ALEXIS ZAGORIN ALAZRAKI y Otros.
Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ALEXIS ZAGORIN ALAZRAKI y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME l proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Finalmente, se tiene a la vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de diez de agosto del año en curso, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnense los presentes autos al Actuario que corresponda para que notifique a dicha quejosa por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA el auto de siete diez de agosto del año en curso, QUE DICE: " Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales ****, contra actos del JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 Y 133 constitucionales, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno con el número 595/2021. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se advierte los actos reclamados por la quejosa son a saber los siguientes: 1. "Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2021, la parte demandada contesto el RECURSO DE REVOCACION relacionado con la Pensión Alimenticia Provisional, a escrito antes indicado le recayó el acuerdo de 14 de mayo de 2021 que es el PRIMER ACTO RECLAMADO y que a la letra dicta: Por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y respecto del ocurso se acuerda: A sus autos el escrito de cuenta del señor ****; Por hechas sus manifestaciones vertidas en desahogo de la vista dada en auto de fecha treinta de abril del año en curso, y visto su contenido, del que se advierte que desahoga la vista dada respecto del recurso de revisión hecho valer en contra del auto de fecha doce de abril del año en curso, visible a fojas 481 del presente expediente consecuentemente, dese cumplimiento a ordenado en el auto de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno y TURNENSE LOS AUTOS PARA EL DICTADO de la resolución correspondiente. NOTIFIQUESE." 2) "Después mediante escrito de 14 de mayo de 2021, el C. ***, contesto el RECURSO DE REVOCACION relacionado con la Disolución del Vinculo Matrimonial; al escrito antes indicado le recayó el acuerdo de fecha 20 de mayo del 2021 que es el SEGUNDO ACTO RECLAMADO y que a la letra dicta: Por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y respecto del ocurso se acuerda: A sus autos el escrito de cuenta del señor ****; Por hechas las manifestaciones vertidas en desahogo de la vista dada en auto de fecha treinta de abril del año en curso, consecuentemente, dese cumplimiento a lo ordenado en el auto a comento, por lo que TÚRNENSE LOS AUTOS PARA EL DICTADO de la resolución del recurso de revocación hecho valer en contra del auto de doce de abril de 2021 (foja 488).- NOTIFÍQUESE." 3) "En fecha 31 de mayo de 2021, el juzgado responsable, da una nueva cuenta con el termino para el dictado de la resolución que es el TERCER ACTO RECLAMADO y que a la letra dice: .Dada cuenta con los presentes autos, con fundamento en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles, se hace del conocimiento de las partes que el dictado de la misma se hará en el término extraordinario, dada la voluminosidad del expediente y la excesiva carga de trabajo existente en este recinto Judicial; lo que se hace del conocimiento de los interesados para los efectos legales conducentes." Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto marcado 1) y 2) que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - - No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. - - - Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieren medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. - - - Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El precepto inmediatamente transcrito nos remite a su vez a los plazos previstos, a fin de establecer el término para cada caso particular, en el cual se debe promover el juicio de amparo, a fin de que no se tengan como consentidos los actos reclamados; así, el artículo 17 de la Ley de la materia textualmente establece. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Al tenor del precepto en comento, el acto reclamado se considera tácitamente consentido cuando no se promueva en su contra el juicio de amparo dentro del término de quince días. Ahora bien, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierten tres hipótesis a partir de las cuales se computa el plazo de quince días para que el quejoso interponga el juicio de amparo, las cuales a saber son a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado (conforme a la ley del acto); b) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Se haya ostentado sabedor de los mismos. En tales condiciones, al no promoverse el juicio de garantías dentro del citado plazo, es claro que los actos reclamados que han quedado extractados en los numerales 1) y 2) devienen consentidos de manera tácita, al no haberse impugnado de manera oportuna, resultando así improcedente el juicio de amparo, como enseguida se demuestra: Ahora bien, tomando en consideración que los actos reclamados que fueron reseñados en los incisos 1) y 2), fueron publicados en el boletín judicial correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y surtieron sus efectos el veinticuatro de mayo siguiente, por lo que el término de quince días transcurrió del veintiséis de mayo al cinco de julio. Sin embargo, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de agosto de dos mil veintiuno, por tanto, su presentación resulta extemporánea, ya que se exhibió fuera del plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en el caso este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados marcados con los numerales 1) y 2), se actualiza un diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que lleva a declarar improcedente la demanda de amparo por cuanto hace a los citados actos reclamados. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de garantías, deben agotarse los recursos ordinarios tendientes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia I.6º.C.J/37, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, el artículo 688, así como el párrafo segundo del artículo 691, ambos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. - - - La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. - - - La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. - - - En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. - - - En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. - - - La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. - - - Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 691. [.] Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. [.]" Por otra parte, el artículo 950, así como el párrafo segundo del artículo 951, ambos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, disponen: "Artículo 950.- Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a afecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 951.- Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía." De los artículos anteriormente transcritos se advierte la procedencia del recurso de apelación, en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra los actos reclamados consistentes en: 1) "Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2021, la parte demandada contesto el RECURSO DE REVOCACION relacionado con la Pensión Alimenticia Provisional, al escrito antes indicado le recayó el acuerdo de 14 de mayo de 2021 que es el PRIMER ACTO RECLAMADO y que a la letra dicta: Por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y respecto del ocurso se acuerda: A sus autos el escrito de cuenta del señor ***; Por hechas sus manifestaciones vertidas en desahogo de la vista dada en auto de fecha treinta de abril del año en curso, y visto su contenido, del que se advierte que desahoga la vista dada respecto del recurso de revisión hecho valer en contra del auto de fecha doce de abril del año en curso, visible a fojas 481 del presente expediente consecuentemente, dese cumplimiento a ordenado en el auto de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno y TURNENSE LOS AUTOS PARA EL DICTADO de la resolución correspondiente.- NOTIFIQUESE." 2) Después mediante escrito de 14 de mayo de 2021, el C. ****, contesto el RECURSO DE REVOCACION relacionado con la Disolución del Vinculo Matrimonial; al escrito antes indicado le recayó el acuerdo de fecha 20 de mayo del 2021 que es el SEGUNDO ACTO RECLAMADO y que a la letra dicta: "Por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y respecto del ocurso se acuerda: A sus autos el escrito de cuenta del señor ****; Por hechas las manifestaciones vertidas en desahogo de la vista dada en auto de fecha treinta de abril del año en curso, consecuentemente, dese cumplimiento a lo ordenado en el auto a comento, por lo que TÚRNENSE LOS AUTOS PARA EL DICTADO de la resolución del recurso de revocación hecho valer en contra del auto de doce de abril de 2021 (foja 488).- NOTIFÍQUESE." Procedía el recurso de apelación, por lo que la promovente, debió hacerlo valer antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, de ahí que no se está en la hipótesis de dos resoluciones irrecurribles a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través de los medios ordinarios antes señalados era posible modificar o revocar los actos reclamados. Luego, si de la lectura del código procesal local, se advierte que los autos reclamados y sintetizados en los incisos 1) y 2) son apelables, en tal virtud, la promovente se encontraba obligado a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, viola el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por la impetrante de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 5721, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías que establece la improcedencia de este juicio, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, no es contrario al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sino estrictamente acorde con el espíritu de este precepto." No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación en la especie, como en el caso, la existencia del recurso se advierte en forma patente con las manifestaciones expuestas por la propia quejosa, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 252, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Ahora bien, tocante al acto resumido en el inciso 3), la demanda resulta improcedente, toda vez que dicho decreto por ser una determinación de mero trámite, era combatible a través del recurso de revocación. En razón de la naturaleza del acto que se reclama en el citado inciso 3), el cual consiste en: 3) "En fecha 31 de mayo de 2021, el juzgado responsable, da una nueva cuenta con el termino para el dictado de la resolución que es el TERCER ACTO RECLAMADO y que a la letra dice: .Dada cuenta con los presentes autos, con fundamento en el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles, se hace del conocimiento de las partes que el dictado de la misma se hará en el término extraordinario, dada la voluminosidad del expediente y la excesiva carga de trabajo existente en este recinto Judicial; lo que se hace del conocimiento de los interesados para los efectos legales conducentes.", se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De la lectura del precepto transcrito deriva la improcedencia del amparo biinstancial si no se agotan los medios de impugnación previstos por la ley de la materia, cuando éstos puedan ser interpuestos conforme a derecho. Por su parte, los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles dispone: "ARTICULO 684 Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. ARTICULO 685 En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." De los artículos antes trascritos se advierte que los autos pueden ser revocados cuando no fueren apelables. En tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia aludida, ya que el acto reclamado reseñado en el numeral 3), dada su propia naturaleza, en la que únicamente se hizo del conocimiento de las partes que el juez natural se sujetaría al término extraordinario para emitir la sentencia interlocutoria relativa al recurso de revocación, dado el volumen de las constancias que integran los autos del juicio de origen, así como la excesiva carga de trabajo que se concentra en el juzgado a su cargo, se trata de una resolución judicial de mero trámite, es decir, se está en presencia de un decreto, contra el cual procedía el recurso de revocación. En efecto, ante la procedencia del recurso de revocación, tal como lo establecen los artículos 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles, en el que se establece que procede el recurso de revocación contra tales resoluciones, por lo que la parte quejosa debió hacerlo valer antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica los dispositivos normativos en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, de ahí que no se esté en la hipótesis de resoluciones irrecurribles a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través de los medios ordinarios antes señalados era posible modificar o revocar el acto reclamado extractado en el inciso 3). Luego, si de la lectura del Código de Procedimientos Civiles, se advierte que el acto reclamado puede ser combatido con un medio de defensa ordinario, es de señalarse que el quejoso se encontraba obligado a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por la quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recurrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 5721, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías que establece la improcedencia de este juicio, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, no es contrario al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sino estrictamente acorde con el espíritu de este precepto." No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación al caso concreto cuando, como en el caso, la existencia del recurso se advierte en forma patente con las manifestaciones expuestas por el propio quejoso, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedentes, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 252, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracciones XIV y XVIII, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene como domicilio el que menciona para conocimiento, asimismo se tienen por autorizado a las personas que nombra, para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Se tienen por autorizados a las personas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Atento al contenido de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo del año dos mil nueve, se faculta el uso de los medios electrónicos. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Por otra parte, tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a la parte quejosa que la resolución que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberá manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del Acuerdo General precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación ordenada en el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa".
- Principal
SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracciones XIV y XVIII, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo.Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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