parte quejosa sí tiene interés jurídico, como enseguida se explicará. De las constancias que obran en autos, se advierte que Francisco Argüelles Amaro, apoderado de José Ángel y Juan A. de apellidos Guerra Sánchez (terceros interesados) promovieron juicio reivindicatorio contra Salomé Hernández Estrada, Miguel Salais Gallegos, Pedro Esquivel Barrientos, Carlos René Rodríguez Mireles, Rigoberto Arizmendi Estrada y Martín Mejorado Luna. En su contestación, los demandados ofrecieron diversas pruebas con el fin de acreditar la propiedad del bien en controversia, entre ellas, el instrumento público 2147 de dieciséis de julio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 174, en esta ciudad. De dicha documental, se desprende que se protocolizó la sentencia relativa a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad-perpetuam 80/2009, radicada ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Padilla, en la que se acreditó, salvo prueba en contrario, que los demandados han estado en posesión en concepto de propietarios, del predio rústico denominado Alfredo V. Bonfil, ubicado en San Carlos, Tamaulipas. Además, ofrecieron como documental pública el certificado de inscripción de cinco de noviembre de dos mil diez, expedido por el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, sobre los datos de la finca número 375 del municipio de San Carlos, Tamaulipas, en las que se señaló a Salomé Hernández Estrada, Miguel Salais Gallegos, Pedro Esquivel Barrientos, Carlos René Rodríguez Mireles, Rigoberto Arizmendi Estrada y Martín Mejorado Luna como titulares de los derechos de propiedad en copropiedad por título de información ad perpetuam. En ese certificado se asentó los estados civiles de cada persona, entre quienes figura Salomé Hernández Estrada, quien está casado con Alfira Rodríguez Cepeda (aquí quejosa), bajo el régimen de sociedad conyugal. De lo narrado se desprende que uno de los demandados en el juicio de origen está casado con Alfira Rodríguez Cepeda, quejosa, quien se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y defiende el cincuenta por ciento que le corresponde como gananciales matrimoniales al estar unida en matrimonio con Salomé Hernández Estrada. Bajo esa línea, la parte quejosa tiene interés jurídico pues defiende el cincuenta por ciento del bien que aduce adquirió junto con su esposo. Causahabiencia Lo terceros interesados manifiestan que en el presente asunto se actualiza la figura jurídica de causahabiencia, toda vez que la quejosa está casada con Salomé Hernández Estrada, quien fue parte demandada en el juicio reivindicatorio de origen, quien fue oído y vencido en juicio. Añaden que si su cónyuge fue parte demandada en el juicio natural y fue condenado a la entrega del bien en controversia, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, toda vez que sabía de la existencia del juicio; motivo por el cual, ya fue escuchada mediante su causante (esposo). Dicho argumento se desestima toda vez que no opera la causahabiencia entre cónyuges, ya que sus derechos son autónomos. En efecto, la sociedad conyugal ".es el régimen patrimonial del "matrimonio formado por una comunidad de bienes "aportados por los consortes y por los frutos y "productos de estos bienes". (Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Sexta Edición, 1993, página 2945); por ende, debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes, de manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y le serán aplicables las disposiciones legales sobre copropiedad, cuando como en el caso, no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia 47/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, Página: 432, cuyo epígrafe y contenido se cita a continuación: "SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no está condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisión de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los cónyuges o que constituya un obstáculo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separación de bienes, lo que sería contrario al consentimiento de los cónyuges." Tesis en la que si bien se examina el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, que estuvo vigente para el Distrito Federal hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, el artículo 183 a que alude, se encontraba redactado en idénticos términos que su correlativo del Estado de Tamaulipas, circunstancia que se desprende del contenido del artículo 179 del Código Civil vigente en el Estado, que al respecto dispone: "ART. 179.- El dominio, posesión y administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad. De manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y le serán aplicables las disposiciones legales sobre copropiedad, cuando como en el caso, no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales. Luego, si causahabiente se define como la: "Persona que ha sucedido o se ha subrogado por "cualquier otro título en el derecho de otra u otras" (Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, página 435). Mientras que en virtud de la sociedad conyugal a la quejosa, le corresponde proindiviso el cincuenta por ciento del inmueble respecto del cual se le pretende lanzar, pues el derecho al porcentaje referido respecto de los bienes que conforman la sociedad conyugal, y éste es completamente autónomo del porcentaje correspondiente a su cónyuge, en consecuencia, no puede válidamente considerársele causahabiente de SALOME HERNÁNDEZ ESTRADA, al no haber sucedido o subrogado en el derecho de éste. Cosa juzgada Los terceros interesados señalan que la quejosa pierde de vista que existe cosa juzgada respecto de la propiedad que reclama, porque su esposo la adquirió de manera temporal a través de la información testimonial ad perpetuam y ese bien fue materia de controversia en el juicio reivindicatorio de origen, en el que se condenó a los demandados a la entrega del bien. De lo expuesto por los terceros interesados se advierte que invocan la existencia de la cosa juzgada refleja. Sin embargo, contrario a lo que refieren la cosa juzgada refleja no es motivo de causal de improcedencia, no obstante que esta figura jurídica será analizada en otro apartado de esta resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 112/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son: "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo.". Al no existir diversas causales que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Quinto. Estudio. Los conceptos de violación son infundados, por las razones siguientes. Elementos necesarios para resolver Juicio reivindicatorio 34/2016 El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, José Ángel y Juan Nepomuceno, de apellidos Guerra Sánchez, por conducto de su apoderado Francisco Argüelles Amaro, demandaron en la vía ordinaria civil a Salomé Hernández Estrada, Miguel Salais Gallegos, Pedro Esquivel Barrientos, Carlos René Rodríguez Mireles, Rigoberto Arismendi Estrada y Martín Mejorado Luna, la acción reinvindicatoria respecto del bien inmueble localizado en el predio rústico identificado como "Rancho Paso del Norte", ubicado en el predio las Brisas del Municipio de San Carlos, Tamaulipas. En su contestación, los demandados ofrecieron como prueba para acreditar la posesión del bien el instrumento público 2147 de dieciséis de julio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 174, en esta ciudad, en la que se protocolizó la sentencia relativa a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad-perpetuam 80/2009, radicada ante el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Padilla. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la que, entre otras cosas, se condenó a los demandados y sus causahabientes a la desocupación y entrega material del citado inmueble. Inconformes, los demandados interpusieron recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándose bajo el toca 46/2019, y el veinte de febrero de dos mil diecinueve confirmó la sentencia de primera instancia. No obstante, los demandados promovieron juicio de amparo directo, radicado con el número 198/2019, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, y el trece de febrero de dos mil veinte, se negó la protección constitucional. Finalmente, mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento voluntario de los demandados, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, por lo que se ordenó restituir a la parte actora la posesión del inmueble que constituye la materia de la litis. Análisis de los conceptos de violación La parte quejosa manifiesta que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no ha sido oída ni vencida en juicio y se le pretende despojar de un bien que aduce ser de su propiedad. Dicho concepto de violación es infundado. Lo anterior, resulta así puesto que si bien la quejosa argumenta que debió de ser llamada en el juicio natural al ser propietaria de un bien inmueble, lo cierto es que el documento con el que pretende demostrar la titularidad del bien, ya fue valorado en el juicio reivindicatorio, por lo que opera la cosa juzgada refleja. Para demostrar dicha proposición jurídica, es importante establecer: i. Acción real y acción reivindicatoria; ii. Cosa juzgada refleja; y, iii. Contexto del caso. Acción real y acción reivindicatoria En principio, el juicio de origen (acción reivindicatoria) deriva de una acción real, la cual tiene por objeto un bien, y existe una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa (objeto directo del derecho real). El derecho real se conceptualiza como un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. Uno de los elementos destacados del derecho real es la oponibilidad respecto de terceros para que el derecho se caracterice como absoluto, valedero erga omnes. Así, la acción real tiene por objeto garantizar el ejercicio del demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa, con entera independencia de quien la detente y en oposición a cualquiera. Un ejemplo para garantizar el ejercicio de ese derecho es la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es una acción real, que compete a quien no está en posesión del bien, del cual tiene la propiedad, y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre él y se lo entregue el demandado. Uno de los elementos de la acción reivindicatoria es que el actor demuestre que es propietario de la cosa que reclama. ii. Cosa juzgada refleja Sobre el tema de la cosa juzgada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 211/2017, señaló que ella se refiere a la inmutabilidad de la decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional; además, que no solamente se extingue la facultad de las partes de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, sino que, existe ya un pronunciamiento sobre dichas pretensiones, que debe considerarse la verdad legal, y una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, no debe haber, en principio, ningún motivo jurídico para destruir los efectos de la sentencia, salvo que se demuestre su nulidad o su inconstitucionalidad. El Máximo Tribunal del País refirió que entre un caso resuelto por sentencia definitiva y aquél donde se invoca, concurran identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que hubieren participado, o sea, que se haya resuelto la misma cuestión en diverso juicio anterior, obliga a los tribunales a no tramitar un nuevo juicio respecto de las mismas pretensiones, porque podría llevar a que se condene dos veces por una misma razón o se emitan sentencias contradictorias, generando inseguridad jurídica. Refirió que la cosa juzgada refleja opera de manera excepcional cuando no concurren todos los elementos de la cosa juzgada, pero sucede que lo resuelto en un juicio anterior, tiene relevancia en un juicio posterior, de tal manera que el Juez deba tener en cuenta el pronunciamiento judicial del primero, porque de no atenderlo, rompería con la autoridad de cosa juzgada que rige en el mismo juicio anterior referido; lo que también obliga al juzgador que conoce del juicio posterior, dado que de no tomar en cuenta los efectos reflejantes, podría afectar la cosa juzgada que inviste a la ejecutoria del juicio previo, y podrían generarse condenas acumulativas o contradictorias en algún aspecto fundamental. Dichas consideraciones están plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), cuyo rubro y contenido son: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes.". iii. Contexto del caso Recapitulando, el juicio de origen consistió en una acción reivindicatoria tendiente a resolver quién es el propietario del bien inmueble en controversia. En ese juicio, los demandados, entre ellos, Salomé Hernández Estrada (cónyuge de la aquí quejosa), ofrecieron como prueba para acreditar la titularidad del bien el instrumento notarial 2147, pasado ante la fe del Notario Público 174, con ejercicio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual se procedió a protocolizar las constancias de la sentencia del juicio de información testimonial ad-perpetuam sobre el bien identificado como finca 375 en el municipio de San Carlos, Tamaulipas, con una superficie de 1,500 hectáreas, denominado Alfredo V. Bonfil. Es importante precisar que dicho juicio sólo fue promovido por Salomé Hernández Estrada, Miguel Salais Gallegos, Pedro Esquivel Barrientos, Carlos René Rodríguez Mireles, Rigoberto Arismendi Estrada y Martín Mejorado Luna. Con dicha documental el juez de origen sólo tuvo por demostrado que los demandados poseen el predio, más no su titularidad. Aunado a ello, de las constancias que obran en autos, se advierte que en la resolución dictada en el recurso de apelación, se hizo mención a que ese instrumento notarial sólo es una declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria sin la citación de la parte contraria, por lo que al no tener efectos constitutivos sino declarativos, son ineficaces para probar la propiedad sobre los inmuebles, ya que sólo se puede acreditar mediante un juicio contencioso. Asimismo, se señaló que de dichas documentales no puede otorgársele valor probatorio tendiente a destruir la acción reivindicatoria, dado que el procedimiento de jurisdicción voluntaria y su protocolización notarial sólo implica la autenticidad de la información en cuanto a su existencia y en esas diligencias se declaró procedente a favor de los demandados salvo prueba en contrario bajo la advertencia de que no surtía efectos contra terceros que tengan mejor derecho de propiedad. Resolución que quedó firme a través del juicio de amparo directo que promovieron los demandados. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa aduce ser propietaria de unos terrenos rústicos cuya titularidad está contenida en la escritura pública 2489 relativa a la protocolización del dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo y subdivisión de predios de Alfredo V. Bonfil, municipio de San Carlos, Tamaulipas. En esa escritura pública se advierte el señalamiento del diverso instrumento notarial 2147 de dieciséis de julio de dos mil diez, inscrito en el Instituto Registral y Catastral, con número de finca 375, clave catastral 32-81-07-97. De lo expuesto, se estima que aún y cuando en el juicio reivindicatorio se analizó la escritura pública 2147, ofrecida por los demandados, la quejosa pretende defender un bien con el instrumento notarial 2489; sin embargo, en esa escritura está inmersa la diversa 2147 así como el certificado de cinco de noviembre de dos mil diez expedido por el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, toda vez que se hizo relación a dichas constancias. Medios de prueba que fueron valorados por el juez de origen y concluyó que con ellos no se acreditaba la titularidad del bien en controversia. Cabe recalcar que las diligencias de información testimonial ad-perpetuam fueron promovidas únicamente por Salomé Hernández Estrada, Miguel Salais Gallegos, Pedro Esquivel Barrientos, Carlos René Rodríguez Mireles, Rigoberto Arismendi Estrada y Martín Mejorado Luna, en las que se declaró a su favor la usucapión y en consecuencia, como propietarios del predio rústico en litigio. Aunado a que, en la escritura pública ofrecida por los demandados en su contestación de demanda, se precisó que no surte efectos contra terceros que tengan mejor derecho de propiedad debidamente inscrito en la Dirección General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, y que su inscripción les serviría como título de propiedad, por lo que hace a los promoventes. Por lo expuesto, si en el juicio de origen se valoró la escritura pública 2147 con la que Salomé Hernández Estrada (esposo de la aquí quejosa) y otros, pretendieron acreditar la titularidad del bien, lo cierto es que la quejosa también pretende demostrar su titularidad con un instrumento público vinculado con el documento exhibido por los demandados, el cual fue analizado y valorado por el juez natural, decisión que quedó firme. En consecuencia, opera la figura jurídica de la cosa juzgada refleja puesto que debe tenerse en cuenta el pronunciamiento judicial respecto a la valoración de dicha prueba, porque de no atenderse, se rompería con la autoridad de cosa juzgada y podrían generarse condenas acumulativas o contradictorias en algún aspecto fundamental. En apoyo a lo anterior, se cita por analogía la tesis IX.1o.6 C (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 2445, registro digital 2004387, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UN INTEGRANTE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, SI SU INTERÉS SE HACE DEPENDER DE UN ACTO JURÍDICO PREVIAMENTE DESESTIMADO, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA LO DECIDIDO EN UN DIVERSO JUICIO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL OTRO CÓNYUGE, RESPECTO DE LA EFICACIA DEL TÍTULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 52 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí establece que la representación de la sociedad conyugal se ejerce de manera indistinta por cualquiera de sus integrantes. En ese entendido, si uno de los cónyuges promueve juicio de amparo, en defensa del derecho de propiedad de la parte alícuota de un bien inmueble embargado en un juicio ejecutivo mercantil al que resulta ajeno, y cuyo interés se hace depender de un acto jurídico previamente desestimado en diverso juicio constitucional promovido por el otro cónyuge, se actualiza la causa de improcedencia del primer juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ya que por virtud de la sociedad conyugal, aquel quejoso es causahabiente del que promovió en primer término, de manera que existe identidad de parte quejosa en ambos juicios, y lo decidido en el primero respecto de la eficacia del título, constituye cosa juzgada para el diverso integrante de la sociedad." Ante el resultado de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfira Rodríguez Cepeda, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, y conforme a los fundamentos y motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a la quejosa y terceros interesados; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.

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