Alexis Oziel Santana Gutiérrez
Expediente 887/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Alexis Oziel Santana Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto dictado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 887/2023-IX, promovido por Alexis Oziel Santana Gutiérrez; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el referido Acuerdo General establece que en el auto de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
IX.. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintinueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió las constancias relativas al expediente administrativo ********************, de su índice. Entonces, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por el quejoso ********************, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la legislación de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por el impetrante ******************** se hace consistir en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de señalar fecha y hora para la audiencia inicial del juicio laboral. Sin embargo, del informe justificado suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y de las constancias que en copia certificada se anexaron al mismo, relativas al expediente administrativo laboral ******************** de su índice, se desprende que el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se emitió el auto en el que se regularizó el procedimiento, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 13 y 14); cuya omisión de dictar fue la causa de pedir en el presente juicio. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado dijo que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión del emplazamiento de la persona moral denominada ********************; sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de garantías, que lo fue el tres de agosto de dos mil veintitrés, la Junta a la que se encuentra adscrita al Actuaria responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por el aquí quejoso, ello dado que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte del Actuario señalado como responsable. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con treinta y tres minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la agraviada ********************; asimismo, mediante proveído de trece de abril de este año, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la citada Junta responsable no ha dado cumplimiento al citado fallo protector. Ahora bien, debe precisarse que la autoridad responsable se trata de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, misma que se encuentra integrada por un representante del gobierno, uno del patrón y otro de los trabajadores; por lo tanto, el requerimiento y apercibimiento, en el caso en particular, no puede realizarse de forma genérica. En efecto, debe hacerse de una manera más específica, esto es, precisarse que la multa prevista para el caso de incumplimiento se impondría en forma individual a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de presidente, representantes de trabajadores y patrones, que integran dicho órgano, pues corresponde a la Junta como órgano colegiado cumplir con la ejecutoria de amparo y no solamente a su presidente. Lo anterior es así, toda vez que la contumacia de la autoridad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo conlleva a la imposición de la multa con que se le aperciba, la cual no se impone al ente público en sí mismo sino a la persona física que ocupa el cargo o puesto de la autoridad obligada a cumplir. De ahí que el apercibimiento de multa debe ser preciso y determinado a fin de que la persona física conozca la importancia y la trascendencia de su actitud para el caso de que decida omitir el cumplimiento cabal de la sentencia. Máxime que en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Por lo que, en el caso, resulta necesario que el apercibimiento de multa de que se trata, se realice a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de presidente, representante de los trabajadores y representante de los patrones de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, con el propósito de que en caso de incumplimiento se esté en aptitud de multar a cada una de dichas personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º.T.J/2 (10ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2008044, que es del rubro: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Cabe mencionar que en el Reglamento Interior de Trabajo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, se establece que el órgano de representación, comunicación y relación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Juntas Especiales, Juntas Locales de Conciliación y Juntas Accidentales, con otras autoridades, lo será el Presidente de las mismas. Sin embargo, en el artículo 52, se establecen como facultades y atribuciones de dicho funcionario, entre otras, rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno y en los casos en que resulte como autoridad responsable, sin que se advierta que también deba dar cumplimiento en forma directa a las ejecutorias de amparo en las que se designe como autoridad responsable a la Junta laboral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere: Al Presidente; Al representante de los trabajadores; y, Al representante de los patrones. Todos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, para que en el improrrogable término de tres días, cumplan con el fallo protector; apercibidos que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se impondrá a cada uno, en lo individual, una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe.
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